Un gobierno es disputa

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La República

La mitadmasuno

6 de abril de 2018

Juan De la Puente

Entre la renuncia de PPK y la designación del primer gabinete del presidente Martin Vizcarra se registran algunos fenómenos que arrojan dos tendencias, la primera de ellas relativizar su condición de gobierno de transición, su principal atributo, lo que impregna a la nueva administración con elementos de continuidad.

La segunda tendencia es la disputa por la orientación del gobierno, con dos escenarios a la vista: se mantiene la perspectiva de un gobierno con una lógica de cambio, plural, amplio y abierto a la sociedad, o se impone una dinámica de sujeción del Ejecutivo al Congreso, un cierre del poder en las alturas, es decir, un pacto post PPK para la estabilidad de una parte del sistema político, sin reformas.

Nada está dicho. En eso reside el corto período que tendrá la pugna por la orientación del gobierno. Esta batalla tiene como vértices al presidente Vizcarra con un poder propio que debe ser cuidado, y al premier Villanueva como un gran operador, sobre todo hacia adentro y hacia el Congreso. En el resto del sistema y en la sociedad, lo que se llama “la calle” u opinión pública activa, operan cuatro grandes fuerzas que han empezado a chocar que presentan vasos comunicantes pero con propósitos diversos: 1) los grandes intereses empresariales que impulsan una alianza entre el Gobierno y el Parlamento en el ámbito económico (por lo que es entendible que algunos ministros resulten incómodos); 2) la coalición antifujimorista que pugna por limitar el peso de Fuerza Popular en el Ejecutivo y abrir el Gobierno hacia abajo; 3) el fujimorismo que pretende forzar una identidad ideológica del gobierno sin que ello implique un cogobierno abierto; y 4) la dinámica de la lucha contra la corrupción que tiene entre manos los grandes casos políticos y que demanda del Gobierno un activo apoyo.

Por esa razón, el pacto post PPK es aparentemente difuso y presenta una imagen extraña cuyo común denominador es que no termina de agradar o desagradar a la mayoría. Y es que el gobierno, hacia adentro, es también un espacio en disputa permeado –imposible que no lo sea- por los movimientos en curso. La mayoría de grupos, especialmente la izquierda, y salvo Fuerza Popular, no sabe si este Gobierno es suyo, amigo o adversario.

Esta pugna se extenderá pocas semanas y tendrá como hito el debate y voto de confianza en el Congreso. Esta batalla se posa sobre un hecho innegable, que el nuevo gobierno tiene una capacidad de maniobra mayor que el anterior y se encuentra en mejores condiciones para reordenar las expectativas –para eso sirven también los diálogos- y trazar una hoja de ruta que exprese los límites y posibilidades de una administración a la que se le ha empezado a pedir de todo.

Entre muchos, el Gobierno enfrenta cinco riesgos de política práctica que si se concretan indicarán que la disputa se ha resuelto en las alturas y en una perspectiva ajena al pluralismo y la reforma. Estos son: Uno, que el diálogo sea solo con los partidos y los políticos. Los 18 meses del gobierno de PPK significaron un déficit de diálogo social. Los pocos momentos se debieron a los conflictos. Es una suerte que en este punto Vizcarra y Villanueva sean portadores de éxitos en el diálogo social. 

Dos, que el Ejecutivo rebaje por iniciativa propia su alto grado de autonomía o que el Congreso lo fuerce a ello, sin considerar que el que se vayan todos está al ladito. Tres, que no se relance el proceso de descentralización y se desaproveche el inmenso activo que implica que el presidente y el premier sean militantes regionalistas.

Cuatro, que se guarde silencio frente a la gran corrupción. La lista de lo que puede hacer el Ejecutivo contra la gran corrupción es larga, empezando por la extradición de Toledo, el impulso de los procesos desde la procuraduría, la transparencia de los conflictos de interés y la negociación de la reparación civil de las empresas investigadas. Y cinco, que como se ha hecho desde el año 2011 se aparquen las reformas políticas, especialmente la reforma electoral, dando la impresión de que el Gobierno ha decidido convivir con la crisis en lugar de enfrentarla.

Que se rayen todos

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La República

La mitadmasuno

30 de marzo de 2018

Juan De la Puente

Deberíamos ser más respetuosos con la expresión colectiva “que se vayan todos”, evitando reacciones desdeñosas, sabihondas y legalistas. Que la mitad de los peruanos, de acuerdo a la última encuesta GFK adopte ese temperamento expresa al mismo tiempo una crítica extrema al sistema y a sus líderes, y una demanda de participación y renovación política.

Esta expresión es una expectativa de la sociedad. No es –todavía- una exigencia militante, y tampoco un dato inmutable que no podrá cambiar en el futuro cercano, hacia arriba o hacia abajo. También es una cifra gruesa, menos provisional de lo que parece, a la que no debe responderse con argumentos exclusivamente legales.

La expresión va más allá de la brecha entre la élite gobernante y la sociedad. Revela otras sensaciones como “no me representas” o “quiero otro poder”, que por ahora no tienen más identidades. Es cierto también que, siendo un llamado desde la decepción, sus efectos podrían precarizar más la política, fortalecer la antipolítica y el autoritarismo.

A pesar de todos los riesgos posibles, es uno de los datos más importantes de esta etapa. Su comprensión pasa por separarlo en dimensiones que ayuden a las respuestas. Por un lado, se encuentra la consigna “que se vayan todos” y por el otro la propuesta del adelanto de elecciones. El hecho de que no se pueda concretar lo segundo debido a su complejidad constitucional, no significa que lo primero no sea un fenómeno crucial.

Sería injusto no anotar que nuestro que se vaya todos es por ahora una opción pasiva de la sociedad. Al respecto, no es la primera vez que el Perú atraviesa una crisis profunda sin gente en la calle, pero en este caso lo inédito no es la deserción masiva de la ciudadanía del debate público sino su falta de identidad con algunas de las partes en pugna. La sociedad peruana de hoy no protagoniza el ensayo sobre la lucidez de Saramago, pero sí un potente ensayo sobre la indiferencia.

Extraña la falta de respuestas. De hecho, no puede ser una salida el cambio de las personas, así sea la del presidente de la República. Como ha sucedido en otras experiencias la ausencia de lo más visible –un programa de cambios- es la clave de la misma crisis. El que se vayan todos sin cambios equivale a que no se vayan realmente todos, y solo a “que se rayen todos” por un momento de la historia, lo más cómodo para los demagogos y populistas.

El liderazgo nacional no tiene un programa frente a esta percepción y es probable que el sistema, siendo fuerte, como lo ha demostrado la reciente sucesión constitucional, no pueda responder a un desafío de esta magnitud. La idea que al final del gobierno de Humala parecía peregrina, de que el país había cerrado un largo ciclo, el del posfujimorismo, resulta acertada con sus implicancias históricas. La más compleja de asimilar quizás sea que este fin de ciclo implique el fin de otros procesos menos institucionales.

El que se vayan todos sigue la línea de los Latinobarómetros, por lo menos desde el año 2011, que ponen sobre la mesa no solo la distancia hacia los políticos e instituciones sino a la política como tal y a la capacidad transformadora del Estado.

Nuestra democracia desde los años 80 implicó un consenso liberal que el fujimorismo no pudo suprimir y que se extendió a la etapa posterior a Fujimori. Ese consenso ha terminado; nuestro sistema tiene los atributos de una democracia sin consenso y no solo una democracia sin partidos o con débiles instituciones. Esta pérdida de consenso político es más profunda en la medida que se suma a la pérdida del consenso alrededor del crecimiento económico, que no implica necesariamente una recusación colectiva del núcleo del modelo neoliberal.

Para profundizar el debate quizás convenga un conjunto de preguntas, como si se van todos quién viene, qué pasa si es no se van todos, o si se van todos yo ciudadano también me voy. Habría que recordar que, en Argentina, cuando terminaba la era Kichner y más aún cuando advino Macri, el sentido común era que no solo no se fueron todos, sino que “volvieron todos”.

El sueño del Vizcarra propio

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La República

La mitadmasuno

23 de marzo de 2018

Juan De la Puente

Como en toda transición, los actores que protagonizan este proceso intentan imprimirle su sello. Sucede esto con la naciente administración de Martín Vizcarra que empieza a ser objeto de esta pretensión que, siendo entendible, resulta contraproducente con los propósitos de la etapa que se ha iniciado, cuya naturaleza intrínseca es la recuperación del musculo institucional del país y la capacidad de gestión del Estado, en medio de una larga crisis.
El deseo de tener un Vizcarra propio, a la medida de cada partido político, gremio de trabajadores o de empresarios, revela una falta de identidad con el momento que se vive y evidencia el intento de reproducir la lógica de confrontación intensa que presidió la última etapa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Es imposible postular que luego de PPK todos acuerden borrar sus diferencias y estrategias. El otro extremo es no entender que un proceso como el que hemos iniciado implica sujetarse a un grupo de propósitos generales y asumir una opción de diálogo, pluralidad y concertación y, si se puede, de reforma. Si no se entiende que toda transición conlleva un pacto de diferentes, desiguales y adversarios, el proceso que se ha iniciado será cualquier otra cosa menos eso, una transición.

No estoy seguro sobre que aspectos medulares de la agenda pública que subyace en el fracaso del gobierno de PPK están dispuestos a pactar los partidos y los grandes poderes económicos, sociales y mediáticos, más allá de lo descontado: la aceptación de Vizcarra como presidente constitucional y la investidura del gabinete que designe.

La idea de que Vizcarra gobierne con el Congreso es poética pero no es práctica, no solo debido a la naturaleza de nuestro presidencialismo, que acentúa el control interpoderes, sino a la naturaleza de este Parlamento sujeto a una dura lucha interna fujimorismo vs antifujimorismo. De hecho, pretender que el nuevo Ejecutivo se alinee con algunas de estas partes a la hora de formar el gabinete es tirar todo al traste por anticipado. Así como no se desea en esta etapa un gobierno enfrentado al Congreso, tampoco es conveniente un gobierno entregado a él.

La idea de un gobierno plural es coherente y práctica. Para concretar esta pluralidad, no se trata de imaginarse un gabinete parlamentario (un adelanto iluso de parlamentarismo que estallaría con rapidez) sino de garantizar que las más importantes sensibilidades políticas –no necesariamente partidarias- se sientan representadas en la ejecución de un programa de gobierno igualmente abierto y convocante. Gabinete y programa amplio son las primeras condiciones de toda transición.

La palabra “ancha base” ha sido tradicionalmente usada para denotar un gobierno que no sea del partido del presidente. Se tiene ahora que el presidente Vizcarra no pertenece al partido que, liderado por PPK, ganó las elecciones de año 2016, de manera que posee las mejores condiciones de designar un equipo amplio. Sin embargo, la palabra “ancha base” no nos explica todas las necesidades que tendrá un gobierno que debe completar los 3 años 4 meses que le queda de mandato –una transición ciertamente larga- y al mismo tiempo no ceder a la tentación de cerrarse en sí mismo.

En este caso, la amplitud también implica la búsqueda de nuevas coaliciones y alianzas, para que la gobernabilidad no dependa del Congreso, exclusivamente. Lo cierto es que, a tenor de lo sucedido desde el año 2001, las aprobaciones presidenciales están sujetas más a la relación del gobierno con la sociedad que con los parlamentos. La serie de presidencias precarias que hemos tenido los últimos 17 años están hechas sobre todo de abandonos sociales, incumplimiento de ofertas y traiciones programáticas.

Finalmente, no hay transición sin un diálogo social y político vasto, un mecanismo de gobernanza y estabilidad que PPK olvidó y que cuando lo hizo, lo desvalorizó. En un país donde el 50% quiere que se vayan todos los políticos y que se adelanten las elecciones, el diálogo no puede ser una propiedad intermitente de la elite sino un compromiso permanente con todos. Con todos.