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viernes, 11 de mayo de 2018

Un gobierno es disputa

https://larepublica.pe/politica/1222310-un-gobierno-en-disputa
La República
La mitadmasuno
6 de abril de 2018
Juan De la Puente
Entre la renuncia de PPK y la designación del primer gabinete del presidente Martin Vizcarra se registran algunos fenómenos que arrojan dos tendencias, la primera de ellas relativizar su condición de gobierno de transición, su principal atributo, lo que impregna a la nueva administración con elementos de continuidad.
La segunda tendencia es la disputa por la orientación del gobierno, con dos escenarios a la vista: se mantiene la perspectiva de un gobierno con una lógica de cambio, plural, amplio y abierto a la sociedad, o se impone una dinámica de sujeción del Ejecutivo al Congreso, un cierre del poder en las alturas, es decir, un pacto post PPK para la estabilidad de una parte del sistema político, sin reformas.
Nada está dicho. En eso reside el corto período que tendrá la pugna por la orientación del gobierno. Esta batalla tiene como vértices al presidente Vizcarra con un poder propio que debe ser cuidado, y al premier Villanueva como un gran operador, sobre todo hacia adentro y hacia el Congreso. En el resto del sistema y en la sociedad, lo que se llama “la calle” u opinión pública activa, operan cuatro grandes fuerzas que han empezado a chocar que presentan vasos comunicantes pero con propósitos diversos: 1) los grandes intereses empresariales que impulsan una alianza entre el Gobierno y el Parlamento en el ámbito económico (por lo que es entendible que algunos ministros resulten incómodos); 2) la coalición antifujimorista que pugna por limitar el peso de Fuerza Popular en el Ejecutivo y abrir el Gobierno hacia abajo; 3) el fujimorismo que pretende forzar una identidad ideológica del gobierno sin que ello implique un cogobierno abierto; y 4) la dinámica de la lucha contra la corrupción que tiene entre manos los grandes casos políticos y que demanda del Gobierno un activo apoyo.
Por esa razón, el pacto post PPK es aparentemente difuso y presenta una imagen extraña cuyo común denominador es que no termina de agradar o desagradar a la mayoría. Y es que el gobierno, hacia adentro, es también un espacio en disputa permeado –imposible que no lo sea- por los movimientos en curso. La mayoría de grupos, especialmente la izquierda, y salvo Fuerza Popular, no sabe si este Gobierno es suyo, amigo o adversario.
Esta pugna se extenderá pocas semanas y tendrá como hito el debate y voto de confianza en el Congreso. Esta batalla se posa sobre un hecho innegable, que el nuevo gobierno tiene una capacidad de maniobra mayor que el anterior y se encuentra en mejores condiciones para reordenar las expectativas –para eso sirven también los diálogos- y trazar una hoja de ruta que exprese los límites y posibilidades de una administración a la que se le ha empezado a pedir de todo.
Entre muchos, el Gobierno enfrenta cinco riesgos de política práctica que si se concretan indicarán que la disputa se ha resuelto en las alturas y en una perspectiva ajena al pluralismo y la reforma. Estos son: Uno, que el diálogo sea solo con los partidos y los políticos. Los 18 meses del gobierno de PPK significaron un déficit de diálogo social. Los pocos momentos se debieron a los conflictos. Es una suerte que en este punto Vizcarra y Villanueva sean portadores de éxitos en el diálogo social. 
Dos, que el Ejecutivo rebaje por iniciativa propia su alto grado de autonomía o que el Congreso lo fuerce a ello, sin considerar que el que se vayan todos está al ladito. Tres, que no se relance el proceso de descentralización y se desaproveche el inmenso activo que implica que el presidente y el premier sean militantes regionalistas.

Cuatro, que se guarde silencio frente a la gran corrupción. La lista de lo que puede hacer el Ejecutivo contra la gran corrupción es larga, empezando por la extradición de Toledo, el impulso de los procesos desde la procuraduría, la transparencia de los conflictos de interés y la negociación de la reparación civil de las empresas investigadas. Y cinco, que como se ha hecho desde el año 2011 se aparquen las reformas políticas, especialmente la reforma electoral, dando la impresión de que el Gobierno ha decidido convivir con la crisis en lugar de enfrentarla.