La República
La mitadmasuno
2 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
El país se agita con
los resultados judiciales de una crisis cincelada durante varios años. Contra
lo que afirma la crítica a las decisiones judiciales contra la dirigencia de
Fuerza Popular, y aun antes cuando estas involucraron a Ollanta Humala y Nadine Heredia,
no son sentencias politizadas sino resoluciones que operan como desenlaces de
procesos complejos donde las instituciones demoraron cambios, evitaron
regulaciones o cubrieron zonas oscuras.
Fuerza Popular ha
sido derrotada en la parte final de este proceso por los tribunales y no por
variables políticas, lo que no les resta prestancia a los fiscales y jueces,
sino que eleva la épica de un sistema donde la política pura y dura no puede
producir grandes rupturas.
Los más optimistas
creen que el derrumbe de Fuerza Popular no se llevará a nadie más. En esa
confianza subyace la certeza de que esta crisis “es de otros”. Eso creían los
líderes de los partidos distintos al PT en
Brasil y al PRI en México, hasta que se dieron cuenta, incluso antes de
las elecciones, que las crisis de régimen político son de todos y afectan a todos.
Especialmente a los desprevenidos y a los que no aprovechan las grandes
oquedades que ofrece la historia y terminan devorados por ellas.
¿No les parece
extraño que, en plena hecatombe de Keiko Fujimori ningún líder alternativo
obtenga por lo menos 20% de aprobación, aunque el 52% demande el cierre “de una
vez” del Congreso, según la reciente encuesta del IEP? Las respuestas que
pretenden explicar este registro, de que el 71% de los que piden el cierre del
Congreso no están interesados en la política, o que dos tercios de ellos no
tienen educación superior, no atienden el tema de fondo actual: más allá de los
tribunales, se aprecian muy pocas salidas claras por ahora.
La derrota de Fuerza
Popular ha iniciado un reordenamiento de fuerzas; en una primera diferenciación
se ubican las que desde la derecha empresarial y política apuestan por un
diálogo como armisticio entre el Gobierno y Fuerza Popular, y quienes se
resisten al contacto hasta que se produzca un desenlace en el Congreso. Esa
diferenciación no es la única; existe una demanda puntual de la renuncia o
destitución del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que encuentra a un sector
parapetado en el relato inmovilista de “no hay que pelearse más” o “estamos
destruyendo al país”.
Lo que ha traído a
Bolsonaro al poder en Brasil no es la confrontación; fueron los 28 años de
corrupción del régimen democrático y la debacle de la última esperanza de
cambio elegida el 2002, la del PT, que naufragó en esa corrupción y en la falta
de reformas profundas en un país pobre y desigual. Lo que evitará en el Perú
una salida autoritaria en el mediano plazo no es el abrazo de las elites para
evitar el cambio, sino una fuerte promesa de reforma.
¿No quieres un Bolsonaro?
Entonces realiza cambios. Desde este ángulo del análisis, la segunda
diferenciación que avanza a instalarse como la más decisiva conforme se acerque
el referéndum es entre los satisfechos por lo logrado hasta ahora y que
apuestan por una rápida normalización, y quienes sostienen, aún tibiamente, la
necesidad de abrir una segunda etapa de reformas y dar curso a un programa de
cambio en el contexto de un diálogo social intenso, transformado el momento
plebiscitario en un momento constituyente.
La tendencia que más
cerca se encuentra de una oferta que no les cierre la puerta a las reformas
luego del 9 de diciembre son los grupos liberales democráticos y la izquierda,
junto a un abanico de movimientos sociales y regionales. Para que este programa
sea viable es decisivo el papel que decida desempeñar el presidente Vizcarra. De él depende en gran medida que
el año 2021 el Perú no experimente un efecto Bolsonaro.
Ha terminado una
etapa donde, sin proponérselo, los tribunales han desempeñado el rol de fuerza
motriz del cambio –otro rasgo del libreto brasileño– y se inicia otro donde lo
judicial, siendo importante, no es el eje de la política cotidiana. Es la hora
de un pacto constituyente, de las nuevas fronteras de la democracia; el país no
puede darle tregua a la crisis.
