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viernes, 25 de mayo de 2018

Reforma y/o populismo

https://larepublica.pe/politica/1240684-reforma-populismo
La República
La mitadmasuno
11 de mayo de 2018
Juan De la Puente
Hay varias maneras de evitar las reformas, por lo menos tres; una de ellas es no hacerlas; la otra es hacer lo contrario, es decir, inventar una contrarreforma; y la tercera, pugnar o realizar entusiastas cambios que no lo son a pesar de las apariencias.
Las dos primeras modalidades se consumaron en el Perú a propósito de la reforma electoral, una exigencia que no fue atendida por decisión de la mayoría de direcciones partidarias y bancadas parlamentarias entre los años 2008-2018, a pesar del interés y presión de los organismos electorales, en un momento articulados en la Plataforma por la Reforma Política Electoral (2010-2015). La revisión de los proyectos de ley presentados en la última década brinda una idea completa de cómo se ha evadido esta urgencia y, al mismo tiempo cómo la élite política pudo tejer sucesivas alianzas para evitar cambios cantados y demandados, una resistencia exitosa ayudada por el crecimiento económico qua hacía (¿hace?) prescindible todo cambio sustantivo.
Estas alianzas lideraron hasta tres movimientos de contrarreforma, con el siguiente ritmo: 1) elevar de 140 mil firmas a 560 mil el número de firmas para inscripción de los partidos (Ley Nº 29490, de 2009); 2) aumentar a 900 mil firmas este requisito y otros ajustes antidemocráticos como aumentar de 20% a 25% el porcentaje de invitados en las listas de candidatos a elección popular (Ley Nº 30414, de 2015); y 3) suprimir la fiscalización de los recursos financieros por parte de la ONPE (Ley 30689, de 2017) aunque acompañado de algunos reajustes positivos respecto al financiamiento, y la ley que permite postular a quien no viven en la circunscripción electoral, aunque haya nacido en ella (Ley Nº 30692 de 2017).
Con realismo, en esta etapa existe menos posibilidades de concretar una reforma ligeramente coherente, a tenor de la disposición de fuerzas parlamentarias y de la ausencia de un liderazgo político extraparlamentario activo e influyente. Desde la derrota del proyecto de Código Electoral elaborado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre, queda claro que la agenda mínima de la reforma no será abordada en el mediano plazo. Esta convicción no implica “tirar la toalla” sino reorientar la estrategia para lograr los cambios, asumiendo que luego de una década de demandas y bloqueos se ha conformado que la reforma política y electoral no se hará con los partidos y con el Legislativo.
Por tal razón, y en ese contexto realista y desafiante, el principal riesgo actual es la distracción respecto de las claves de fondo. Esto acaba de ponerse de manifiesto con la propuesta de eliminar la relección parlamentaria. El respaldo abrumador a este planteamiento hace presumir que en esta medida se deposita gran parte del cambio.
No obstante, es un señuelo; es la parte populista de la reforma. Lo cierto es que desde el año 2001 la tasa de reelección parlamentaria peruana es la más baja de Sudamérica, una tasa que apenas superó el 20% en las elecciones del año 2016. Cuatro congresos “nuevos” en los últimos 16 años no han hecho mejor al Parlamento peruano, como tampoco mejoraran las regiones y municipios la muy aplaudida prohibición de reelección de gobernadores y alcaldes, o persistir en un Congreso unicameral y pequeño, otra idea popular.
La evidencia indica que existe una correlación entre la reelección parlamentaria y los partidos más institucionalizados y que, al contrario, existe otra correlación, perversa, entre los parlamentarios nuevos no militantes de sus partidos y la falta de institucionalidad de los grupos políticos, un escenario enmarañado donde la cohesión partidaria se bate en retirada empujada por el dinero y el independentismo legislativo, el virus disolvente del sistema. 

Si la mitad de emoción y demanda contra la reelección parlamentaria se pusiese en la exigencia de discutir el Código Electoral, o en poner sobre la mesa que solo 92 de los 130 congresistas están afiliados a los partidos por los que fueron elegidos, según los recientes datos de la Asociación Civil Transparencia, estaríamos en otro momento de esta batalla.

viernes, 11 de mayo de 2018

La derrota del juicio público y mediático

https://larepublica.pe/politica/1233487-derrota-juicio-publico-mediatico
La República
La mitadmasuno
27 de abril de 2018
Juan De la Puente
Las masas hacen la historia, pero no siempre la justicia. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) ha consentido el pedido de hábeas corpus solicitado por Ollanta Humala y Nadine Heredia, revocando la prisión preventiva a la que fueron condenados hace 9 meses.
Como en ningún caso anterior, esta decisión implica una derrota de los juicios público y mediático, esta vez dirigido contra la ex pareja presidencial, pero que en todos los casos se ha expresado mayoritariamente contra los políticos acusados de corrupción, reclamando para ellos cárcel efectiva.
Hasta ahora, las veces que el juicio público se asociaba con el juicio mediático habían resultado victoriosos. Par concretar esa alianza era necesaria una intensa movilización de ambos más allá incluso de las razones objetivamente acusatorias. En cambio, cuando la movilización mediática no era intensa, el juicio público descargaba su ira de otros modos, entre el insulto, la ironía o la cólera constante.
Si en adelante esta asociación desea triunfar, tendrá que recargarse. En tanto, tienen razón los que señalan que la decisión del TC no solo deja descontentos a los que piden ahora prisión para los Humala, sino que dejará mañana sin alegrías a los que quieren ver tras las rejas vía prisión preventiva a Keiko Fujimori, Alan García o Pedro Pablo Kuczynski por razones distintas a una causa en curso. El TC ha parado en seco el carnaval de prisiones preventivas que han deformado un tanto la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y no solo en lo tocante a los políticos. De paso, les ha dado una oportunidad de coherencia a quienes en casos análogos reclaman prisión para sus adversarios y libertad para sus amigos.
Los argumentos de la sentencia en favor de Humala/Heredia se refieren a tres aspectos: 1) uno doctrinario; 2) otro procesal; y 3) uno precisamente sobre la relación entre la justicia y la calle. En referencia a lo primero, la sentencia se ha atrincherado en la opción garantista que no es nueva en el TC, que ha sido expuesta el año 2002 y reiterada los años 2006 y 2012, y en total en 7 sentencias anteriores, que sostiene que la prisión preventiva es una regla de ultima ratio, es decir, de uso absolutamente indispensable o excepcional.
El TC ha recordado que existe una teoría democrática elemental en el juzgamiento moderno que, como expresa el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las NNUU, recomienda que en aras del reconocimiento de la importancia axiológica del derecho a la libertad personal y de la presunción de inocencia, los Estados deben recurrir a la prisión preventiva solo en tanto sea necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de forma proporcionada a esa necesidad.
En la parte procesal, el TC desmiente que los cálculos probabilísticos sobre el peligro procesal que plantea un investigado hagan de por sí razonable, le de fuerza necesaria y justifique una limitación tan grave de la libertad personal. En esa parte, el TC ha defendido el principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales, un llamado serio de atención a la segunda instancia en este caso, más que a la primera, considerando un grave error que se haya aceptado como elemento de juicio para presumir el riesgo de perturbación de la actividad probatoria, evidencias que no fueron legalmente incorporadas al proceso. Con ironía fina, el TC cree que no se puede encarcelar a una persona por no declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a ella.
Finalmente, el TC la emprende con el modelo de juicio de masas a los que nos estábamos acostumbrando, cuestionando las audiencias programadas casi de modo inmediato luego de la presentación de la solicitud de prisión preventiva, o dándoseles continuidad o reprogramación a altas horas de la noche, e incluso, en algunos casos, de madrugada. Es probable que a tenor de lo expresado en otras oportunidades por los máximos representantes de la fiscalía y el Poder Judicial, esta precisión conduzca a audiencias menos tormentosas, espectaculares y predecibles.

Malas noticias regionales

https://larepublica.pe/politica/1229724-malas-noticias-regionales
La República
La mitadmsuno
20 de abril 2018
Juan De la Puente
Acopio información sobre la política fuera de Lima y soy portador de malas noticias relacionadas a las elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo en menos de 6 meses.
Los datos que arroja la campaña que se inicia son: 1) está en marcha la operación repliegue, es decir, la decisión de la mayoría de partidos nacionales de abstenerse de participar en por lo menos el 50% de circunscripciones, sobre todo municipales o, en su defecto, “participar” fichando candidatos independientes, convirtiéndose en vientres de alquiler; 2) el retorno de ex gobernadores regionales y ex alcaldes, investigados o procesados por corrupción, recargados con dinero y alianzas locales; 3) el despliegue anticipado de campañas millonarias; y 4)el ingreso a la contienda de las actuales autoridades que si bien no pueden reelegirse, buena parte de ellas utilizan los recursos públicos para respaldar a candidatos que les cubran las espaldas o se disponen a participar en otras circunscripciones.
El cuadro mostrado resume la profundización de la crisis de la oferta nacional que, sumada a la extrema debilidad de los movimientos regionales y locales ahora gobernantes, abre un gran vacío que será llenado por opciones más precarias e improvisadas, agravando la ingobernabilidad de una parte importante del país. De hecho, se constata que el financiamiento público entregado a los partidos desde al año 2017 ha tenido un alcance limitado en lo que concierne a fortalecer los procesos de organización partidaria.
Habría que profundizar más en las razones del agravamiento de la debilidad partidaria. Por lo pronto, se confirma que la mayoría de grupos nacionales atraviesan una larga etapa de división interna local/regional, al punto que varios candidatos debieron renunciar a sus partidos para postular por otros o por movimientos nuevos; y la pérdida de mínimas formas de actividad partidarias fuera de las grandes ciudades.
No obstante, el mayor problema reside en el fichaje. Desde hace meses las calles y carreteras del país presentan publicidad de candidatos sin partido a la espera del cierre de los plazos para las elecciones internas (25 de mayo) o la inscripción electoral (19 de junio). En ese lapso se tejen alianzas inimaginables y rocambolescas, cuyo resultado serán listas encabezadas por independientes fichados a última hora, pero integradas por militantes de un partido, o candidaturas distritales y provinciales de un movimiento que se trasladan en masa hacia otro de alcance regional. En ese contexto en varias regiones, como Ancash, Junín, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Loreto o Puno, por citar regiones que presentan una mayor incidencia de estos enjuagues, se están formando auténticas alianzas mafiosas y experimentadas para asaltar regiones y municipios. Es la hora de las coaliciones corruptas a cara más o menos descubierta.
Es obvio que ese parámetro de la política regional no exige agenda, de modo que en un buen número de lugares del país yo no se tienen ni promesas. Este fenómeno, el pospopulismo regional, produce modelos de campaña electoral absolutamente vacías, centradas tanto en la denuncia entre oponentes, el ajuste de cuentas judicial, y la apatía generalizada de la sociedad. De allí que entre los elegidos y los electores luego de los comicios de octubre, no habrá ningún vínculo o algo que reclamar.

La constante del proceso electoral regional/local en curso es la indiferencia ciudadana, convertida ya en nuestro problema de fondo y para todos los asuntos políticos. Es evidente que se cumplirán los plazos, se inscribirán casi 15 mil listas con más de 100 mil candidatos, y los ganadores de los comicios asumirán sus funciones. Ello no implicará, lamentablemente, la renovación de la democracia en estos niveles del gobierno del Estado a causa de una muy baja legitimidad de origen. Lo que se ha experimentado a escala regional/local desde el 2015 –salvo excepciones muy escasas- y en el ámbito nacional desde el año 2016, se reproducirá en cuotas más intensas.