lunes, 5 de agosto de 2019

Reforma acotada y sin libreto

https://larepublica.pe/politica/1479069-reforma-acotada-libreto/
La República
La mitadmasuno
31 de mayo de 2019
Por Juan De la Puente

La Cuestión de Confianza (CDC) planteada por el Gobierno al Congreso es, para efectos de este período, un acto obligado de los actores principales de esta transición trunca. A este acto, ellos van forzados, casi a rastras, desprovistos de las capacidades para un combate mayor. Sin esta escena, para ellos no habrá 2021. Aquí unas notas cortas:
1.- El Gobierno. No tenía otra opción, so pena de perder los apoyos que hacen buena parte de la aprobación que mantiene el presidente Vizcarra. Además, la negativa del Congreso a acusar al fiscal Chávarry fue una provocación demasiado altisonante como para que el Gobierno aguardara en silencio alguna novedad de la reforma política que compensara la impunidad.
2.- ¿Gana el Gobierno con la CDC? Quizás pierde menos de lo que hubiese perdido si no lo proponía, considerando que le quedan dos años de gestión. Pero hay dos anotaciones más: la aprobación de la confianza no garantiza que la reforma sea aprobada, mientras que la desaprobación implicará una batalla política y electoral de la que saldrá un Congreso que funcionará 20 meses, sin que sea seguro que apruebe la reforma. En cualquier caso, el premier Del Solar tiene la oportunidad de construir un legado, incluso si es derrotado.
3.- El fujimorismo. Tampoco quería la CDC. Deseaba proteger a Chávarry (ahora le llaman blindaje), pero no a costa de ser puestos en evidencia y derrotados, como lo será de todas maneras si vota por la confianza o si se opone a ella. Hay en Fuerza Popular una identidad tanática que no se explica solo por la actitud de la Comisión de Constitución, o parece que se ejecuta un manual para alejarse del poder en pocos pasos.
4.- La calle. La CDC es un llamado de la sociedad, aunque mínimamente movilizada. De eso que no haya duda, con cargo a confianzas y desconfianzas posteriores. La pobre calle, ninguneada luego del último servicio prestado en enero, para la destitución de Chávarry, ha terminado de autonomizarse y se maneja por ahora en dos velocidades, una donde resurge el “que se vayan todos” y “Asamblea Constituyente”, y la otra que reclama cambios mínimos, pero cambios al fin.
5.- Derecha e izquierda. El juego de la elite cambiará de registro. La sociedad conservadora será llamada a respaldar una cruzada contra Vizcarra en caso se disuelva el Congreso y se convoque a elecciones parlamentarias lo cual radicalizará aún más a la derecha peruana. La izquierda, una parte de la cual tampoco cree en la reforma política, tendrá la oportunidad de hablarle al país y dejar de hablarse entre sí, aunque no se sabe si participará en las elecciones para el Congreso de 20 meses.

6.- Sin coalición. Queda poco margen de acción en los espacios institucionales. Es cierto que se ha frenado la dinámica en la que los detentadores del poder tanteaban el terreno, jugando varios juegos sin salida: el juego del debate de los cambios menos importantes; el juego del pacto dentro del Congreso; el juego del pacto Ejecutivo-Legislativo; y el juego del desafío mutuo (ahora le llaman pechar, como en las prisiones). Es cierto que tendrán que jugar otro juego y encarar cambios que no deseaban, acotados y sin libreto, sin una coalición reformista. Sin ella, sorry, toda reforma será muy limitada.

Una cuestión de sustancia

https://larepublica.pe/politica/1474513-cuestion-sustancia/
La República
La mitadmasuno
24 de mayo de 2019
Por Juan De la Puente

En el actual conflicto entre el Gobierno y el Congreso, la pugna por las formas quizás no permite que se visibilice el aspecto de fondo, que es la firme tendencia instalada que detendrá este proceso, y que ya lo ahoga en la cuna. Un sistema fuerte, en crisis, pero fuerte, más fuerte que los grupos dispersos que pugnan por reformarlo, se dispone a derrotar desde el Congreso el movimiento de cambio más importante desde el año 2000.
A diferencia de año pasado, no existe una coalición dispuesta a la batalla. El reciente gesto presidencial de desafiar al Congreso se realiza luego de que la rebelión que él encabezara el año pasado concluyera extrañamente por falta de mensaje y especialmente acciones. La lucha por las formas en estos días reverdece las imágenes reformistas del año pasado, pero no implican su relanzamiento. La reforma sin coalición está sentenciada a la derrota.
Es cierto que también incidirá en este resultado el reagrupamiento de fuerzas conservadoras y la falta de un programa político que le permita al Gobierno atender con eficacia los problemas del gobierno de todos los días –seguridad, servicios y regulación, por ejemplo– como indican las encuestas recientes. No obstante, existe un problema de estrategia y enfoque.
Uno de ellos es la falta de un proceso movilizador en una perspectiva democratizadora. Desde la presentación del informe de la comisión creada con tal propósito, se ha privilegiado una dinámica institucionalista creyendo que este es un asunto exclusivo del poder, a lo más de las élites, en tanto no se toma en cuenta a la sociedad, la parte más activa en la demanda de cambio.
Forma parte de esta estrategia equívoca la propuesta de diálogo exclusivo con el Congreso, sin la sociedad y los partidos, que no son necesariamente lo mismo que sus bancadas, y aderezada en las últimas semanas con el llamado a un pacto minimalista Ejecutivo/Legislativo. La visita presidencial al Congreso pareció sugerir la adopción de una estrategia distinta de cara a la sociedad, pero sin nuevas señales posteriores en esa línea. En esta como en otras crisis, y en toda coyuntura crítica, un sistema fuerte reclama como requisito de cambio un eje movilización/pacto. Ya deberíamos haber aprendido.
En un contexto como el descrito, sería igualmente equívoco bajar los brazos. Se tiene sobre la mesa una cuestión de sustancia. Por lo mismo, desde el campo de la reforma es otro error pugnar con demandas improvisadas del tipo “no se peleen chicos” o “el Perú no está para divisiones” como si no estuviesen en juego legítimas opciones que entrañan modelos de convivencia y representación.

La reforma es irrenunciable y la sociedad –en su sentido amplio de conciencia social– está en disputa. Sea cual fuese el resultado específico de las 12 reformas entregadas por el Gobierno al Congreso, es muy importante insistir en el cambio, en la formación de una amplia conciencia nacional sobre su necesidad, advirtiendo no solo sobre el riesgo de una contrarreforma sino de los potenciales peligros de un sistema que renovará sus autoridades el año 2021 en medio de una debilidad de la institución de la presidencia y una alta fragmentación del Parlamento.

lunes, 1 de julio de 2019

Reforma política o suicidio

La República
La mitadmasuno
17 de mayo de 2019
Juan De la Puente
El debate de la reforma política se ha iniciado, y el principal elemento de ella es la formación de una coalición contraria, vasta y creciente, que traslada instintivamente a esta discusión su oposición al Gobierno.
Sorprende esta resistencia que atribuye a este Gobierno el beneficio de la reforma y cree que está pensada para una administración que, no obstante, se despide del poder dentro de dos años. Y sorprende más que esta percepción provenga de grupos políticos que ejercieron el gobierno, que pretenden volver a él, o que intentan sortear momentos difíciles para recuperar sus opciones de poder.
Llámese pérdida de brújula o miopía, el punto es que la resistencia a la reforma expresa la hegemonía de la coyuntura y un extravío del futuro. Perdidos en la vorágine de la batalla diaria, la renuncia a la reforma es la renuncia a su existencia política misma, como lo ha demostrado hace poco el resultado electoral brasileño, que ha barrido a las formaciones que creían que luego de la caída de Dilma Rousseff, la clave del futuro era liquidar al Partido de los Trabajadores (PT), cuando los arruinados fueron casi todos.
En contrario, el relativo avance de la reforma chilena, desde el informe de la Comisión Engel y con decisiones aún pendientes, ha permitido una mejor competencia política, control del poder y estabilidad.
Si las elecciones del año 2021 se llevan a cabo con estas reglas de juego electorales e institucionales tendremos un gobierno débil, una oposición fragmentada y en conjunto un poder más rechazado por la sociedad. Y es probable que en ese caótico escenario ya no se encuentren presentes varias formaciones que ahora se desviven suicidamente contra el cambio.
Respecto a la responsabilidad de las personas, la idea de que los actuales legisladores se oponen a la reforma porque los perjudica, es también relativa. Podría afectar a quienes –sin posibilidad de reelección- intentarán un juego ultra personalista en los próximos años, pero no a quienes, antes independientes, apuestan a un desempeño público desde lo institucional. En este punto, se puede apreciar en Fuerza Popular las diferencias entre la aventura y la racionalidad.
La oposición militante a la reforma es procesalista, tiene audiencia, pero carece de ideas fuerza. La única que pretende serlo toma prestado una parte del razonamiento constitucional que sostiene que algunas de las propuestas –especialmente la eliminación de la cuestión de confianza para la presentación del gabinete y al aumento a dos tercios de los votos necesarios para la insistencia de las leyes vetadas por el presidente- significan la ruptura del equilibrio de poderes en favor del Ejecutivo.

Este préstamo es incompleto; adolece de falta información sobre las vicisitudes de nuestro presidencialismo y no les vendría mal una revisión previa de los conceptos modernos de equilibrio, contrapesos y colaboración entre órganos del Estado. Luego, hace falta un estudio comparado por lo menos de las constituciones de 1933, 1979 y la actual –el mundo cambia y los sistemas también- y de la jurisprudencia constitucional sobre las potestades y límites del Parlamento para modificar la actual Constitución.