La República
La mitadmasuno
16 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
La Fundación
Konrad Adenauer y la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya acaban de publicar un interesante
libro, El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales; los casos de
Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios (KAS-UARM 2018. Lima, Tarea)
que recoge una investigación de un equipo dirigido por Eduardo Vega Luna sobre el
funcionamiento de la corrupción regional y local.
En el ámbito subnacional se desplegaron redes
criminales que se desarrollaron rápidamente debido a la falta de control y a la
facilidad con que coparon el sistema de justicia y los medios de comunicación,
un ejemplo de lo cual fue la región Áncash en el gobierno de César Álvarez.
Este fenómeno interactúa de modo más desembozado con otras modalidades de
crimen organizado como la minería y tala ilegales, el narcotráfico y la trata
de personas.
En el escenario nacional de la corrupción se
registran cambios significativos respecto al número de casos, agrupando en ese
título los delitos de peculado, colusión, cohecho, negociación incompatible,
malversación y concusión, entre otros. Desde el año 2013 cuando se
contabilizaron 2.500 casos, estos han escalado a 35 mil para finales del año
pasado, con realidades muy diferenciadas cuando se desagregan los números a
escala regional.
Por ejemplo, un grupo de regiones donde las
denuncias han sido insistentes en los últimos años no experimenta una gran
progresión en el número de casos. Se trata ejemplo del Cusco, donde se ha
pasado de 1.611 a 1.732 en ese período, o en Cajamarca, que pasó de 1.012 a
1.139; no es el caso de Áncash donde los casos suman 3.160, el segundo lugar
luego de Lima. En la capital, en cambio, los procesos han aumentado en el mismo
período de 3.160 a más de 7 mil. Podría señalarse que en la capital se ubican
varios casos “nacionales” o que otros fueron trasladados a la Sala Penal
Nacional. Siendo todo ello cierto, no deja de tener razón la prevención de que
en las regiones se lucha menos contra la corrupción.
En una mirada regional de la corrupción se
advierte un panorama distinto respecto a los afectados, que son los municipios,
la policía, los gobiernos regionales, los colegios y las universidades. Este
cuadro nos devuelve a la realidad que los especialistas denominan la micro
corrupción, la menos visible de ella, pero la que probablemente afecta más
directamente la vida cotidiana de los peruanos. Esto explica que el 27% del
total de casos de corrupción se refieran a municipios distritales, aunque hay
otra cifra que merece también ser resaltada: 67 gobernadores y exgobernadores
están implicados en procesos por delitos de corrupción, en 395 casos, de los
cuales solo el 50% ha pasado de la investigación preliminar.
En la casuística regional asoman algunas
realidades trasversales. La primera es la crisis de la contratación regional de
obras públicas que el estudio identifica como “un proceso de alto riesgo” que
se inicia en la falta de adecuación a los planes de desarrollo, el populismo en
las prioridades del plan anual de contrataciones, la falta de calidad de los
expedientes y la sobrevaloración inicial de las obras. La recomendación en este
punto, ya advertido en otros estudios, es la reforma de los comités de
selección, una alerta que ha lanzado también hace poco la Contraloría General de la República.
El estudio trae evidencias sobre el mito de las
soluciones empleadas en los últimos años, especialmente la modalidad de
administración directa. De hecho, en dos de las regiones estudiadas, la mayoría
de obras paralizadas son de esta modalidad, en Cusco 192 y en Ayacucho 31.
En este mismo contexto, se advierte la práctica del visto bueno de gastos
adicionales que incrementan el costo de las obras o no aplicar las penalidades
por los incumplimientos injustificados, ambas irregularidades de la mano de
proceso de supervisión que a su vez no es fiscalizado por deficiencia
institucional o porque forma parte de la trama corrupta.
Todos estos hallazgos son pertinentes a pocas
semanas del inicio de nuevas gestiones regionales y locales que deberían tener
desde su primer tramo políticas anticorrupción eficaces.
