La República
La mitadmasuno
17 de mayo de 2019
Juan De la Puente
El debate
de la reforma política se ha iniciado, y el principal elemento de ella es la
formación de una coalición contraria, vasta y creciente, que traslada
instintivamente a esta discusión su oposición al Gobierno.
Sorprende
esta resistencia que atribuye a este Gobierno el beneficio de la reforma y cree
que está pensada para una administración que, no obstante, se despide del poder
dentro de dos años. Y sorprende más que esta percepción provenga de grupos
políticos que ejercieron el gobierno, que pretenden volver a él, o que intentan
sortear momentos difíciles para recuperar sus opciones de poder.
Llámese
pérdida de brújula o miopía, el punto es que la resistencia a la reforma
expresa la hegemonía de la coyuntura y un extravío del futuro. Perdidos en la
vorágine de la batalla diaria, la renuncia a la reforma es la renuncia a su
existencia política misma, como lo ha demostrado hace poco el resultado electoral
brasileño, que ha barrido a las formaciones que creían que luego de la caída de
Dilma Rousseff, la clave del futuro era liquidar al Partido de los Trabajadores
(PT), cuando los arruinados fueron casi todos.
En
contrario, el relativo avance de la reforma chilena, desde el informe de la
Comisión Engel y con decisiones aún pendientes, ha permitido una mejor
competencia política, control del poder y estabilidad.
Si las
elecciones del año 2021 se llevan a cabo con estas reglas de juego electorales
e institucionales tendremos un gobierno débil, una oposición fragmentada y en
conjunto un poder más rechazado por la sociedad. Y es probable que en ese
caótico escenario ya no se encuentren presentes varias formaciones que ahora se
desviven suicidamente contra el cambio.
Respecto a
la responsabilidad de las personas, la idea de que los actuales legisladores se
oponen a la reforma porque los perjudica, es también relativa. Podría afectar a
quienes –sin posibilidad de reelección- intentarán un juego ultra personalista
en los próximos años, pero no a quienes, antes independientes, apuestan a un
desempeño público desde lo institucional. En este punto, se puede apreciar en
Fuerza Popular las diferencias entre la aventura y la racionalidad.
La
oposición militante a la reforma es procesalista, tiene audiencia, pero carece
de ideas fuerza. La única que pretende serlo toma prestado una parte del razonamiento
constitucional que sostiene que algunas de las propuestas –especialmente la eliminación
de la cuestión de confianza para la presentación del gabinete y al aumento a
dos tercios de los votos necesarios para la insistencia de las leyes vetadas
por el presidente- significan la ruptura del equilibrio de poderes en favor del
Ejecutivo.
Este
préstamo es incompleto; adolece de falta información sobre las vicisitudes de
nuestro presidencialismo y no les vendría mal una revisión previa de los
conceptos modernos de equilibrio, contrapesos y colaboración entre órganos del
Estado. Luego, hace falta un estudio comparado por lo menos de las constituciones
de 1933, 1979 y la actual –el mundo cambia y los sistemas también- y de la
jurisprudencia constitucional sobre las potestades y límites del Parlamento
para modificar la actual Constitución.
