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viernes, 10 de agosto de 2018

Justicia, el cuarto elemento

https://larepublica.pe/politica/1277296-justicia-cuarto-elemento
La República
La mitadmasuno
13 de julio 2018
Juan De la Puente
En los últimos 50 años, hubo cuatro movimientos de reforma de la justicia, dos autoritarias e intervencionistas, en los años setenta con Velasco y en los noventa con Fujimori, de duración temporal y desmontadas luego; y dos de orden democrático, los capítulos IX, X y XI del Título IV y el Título V de la Constitución de 1979 (en la parte dogmática reiterada en la Constitución de 1993), y el CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) entre el 2003 y 2004.
En otro corte podríamos añadir que los tres primeros fueron de origen externo y el último un esfuerzo mixto de dentro y fuera del sistema. De los cuatro procesos, el único exitoso fue el de dimensión constitucional (1979) que instaló un sistema de justicia que rodeó al Poder Judicial (PJ) de organismos constitucionales autónomos y desarrolló por primera vez un régimen de garantías de la función jurisdiccional, un proceso completado luego por la creación de la Defensoría del Pueblo. El último intento, acaso el más ambicioso y plural, el CERIAJUS, fue desarmado por una alianza entre la Corte Suprema y algunas bancadas parlamentarias.
En una apretada síntesis se podría concluir que la justicia es quizás el área más manoseada del último medio siglo y con sonados fracasos, con un pequeño saldo favorable que habría que reconocer: la creación de una vigorosa jurisdicción constitucional (TC, procesos constitucionales y Código Procesal Constitucional) y el desarrollo de una línea jurisprudencial desde el TC y la Corte Suprema.
El país se enfrenta ahora a un nuevo movimiento de reforma, en otras condiciones, donde el primer eje de la discusión ya no es el financiamiento o la autonomía de las instituciones, sino la corrupción. El CNM es una pústula sangrante cuya reforma es una condición de cualquier otra acción de mínimo cambio y es probable que su reforma tenga más consensos.
No obstante, el escenario reformista es débil. El Congreso se resistió desde el inicio a una discusión de cambios de naturaleza constitucional, y ahora que ha estallado el escándalo, desde un argumento falso, Fuerza Popular se resiste a la reforma aduciendo que favorecería a la izquierda. En tanto, los primeros acuerdos en el Ministerio Público y el Poder Judicial apuntan a que parecen dispuestos a acompañar y participar activamente en el debate de los cambios, aunque no se sabe hasta qué límite y en qué plazos.
Debatiremos en caliente. De la corrupción judicial se tenían certezas y ahora se tienen pruebas, y la crisis a la que hemos ingresado violentamente durará varias semanas. El proceso tiene tres elementos que se superpondrán y alimentarán al calor de las apariciones anunciadas: 1) los audios que desnudan corrupción en el sistema de justicia; 2) los audios que descubren la relación entre magistrados y hombre públicos; y 3) la resistencia institucional al cambio, con correlaciones internas que permiten un pasito adelante y otro atrás, la vieja dinámica donde lo que tiene que morir se resiste en agonía y lo que debe nacer se demora, una complejidad dibujada por Luis Pásara en su texto valioso Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo (PUCP 2014).
El cuarto elemento está en debate, y se refiere a la capacidad de influencia de la sociedad para respaldar e imponer los cambios y desarmar las poderosas resistencias. Este elemento es el más decisivo, considerando que, desde la caída de Fujimori, nuestra democracia ha sido estéril para las grandes reformas salvo dos, la descentralización iniciada el 2002, y la reforma educativa iniciada el 2007.

En este momento, si a la propuesta del Ejecutivo se suma la propuesta del PJ, tendremos por fin una discusión nacional que debe salir de los salones del poder. En ese sentido, sería ideal que la movilización democrática iniciada haga suya con contenidos propios la propuesta de un referéndum que ha dejado el Gobierno en condicional, si el Congreso se negara a los cambios. Como la misma Constitución de 1979 lo demostró, la dinámica entre la participación y las instituciones, produce éxitos y conjura la posibilidad de fracasos.

sábado, 16 de mayo de 2015

Seguridad, la tormenta perfecta

La República
La mitadmasuno
24 de abril de 2015
Juan De la Puente
¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.
No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.
Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.
La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.
El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.
La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.
Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.
 
 
 

viernes, 19 de abril de 2013

No hay quinto malo. Sobre las reformas judiciales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-hay-quinto-malo-18-04-2013
La República
La mitadmasuno
19 de abril de 2013
Juan De la Puente
El primer punto del Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez es la reforma judicial, un cambio hasta ahora esquivo que tiene en su debe/haber cuatro intentos/fracasos recientes, todos ellos multisectoriales. Uno de los primeros esfuerzos fue la experiencia del GTAN (Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia), creado el 2001 por acuerdo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que produjo un Plan Estratégico y un documento de lineamientos para su implementación.
Otro intento fue la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales de las instancias judiciales luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema declarase en reestructuración al PJ. En 90 días, esta comisión elaboró un informe con medidas urgentes de reforma en cinco materias: justicia civil, justicia penal, despacho judicial, órganos de gobierno y política anticorrupción.
El más significativo antecedente se inició el 2003, cuando la Ley Nº 28083 creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS), integrada por 16 miembros, representantes de las instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil con el mandato de que en 180 días propusiera un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (PNRIAJ). Este contenía ocho áreas para la reforma e incluyó una propuesta de reforma parcial de la Constitución. El cuarto intento se registró el 2006 cuando se constituyó el grupo impulsor del Programa de Inversión Pública para la Modernización de la Administración de Justicia para asegurar que el PNRIAJ se ejecute de manera coordinada.
A los cuatro fracasos concurren diversas explicaciones aunque la falta de información, de financiamiento y de voluntad política son las más significativas. Entre estas razones se teje además un enmarañado conjunto de argumentos entre los que sobresale casi siempre como coartada la autonomía de las instituciones, la valla final que detiene el cambio. De ese modo, los intentos de reforma han sido procesos críticos bloqueados con rapidez por alguna de las instituciones del sistema de administración de justicia o relacionada con este.
La falta de información es crucial en la reforma. Ya el 2003, el CERIAJUS señalaba que la ausencia de sistemas confiables y disciplinados para el registro de los datos sobre las actividades de cada institución restringe el margen de confiabilidad respecto de los mismos. Desde ese momento, algunas instituciones han creado instrumentos específicos como el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en tanto que el PJ ha definido un grupo de indicadores de calidad de la gestión y modernizado su unidad estadística, y el TC, INPE y el Ministerio del Interior han avanzado en la construcción de indicadores.
La ausencia de información confiable y la falta de análisis racional en la administración de justicia se debe a una cultura organizacional que privilegia la oferta, donde lo más relevante es la capacidad de atención de denuncias y casos presentados y el recurso humano disponible para tal efecto y no la demanda de acceso a los servicios de justicia. Se entiende, por lo mismo, que la información que produce el sistema se reduce en la mayoría de casos a los indicadores de primer nivel como número de expedientes, número de casos resueltos, número de funcionarios titulares, número de funcionarios suplentes, entre otros. Esta dinámica impide investigar la demanda en su conjunto,  la relación entre demanda y oferta, las expectativas del usuario y en general las dificultades de acceso.
En ese sentido, son sugerentes la creación del Comité Interinstitucional Estadístico de la Criminalidad y el Diagnóstico Nacional del Delito, que se encuentra en elaboración, porque permitirán que el Estado elimine la dispersión de datos y supere la ausencia de información confiable.