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sábado, 29 de septiembre de 2018

Cuatro rupturas a la vista

https://larepublica.pe/politica/1317800-cuatro-rupturas-vista
La República
La mitadmasuno
14 de setiembre 2018
Juan De la Puente
A dos meses del inicio de un nuevo periodo crítico no se tienen a la vista las condiciones que permitan una salida al corto plazo, de modo que este escenario se prolongará, por lo menos, hasta fin de año, aun si, como las tendencias lo perfilan, se lleve a cabo en diciembre el referéndum aprobatorio de la reforma del CNM.
El principal efecto de la prórroga de esta crisis en su estado puro –Gobierno vs. Congreso- será su contagio de todos los actores públicos. Los hechos iniciales de esta “contaminación” están en curso: se aprecian por lo menos otras cuatro rupturas dentro del sistema, que acompañan el conflicto mayor, o que lo visten, una detonación de cuerpos cuyos pedazos deberán ser recogidos y pegados en algún momento. Si se puede.
La primera es la ruptura entre la política nacional y la local/regional. Conmueve el esfuerzo que realizan los candidatos, salvo excepciones, para tender un cordón sanitario alrededor de los temas nacionales y evitar los mensajes políticos. Esta es la décimo segunda elección municipal/regional desde 1980 y la más despolitizada, cuyo resultado serán gobiernos locales y regionales silvestres surgidos en medio del desorden y pánico, y sin grandes compromisos y cuentas que rendir. En Lima, el emblema de esta ruptura es el candidato a la alcaldía de Lima que representa a un partido inscrito a través de una operación mafiosa y acusado él mismo de asesinato y violación sexual, aunque cada región tiene su emblema propio, o más de uno.
La segunda ruptura es entre la sociedad y la élite. La primera quiere guerra política y la segunda se debate entre la guerra y la paz. La sociedad apuesta por soluciones duras –que se vayan todos, no reelección, cierre del Congreso, cárcel para todos- en tanto que la élite intenta racionalizar la confrontación, pero sin cronogramas y planes estratégicos a la mano. No obstante, la guerra total al sistema desde la sociedad aún carece de generales, en tanto que los bandos en pugna “arriba”, incluso los más esclarecidos, demoran en proyectar un imaginario atractivo que aproveche la riqueza de la relación corrupción-cambio de esta etapa. En ese contexto, la creación de la Asamblea Ciudadana y de la Red Cívica por el Referéndum son aciertos que atienden al principal rasgo de esta crisis respecto de la que terminó con la caída de PPK: la primera vez desde la caída de Fujimori en que el centro de la discusión es un cambio muy profundo y urgente.
La tercera ruptura son las guerras civiles al interior del sistema. En relación al servicio de justicia, el organismo más impactado es la fiscalía, aunque en el Poder Judicial madura una crisis que se dinamizará cuando a fin de año se elijan a los nuevos presidentes de la Corte Suprema y de las cortes superiores. En lo más estrictamente político, la mayoría de partidos es sacudido por una disputa entre las bases y la dirección o entre las dirigencias, cuyo episodio más reciente –no será el único- son las declaraciones de Alfredo Barnechea contra Raúl Diez Canseco, de modo que, al prolongarse este escenario, no mejorarán las opciones electorales de los grandes candidatos de cara al 2021. En ese sentido, sí tiene algún asidero la presunción de que las batallas políticas del periodo 2016-2018 debilitarán a todos los contendientes y no solo a los que creen haber ganado.

La cuarta ruptura es entre el mercado y la política. La suma de la crisis enero-marzo y la que se inició le podrían costar a la economía dos puntos de crecimiento del PBI. Una respuesta fácil sería afirmar que igual creceremos 4% y que, con crisis o sin ella, los precios de los metales son el principal dinamizador de nuestro crecimiento. Esta respuesta complaciente no toma en cuenta que 6% es siempre más que 4%, y que la confianza de los consumidores y empresarios, o las expectativas de contratación de personal (BCR), operan a la baja, aunque el crecimiento de este año no será providencial para efectos de esta crisis, en la medida que impide a los empresarios tomar partido por una de las partes involucradas en el conflicto.

miércoles, 14 de septiembre de 2016

La segunda vuelta; verdades, medias verdades y mentiras.

Por Juan De la Puente
Comparto en buena onda y con argumentos desde el Derecho Constitucional y la Teoría Política, 7 tips sobre el debate de la segunda vuelta: Flexibilizar, estabilizar, copiar de Argentina, reformar las instituciones o cambiar el acceso al poder, qué hacer con los “antis” y con la mayoría absoluta, etc.
1.- ¿Flexibilizar para estabilizar? Se ha deslizado la idea de que la gobernabilidad en el Perú mejorará si se flexibiliza la segunda vuelta para permitir que sea elegido un candidato que llegue por lo menos al 40% en la primera vuelta. El argumento básico es que se debe evitar que los “anti” definan la naturaleza del poder y que en cambio franqueen el gobierno a un partido fuerte.
Esto es solo parcialmente cierto; todo sistema de elección presidencial tiene ventajas y defectos. Los dos sistemas clásicos, el de mayoría simple y de mayoría absoluta con segunda vuelta, se implementaron en el Perú y en América Latina. Sin embargo, siendo correcta la apreciación sobre los “antis” y sobre que la segunda vuelta fomenta la fragmentación de opciones y desincentiva las alianzas, en cambio tiene una gran virtud: permite la formación de mayorías políticas más duraderas en un país y en una región inestable, pendular y poco afecta a los pactos de Estado.
2.- ¿Qué hacemos con la mayoría absoluta? Antes de una discusión respecto al porcentaje de votos debería tenerse otra, sobre si abandonamos la tradición peruana de la mayoría absoluta. En esa dirección, no es cierto que la regla de mayoría absoluta se instauró solo con la Constitución de 1979. Hay una rica historia que debe saberse: seis constituciones peruanas –las de 1828, 1834, 1839, 1856, 1860 y 1867-  establecieron el sistema de mayoría absoluta en primera vuelta y en su defecto una segunda vuelta en el Congreso.  También es cierto que la Constitución de Leguía de 1920 y la de 1933 exigieron solo la mayoría simple para la elección del Presidente de la República, aunque debe recordarse que la de 1933 disponía que si ningún candidato obtenía el tercio de votos se llevaba a cabo una segunda vuelta en el Congreso, entre los que obtuvieran las más altas votaciones, una especia de segunda vuelta alternativa a la baja mayoría simple. De hecho, somos un país de mayoría absoluta en lo que se refiere a la elección del Presidente de la República, y el mejor modo de lograrlo no es entregarle la segunda vuelta al Congreso sino a los ciudadanos.
3.- No es la primera discusión sobre qué hacer con los “antis”. Ese fue el sentido del debate de la Asamblea Constituyente de 1978-79 cuando el PPC impone la segunda vuelta contra la opinión del Apra. Enrique Chirinos Soto se opuso precisamente por la misma razón de ahora, el antiaprismo, en tanto que Roberto Ramírez del Villar, el autor del artículo 203° de la Constitución de 1979 y específicamente de la segunda vuelta, señaló en el debate:Si el Presidente de la República es el representante de un Poder, en nuestro concepto el Poder más importante, debe ser elegido por la mayor cantidad de sufragios. No podríamos pedir unanimidad, porque eso sería sencillamente absurdo (…) ¿Qué es lo más justo para una mayoría, sin desconocer los derechos de la minoría? Es la mitad más uno”:
4.- ¿Mejorará la democracia y la gobernabilidad flexibilizar la segunda vuelta asumiendo la fórmula argentina? No lo creo. Un sistema de mayoría simple o de alta mayoría simple no evitaría los efectos políticos del “anti”, dirigido contra el gobierno ya elegido.
Creo que sí nos merecemos una discusión sobre los “anti” y en ese devenir apreciar su naturaleza. Algunos análisis creen que los “antis” se deben a la ausencia de identidades propias y el acento de las identidades negativas; sin negar este argumento de modo total, creo que también se debe a: 1) el carácter conservador de las ideologías que anteceden a los partidos y en algunos casos lo reemplazan; 2) la resistencia al cambio del sujeto del “anti”; y 3) nuevamente, a la ausencia de pactos. En todo caso, los triunfos de Alan García en 1985 y 2006, de Toledo el 2001 y de O. Humala el 2011 demuestra que incluso los “antis” son relativos frente a otros “antis” o si los sujetos de ellos rebajan las resistencias. Este es un problema político que no tiene que pasar por un cambio constitucional. La teoría política no aconseja abordar los problemas políticos solo desde las leyes o primero desde las leyes.
5.- Argentina no es un buen ejemplo ni de mayorías, ni de estabilidad ni de control de los “antis”. Dos países de A. Latina tienen un sistema de segunda vuelta flexible o llamada también de complemento: Costa Rica y Argentina. Sobre este último habría que decir que obedeció a una modificación constitucional de envergadura de la vieja constitución argentina (de 1853), un país federal, en ese momento bipartidista y al borde de un cambio en favor de la reelección presidencial indefinida. No fue un cirugía menor. 
Debe saberse que el Pacto de los Olivos y el posterior Pacto de la Casa Rosada, ambos de 1993, y que terminó en la reforma constitucional de 1994, implicó por lo menos 24 cambios a la Constitución Nacional para permitir la reelección de Saúl Menem pero al mismo tiempo recortar el mandato presidencial de 6 a 4 años, atenuar el sistema presidencialista incluyendo un Jefe de Gabinete, acortar el período de los senadores a seis años, reglamentar los decretos de urgencia, incorporar los derechos de tercera y cuarta generación, crear el Consejo de la Magistratura dentro del Poder Judicial, ampliar el período de sesiones de las cámaras, entre otros. Los constitucionalistas argentinos señalan que en ese momento fue reformado el 55% del texto originario y se aumentaron 19 artículos a su Constitución.
6.- Por ahora, yo no copiaría el modelo argentino en ese punto. Visto a la distancia los dos cambios de ese paquete de la reforma argentina que tienen que ver con el Presidente de la República –segunda vuelta flexible y reelección- ambos fueron un fracaso. En las elecciones de 1999 fue elegido Fernando de la Rúa que obtuvo el 48% de votos y su más cercano rival 30%. En esas elecciones, sin embargo, se presentaron 10 candidatos presidenciales apenas 4 menos que el año 1995, no cumpliéndose el objetivo de suprimir la fragmentación.
La historia posterior es conocida, la caída de De la Rúa, la liquidación del bipartidismo, las reelecciones corruptas, y en general el desequilibrio del sistema político argentino. Argentina tiene ahora menos control y menos alternancia que antes de la reforma.
7.- ¿Qué discutimos, instituciones o poder? Personalmente no me cierro a una discusión sobre la reforma constitucional, pero creo que se deben discutir sobre instituciones y no sobre el poder, o exclusivamente sobre el poder. Es riesgoso un cambio de esta magnitud sin pacto, y es paradójico que se pretenda ahora un cambio puntual de la Constitución peruana sin atender el paquete reformista sugerido desde el año 2001, o que se pretende eludir la reinstalación del bicameralismo o la constitucionalización del derecho al agua pero dar curso a la relativización de la mayoría absoluta de nuestra constitución histórica.

jueves, 22 de septiembre de 2011

La Mitadmasuno
La República
22 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/22-09-2011/la-otra-inclusion

De los casi 250 proyectos de ley presentados al Congreso desde el inicio de la legislatura, solo once abordan la reforma política, una demanda explicitada en los últimos procesos electorales recientes y reclamada por el nivel alcanzado por la crisis de representación. De las presentadas, algunas se refieren a la modificación del artículo 41° de la Constitución, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, propuesta por varias bancadas y dictaminada esta semana; una a la reinstalación de la bicameralidad, planteada por el PPC; otras dos a la prevención del transfuguismo, propuestas por el PPC y la coalición PP, AP y Somos Perú; y otra, patrocinada por Yehude Simon, que propone modificar el Reglamento del Congreso para obligar a los parlamentarios a presentar una declaración sobre los intereses a los que están o estuvieron vinculados.
Las preguntas están planteadas. ¿El período de cambios iniciado incluirá la reforma política? ¿Si fuese el caso, las iniciativas vendrán del Ejecutivo o del Congreso? ¿Habrá en este ámbito más interés del oficialismo o de la oposición? Estas, sin embargo, están precedidas de otras dos inquisiciones. La primera consiste en saber en qué medida serían exitosos los cambios en la perspectiva de la equidad y la universalización de derechos que no se acompañen de medidas para la otra inclusión, es decir, la pertenencia de los ciudadanos a un régimen político que represente sus intereses y que les permita participar eficazmente en las decisiones y los procedimientos de los asuntos que les competen.
En esa dirección, la Ley de Consulta Previa es un gran paso, pero también esperan una toma de posición, la reforma integral de la Ley de Partidos, la eliminación del voto preferencial, la instalación del voto voluntario, el incremento de la cuota de género, los cambios en las circunscripciones electorales y en los procesos de revocatoria y rendición de cuentas, entre otros. Interesa saber, sobre todo esto, los límites institucionales de toda reforma que deje intangible la política.
La segunda inquisición se refiere a las consecuencias de la omisión de la reforma política, es decir, el desarrollo de fenómenos como la liquidación del sistema de partidos y la fragmentación de la representación. Podría suceder un efecto similar a las relaciones entre política y economía. Recuérdese que más de uno decía que no importaba la mala política si había buena economía.

viernes, 29 de abril de 2011

Los cambios cantados

La mitadmasuno
La República
28 de abril 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/28-04-2011/los-cambios-cantados

Sean cual fuesen los resultados de la segunda vuelta, el Perú tomará decisiones sobre cuatro temas que han jalonado el debate. Estas decisiones implicarán el concurso de los dos grupos que concurren a la segunda vuelta que, sumados, serán los dos tercios del Parlamento. A diferencia de lo sucedido en los últimos 10 años, esta vez no será posible eludir una agenda institucional corta pero consistente.
El primer punto serán los cambios constitucionales. Es prematuro asegurar si estos serán abordados con un sentido total o parcial de la Constitución. A pesar de ello, ya asoman algunos de envergadura: la composición del Parlamento, el rol del Estado, el medio ambiente, la descentralización y algunos derechos individuales y colectivos, en particular de los consumidores, de los trabajadores y de las comunidades nativas. Esta perspectiva se acrecienta luego de que la reciente encuesta de Ipsos/Apoyo revelara que el 63% está de acuerdo con cambios totales o parciales de la Constitución, es decir, el fin de la intangibilidad de la Carta de 1993. No es posible predecir si habrá Asamblea Constituyente, pero se puede afirmar que es muy probable, por ejemplo, que el Perú vuelva a tener un Senado.
El segundo tema es el manejo de los recursos naturales. Es imposible estimar si el país revisará o suprimirá a futuro los contratos de estabilidad jurídica pero se puede asegurar, al margen de la decisión final, que es inevitable el tratamiento al más alto nivel del Estado de la renta minera y de los contratos del gas. La coincidencia de ambos candidatos en este punto, a pesar de la polarización, empuja a una discusión nacional de los contenidos de una nueva soberanía.
Un tercer punto ya ineludible es el de los conflictos sociales. Parece haberse agotado el posicionamiento inmovilista del Estado en esta materia y al que acompañó un modelo de gestión defensivo y recreador de conflictos. En la nueva institucionalidad es previsible un mayor peso del Estado para evitar el origen de los conflictos y la reducción del rol de mediación pública de los ministerios, en beneficio de un papel más decisorio sobre el mercado y la sociedad.
Un cuarto tema son los derechos pensionarios, decisión que corresponde a todo país que se considera de renta media. En la perspectiva están el proyecto Pensión 65 de Humala o la extensión del Programa Gratitud actual, para el mismo propósito.