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martes, 31 de diciembre de 2019

Bolivia, la restauración derechista

https://larepublica.pe/politics/2019/11/15/bolivia-la-restauracion-derechista-juan-de-la-puente-la-mitadmasuno-opinion-impresa/
La República
La mitadmasuno
15 de noviembre de 2019
Juan De la Puente
La primera derivación de la crisis boliviana es la caída del régimen progresista de Evo Morales y la toma del poder por la ultraderecha. Así se inicia una transición que se presume desafiante y violenta en la que se disputa el poder y el régimen político, es decir, las profundas reformas del período 2005-2019.
Hasta ahora, la crisis tuvo tres momentos, en una evolución que combina la movilización ciudadana y el cambio en la correlación de fuerzas en el poder: 1) el fraude reeleccionista del 20 de octubre; 2) la renuncia de Evo Morales a la presidencia; y 3) la toma del poder por la ultraderecha.
Es necesario explicar el tercer momento siguiendo la ruta de la crisis y no aislando el desenlace de los hechos previos. En un análisis serio, y desde la democracia, no se puede obviar la apuesta reeleccionista autoritaria de Evo y el fraude del 20-O y relativizar su efecto dinamizador con el rótulo de “errores”. En ese punto, es una incógnita la precariedad con la que llegó a esta crisis el bloque de popular, indígena y progresista que lideraba Evo. Con cargo al largo debate que el caso boliviano abre, las preguntas se agolpan: ¿Por qué Evo perdió la mayoría política? ¿Por qué insistió en la reelección y no en una sucesión interna? ¿Por qué perdió aliados sociales claves? ¿En qué momento le regaló la calle al proyecto territorial santacruceño?
La calle boliviana no fue un continuo; se registran hasta tres formatos de movilización que moldean el momento actual: 1) la movilización democrática contra la reelección de Evo Morales y el fraude del 20 de octubre; 2) la algarada conservadora que desborda y desvía la demanda democrática, y cuyo punto culminante es la renuncia de Evo; y 3) la movilización indígena y progresista luego de la asunción de Jeanine Áñez como presidenta.
La discusión sobre si hubo o no golpe de Estado es interesante, aunque puede convertirse en una trampa, en la medida que intenta disminuir la (i)responsabilidad de Evo en el desenlace, y porque propone que las cosas retornen a un punto anterior, subestimando la etapa iniciada, un retroceso que puede desarmar los logros de los últimos 14 años.
Sigo sosteniendo que la renuncia de Evo, y los hechos inmediatamente previos y posteriores, no califican como un golpe de Estado. Ello no evita reconocer el divorcio del ex presidente y el mando militar que su gobierno talló y amamantó, y el hecho de que los motines policiales se produjeron debido a que estos, y también las FFAA, se negaron a convalidar el fraude del 20-O y reprimir las protestas en su fase democrática, lo que habría llevado al Gobierno a una dictadura abierta.

Con diálogo o sin él, la entraña del Gobierno de Áñez es ultraderechista, un salto al vacío que abandera el modelo neoliberal derrotado en las jornadas de la Guerra del Gas del 2003. En la historia figurará como una restauración conservadora luego de 14 años del proceso que más integró y modernizó Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales, echado a perder por la ambición del líder y por la falta de cohesión política del partido gobernante. Mientras más demore en reconstruirse el bloque social que hizo posible esta gran transformación, esa sí lo fue, la restauración será más exitosa.

América del Sur rota

https://larepublica.pe/mundo/2019/10/25/juan-de-la-puente-america-del-sur-rota/
La República
La mitadmasuno
25 de octubre de 2019
Juan De la Puente
América del Sur se ha roto; y nada será lo mismo luego de las violentas jornadas en Ecuador, Chile y Bolivia. La violencia de los sucesos y los rápidos cambios que producen en el poder hacen obsoletos los códigos convencionales que servían para interpretar los conflictos en la región. La necesidad de agregar y desagregar al mismo tiempo es imperiosa porque son tan decisivas las diferencias como las similitudes.
La primera hipótesis es que nos encontramos frente a un movimiento regional que se expresa como una rebelión multiclasista contra los regímenes políticos y no solo contra los gobiernos. Su sentido radical y violento no impide reconocer que, a pesar de su potencial destructivo, implica una larga tendencia (quizás una megatendencia, en el modelo de Lechner) que acabará forzando las reformas que no fueron atendidas en la reciente ola democratizadora, especialmente en su etapa de consolidación. Quizás por ello han aparecido las primeras previsiones que relacionan estos sucesos con otros lejanos (Líbano, Hong Kong), aunque ahora los de estos países nos parecen tan locales.
La segunda hipótesis es que, a pesar de sus claves dramáticas, la rabia inherente y la simbología demoledora que exhibe, es un movimiento democratizador orientado contra el abuso de poder, la desigualdad y otras formas de injusticia. Es absolutamente irreflexivo reducir este movimiento a los hechos y obviar su contenido, lo que fue la primera reacción de los presidentes Moreno, Piñera y Morales. Si salimos del reducto de los hechos, estos son los primeros pasos de una ola democratizadora en la región, una primavera sudamericana.
La tercera es que los sucesos en estos países exhiben una fractura de la que no se sentía notificada la política. América del Sur estaba rota antes, aunque las heridas están ahora expuestas aporreando las narrativas oficiales que confunden la tolerancia al fracaso con el éxito –la atroz frase de Piñera sobre que Chile era un oasis en la región– absolutizan el éxito social para suprimir la competencia democrática (Bol) o se niegan a admitir los desencuentros históricos en las comunidades nacionales (Ecu).
Esa fractura expone realidades específicas que no pueden agregarse ideológica y facilistamente. En las protestas en Ecuador se reúnen el rechazo tanto al Gobierno de Correa como a las medidas inspiradas en las recetas del FMI, mientras que en Chile el eje de la crítica social es al modelo neoliberal cultivado y exportado a varios países de la región, incluido el Perú. En Bolivia en cambio, la crítica social se estrecha al modelo político de un régimen que pretende extenderse ilegalmente, dando por aceptados los éxitos de las políticas social y económica de Evo Morales. De ello emerge otra característica de este movimiento, que es post Chávez/Maduro y posneoliberal al mismo tiempo.

Finalmente, con cargo a otras notas, tampoco puede pasar desapercibido que estas acciones se orientan contra el régimen político en su conjunto, incluyendo a todas sus instituciones, la contrapolítica en su estado puro. Esta forma de política en modo de negación, una completa recusación a toda práctica de poder y el rechazo a un mínimo estándar de representación pactada, ha llegado para quedarse.

sábado, 16 de diciembre de 2017

Evo Morales por siempre

La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido una resolución que permite la reelección indefinida de todas las autoridades electas en los ámbitos nacional, regional y municipal, dejando un delicado precedente que puede convertirse en una epidemia reeleccionista en América Latina.
A pocas semanas de culminar su mandato, el máximo órgano de interpretación constitucional de Bolivia, objeto previo de prácticas injerencistas para cambiar su composición, ha modificado la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, votada en el referéndum del año 2009, inaplicando cuatro de sus artículos que se refieren a la elección y reelección de cargos políticos por elección popular. Estos artículos ya fueron objeto de una interpretación forzada hace años para permitir un tercer mandato de Evo Morales.
El razonamiento del tribunal boliviano es impresionantemente inconstitucional. Arremete contra su propia Constitución amparándose en una lectura antojadiza de la Convención Americana sobre DDHH, el Pacto de San José, que es el documento hemisférico que origina el sistema interamericano de DDHH del que son parte la gran mayoría de estados de la región.
El inciso 1) del artículo 23º de este tratado señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. El inciso 2) de este articulo limita la reglamentación de estos derechos “exclusivamente” por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
El TCP ha señalado que esta redacción es preferente a su Constitución porque protege los derechos políticos de las personas y que debe ser el pueblo quien en definitivamente decida sobre la reelección. El tribunal ha hecho una lectura extremadamente sesgada de la Convención, entendiendo que la esencia de la elección es la misma que la reelección, y que el derecho a ser elegido –que debe ser en lo posible abierto y no restrictivo– se extiende a todas las veces que un presidente quiera ser elegido, creando un inaudito “derecho a la relección”.
Nunca se había usado la Convención Americana sobre DDHH para argumentar, precisamente, contra la violación de los derechos de elegir y ser elegidos que son, por esencia, derechos atribuibles a la persona para alcanzar un cargo y no para que una autoridad se perpetúe en él.
Lo que sucede en Bolivia reviste al mismo tiempo una embestida a la soberanía popular con el pretexto de defenderla. En ese país, la limitación del mandato presidencial ya fue votada en el referéndum de aprobación de la Constitución, en enero del año 2009, con lo que el veredicto de las urnas –de acuerdo al fallo del TCP- se ha cumplido.
Por si fuera poco, en otro referéndum, en febrero del año pasado, el pueblo rechazo una cuarta elección de Morales, un pronunciamiento específico que ha sido gravemente ignorado.

El fallo del TCP colisiona con la tradición constitucional de una América Latina presidencialista que debió reglamentar las relecciones continuadas para garantizar la vigencia de dos elementos del pacto republicano, el gobierno limitado en el tiempo y la alternancia en el poder. Esta tradición se fortaleció durante la ola democratizadora de los años 80 y, aunque fue ligeramente alterada desde la reforma constitucional argentina de 1994 (El Pacto de los Olivos), y por las constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no lo fue al extremo de permitir las reelecciones indefinidas. En el caso peruano, a la caída de Fujimori fue repuesta la prohibición de reelección inmediata y ahora mismo se debate en Ecuador prohibirla. El fallo del TCP boliviano nos recuerda que el autoritarismo en la región está vivo.