jueves, 24 de enero de 2019

El test venezolano

Por Juan De la Puente
Venezuela ya era en los últimos años un test de democracia; en las últimas horas, es un test de sentido común y del análisis, desnudando las carencias de una apreciación subjetiva de la realidad.
Solo un sesgo extremista podría ignorar la épica de un pueblo que por enésima vez se levanta, unido y multitudinario, contra un régimen repudiado y podrido, violador sistemático de derechos y libertades, fracasado y hambreador en lo económico, fracasado y autoritario en lo político, ultracorrupto, que ha manoseado el cambio para no hacerlo, y ha destruido las instituciones y echado a perder el futuro de una generación de venezolanos.
Y que hace años perdió la mayoría y la legitimidad.
Y que ahora solo apesta.
Qué baja la calidad de análisis de actores (¡EEUU tiene intereses en Venezuela! Claro, Rusia no, Turquía no, China no), que no le da un lugar en la escena a la calle, a la crisis interna, al hambre y a millones de migrantes. Ese sesgo reduce el futuro de un pueblo de 31 millones de habitantes al análisis geopolítico donde lo más importante es lo que diga EEUU, una reflexión inconsistente sin variables y sin contexto, donde todo es conspiración, una escena de titiriteros y títeres, sin ciudadanos, sin Congreso y sin una Constitución que defender. Qué corta la reivindicación del principio de autodeterminación de los pueblos que ignora al pueblo mismo, movilizado a pesar del terror de los paramilitares y de los muertos, de la justicia tomada por Maduro y su sistema electoral fantoche.
Qué falso el dilema Maduro o Trump; el historiador mexicano Enrique Krauze me releva de más argumentos contra el chantaje que entraña esta falsa disyuntiva (“rechazar a dictador Maduro no es apoyar al fascista Trump. Es apoyar la voluntad democrática del pueblo venezolano).
Qué fácil acomodar las teorías sobre el golpe de Estado para defender a un gobierno permanentemente golpista que disolvió el Parlamento, capturó los medios, copó todos los otros poderes del Estado y pactó el co-gobierno con una camarilla militar que nadie ha elegido.

Claro que Venezuela necesita diálogo, una vez que se vaya Maduro, porque él mismo usó las iniciativas de diálogo para quedarse, ganar tiempo y preparar la persecución de partidos, políticos, periodistas y líderes sociales. El futuro ya no es con él; es después de él.

miércoles, 23 de enero de 2019

El fin del gobierno dividido

https://larepublica.pe/politica/1391843-gobierno-dividido
La República
La mitadmasuno
Juan De la Puente
11 de enero de 2019
El Congreso es un campo de batalla donde se combate escaño por escaño, comisión por comisión. Se condensan así varias hostilidades menores por pequeñas hegemonías o por sobrevivencias, aunque la batalla específica por la mesa directiva –el combate más fiero- es distinta a la del año 2000 y al asalto de las minorías parlamentarias que el 2004 y 2015 derrotaron a los gobiernos de entonces.
El primer asalto, en noviembre del 2000, fue la conclusión del fujimorismo; la censura de la mesa directiva que presidía Martha Hildebrandt fue una operación saldada rápidamente con la huida de Fujimori a Japón, la vacancia de las dos vicepresidencias y la asunción del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Luego, las presidencias de Ántero Flores-Aráoz (2004) y de Luis Iberico (2015), fueron el triunfo de las minorías opositoras a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente, aunque ninguna de ellas intentó liquidar al Ejecutivo.
Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso especialmente si lo hizo desastrosamente mal (sinceramente, el fujimorismo “histórico” lo hubiese hecho mejor). Dejó hace meses de ser mayoría política y ahora está en proceso de dejar la mayoría numérica, una dirección ineludible para un desenlace inexcusable. Desbancado del poder del Congreso, el epílogo de esta derrota está por escribirse porque los desenlaces más increíbles tienen las mismas opciones, incluyendo la implosión que lleve a una elección parlamentaria adelantada.
¿Este escenario es, como aparenta, una pelea de bar donde importan más las patadas que los vencedores y perdedores? Sin reelección y bicameralidad, sin aprobación ciudadana y con los proyectos partidarios a la baja, la pregunta sobre el sentido de esta batalla es provocadora, porque la idea de que esta es la disputa de dos calvos por un peine se relativiza por lo menos por tres atingencias cruciales: 1) desde una óptica estrictamente minimalista, el Congreso debe garantizar la selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ); 2) el Congreso ha disminuido su capacidad de frenar los procesos judiciales a la corrupción política y hostigar al Ejecutivo; y 3) en cualquier caso, aun con una crisis operativa a cuestas, tiene la capacidad de aprobar leyes populistas o favorables a intereses contra mayoritarios.
Ha terminado la experiencia de un gobierno dividido y lo que viene es un Parlamento extremadamente fragmentado y, por lo tanto, autolimitado; pero, a diferencia con lo sucedido el año 2000, cualquier desenlace favorece al Gobierno de Martín Vizcarra, especialmente si este desea mantener la presión sobre el Congreso sobre la reforma judicial y política. No obstante, el optimismo debe atemperarse si se concluye objetivamente que a este Parlamento no podrá arreársele demasiado. Sea cual fuese su futuro, ya es un Congreso de transición.
La división entre un bando reformista y otro resistente a los cambios sería lo mejor que intenten los políticos que quieran impulsar una nueva política radical a partir de los llamados nuevos valores posmaterialistas que ha traído esta etapa, como la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el enfoque de género en los DDHH, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, la prestación de los bienes públicos, la participación política, entre otros.
Ello no implica que no se intente legislar sobre las expectativas “tradicionales” de la política peruana, pero la transición que experimenta el sistema obliga a construir una nueva promesa con soluciones de compromiso (trade-off) con una visión de largo plazo donde caben las demandas de cambios constitucionales profundos y un programa de modernización de la economía y la sociedad. 

Ordenar las prioridades es difícil, sobre todo en un clima corrosivo y tóxico donde la ultraderecha peruana se apresta a librar la batalla por su identidad. Sin embargo, el feminismo, los movimientos sociales, los jóvenes, y la sociedad civil que se abre a las demandas de derechos y libertades son una enorme fuerza llamada a motivar los cambios y llenar el vacío que ya esté aquí. Si no es la hora de un nuevo programa, cuándo.

domingo, 6 de enero de 2019

El año de las coaliciones

https://larepublica.pe/politica/1387649-ano-coaliciones
La República
La mitadmasuno
4 de enero de 2019
Juan De la Puente
El año 2019 será el de las coaliciones. El resultado del referéndum del 9 de diciembre licuó la polarización entre el Gobierno y el Congreso, estableciendo una nueva mayoría política que legitimó al presidente Martín Vizcarra. Al mismo tiempo, rebajó a mínimos la fuerza de los partidos como actores públicos –reduciéndolos casi exclusivamente al ámbito parlamentario– ayudado por el proceso electoral regional y local que consagró la debilidad de las formaciones partidarias.
Este nuevo momento no se organiza solo a partir de mayoría y minoría, sino a través de coaliciones de las que emergerán las apuestas del 2021, en las que los liderazgos se vuelcan a la sociedad en busca de mayor legitimación. El fin de la polarización no es el fin de la confrontación, como que no es seguro que las coaliciones impidan la fragmentación. El Congreso y las otras instituciones del sistema se han integrado a la etapa de cambios como sujetos u objetos, una interesante politización que enriquecerá el escenario. 
La más activa es la coalición reformista, que ha puesto en marcha el Gobierno y el presidente Vizcarra, con un apoyo parlamentario –y dos bancadas parlamentarias y media o, si se quiere, tres–, otro en los nuevos gobiernos regionales y locales, y uno más en los medios que han respaldado tanto la política del Gobierno en el referéndum como su propuesta ante la crisis del Ministerio Público.
En esta coalición, la de mayor respaldo en la sociedad, la novedad es la bancada liberal porque más allá del número de sus integrantes expresa una apuesta por una identidad maltratada los últimos 25 años por la derecha económica, al punto que las críticas más duras contra el nuevo grupo parlamentario provienen de ese sector hortelano, que ni son liberales ni dejan que otros lo sean.
La segunda es la coalición de la resistencia, ahora claramente dirigida por el Apra y obviamente por Alan García, a la que se adscriben varios grupos o humores conservadores y algunos espacios claves del Estado. Al romperse o agrietarse la alianza entre Fuerza Popular y el Apra, la derecha sin partido, que no es poca cosa en el país, se siente liberada de su apoyo al fujimorismo y coincide principalmente con las tesis apristas respecto a la reforma política y judicial. No es predecible el destino de esta coalición, desde el respaldo a un Bolsonaro –¿ya es muy tarde para que aparezca?– hasta la reincidencia en el apoyo a García como el año 2006. El reclamo por una identidad claramente derechista es creciente en el país y recorre los restos de lo que fue la centro derecha peruana.
La tercera es la coalición constituyente, con escaso peso en la elite nacional, pero con una fuerte vigencia en los movimientos sociales organizados y en las regiones, liderados por Verónika Mendoza, Marco Arana y varios líderes y autoridades regionales. Esta coalición simpatiza con Vizcarra y respalda su política contra la corrupción, pero su programa es otro; no se agota en una nueva Constitución o en una Asamblea Constituyente sino en un programa todavía difuso, en donde caben las políticas ambientales y de género, pero también el viejo descentralismo.
En este cuadro, el fujimorismo aparece como el más damnificado. Ha pasado de tener una mayoría autosuficiente en el Congreso y de manejar una política de alianzas con partidos y gremios empresariales, a un aislamiento riguroso. Fuerza Popular sigue teniendo la mayoría en el Congreso, pero esa mayoría está fuertemente condicionada por el resultado del 9 de diciembre, el precario (des)equilibrio interno y la situación judicial de Keiko Fujimori. De algún modo, Fuerza Popular está presa de su propia mayoría, con una escasa capacidad de movimiento.

Lo nuevo es que estas coaliciones actúan de cara a la opinión pública, el gran elector que les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria el 9 de diciembre. En esa dinámica los giros bruscos son moneda corriente, las rectificaciones y por supuesto las traiciones, una sucesión de pequeños dramas y comedias bajo el signo de una etapa en la que el cambio es un parto doloroso.