Bienvenida, señora economía

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La República

La mitadmasuno

9 de octubre de 2015

Juan De la Puente

¿Cuánto puede influir la Sra. Economía en las elecciones del 2016? Mucho, y parece que acaba de irrumpir en la contienda.

Supongo que nadie se imaginó que en medio de la Asamblea de Gobernadores del FMI/BM –un suceso estelar jalonado por elogios de instituciones y académicos al notable desempeño de nuestra economía– se produciría un entredicho entre el FMI, que ha revisado a la baja el estimado del crecimiento de nuestro PBI para este año, y el gobierno.

El Fondo ya había efectuado otras dos rebajas del PBI, en abril y julio, y en su reciente informe redujo nuestro crecimiento de 3,2% a 2,4%. El ministro de Economía ha salido al frente defendiendo la previsión de 3% a tono con el estimado del BCR que en setiembre pasado también rebajó el crecimiento de este año de 3,9% a 3,1%.

El FMI puede equivocarse, qué duda cabe, como también erraron las instituciones nacionales los últimos años, aunque nuestras equivocaciones son de otro signo; obedecen a un triunfalismo oficial que parece estructural, que resume la falta de atención del liderazgo económico a las señales internacionales y a una sobreestimación del peso de la demanda interna en la composición de nuestro crecimiento. La razón de fondo, sin embargo, es una exagerada estimación de nuestras fortalezas, un eco tardío del consenso económico construido alrededor del crecimiento.

El MEF aún no se ha enterado de la evaporación de este consenso. Si hay algún piloto automático desde el 2013 son los estimados triunfalistas cuyas correcciones contribuyen a la reducción de las expectativas de los agentes económicos. Esta incertidumbre es similar a la política, y ambas pudieron ser evitadas. Parece que ahora es tarde: a 6 meses de las elecciones las dos juegan en la cancha.

El ministro de Economía he legitimado la irrupción de la economía en las elecciones al anotar que el estimado del FMI es pesimista y que la incertidumbre por la coyuntura electoral afecta la inversión privada este año. Lo cierto es que hay más pesimismo interno que externo y en cambio es positivo que la guerra política de 3 años no causara más restricciones a la inversión y desazón por el futuro.

Tres variables incidían en el escenario electoral: 1) la inseguridad ciudadana; 2) la corrupción pública; y 3) la desconfianza y/o desaprobación de los políticos. Con un PBI que al terminar el año se ubique décimas por encima del 2%, las dificultades de la economía incidirán en la definición del voto con un código distinto a lo sucedido el 2006 y 2011. En aquellas elecciones la discusión económica no residía en cómo salir de una situación difícil (como sucedió religiosamente desde 1980) sino cómo distribuir más y mejor.

La irrupción de la economía no favorece a todos; perjudica al candidato oficialista y exige a los adversarios del modelo más detalles y precisiones. Beneficia principalmente a PPK y a Alan García, cuyas candidaturas tienen equipos más reconocidos en materia económica, y coloca en aprietos a Keiko Fujimori, obligándola a definiciones sobre personas y programas que hasta ahora ha evitado.

La agregación de la economía al debate electoral implica también la formación de un mix más complejo. Sobre la inseguridad y la corrupción el respetable público puede sucumbir ante propuestas populistas y emocionales con escasísimo rigor técnico –al estilo de los bodrios muy populares de “chapa tu choro” o “las FFAA a la calle”– pero será más exigente y racional en materia económica.

En las calles hay un ciudadano económico y social insatisfecho que demanda respuestas durante el proceso electoral. No es aún un indignado pero es un impaciente. Lo expone el reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por GfK en octubre con tres datos: 1) desde junio el ICC se mantiene en un nivel negativo, por debajo de 100 puntos; 2) se aprecia una brecha en la pérdida de confianza de los consumidores de Lima respecto de las regiones, donde la insatisfacción es mayor; y 3) aumenta a 46% el porcentaje de peruanos fuera de la capital que cree que sus ingresos familiares no le alcanzan, en tanto el 39% cree que no podrá ahorrar en los próximos meses.

La Guerra de los Luises

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-de-los-luises-20-06-2014
La República

La mitadmasuno

20 de junio de 2014

Juan De la Puente

Sería atrevido responsabilizar a los políticos o a la política de la desaceleración de la economía. Al revés, conforme se calienta el debate sobre las cifras macro y las alternativas al enfriamiento, queda claro que la tecnocracia económica tiene una cuota de responsabilidad en el hecho de que el país no haya acometido los cambios que hagan menos vulnerable a nuestra economía a los eventos externos, que permitan desarrollar una oferta exportadora más diversificada y amplíen el mercado interno, conforme rezaban decenas de memorandos.

La disputa entre Luis Miguel Castilla y Luis Carranza se produce en una hora difícil para la tecnocracia económica; la Guerra de los Luises tiene como trasfondo el fin de una parte del consenso económico, el que se construyó alrededor del crecimiento con un sentido complaciente, poco crítico y sobre todo inmovilista, patentizada en la idea del piloto automático y en la exigencia de que los políticos no interfieran en la economía, una suerte de fisiocracia ultraliberal. En esta disputa, Carranza luce más agresivo, innovador, abierto y rectificador ante un Castilla atrapado en un discurso clásico, a pesar inclusive de algunas reformas emprendidas.

En el balance tecnócratas/políticos nunca quedó precisada la fuerza de los primeros respecto de los segundos desde el año 2001 a la fecha, aunque la idea básica con cargo a profundizar es que en las administraciones de Toledo y García su poder político fue menor que durante el actual gobierno.

En cualquier caso estamos en la hora en que los técnicos rinden cuentas, en un nuevo momento en que se precisa la defensa del crecimiento. En el nuevo escenario persiste la pregunta de “para qué” el crecimiento, no respondida desde hace una década, e irrumpe una nueva interrogante: “cómo” defenderlo. Nuestra tecnocracia hegemónica parece no poder responder ni la vieja pregunta ni la nueva, y tampoco producir un nuevo consenso por lo menos en las líneas generales, es decir, en cómo impedir la desaceleración de la demanda interna, moderar la caída de los sectores minería, hidrocarburos y construcción y sostener la inversión pública en cifras y en calidad. Esta falta de consenso adquiere dramatismo cuando por segundo año las predicciones sobre el crecimiento ofrecen un abanico de opciones de hasta tres puntos porcentuales de diferencia.

Esta tecnocracia, a la que le debemos aciertos innegables como el crecimiento mismo, la rebaja sostenida de la inflación y el saneamiento de las cuentas fiscales, podría estar llegando a un límite marcado por la ideología, esa robusta señora que amamanta las políticas públicas, incluso a las que se presumen puras y técnicas. En ese sentido, es muy probable que no se encuentre en debate solo el crecimiento sino la conducción misma del proceso económico.

Las palabras confianza, optimismo y pesimismo se han instalado en el debate de la política económica y me temo que también en ese punto sea insuficiente la lógica tecnocrática que se basa en campañas, medidas, buenos augurios y llamados a silenciar las críticas. Rotos el consenso y el encanto, la única manera de evitar un rompan filas con claros y legítimos intereses sectoriales –finanzas, servicios, industria y exportación, cada cual por su lado–, se hace necesario promover de modo responsable una discusión abierta y sana sobre el futuro de un país que ya no crecerá a tasas de 7% anual en los próximos años. El nuevo país, el del 3% o 4% de crecimiento, demanda nuevas certezas, nuevas políticas, nuevos consensos y probablemente una renovada tecnocracia. Esta no es la hora de la ortodoxia sino de la innovación.

La búsqueda de la confianza y el optimismo es crucial en la perspectiva de construir una comunidad nacional que aliente y garantice el crecimiento, que no se logrará si no se encara la incertidumbre y cierta angustia que algunos estudios están revelando en el ciudadano de a pie, que está empezando a preocuparse por su futuro mediato y que asocia el crecimiento al empleo, consumo y un piso mínimo de bienestar.

Pobreza, democracia y brechas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobreza-democracia-y-brechas-09-05-2014

La República

La mitadmasuno

9 de mayo de 2014

Juan De la Puente

La reciente publicación de estudios referidos a la evolución de la pobreza ha renovado el debate sobre modelos y políticas. En los comentarios se aprecian sesgos ideológicos imposibles de evitar en un debate de esta magnitud, aunque este debería ser lo más racional posible bajo el riesgo de perder de vista elementos centrales de la discusión.

Una primera conclusión de los datos publicados por el INEI se refiere al valor social de la democracia, un régimen que nos ha permitido reducir en 12 años más de 30 puntos de pobreza, de 54,8% el 2001 a 23,9% el 2013. Esta reducción es histórica e innegable por su intensidad y resultado y comparable con las dos estrellas mundiales en materia de reducción de pobreza, Brasil y China, aún a pesar de las críticas al modelo de medición de la pobreza por el ingreso monetario.

Los porcentajes probablemente escondan que se trata de más de 8 millones de peruanos que dejaron la pobreza. Si la revisión de cifras se extiende a la pobreza extrema, la reducción ha sido de 24,4% el 2001 a 4,7% el 2013, un rango de casi 20 puntos, es decir, más de 5 millones y medio de peruanos.

Dudo de que este resultado se hubiese logrado con un gobierno autoritario, especialmente si se prolongaba el régimen político de los años noventa, cuya política social se sustentó en la compensación del ajuste, la restricción de la demanda, la recentralización del país y una escasa inversión pública. A su favor, sus defensores pueden exhibir varias razones, como el costo que implicó la estabilización de las cuentas macro, la crisis asiática que afectó los precios internacionales y, sobre todo, el principio cerrado que afirma que primero hay que crecer para luego distribuir.

Siendo de algún modo ciertas las dos primeras razones, es evidente que el auge de la década pasada no se encontró de casualidad con la redistribución. Fue un encuentro buscado por el imaginario portador de la propuesta democrática de esos años, que tuvo igualmente un imaginario social que portaba la demanda de derechos más legitimados. De hecho, no creo que las cifras que se exhiben podrían haberse alcanzado sin el proceso de descentralización, el antecedente a la intensa transferencia de recursos del centro a las regiones y municipios.

Otras tareas realizadas en estos años son resultado del régimen democrático, como el incremento de la cuota de autonomía del BCR y la expansión de la inversión privada, la demanda y el consumo, y la puesta en marcha de una nueva generación de programas sociales, algunos de transferencia directa, que en condiciones de un modelo político y económico cerrado habría sido más difícil echar a andar. En esa medida, la visión de piloto automático se relativiza notablemente.

La complacencia de estos resultados es, asimismo, nefasta. La primera conducta de este comportamiento es encerrarse en las cifras globales y negarse a mirar los desagregados y ser crítico con ellos. La revisión de estas cifras revela la persistencia de la pobreza rural en una dimensión que, contra lo que algunos afirman, supera el concepto de bolsón y adquieren la característica de una brecha. Los pobres en el Perú rural son el 48% y si bien este porcentaje ha bajado 5 puntos en un año, sigue siendo una cifra alevosamente alta. En la selva rural este porcentaje baja ligeramente a 42,6% y en la sierra rural este porcentaje se eleva al 52,9%.

Estas brechas son calientes si se comparan con las cifras de pobreza en la costa rural (29%), sierra urbana (16,2%) y Lima Metropolitana (12,8%), de modo que entre Lima y el Perú más pobre hay por lo menos una brecha de 35 puntos, aunque los pobres en ambos lugares no dejen por ello de ser pobres. Esta brecha alude directamente a la equidad, un indicador temido por lo que creen que con reducir la pobreza basta y sobra.

El actual ciclo de crecimiento económico y de reducción de la pobreza no será infinito y es probable que en algún momento se paralicen ambas tendencias. Cuando ello suceda será potencialmente explosivo para un país emergente como el nuestro, por citar un estimado, que la pobreza general se sitúe en 15% y la del Perú rural en 40%, o que Lima tenga 5% de pobres y Ayacucho 50%.

Radicales y descontentos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/radicales-y-descontentos-07-06-2012

La República

La Mitadmasuno

7 de junio de 2012

Juan De la Puente

El país conservador está de fiesta porque ha vuelto a ser mayoritaria la idea de que las demandas sociales son principalmente protestas que deben tratarse con mano dura. Sospecho que esa mayoría es oficial, es decir, se ubica en las instituciones, en los medios y en Lima, y tiene altas posibilidades de seguir siendo una verdad que suministra decisiones políticas, legales y judiciales. Como en el pasado, esa felicidad será relativa y breve; esa verdad tendrá un uso limitado al corto plazo y acaso sirva solo para postergar unas cuantas demandas. No servirá, sin embargo, para gobernar, ya no para transformar, porque parte de un error extremo, extremista, que es la negación del descontento y de la legitimidad del malestar social.

El Perú conservador no acepta que a pesar de las buenas noticias económicas y sociales, como la reducción de la pobreza en más de 20 puntos en una década, tengamos un malestar intenso. Por ello, es más cómodo negar su existencia y reemplazarlo por un fenómeno más dócil para el análisis y la propaganda, es decir, el radicalismo.

Las ciencias sociales en A. Latina se empeñan en descubrir las claves del actual malestar regional y discernir si se dinamiza por la desigualdad o por el déficit de instituciones y de ejercicio de libertad. Le preocupa que la región siga atrapada en un patrón donde el crecimiento no incrementa la adhesión a la democracia y en esa búsqueda ha encontrado que la relación entre descontentos y radicales es circular: el radicalismo es servido por el malestar masivo y creciente, al mismo tiempo en que este puede ser incentivado por posturas radicales. A diferencia de los años sesenta ahora es débil la visión que reduce el malestar a una conspiración de los malos; al contrario, es un consenso que la única manera de romper esa relación circular es atacando el malestar.

El Perú es excepcional en este tema. Aquí el análisis ha reemplazado a los descontentos por los radicales, una operación imaginaria que ya lleva una década y que se torna masiva, oficial y limeña cada vez que los conflictos se hacen agudos.

Lo cierto, sin embargo, es que el 2011 los descontentos tenían un partido y un candidato. No eran la mayoría del país pero eran millones y votaron por el cambio a pesar de una feroz campaña. Esos descontentos siguen ahí; no sé si son más o menos que hace un año, pero ahí están, aunque ahora sienten que ya no tienen ni un partido ni un gobierno que los represente.

La mano dura no es sostenible frente al descontento. ¿Cómo hará la política para, sin diálogo, satisfacer sus demandas incluso sin radicales en la primera línea? Los negacionistas confían en el Estado para ponerlos a raya, persuadidos de que el problema es el diálogo y no la falta de él. ¿Por cuánto tiempo, a qué costo y con qué métodos podrá congelarse el malestar?