La República
La mitadmasuno
6 de abril de 2018
Juan De la Puente
Entre la renuncia de PPK y la designación del primer gabinete
del presidente Martin Vizcarra se registran algunos fenómenos que arrojan dos tendencias, la primera de ellas
relativizar su condición de gobierno de transición, su principal atributo, lo
que impregna a la nueva administración con elementos de continuidad.
La segunda tendencia es la disputa por la orientación
del gobierno, con dos escenarios a la vista: se mantiene la perspectiva de un
gobierno con una lógica de cambio, plural, amplio y abierto a la sociedad, o se
impone una dinámica de sujeción del Ejecutivo al Congreso, un cierre del poder
en las alturas, es decir, un pacto post PPK para la estabilidad de una parte del sistema político, sin reformas.
Nada está dicho. En eso reside el corto período que
tendrá la pugna por la orientación del gobierno. Esta batalla tiene como
vértices al presidente Vizcarra con un poder propio que debe ser cuidado, y al premier Villanueva como un gran operador, sobre todo hacia adentro y hacia el Congreso. En el
resto del sistema y en la sociedad, lo que se llama “la calle” u opinión
pública activa, operan cuatro grandes fuerzas que han empezado a chocar que
presentan vasos comunicantes pero con propósitos diversos: 1) los grandes
intereses empresariales que impulsan una alianza entre el Gobierno y el
Parlamento en el ámbito económico (por lo que es entendible que algunos
ministros resulten incómodos); 2) la coalición antifujimorista que pugna por
limitar el peso de Fuerza Popular en el Ejecutivo y abrir el Gobierno hacia
abajo; 3) el fujimorismo que pretende forzar una identidad ideológica del gobierno
sin que ello implique un cogobierno abierto; y 4) la dinámica de la lucha
contra la corrupción que tiene entre manos los grandes casos políticos y que
demanda del Gobierno un activo apoyo.
Por esa razón, el pacto post PPK es aparentemente
difuso y presenta una imagen extraña cuyo común denominador es que no termina
de agradar o desagradar a la mayoría. Y es que el gobierno, hacia adentro, es
también un espacio en disputa permeado –imposible que no lo sea- por los
movimientos en curso. La mayoría de grupos, especialmente la izquierda, y salvo
Fuerza Popular, no sabe si este Gobierno es suyo, amigo o adversario.
Esta pugna se extenderá pocas semanas y tendrá como
hito el debate y voto de confianza en el Congreso. Esta batalla se posa sobre
un hecho innegable, que el nuevo gobierno tiene una capacidad de maniobra mayor
que el anterior y se encuentra en mejores condiciones para reordenar las
expectativas –para eso sirven también los diálogos- y trazar una hoja de ruta
que exprese los límites y posibilidades de una administración a la que se le ha
empezado a pedir de todo.
Entre muchos, el Gobierno enfrenta cinco riesgos de
política práctica que si se concretan indicarán que la disputa se ha resuelto
en las alturas y en una perspectiva ajena al pluralismo y la reforma. Estos
son: Uno, que el diálogo sea solo con los partidos y los políticos. Los 18
meses del gobierno de PPK significaron un déficit de diálogo social. Los pocos
momentos se debieron a los conflictos. Es una suerte que en este punto Vizcarra y Villanueva sean portadores de éxitos en el diálogo social.
Dos, que el Ejecutivo rebaje por iniciativa propia su
alto grado de autonomía o que el Congreso lo fuerce a ello, sin considerar que
el que se vayan todos está al ladito. Tres, que no se relance el proceso de
descentralización y se desaproveche el inmenso activo que implica que el
presidente y el premier sean militantes regionalistas.
Cuatro, que se guarde silencio frente a la gran
corrupción. La lista de lo que puede hacer el Ejecutivo contra la gran
corrupción es larga, empezando por la extradición de Toledo, el impulso de los
procesos desde la procuraduría, la transparencia de los conflictos de interés y
la negociación de la reparación civil de las empresas investigadas. Y cinco,
que como se ha hecho desde el año 2011 se aparquen las reformas políticas,
especialmente la reforma electoral, dando la impresión de que el Gobierno ha
decidido convivir con la crisis en lugar de enfrentarla.
