Comparto mi intervención en CADE 2017, realizado en Paracas. La exposición realizada el 30 de noviembre pasado, y se tituló “Desafíos para la democracia en el siglo XXI, nuestro mediano y corto plazo”.
Blog sobre cultura y política. Artículos publicados en la prensa y comentarios de temas actuales. El título, Kotosh, se refiere al templo más antiguo de la sierra peruana construido hace 4 mil años, valiosa evidencia de la arquitectura preinca. Su símbolo son las manos cruzadas. Está muy cerca de Huánuco, la ciudad donde nací, mi añorada tierra.
sábado, 30 de diciembre de 2017
CADE Ejecutivos 2017: Desafíos para la democracia en el siglo XXI, nuest...
30 de noviembre 2017
Comparto mi intervención en CADE 2017, realizado en Paracas. La exposición realizada el 30 de noviembre pasado, y se tituló “Desafíos para la democracia en el siglo XXI, nuestro mediano y corto plazo”.
Comparto mi intervención en CADE 2017, realizado en Paracas. La exposición realizada el 30 de noviembre pasado, y se tituló “Desafíos para la democracia en el siglo XXI, nuestro mediano y corto plazo”.
sábado, 16 de diciembre de 2017
Lava Jato después de PPK
La República
La mitadmasuno
15 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El país ha atravesado otras crisis de las que ha
sobrevivido. Para un análisis objetivo de la actual, conviene la objetividad,
no parecernos a la mayoría de políticos que sobreactúan, y procurar una reflexión
desagregada de los elementos que componen este momento. Aquí algunas
reflexiones:
La
crisis. Esta no es una crisis de gobierno,
exclusivamente, ni una crisis terminal del régimen político (todavía). La
crisis afecta a dos poderes del Estado –a uno más que a otro– cuyos líderes
formales y reales cargan acusaciones de corrupción, y a la elite política
derrotada previamente en las elecciones pasadas. Para que la crisis se haga
terminal, sería necesaria una grave dificultad de funcionamiento del Estado,
una presencia ciudadana activa que muestre una ruta alternativa, y un bloqueo
institucional visible a primera vista. El país no ha tocado fondo.
Las
otras crisis. Lo que sucede
con el presidente de la República es lo más grave, delicado y urgente a
resolver, pero no es el único registro de la realidad. El sistema es impactado
por otras constantes de modo que “resuelto” el caso Kuczynski, quedan procesos
cuya evolución no pueden ser controlados por las fuerzas políticas y poderes:
actuales investigaciones de corrupción, delaciones en camino, y nuevas
investigaciones y revelaciones, ahora que Odebrecht se ha convertido en el
primer poder del Estado. Esta segunda explosión del Lava Jato (la primera fue
hace un año) augura otras cuyo volumen es inestimable, de modo que las opciones
para encarar el “caso PPK” son provisionales, limitadas y parciales. Es
probable que los hechos sucedan en dos tiempos.
Los
escenarios. Las revelaciones
de Odebrecht cambian radicalmente las tendencias que presentaban las crisis. En
el momento previo se apreciaban cuatro escenarios: 1) Una escalada simétrica
entre el fujimorismo y el gobierno que elevaba las tensiones y cuyo punto de relación
es Odebrecht, y que el sistema estaba tolerando; 2) la posibilidad de un pacto
entre el Gobierno y el Congreso que rebajara tensiones, que PPK insinuó cuando
a inicios de semana se refirió a un nuevo diálogo; 3) una sucesión
constitucional en la presidencia, sea por vacancia o por renuncia, y que deje
el Gobierno en manos del primer vicepresidente; y 4) una sucesión
constitucional completa que lleve al presidente del Congreso a dirigir un
Gobierno de Transición con elecciones adelantadas para los dos poderes.
En este esquema, el escenario Nº 1 estaba en
plena vigencia con posibilidades de pendular con el escenario Nº 2 (el juego
tensión/cooperación). Las revelaciones sobre los pagos a PPK altera este cuadro
y hacen viable el escenario Nº 3 (renuncia o vacancia) e impulsa por ahora
levemente las posibilidades del escenario Nº 4 (elecciones adelantadas).
Colabora con este cuadro el hecho de que la opinión pública ha procesado ya una
vacancia simbólica de los poderes, según las encuestas.
Los
poderes. Partidos y otros sectores sociales
se han empezado a ubicar en torno a los escenarios Nº 3 (vacancia o renuncia de
PPK) y 4º (elecciones adelantadas, los grupos extraparlamentarios). Se entiende
que el grueso del sistema se oponga a las elecciones adelantadas especialmente
porque no están dispuestos a correr los riesgos en un nuevo ordenamiento de
fuerzas. En esa dirección, se asoma un pacto tácito para encumbrar al
vicepresidente Martín Vizcarra, pero nadie parece dispuesto a ir más allá y
sostenerlo formalmente. Esto obligaría al nuevo mandatario a profundizar el
carácter casi parlamentario del Ejecutivo.
Lo positivo en medio del pesimismo es que
cualquiera de los escenarios anotados se ubican dentro el marco del régimen
democrático, de manera que si la crisis no se alarga demasiado no se producirán
salidas rupturistas o violentas, salvo revelaciones explosivas. La escasa
movilización ciudadana en los meses previos indica cierta comodidad de los
actores para sortear –otra vez, por ahora– el que “se vayan todos”. Esta
tendencia abriga, no obstante, una clave oscura y negativa: la fortaleza de un
sistema que se resiste a los cambios de fondo.
El auge de la política brutal
La República
La mitadmasuno
8 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
Una parte de la política nacional se ha
transformado en guerra o en una aparente guerra. Los políticos han convertido
los escenarios donde se desenvuelven, ellos y las instituciones, en espacios de
confrontación extrema, esencialmente el Congreso, los medios y las redes
sociales. Este voluntarismo antagónico no excluye la cooperación,
particularmente en materia económica, pero ha establecido una plataforma de
combate a bayoneta calada.
La política es una batalla cuerpo a cuerpo. Las
elites políticas tradicionales tuvieron espacios de cooperación; las actuales
–que no sé si deberían ser llamadas elites o solo cúpulas– ejercen una
representación difusa de intereses que se ha deslegitimado en poco más de un
año y solo existen gracias a la confrontación. En algunos casos, inclusive, la
confrontación simulada y la sobreactuación.
Sin posibilidad de un debate de programa que
atienda los principales temas de la agenda pública, esta batalla es sobre todo
identitaria, un factor que le interesa a los ciudadanos muy poco como
contenido. En esta guerra, o guerra simulada, la afirmación es más importante
que las preguntas y las tesis, en tanto que las discusiones carecen de sentido
práctico. Es la nueva representación del vacío, la hora de los duros, la
política brutal o la contrapolítica.
La política brutal tiene sus propias leyes.
Empodera a los brutales e histriónicos; premia la banalidad y la injuria; y
exige nuevos extremismos renovados. En la TV y la radio se retroalimenta de la
brutalización de la prensa. Hay un matrimonio entre los políticos brutales y
los comunicadores brutales.
A pesar de su éxito en los medios, la política
brutal es pequeña en varios sentidos. Sirve ciertamente para gratificar al
personaje, que se hace conocido, popular y generalmente requerido. Quizás sirva
también para garantizar una elección o reelección, si fuese el caso. Pero no
sirve para nada más. Habría que revisar la lista de políticos con estas
características –parlamentarios y ministros– que “brillaron” en el gobierno
anterior, para concluir que su ostracismo es total. A algunos, que incluso
intentaron una breve candidatura presidencial, les quedan un puñado de
seguidores en Twitter y esporádicas invitaciones a los programas cómicos.
Además, la política brutal tiene sus trampas. Es
posible que florezca en espacios de confrontación por excelencia, como Twitter,
sobre todo si lo practican quienes tienen una menor demanda de responsabilidad
pública. Pero quien, desde una posición política más elevada usan sus reglas,
no puede pretender que estas no les alcance, que es lo sucedido recientemente
con la congresista Yeni Vilcatoma.
Me pregunto si la política nacional retornará del
estado actual de brutalización. Me temo que por ahora no será posible. El
contexto del Lava Jato peruano es un envidiable caldo de cultivo ya no solo
para los ejércitos de trolls, sino para los hombres públicos que fuerzan su
radicalismo para llamar la atención de la prensa o para aliarse con causas
extremas e injuriosas. El poder de los hashtags inflamados, los memes violentos
o de ironía dura (no tengo nada contra la ironía, please), los fake news y gifs
animados, es ilimitado.
Esta realidad relativiza la función y legitimidad
de las instituciones. La reciente coyuntura, iniciada con la denuncia contra el
fiscal de la Nación Pablo Sánchez en el Congreso, marca un hito que es preciso
tener en cuenta: es la primera batalla que no se localiza en el Congreso, sino
en un hemiciclo virtual y online, hegemonizada no por lo elegidos sino por la
alianza entre los medios y las redes sociales. Las otras locaciones, la de los
poderes públicos son secundarias y es probable que conforme avancen los días
varias de las figuras estelares pasen a ser de reparto.
No habíamos imaginado este desenlace de la guerra
política que se libra en el país en los últimos meses. Mientras las principales
fuerzas discuten sobre cuál es el primer poder del Estado, su falta de
contenido y su huida hacia adelante en esta coyuntura crítica, les está
quitando el poder.
Evo Morales por siempre
La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de
Bolivia ha emitido una resolución que permite la reelección indefinida de todas
las autoridades electas en los ámbitos nacional, regional y municipal, dejando
un delicado precedente que puede convertirse en una epidemia reeleccionista en
América Latina.
A pocas semanas de culminar su mandato, el máximo
órgano de interpretación constitucional de Bolivia, objeto previo de prácticas
injerencistas para cambiar su composición, ha modificado la Constitución
Política del Estado (CPE) de Bolivia, votada en el referéndum del año 2009,
inaplicando cuatro de sus artículos que se refieren a la elección y reelección
de cargos políticos por elección popular. Estos artículos ya fueron objeto de
una interpretación forzada hace años para permitir un tercer mandato de Evo
Morales.
El razonamiento del tribunal boliviano es
impresionantemente inconstitucional. Arremete contra su propia Constitución
amparándose en una lectura antojadiza de la Convención Americana sobre DDHH, el
Pacto de San José, que es el documento hemisférico que origina el sistema
interamericano de DDHH del que son parte la gran mayoría de estados de la
región.
El inciso 1) del artículo 23º de este tratado
señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la
dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que
garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de acceder en
condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. El inciso 2) de
este articulo limita la reglamentación de estos derechos “exclusivamente” por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil
o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
El TCP ha señalado que esta redacción es
preferente a su Constitución porque protege los derechos políticos de las
personas y que debe ser el pueblo quien en definitivamente decida sobre la
reelección. El tribunal ha hecho una lectura extremadamente sesgada de la
Convención, entendiendo que la esencia de la elección es la misma que la
reelección, y que el derecho a ser elegido –que debe ser en lo posible abierto
y no restrictivo– se extiende a todas las veces que un presidente quiera ser
elegido, creando un inaudito “derecho a la relección”.
Nunca se había usado la Convención Americana
sobre DDHH para argumentar, precisamente, contra la violación de los derechos
de elegir y ser elegidos que son, por esencia, derechos atribuibles a la
persona para alcanzar un cargo y no para que una autoridad se perpetúe en él.
Lo que sucede en Bolivia reviste al mismo tiempo
una embestida a la soberanía popular con el pretexto de defenderla. En ese
país, la limitación del mandato presidencial ya fue votada en el referéndum de
aprobación de la Constitución, en enero del año 2009, con lo que el veredicto
de las urnas –de acuerdo al fallo del TCP- se ha cumplido.
Por si fuera poco, en otro referéndum, en febrero
del año pasado, el pueblo rechazo una cuarta elección de Morales, un
pronunciamiento específico que ha sido gravemente ignorado.
El fallo del TCP colisiona con la tradición
constitucional de una América Latina presidencialista que debió reglamentar las
relecciones continuadas para garantizar la vigencia de dos elementos del pacto
republicano, el gobierno limitado en el tiempo y la alternancia en el poder.
Esta tradición se fortaleció durante la ola democratizadora de los años 80 y,
aunque fue ligeramente alterada desde la reforma constitucional argentina de
1994 (El Pacto de los Olivos), y por las constituyentes de Venezuela, Ecuador y
Bolivia, no lo fue al extremo de permitir las reelecciones indefinidas. En el
caso peruano, a la caída de Fujimori fue repuesta la prohibición de reelección
inmediata y ahora mismo se debate en Ecuador prohibirla. El fallo del TCP
boliviano nos recuerda que el autoritarismo en la región está vivo.
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