La República
La mitadmasuno
21 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Los afanes por reformar las instituciones están experimentando un brusco impulso porque el objeto del cambio se amplía y se complejiza, y se hace por ahora más inaccesible. El grupo de temas “reformables” en los cuales sobresalían las reglas electorales, los partidos y la representación empieza a ser desbordado por un desafío mayor, la crisis de instituciones que se ubican en la segunda línea de importancia en el régimen político, la de los organismos constitucionalmente autónomos.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional coloca a ese organismo en una dirección de fortalecimiento institucional que parece prometedora. En cambio, la situación de la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empeora. Sobre ellas, el sistema guarda silencio y no ha podido instalar una lógica de cambio, aún mínima.
Sobre la Contraloría el asunto es aparentemente más sencillo. Su problema es la debilidad que el estallido de la corrupción ha desnudado y se refiere principalmente al alcance del control y al trámite judicial de los hallazgos de corrupción. El mismo contralor ha revelado que en el 78% de las entidades públicas no se realiza ningún tipo de fiscalización por la falta de Oficinas de Control Interno (OCI) y que la situación se agrava en las regiones donde solo el 4% de entidades cuenta con estas oficinas.
Somos un país sin control; este elemento estructural no es atendido por los dos organismos directamente relacionados con esta escasez, el Ejecutivo y el Congreso. En este último caso, el Parlamento ha aprobado solo 3 de los 10 proyectos de ley presentados por la Contraloría desde el 2011.
La crisis del Ministerio Público es la más aguda de todas. Esta podría conducir a que el Fiscal de la Nación sea retirado del cargo por el Congreso o por el CNM, aunque el problema es más complejo: la institución ha sido impactada por prácticas ilegales, arriba, al medio y abajo, aderezadas por movimientos extraños, es decir, sanciones a los que cumplen su trabajo, complacencia con los que han cruzado la línea en dirección a las redes ilegales y cambios de colocación mal explicados.
Una reforma del Ministerio Público que defienda su reserva moral y erradique sus prácticas cuestionadas no será posible por ahora porque la única institución llamada a promoverla, el Parlamento, no puede hacer más de lo que ha hecho. Las comisiones investigadoras en funciones o las que se formarán en breve solo se abocarán a casos específicos porque en el Legislativo no hay ni habrá una mayoría dispuesta a encarar un cambio serio en ese organismo.
La crisis en el CNM es inocultable y pierde con celeridad su cuota de legitimidad al compás de sus líos internos y escandalosos episodios. Lo más grave reside en la creciente convicción de que el CNM es un canal de contagio de la corrupción. Solo habría que leer con atención las detalladas crónicas de Ricardo Uceda publicadas en este diario para saber que algo feo se cocina allí y que se seguirá cocinando.
La salida a estas crisis está bloqueada porque los llamados a resolverla no están a la altura de las circunstancias. En lo que queda para las elecciones del 2016 la situación se agravará y es difícil imaginarse el grado de su impacto en la agenda electoral de ese año. No obstante, como ha sucedido con las demandas de cambio a inicio de la década pasada, existen pocas posibilidades de que “alguien” se haga cargo de estas instituciones cuyas funciones son cruciales para anular los actos de uno y otro lado, entregar derechos a pesar de no participar en el juego de balance político y establecer controles y mecanismos correctivos para los otros elementos del sistema.
Con el telón de fondo de la corrupción, de la ofensiva del crimen organizado y sumando la larga crisis del Poder Judicial y de otras instituciones, la democracia que se renovará el 2016 será de muy baja intensidad y más destartalada que la de este período. El escaso clima de cambios actual no roza el ámbito institucional. En este país y por ahora nadie se ocupa de las crisis.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional coloca a ese organismo en una dirección de fortalecimiento institucional que parece prometedora. En cambio, la situación de la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empeora. Sobre ellas, el sistema guarda silencio y no ha podido instalar una lógica de cambio, aún mínima.
Sobre la Contraloría el asunto es aparentemente más sencillo. Su problema es la debilidad que el estallido de la corrupción ha desnudado y se refiere principalmente al alcance del control y al trámite judicial de los hallazgos de corrupción. El mismo contralor ha revelado que en el 78% de las entidades públicas no se realiza ningún tipo de fiscalización por la falta de Oficinas de Control Interno (OCI) y que la situación se agrava en las regiones donde solo el 4% de entidades cuenta con estas oficinas.
Somos un país sin control; este elemento estructural no es atendido por los dos organismos directamente relacionados con esta escasez, el Ejecutivo y el Congreso. En este último caso, el Parlamento ha aprobado solo 3 de los 10 proyectos de ley presentados por la Contraloría desde el 2011.
La crisis del Ministerio Público es la más aguda de todas. Esta podría conducir a que el Fiscal de la Nación sea retirado del cargo por el Congreso o por el CNM, aunque el problema es más complejo: la institución ha sido impactada por prácticas ilegales, arriba, al medio y abajo, aderezadas por movimientos extraños, es decir, sanciones a los que cumplen su trabajo, complacencia con los que han cruzado la línea en dirección a las redes ilegales y cambios de colocación mal explicados.
Una reforma del Ministerio Público que defienda su reserva moral y erradique sus prácticas cuestionadas no será posible por ahora porque la única institución llamada a promoverla, el Parlamento, no puede hacer más de lo que ha hecho. Las comisiones investigadoras en funciones o las que se formarán en breve solo se abocarán a casos específicos porque en el Legislativo no hay ni habrá una mayoría dispuesta a encarar un cambio serio en ese organismo.
La crisis en el CNM es inocultable y pierde con celeridad su cuota de legitimidad al compás de sus líos internos y escandalosos episodios. Lo más grave reside en la creciente convicción de que el CNM es un canal de contagio de la corrupción. Solo habría que leer con atención las detalladas crónicas de Ricardo Uceda publicadas en este diario para saber que algo feo se cocina allí y que se seguirá cocinando.
La salida a estas crisis está bloqueada porque los llamados a resolverla no están a la altura de las circunstancias. En lo que queda para las elecciones del 2016 la situación se agravará y es difícil imaginarse el grado de su impacto en la agenda electoral de ese año. No obstante, como ha sucedido con las demandas de cambio a inicio de la década pasada, existen pocas posibilidades de que “alguien” se haga cargo de estas instituciones cuyas funciones son cruciales para anular los actos de uno y otro lado, entregar derechos a pesar de no participar en el juego de balance político y establecer controles y mecanismos correctivos para los otros elementos del sistema.
Con el telón de fondo de la corrupción, de la ofensiva del crimen organizado y sumando la larga crisis del Poder Judicial y de otras instituciones, la democracia que se renovará el 2016 será de muy baja intensidad y más destartalada que la de este período. El escaso clima de cambios actual no roza el ámbito institucional. En este país y por ahora nadie se ocupa de las crisis.
