jueves, 3 de enero de 2019

Los pactos de Vizcarra

https://larepublica.pe/politica/1371247-pactos-vizcarra
La República
La mitadmasuno
7 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
El presidente Martín Vizcarra propuso en CADE un pacto a los empresarios, para arribar al 2021 con un país gobernable y en lo posible reformado en las áreas de justicia y política. Desde el lugar donde se encuentra, es decir, con una amplia legitimidad, Vizcarra ofreció un pequeño programa que anuda lo político y económico, incluyendo la inversión pública, la competitividad, la reforma laboral y el impulso a la inversión privada.
En un discurso que por un momento parecía de 28 de julio, el presidente adelantó una parte de la agenda posterior al referéndum, dejando claro que no abandonará la lucha contra la corrupción pero que sumará prioridades claras para impulsar la inversión, la transparencia, la salud, la educación, la seguridad y la descentralización, áreas que la reciente encuesta de IEP encontró deficitarias.
Es destacable en tal dirección la pregunta que lanzó al auditorio sobre el papel que asumirán los empresarios ante las reformas, contestándose él mismo que confía en que lo harán desde el compromiso con el país. Para el efecto fueron sugerentes las palabras previas del presidente de IPAE, Julio Luque, quien precisó la identificación de CADE y los empresarios con la lucha anticorrupción.
La oferta está en la cancha empresarial; una agenda de diálogo más acotada a las necesidades de los actores económicos, que ha planeado en los últimos días, tendrá que ser reemplazada por compromisos más integrales que conviertan a la inversión privada en aliada de las reformas. Los aplausos con los que fue recibido el discurso de Vizcarra prometen una nueva actitud a un año de CADE 2017 que proclamó el fin de las cuerdas separadas.
Vizcarra se refirió en varias partes de su discurso a la ronda de diálogo que también iniciará luego del referéndum con la sociedad civil, los partidos y los nuevos gobiernos regionales y locales, extendiendo hacia esos sectores su propuesta de acuerdo. Salvo los últimos, urgidos al inicio de sus gestiones por una relación provechosa con el gobierno, los partidos y la sociedad civil no han reaccionado formalmente a esta propuesta.
Ese silencio preocupa. La principal señal de esta falta de reacción es una ausencia de sensibilidad respecto de la segunda etapa de reformas luego del 9 de diciembre, que no puede ser como la primera, un consenso a palos. En esta omisión pueden esconderse presunciones de varios sentidos, como que las reformas no necesitan ser pactadas, que el liderazgo del presidente Vizcarra es suficiente, que la participación de los movimientos sociales no es necesaria porque a ellos “nadie los ha elegido”, que no procede un acuerdo con Vizcarra porque es autoritario, o que hay partidos ante los cuales hay que tender un cordón sanitario.
Es cierto que existen grupos de espaldas a las reformas, como los que inspiran y dirigen la campaña de los 4 No en el referéndum en base a inexactitudes, y es posible también que otros sectores, especialmente conservadores, manejen un esquema distinto de prioridades. No obstante, este período que se denomina con el nombre genérico de crisis, pero que es más que eso –demanda de cambio, dura resistencia a él, ausencia de actores fuertes, desenlaces extremadamente específicos, entre otros–, requiere que se adopten posiciones muy claras sobre la agenda corta y larga luego del 9 de diciembre.
Entre julio y diciembre muchos han navegado evadiendo tomar una postura ante los cambios institucionales, escondiéndose en las incidencias de esta etapa, centrándose en los aspectos anecdóticos del período más turbulento de los últimos años. Luego del referéndum eso será más difícil.

Una palabra final sobre los movimientos sociales. Ellos han sido la parte más dinámica de un país exigente de cambios y, a pesar de sus debilidades, a su decisión y movilización se debe en gran medida que las cosas hayan llegado hasta aquí. Que formen parte de un diálogo y acuerdo por las reformas es un reconocimiento y, al mismo tiempo, un acto de corrección política que nos previene de cualquier posibilidad aventurera y pragmática.

miércoles, 2 de enero de 2019

Gobernar a dos manos

La República
La mitadmasuno
30 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que publicó este diario (LR) reporta datos sólidos respecto a la etapa julio-noviembre experimentada en nuestro país, un tiempo corto y turbulento, y cuyos desenlaces llegaron al final luego de, por lo menos, 25 grandes sucesos políticos y judiciales concentrados en octubre y noviembre.
La primera imagen que entrega este sondeo, compartida por la que brindó la encuesta de Ipsos días antes, es mixta: un liderazgo político descabezado que, sin embargo, no impide que el sistema se siga moviendo, en un cuadro donde emerge el solitario liderazgo del presidente de la República y la laboriosidad de una parte de la sociedad civil organizada. Solo de una parte.
La batalla iniciada en julio no ha terminado y hay espacio para más giros y sorpresas, especialmente por el dinamismo de los procesos a cargo de la fiscalía y el Poder Judicial y la debilidad de los actores políticos. Con todo, los primeros resultados -provisionales- no son superficiales. El presidente Martín Vizcarra ha consolidado una alta aprobación en los últimos meses (ahora en 57%) y el liderazgo alternativo, opositor o solo distante, ha consolidado una muy baja aprobación que alcanza el 20%, con la mayoría de líderes concentrando altas tasas de rechazo.
Esta imagen explica varios fenómenos más allá de la aceptación/rechazo. Segundas lecturas necesarias de las cifras invitan a pensar en dos variables decisivas: 1) la indiferencia (que puede también esconderse en el rechazo mismo o en el ítem “no conozco lo suficiente”) como un elemento del período que acaba el 9 de diciembre con el referéndum; y 2) el hartazgo de una opinión pública que, reconociendo positivamente la lucha contra la corrupción de los últimos meses, es consciente de que los políticos no le pueden entregar más resultados en otros aspectos.
Es probable que moleste leerlo, pero el primer dato de este período no es la demanda de cambio sino la resistencia al mismo (por favor no tirar piedras), la misma que se nutre de los intereses ubicados en las cúpulas de los partidos y de la mayoría de instituciones, y que también se alimenta de la falta de motivación de la sociedad. Sinceramente, a nueve días del referéndum, un hito histórico de la reforma, debo decir que esperaba más movimiento.
Estas variables anotadas –desconfianza y hartazgo- asoman en la encuesta del IEP tanto como empoderamiento de alguien ajeno a la política como el fiscal Domingo Pérez (¿recuerdan al juez Moro en Brasil y el fiscal Di Pietro en Italia?) y el aumento de la creencia social de que un outsider salvará al Perú. En la encuesta, el 48% cree que el líder que el país necesita es un personaje “opuesto a la política tradicional”, que “acabe” con los políticos existentes y comience “desde cero”.
Desde esas mismas variables incómodas, debe repararse en que el liderazgo presidencial de la agenda es sólido en números, pero el contenido de su aprobación resume una conexión precaria con la sociedad, sustentada por ahora exclusivamente en su papel en la lucha contra la corrupción. En tres áreas específicas de desempeño personal, proyecto de país, crecimiento económico y reconstrucción del norte, la presidencia no concentra respuestas aprobatorias. Luego, en la consulta sobre el desempeño del presidente en 15 sectores, es desaprobado ampliamente por lo menos en dos, seguridad ciudadana y salud, y aprobado ampliamente en educación.

Una interpretación de este cuadro indica que por ahora los peruanos le piden al presidente que se concentre en lo poco, pero urgente. Sin negar que este temperamento pueda ser posible, es necesario advertir que en la etapa que se inicia luego del referéndum, el presidente debería gobernar “a dos manos”, con una en la reforma y la otra en el gobierno cotidiano, sin ceder a la exigencia de enfocarse solo en lo segundo. En el mediano plazo, es igualmente riesgoso que se cancele el ciclo de reformas y que se desatienda el gobierno de todos los días. Son las exigencias de un momento crucial de nuestra gobernabilidad donde se confunde el volumen de lo que se puede perder con el volumen de lo que se puede dejar de ganar.

Casuística de la corrupción

https://larepublica.pe/politica/1358164-casuistica-corrupcion
La República
La mitadmasuno
16 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
La Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya acaban de publicar un interesante libro, El círculo de la corrupción en los gobiernos regionales; los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios (KAS-UARM 2018. Lima, Tarea) que recoge una investigación de un equipo dirigido por Eduardo Vega Luna sobre el funcionamiento de la corrupción regional y local.
En el ámbito subnacional se desplegaron redes criminales que se desarrollaron rápidamente debido a la falta de control y a la facilidad con que coparon el sistema de justicia y los medios de comunicación, un ejemplo de lo cual fue la región Áncash en el gobierno de César Álvarez. Este fenómeno interactúa de modo más desembozado con otras modalidades de crimen organizado como la minería y tala ilegales, el narcotráfico y la trata de personas.
En el escenario nacional de la corrupción se registran cambios significativos respecto al número de casos, agrupando en ese título los delitos de peculado, colusión, cohecho, negociación incompatible, malversación y concusión, entre otros. Desde el año 2013 cuando se contabilizaron 2.500 casos, estos han escalado a 35 mil para finales del año pasado, con realidades muy diferenciadas cuando se desagregan los números a escala regional.
Por ejemplo, un grupo de regiones donde las denuncias han sido insistentes en los últimos años no experimenta una gran progresión en el número de casos. Se trata ejemplo del Cusco, donde se ha pasado de 1.611 a 1.732 en ese período, o en Cajamarca, que pasó de 1.012 a 1.139; no es el caso de Áncash donde los casos suman 3.160, el segundo lugar luego de Lima. En la capital, en cambio, los procesos han aumentado en el mismo período de 3.160 a más de 7 mil. Podría señalarse que en la capital se ubican varios casos “nacionales” o que otros fueron trasladados a la Sala Penal Nacional. Siendo todo ello cierto, no deja de tener razón la prevención de que en las regiones se lucha menos contra la corrupción.
En una mirada regional de la corrupción se advierte un panorama distinto respecto a los afectados, que son los municipios, la policía, los gobiernos regionales, los colegios y las universidades. Este cuadro nos devuelve a la realidad que los especialistas denominan la micro corrupción, la menos visible de ella, pero la que probablemente afecta más directamente la vida cotidiana de los peruanos. Esto explica que el 27% del total de casos de corrupción se refieran a municipios distritales, aunque hay otra cifra que merece también ser resaltada: 67 gobernadores y exgobernadores están implicados en procesos por delitos de corrupción, en 395 casos, de los cuales solo el 50% ha pasado de la investigación preliminar.
En la casuística regional asoman algunas realidades trasversales. La primera es la crisis de la contratación regional de obras públicas que el estudio identifica como “un proceso de alto riesgo” que se inicia en la falta de adecuación a los planes de desarrollo, el populismo en las prioridades del plan anual de contrataciones, la falta de calidad de los expedientes y la sobrevaloración inicial de las obras. La recomendación en este punto, ya advertido en otros estudios, es la reforma de los comités de selección, una alerta que ha lanzado también hace poco la Contraloría General de la República.
El estudio trae evidencias sobre el mito de las soluciones empleadas en los últimos años, especialmente la modalidad de administración directa. De hecho, en dos de las regiones estudiadas, la mayoría de obras paralizadas son de esta modalidad, en Cusco 192 y en Ayacucho 31. En este mismo contexto, se advierte la práctica del visto bueno de gastos adicionales que incrementan el costo de las obras o no aplicar las penalidades por los incumplimientos injustificados, ambas irregularidades de la mano de proceso de supervisión que a su vez no es fiscalizado por deficiencia institucional o porque forma parte de la trama corrupta.

Todos estos hallazgos son pertinentes a pocas semanas del inicio de nuevas gestiones regionales y locales que deberían tener desde su primer tramo políticas anticorrupción eficaces.