Militarización de la memoria

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La Republica
La mitadmasuno
8 de julio 2018
Juan De la Puente

Recomiendo vivamente el reciente libro de Carlos Tapia sobre el periodo de violencia política y lucha contra el terrorismo que afectó el país (Tapia, Carlos 2018. Tiempos oscuros, 1983-1995. Lima: Editorial Otra Mirada), un texto que irrumpe en la discusión sobre el pasado y presente senderista, aportando minuciosamente a la reflexión sobre el carácter de su derrota, en momentos en que se cuestionan los elementos que forman una memoria única de esos aciagos años.

Tapia aporta y estudia hechos y documentos, y contextualiza las estrategias que estas imprimieron. Analiza, por ejemplo, el giro en la lucha contrasubversiva a finales de los 80 para corregir clamorosos errores, en favor de un modelo integral que incluía lo político, económico y sicosocial, un esfuerzo que se concretó en el Manual M41-7 llamado “Guerra no convencional. Contrasubversión”, aprobado en agosto de 1989, pocos meses después de que se iniciaran las investigaciones encubiertas de la DIRCOTE, que terminaron en la creación del GEIN.

En este viraje (1988-1991) se adoptaron dos decisiones que cambiaron el curso de la guerra interna, el congreso senderista de 1988 que se propuso alcanzar el “equilibrio estratégico” y la masiva organización de la sociedad a través de las rondas y autodefensas armadas, que permitió establecer una nueva relación con la población desde una lógica participativa, contra la política senderista de sometimiento de los civiles mediante el terror. La autodefensa fue una gesta compleja y no ausente de excesos, abordada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Informe CVR tomo II) y poco estudiada luego; a fines de 1991, en Ayacucho estaban organizadas en comités de autodefensa 836 comunidades y en 1994 las FFAA registraron allí 1.564 comités, con 61.450 miembros y 5.583 armas. A nivel nacional existían ese año 4.205 comités, con 235.465 integrantes y 16.196 armas (Del Pino, Ponciano 1996 en Las rondas campesinas y la derrota del PCP Sendero Luminoso. Lima: IEP).

El texto de Tapia insiste en el concepto de memoria que proyectó hace 15 años la CVR y que ahora sufre una embestida que pretende sustituirla por una memoria sesgada, donde la imagen de heroísmo está esencialmente reservada a las FFAA y la policía. De todos los errores del intento de construir un registro conservador de la lucha contra el terrorismo, el más serio es la militarización de la memoria, y la expulsión de ella -o su ocultamiento- de la sociedad organizada, los partidos políticos y las autoridades civiles.

Siempre me pareció equívoco que el Apra no pugnase por recuperar como un acierto de su gobierno el inicio de este giro crucial de la estrategia antisubversiva, y que se conformase con adjudicarle a Fujimori el éxito de ese cambio. Tapia documenta la tendencia que jugó en este viraje la serie de golpes a la estructura senderista, especialmente a su cúpula entre 1988 y 1990, y deja claro que al terrorismo lo derrotó un enfoque político reflejado en una estrategia militar.

La épica civil en la derrota del terrorismo es imprescindible, y forma parte de una sola memoria –indivisible- y que sigue buscando justicia y reparación. De acuerdo a los datos proporcionados por el Apra a la CVR, mil 300 militantes de ese partido fueron asesinados de manera selectiva o en atentados colectivos, la mayoría de ellos gobernadores y tenientes gobernadores. De acuerdo a un texto del entonces senador Sandro Mariátegui publicado en 1986 (Acción Popular en la lucha: un Partido a imagen y semejanza del Perú), entre mayo de 1982 y mayo de 1985, el terrorismo asesinó a 80 autoridades de ese partido, mientras que, según Tapia, los militantes de los partidos de Izquierda Unida asesinados por SL superarían los 450, sin contar a las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas de las FFAA y de la policía, varios de cuyos casos fueros judicializados. Asimismo, en el periodo de violencia fueron asesinados 248 alcaldes, 161 de los cuales, en manos de SL, y que ahora mismo centenares de peruanos se encuentran exiliados en América y Europa. A ellos tampoco se les puede negar la memoria.

Vizcarra, los 100 primeros días

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La República

La mitadmasuno

29 de junio de 2018

Juan De la Puente

El gobierno del presidente Martin Vizcarra se apresta a cumplir 100 días, caracterizado por dos grandes momentos. En una primera etapa, ha gobernado con baja intensidad y mirando exclusivamente al Congreso, y en la segunda etapa, las tres últimas semanas, de cara también a la sociedad, y por qué no decirlo –y aunque no se acepte formalmente- con un ojo en las encuestas.

Ambos momentos expresan la complejidad de un gobierno legal y legítimo, que sufre los efectos de una crisis de la que es heredero, caracterizada por una descomunal desconfianza de la sociedad, unida a demandas exigentes. Por esa razón, el principal logro de los 100 días es haber culminado con éxito el proceso pos PPK la inédita sucesión constitucional pacífica, un proceso que en otros países de la región fue tempestuoso. Este resultado desde una mirada que podría ser acusada de cínica, es a la vez bueno y malo: bueno por la estabilidad que recupera, y malo por la solidez de un sistema cuestionado e impopular de reglas y actores que apenas ha crujido. En ese sentido, la sucesión misma ha marcado un primer límite al cambio, que debe ser tomado en cuenta por las opciones electorales en formación.

Otro hecho de los 100 días, que el gobierno parece haber descubierto en el camino, es el límite del comportamiento de los actores, especialmente del Congreso. El gobierno carece para los efectos prácticos de una bancada propia, y al mismo tiempo ha tenido varios episodios de diferenciación con Fuerza Popular entre ellos el apoyo a la ley de la supervisión de cooperativas, la aprobación del decreto sobre el uso de octógonos en los productos de consumo no saludables, el rechazo a la ley que prohíbe la publicidad del Estado en medios privados, y recientemente la posición contra los contenidos conservadores en los textos escolares.

Frente a estas muestras iniciales de independencia, el Congreso puede ensayar varias medidas, pero en ningún caso retornar al modelo de oposición ejercida contra PPK, especialmente desde diciembre del año pasado. Con la renuncia de Kuczynski se ha ido también un estilo de oposición que le ha costado aislamiento al fujimorismo un límite en el juego de fuerzas arriba que Vizcarra lo sabe ahora con más certeza que el primer día.

No obstante, el nuevo gobierno es débil, una realidad propia del presidencialismo posterior a Alberto Fujimori. Esta debilidad tiene su origen en la sociedad, y esto le plantea al actual presidente el mayor límite a su administración. La caída de la aprobación presidencial ha cercado a este gobierno más que a otros, y deja a Vizcarra en offside respecto a su modelo de relación con la gente –visitas sin hoja de ruta y programa- cuestionando el hecho de que se diferencie muy poco de su antecesor. La desaprobación de Vizcarra y del gobierno no sube ni subirá en la medida en que siga pareciendo una suerte de PPK 2.0.

En la respuesta a ese límite indicativo de la sociedad, en la segunda parte de los 100 días se ha visto a un presidente más empoderado. Como ha sucedido en otros episodios de nuestro complejo presidencialismo –moderado respecto de los otros poderes, pero con fuerza dentro del Ejecutivo- este nuevo comportamiento deja ver las flaquezas del Gobierno, particularmente de aquellos sectores encargados de dar, construir y atender.

Un presidente parado en la primera línea de la ofensiva es la realidad ideal de nuestro sistema. Al contrario, un mandatario ubicado a la defensiva, está menos expuesto, pero sus posibilidades de gestión dependen excesivamente de otros. Es probable que estos flancos débiles o deficitarios sean abordados en un impostergable relanzamiento del Gobierno en el corto plazo.

En cualquier caso, la clave del éxito de Vizcarra luego de sus primeros 100 días de gobierno empieza en la afirmación de su independencia. Esto no implica un Gobierno antagónico, pero sí dueño de sus decisiones y con una mayor capacidad de movimiento. Como cuando inició su mandato PPK, es atractivo el discurso de una coalición gobernante Ejecutivo/Legislativo, pero no es práctico ni posible.

La renovación retrograda

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La República

La mitadmasuno

22 de junio de 2018

Juan De la Puente

Una mirada inicial a las candidaturas para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo arroja cambios en la formación de las opciones y notifica del agravamiento de la crisis de los partidos.

En términos absolutos se aprecia el incremento de la falta de cobertura nacional de los partidos. Salvo Alianza para el Progreso (presente en 25 regiones, 184 provincias y 1309 distritos) y de Acción Popular (22 regiones, 156 provincias y 962 distritos) los grupos denominados nacionales no logran presentarse en el 50% de las regiones, y han presentado listas en poco más de un tercio de municipios provinciales y en alrededor de un quinto de municipios distritales.

Los partidos parecen haber llegado a la conclusión de que sus fuerzas les permiten asumir limitadamente solo el ámbito regional; de las 367 listas presentadas a las regiones, 265 son de los partidos y 102 de los movimientos regionales. En cambio, las provincias y distritos han sido “abandonados” en manos de los movimientos regionales, considerando la ley aprobada por el Congreso el año pasado que estrecha la presencia de los movimientos locales.

Esa presencia limitada de los partidos, es todavía más precaria debido al fichaje de candidatos a gobernadores regionales y alcaldes independientes, de modo que crece sustantivamente el número de listas vientres de alquiler. Un ejemplo perfecto es Lima, donde 11 de los 21 candidatos que pretenden competir por la alcaldía metropolitana no pertenecen al grupo político que los llevan en sus listas.

¿Qué ha pasado con los militantes? Se acentúa el proceso iniciado años atrás que, ante el incremento del costo de las campañas y la destrucción del tejido partidario, entrega los lugares más destacados en las listas a quienes tienen más dinero o quienes resultan más conocidos por razones extra políticas. El militante es ya un ciudadano de segunda categoría dentro de su partido.

Esta dinámica combinada de debilidad partidaria y arremetida interna y externa del poder económico con propósitos electorales, arroja un cuadro donde predomina la imagen del asalto de las regiones y municipios por fuerzas incontroladas carentes de vocación orgánica con el régimen democrático. Si a lo descrito se agrega la prohibición de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, el sueño del “que se vayan todos” se va haciendo realidad. Es la renovación indeseable y retrógrada. Se van los partidos, los militantes, los grandes movimientos regionales y las élites comprometidas con la descentralización. Y se quedan o vienen los aventureros y el dinero.

La revisión de nombres arroja algunas conclusiones preliminares. Las más importantes reportan la presencia de candidatos cuestionados por desempeños anteriores, incluido el manejo oscuro de los recursos públicos, que retornan a la competencia arrastrando procesos judiciales (los casos de Ancash, Junín, Huánuco, Cusco, Puno, Cajamarca); candidatos que saltan de las regiones a los municipios o viceversa en un carrusel de pactos sospechosos con enemigos irreconciliables; candidatos que lo son a costa de fracturar los partidos existentes; y el retorno de políticos nacionales a las “ligas menores” sin haber destacado en la representación parlamentaria.

Este proceso no tendría lugar si no estuviera acompañado de un vaciamiento de programa. He revisado las propuestas de los candidatos en algunas regiones y en Lima y la conclusión es la ausencia de ideas fuerza, inclusive de la promesa de obras como sustituto del programa electoral. El “que se vayan todos” se ha interpretado como que se vayan también las ideas y sean reemplazadas por la nada. El que tiene dinero habla como quiere, y si no quiere, solo hace campaña sin ideas. En este contexto, es presumible que la campaña electoral sea principalmente un acto permanente de contracampaña, y que los elegidos no se sientan obligados por los electores a asumir determinados compromisos y, por lo tanto, tengan las manos libres para hacer lo que les plazca desde el cargo que ocupen.