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viernes, 15 de junio de 2018

La guerra de las rosas

https://larepublica.pe/politica/1253004-guerra-rosas
La guerra de las rosas
La República
La mitadmasuno
1 de junio de 2018
Juan De la Puente
Puede haber un parlamento que no compre rosas, televisores, computadores y frigobares, pero que ejecute una política alineada a los grandes poderes, que muestre cercanía con fuerzas económicas ilegales u oscuras, o que expida normas que vulneren libertades ciudadanas. Ese es el esquema operativo al que parece conducir las denuncias sobre las compras del Congreso, con pocas posibilidades para las alternativas y para establecer los temas de fondo.
Ahora mismo miles de oficinas de compra del Estado, llamadas unidades ejecutoras, están comprando bienes y servicios, incluyendo flores y televisores. En principio, no me parece mal que esas operaciones se realicen, con racionalidad, modernidad, transparencia y control. El primer punto de esta discusión no reside en el qué sino en el cómo, cuándo y porqué. Es bueno precisar ello debido a que nos estamos deslizando por una ruta en la que la solución final podría ser que el Estado no compre nada, una perspectiva corrosiva considerando que el Estado peruano compra cada año por un monto equivalente al 7.7% de nuestro PBI.
El segundo punto de este debate consiste en el obsoleto sistema de adquisiciones que favorece la corrupción en todos los niveles, anclado en el concepto de que el Estado “necesita” de hacerse de un patrimonio, de manera que los que le venden algo, le cargan al erario público el riesgo y la coima. Este sistema se resiste a la modernización, como al modelo de leasing, el alquiler de equipos o la provisión de terceros que evitaría la enorme burocracia especializada en vigilar el patrimonio del Estado. En este ángulo del análisis cabe perfectamente la posibilidad de que algunos instrumentos de trabajo de los parlamentarios, por ejemplo, sean costeados por ellos mismos.
Todas las leyes para comprar o contratar mejor han fracasado; el sistema que las contiene ha derrotado por lo menos tres reformas de las adquisiciones estatales en los últimos 18 años en tanto que los mecanismos de soborno sí han pasado la prueba de la modernidad. Como lo ha demostrado el Lavajato peruano, y aun antes, la clave de la corrupción se encuentra, precisamente, en las normas originarias más que en el proceso, de manera que es importante mirar el bosque y no solo el árbol. O la rosa. 
El tercer punto de este debate reside en el lugar que ocupa esta controversia, cuya centralidad esconde delicados asuntos que parecen palidecer ante el aroma de las rosas. Uno de ellos es la rendición del Congreso ante los grupos que presionan a desandar el camino de la Ley de Alimentación Saludable o postergar la aprobación de la ley que prohíbe y reemplaza progresivamente el uso de bolsas de polietileno y otros materiales de plástico convencional. 
Es grave que las cooperativas truchas se salgan con la suya, mientras que una parte de la sociedad consume su energía combatiendo la compra de flores, o que la guerra de las rosas impida centrar la atención de la sociedad en la inminencia de la ley que prohíbe la publicidad del Estado en los medios privados y en la deriva legislativa contra el enfoque de género y los derechos de la comunidad LGTB.
Bienvenido el control de las compras del Parlamento, que es una forma de control del Congreso, aunque no habría que perder de vista el programa conservador en curso, de mayor trascendencia para el régimen político. El Congreso necesita ser controlado en aspectos decisivos y rendir cuentas a la sociedad sobre sus decisiones u omisiones, por lo que la desagregación de ese control –rosas por aquí, derechos y libertades por allá- es hasta cierto punto una forma de desmovilización respecto de la agenda de esta hora.

Es probable que la guerra las rosas no concluya en un cambio, lo que ha sucedido luego de los escándalos del financiamiento electoral, y que se descuide la necesidad de que desde el Congreso y fuera de él, se proponga una plataforma democrática que recoja las demandas sociales. Me gustaría ver que quienes pelean contra las rosas hagan suyas las exigencias del sur del país, la región que desaprueba más a la democracia y que acaba de realizar respetables paros en Cusco, Puno y Arequipa.

viernes, 25 de mayo de 2018

El fútbol y la macropolítica

https://larepublica.pe/politica/1248906-futbol-macropolitica
La República
La mitadmasuno
25 de mayo de 2018
Juan De la Puente
El Perú puede ser explicado los últimos días por el fútbol, un poderoso sentido común que domina la escena pública y privada. Los elementos de este fenómeno se han puesto en movimiento frenético a raíz de la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), abriendo una etapa en la que las pasiones derriban toda racionalidad, produciendo una hinchada con cólera en lugar de una hinchada con optimismo, que era lo previsible.
A diferencia de la politización nacional del fútbol en otros países, aquí se lleva a cabo un proceso inverso, la futbolización de la política. La precipitación de los políticos, medios y espacios no deportivos al caso Guerrero, es un hecho inédito y no solo para lo de siempre –que es aparecer en la foto- sino para sintonizar con la gente y sus demandas futbolísticas de corto plazo.
El fútbol despierta la emoción que la política ya no produce y suministra una alta cuota de optimismo que los peruanos necesitamos hace tiempo; la clasificación al Mundial de Rusia 2018 agregó certidumbre, otro valor a la baja en la agenda pública al punto que, estimo, la transición PPK-Vizcarra habría sido tempestuosa sin el balón corriendo en la mente de los peruanos, entre otras razones.
La macropolítica del fútbol funciona como un manto que envuelve los temas de estado y un escenario donde se juegan estrategias publicitarias, influencia pública y el poder de las élites; el capital social en disputa puede justificar grandes decisiones, buenas o malas, y como ha sucedido con el caso Guerrero, facilitar la rebaja de los estándares de objetividad y acaso de justicia. Que los ciudadanos de a pie solo puedan comprar 18 mil entradas de las 45 mil disponibles para el partido amistoso Perú-Escocia, demuestra el patrón que han impuesto los intereses en el fútbol peruano actual.
El caso Guerrero nos ha restado algo de la certidumbre ganada en los últimos meses respecto de las posibilidades del Perú en el mundial, y solo con el paso de los días aparece una rendija que señala que el asunto se ha manejado mal, y no solo desde la defensa del jugador. 
Los que intentaron un discurso que matizaba o contrariaba la demanda “Guerrero al mundial, como sea” eran poco menos que traidores a la patria. Esta mayoría aplastante y aplastadora no ha impedido que se advierta la formación de dos narrativas ahora más notorias: la de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el entrenador Ricardo Gareca, que expresan los cambios de fondo y forma en el fútbol peruano, que nos han llevado al mundial, y la narrativa tradicional derrotista de gran parte de los medios, que se resiste al cambio.
En tanto Gareca colocaba la prioridad en el futuro (expresión de lo cual es el estupendo video de la FPF, triunfante y no derrotista), insistiendo en el respaldo al capitán, la macropolítica futbolizada estiraba y especulaba con el caso Guerrero enviando al resto de la selección el pesimista mensaje de las épocas de los “cuatro fantásticos” en versión agrandada: con Guerrero somos todo, sin Guerrero no somos nada.
La política le ha prestado al fútbol la explicación conspirativa de casi todo, que sirve siempre como pretexto para no asumir responsabilidades. En el camino se ha perdido de vista que, a pesar que la resolución contra Guerrero suene injusta, ha seguido un curso que evidencia la institucionalidad de un sistema deportivo mundial que hace poco nos fue favorable –los 3 puntos en el partido con Bolivia en el caso Nelson Cabrera- con un régimen de convenciones, reglamentos y tribunales con un efecto positivo para todos.

La política también la ha prestado al futbol, o reforzado, su cortoplacismo; a pocos días del mundial se fuerzan expectativas y dinámicas de fracaso que no van acompañadas de pedidos de transparencia de los involucrados o de eficacia procesal (¿para cuando el recurso al Tribunal Federal Suizo?). Ya tuvimos -y no solo en el deporte- episodios de fe ciega que terminaron en frustración y hemos experimentado reveses a causa de endiosamientos que postergaban o sacrificaban a los colectivos, más humanos y humildes. Que no se repita esas experiencias. Estamos a tiempo.

Reforma y/o populismo

https://larepublica.pe/politica/1240684-reforma-populismo
La República
La mitadmasuno
11 de mayo de 2018
Juan De la Puente
Hay varias maneras de evitar las reformas, por lo menos tres; una de ellas es no hacerlas; la otra es hacer lo contrario, es decir, inventar una contrarreforma; y la tercera, pugnar o realizar entusiastas cambios que no lo son a pesar de las apariencias.
Las dos primeras modalidades se consumaron en el Perú a propósito de la reforma electoral, una exigencia que no fue atendida por decisión de la mayoría de direcciones partidarias y bancadas parlamentarias entre los años 2008-2018, a pesar del interés y presión de los organismos electorales, en un momento articulados en la Plataforma por la Reforma Política Electoral (2010-2015). La revisión de los proyectos de ley presentados en la última década brinda una idea completa de cómo se ha evadido esta urgencia y, al mismo tiempo cómo la élite política pudo tejer sucesivas alianzas para evitar cambios cantados y demandados, una resistencia exitosa ayudada por el crecimiento económico qua hacía (¿hace?) prescindible todo cambio sustantivo.
Estas alianzas lideraron hasta tres movimientos de contrarreforma, con el siguiente ritmo: 1) elevar de 140 mil firmas a 560 mil el número de firmas para inscripción de los partidos (Ley Nº 29490, de 2009); 2) aumentar a 900 mil firmas este requisito y otros ajustes antidemocráticos como aumentar de 20% a 25% el porcentaje de invitados en las listas de candidatos a elección popular (Ley Nº 30414, de 2015); y 3) suprimir la fiscalización de los recursos financieros por parte de la ONPE (Ley 30689, de 2017) aunque acompañado de algunos reajustes positivos respecto al financiamiento, y la ley que permite postular a quien no viven en la circunscripción electoral, aunque haya nacido en ella (Ley Nº 30692 de 2017).
Con realismo, en esta etapa existe menos posibilidades de concretar una reforma ligeramente coherente, a tenor de la disposición de fuerzas parlamentarias y de la ausencia de un liderazgo político extraparlamentario activo e influyente. Desde la derrota del proyecto de Código Electoral elaborado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre, queda claro que la agenda mínima de la reforma no será abordada en el mediano plazo. Esta convicción no implica “tirar la toalla” sino reorientar la estrategia para lograr los cambios, asumiendo que luego de una década de demandas y bloqueos se ha conformado que la reforma política y electoral no se hará con los partidos y con el Legislativo.
Por tal razón, y en ese contexto realista y desafiante, el principal riesgo actual es la distracción respecto de las claves de fondo. Esto acaba de ponerse de manifiesto con la propuesta de eliminar la relección parlamentaria. El respaldo abrumador a este planteamiento hace presumir que en esta medida se deposita gran parte del cambio.
No obstante, es un señuelo; es la parte populista de la reforma. Lo cierto es que desde el año 2001 la tasa de reelección parlamentaria peruana es la más baja de Sudamérica, una tasa que apenas superó el 20% en las elecciones del año 2016. Cuatro congresos “nuevos” en los últimos 16 años no han hecho mejor al Parlamento peruano, como tampoco mejoraran las regiones y municipios la muy aplaudida prohibición de reelección de gobernadores y alcaldes, o persistir en un Congreso unicameral y pequeño, otra idea popular.
La evidencia indica que existe una correlación entre la reelección parlamentaria y los partidos más institucionalizados y que, al contrario, existe otra correlación, perversa, entre los parlamentarios nuevos no militantes de sus partidos y la falta de institucionalidad de los grupos políticos, un escenario enmarañado donde la cohesión partidaria se bate en retirada empujada por el dinero y el independentismo legislativo, el virus disolvente del sistema. 

Si la mitad de emoción y demanda contra la reelección parlamentaria se pusiese en la exigencia de discutir el Código Electoral, o en poner sobre la mesa que solo 92 de los 130 congresistas están afiliados a los partidos por los que fueron elegidos, según los recientes datos de la Asociación Civil Transparencia, estaríamos en otro momento de esta batalla.