Elecciones regionales y locales, preguntas nacionales

Por Juan De la Puente

Los resultados de las elecciones del 7 de octubre proponen preguntas que deberían ser respondidas sin acudir al recurso fácil de que no son relevantes al no tratarse de comicios generales. Entre las interrogantes, tres son cruciales: 1) lo sucedido con los partidos “nacionales”, especialmente Fuerza Popular y las bajas votaciones de los candidatos en todo el país; 2) el triunfo de Muñoz y derrota de Urresti en Lima; y 3) la elección de candidatos acusados de corrupción.

Sostengo, a tono con lo que señalan hoy en La República Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich, que estos resultados deberían leerse en una clave nacional, y no local; política, y no vecinal; y orgánica, y no coyuntural.

Empecemos. Descontando el desempeño muy relativo de Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), los partidos nacionales han sufrido un duro revés que se mide en dos tiempos. En un primer momento casi todos fueron colonizados por caudillos locales sin partido a los que le entregaron su representación, y en un segundo momento fueron derrotados en las urnas, con algunos triunfos matizados. Esta tendencia es aplicable incluso a Lima, donde las victorias de Muñoz y la docena de candidatos de ese partido son básicamente individuales.

De las 25 regiones, los partidos nacionales ganaron solo en 8 (APP en Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Pasco y San Martin; AP en Cusco; Podemos en Lambayeque; y Restauración Nacional en Loreto), y en 5 regiones en primera vuelta (La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali y San Martin), con la precisión de que estos candidatos –a excepción de Mesías Guevara de Cajamarca y Manuel Llempén en La Libertad- son independientes fichados por los partidos para estas elecciones.

En tanto, en 17 regiones ganaron listas independientes, que la ley llama movimientos regionales, 6 en primera vuelta (Callao, Ica, Huancavelica, Junín, Moquegua y Puno). En 5 casos, los partidos nacionales disputaran la segunda vuelta regional.

A los partidos puede haberles ido mejor en los municipios provinciales, pero el cuadro general es de retroceso respecto las elecciones de los años 2006, 2010 y 2014, considerando el esfuerzo que realizaron varios grupos para presentarse en más circunscripciones y el haber contado los últimos dos años con financiamiento público.

El golpe más duro es para Fuerza Popular (FP), por el dato electoral precedente (el 2016 ganó en 15 regiones, con el 39% de votos del total nacional, es decir 6 millones de sufragios); el grado de participación (presentó listas en 17 regiones, 82 provincias y 514 distritos) y el nivel de movilización alcanzado.

¿Es comparable este golpe con el sufrido por PPK, el Apra, el PPC o la izquierda nacional? Desde un ángulo objetivo –es decir, el punto de partida y las posibilidades- obviamente que no.

Imposible desligar este resultado para FP de la caída de la aprobación del partido, su líder y el Congreso, y de las sucesivas derrotas sufridas por su estrategia de tensión, especialmente en los últimos seis meses. El fracaso electoral del fujimorismo no parece ser coyuntural, si se toma en cuenta el proceso de construcción partidaria durante 8 años, y su narrativa respecto a su organización, cohesión y representación popular.

La derrota descubre la falla estructural de un partido organizado hacia adentro y de arriba hacia abajo, con decenas de líderes que han perdido conexión con la sociedad, una errada táctica de privilegiar la guerra política subestimando la cooperación, y una dinámica legislativa populista en lo económico y conservadora en lo social. En resumen, los ciudadanos han rechazado la deriva ultraderechista de Fuerza Popular.

Las bajas votaciones en buena parte de regiones son efecto de la creciente ilegitimidad de la oferta, más que de la fragmentación de las candidaturas.

En un grupo de regiones, los candidatos se ubican cerca entre el 20% y 30% de votos emitidos (Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Ayacucho, Pasco, M. de Dios, Piura y Tumbes). En otros, preocupa que no lleguen al 20% (Arequipa, Huánuco y Lima Provincias); y es más grave que en tres regiones apenas superen el 15% de votos (Ancash, Cusco y Tacna).

Si comparamos estas bajas adhesiones con las elecciones anteriores, encontramos plazas electorales con una representación autodestruida, a lo que se agrega altas tasas de votos blancos/viciados (Ancash 28%; Tumbes 24%; Cusco 23%; Arequipa, Cajamarca y Piura, 22%), y un ausentismo creciente respecto de otros procesos electorales (Huánuco 24%; y Ancash, Cajamarca, Callao y Tumbes, 22%).

Lima y los candidatos meme

https://larepublica.pe/politica/1327065-lima-candidatos-meme

La República

La mitdasmasuno

28 de setiembre de 2018

Por Juan De la Puente

Lima no se merece una campaña electoral como la que está a punto de culminar. Quizás se lo merezcan sus partidos, líderes, candidatos y hasta buena parte de sus electores, especialmente los que se han subido a ciegas a los vehículos de la improvisación conducidos por candidatos con los ojos vendados. Cuando se escriba la historia de estos días se examinará cómo una ciudad de 10 millones de habitantes –repleta de necesidades y posibilidades– pudo desperdiciar seis meses en una campaña electoral millonaria, inservible y mediocre.

La capital está perdiendo por goleada y es probable que el 7 de octubre no se pueda siquiera empatar el partido. De todo esto saldrá una administración metropolitana que requerirá mucho respaldo del Gobierno Central, control, investigaciones, denuncias, depuraciones y sanciones. Que tengan en cuenta esa perspectiva los “lovers” de los candidatos –los políticos peruanos actuales no tienen adherentes sino fans– que estos días se aferran a candidatos meme que aparecen de pronto en la esquina vendiendo chucherías y sacándonos risas. No hablemos de los municipios distritales la mayoría de los cuales serán asaltados por redes, conocidas y por conocer, de rápido proceder ilegal.

¿Cómo sucedió esto? Ya antes del colapso de los partidos, estos se habían encontrado con el independentismo político, solo que ahora ha cambiado el modo de relacionarse. Las elecciones del año 2014 ya mostraban el camino; 5 de los 13 candidatos a la alcaldía de Lima fueron alojados en vientres de alquiler, aunque en el resultado final, casi el 80% de votos no fueron para los partidos franquicias. Cuatro años después, hemos empeorado; 11 de los 20 candidatos son alojados por vientres de alquiler, entre ellos tres de los cinco que figuran entre los primeros lugares en las encuestas.

Si nos atenemos a los sondeos recientes, descontando la intención de voto blanco, viciado, y los que no saben/no contestan (40% del total de entrevistados), dos tercios de los que piensan votar por un candidato lo harán por uno alojado en un vientre de alquiler o partido franquicia. No es lo único alquilado o tercerizado; también los planes de gobierno y la disposición de recursos, de modo que se tienen hasta tres tipos de gastos electorales, los que realiza el candidato, los que realiza el partido, y de los candidatos distritales, sin que los organismos electorales tengan posibilidades de supervisar.

¿Qué ganan los partidos que antes buscaban el poder? La clave es el negocio electoral: los partidos –o los dueños de las marcas– son los que subastan las listas de regidores metropolitanos y las alcaldías distritales.

En esta campaña capitalina, ha muerto la política, o ha triunfado la contrapolítica, la fase superior de la antipolítica; no existen oferta y demanda electoral e intermediación, sino una batalla de opciones ultrapersonalizadas en su mayoría vacías sin grandes proyectos de ciudad y donde nadie regula o controla: ni los procesos de selección de candidatos, la elaboración de planes, el gasto electoral y, como se aprecia estos días, ni los debates.

Eso que seguimos llamando “campaña” a falta de sistematización del fenómeno, transcurre sobre un escenario precario con hechos que constituyen un desafío para la teoría política. Un caso es el de Ricardo Belmont, quien, si gana la elección, sería el único en el mundo que puede ser dos veces outsider, con 30 años de diferencia, y cuya franquicia es un partido ultraizquierdista que defiende a las dictaduras de Maduro y Ortega; o el de Daniel Urresti, que puede ganar la alcaldía de Lima haciendo una “campaña” como si postulara a ministro del Interior, representando a un partido acusado de inscribirse fraudulentamente, y acusado él mismo de asesinato de un periodista.

Nuestro momento plebiscitario

https://larepublica.pe/politica/1322491-momento-plebiscitario

La República

La mitadmasuno

21 de setiembre de 2018

Por Juan De la Puente

El país vive un momento plebiscitario; los ciudadanos desean intensamente participar directamente en los cambios. La reciente encuesta de Ipsos reporta que 8 de cada 10 peruanos cree que se deben de recoger firmas para forzar las reformas, y aunque un porcentaje menor se declara dispuesto a firmar los planillones que exijan la consulta ciudadana, no hay nada más popular estos días que votar para cambiar.

La lógica plebiscitaria está en ascenso; dos tercios de peruanos cree que el referéndum debe realizarse este año, aunque poco más de la mitad piense que efectivamente se llevará a cabo. Estas cifras contrastan con el 60% que no iría a votar en las elecciones del 7 de octubre si el voto no fuese obligatorio, o el 50% que declara que ninguna opción política le convence.

Se podría pensar que el ánimo plebiscitario estaba dormido y que solo faltaba despertarlo, y que en la sociedad anida un potente impulso por la democracia directa. Esta presunción no se condice con los escasos resultados de otras formas de participación como la revocatoria, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, los pedidos de cabildos abiertos o los consejos de participación regional y local.

Nuestro momento plebiscitario es hijo de la larga e irresuelta crisis y de la desafección a la política. El hartazgo se ha transformado en referéndum como expresión de rechazo a la política más que una opción y una forma de recuperar el poder. Los peruanos quieren votar porque creen que ahora es la única vía del cambio, la última posibilidad de ajustar cuentas con la corrupción, la ineficiencia, la desigualdad y la injusticia.

Sería injusto condenar ese deseo o cerrar ese camino, o desperdiciar su condición de ángulo prometedor y crucial para incentivar el retorno de los ciudadanos a la política. Por la misma razón, debería ser utilizada con escrúpulo democrático y rechazar la tentación de contraponer el referéndum a los partidos, las instituciones, la representación y la sociedad organizada.

Nuestro momento plebiscitario es atípico. En otras experiencias, las consultas populares son la culminación de un debate, el resumen de una controversia que ha recorrido un camino cotejando argumentos y polémicas, y por eso se impone la disyuntiva de escoger. En nuestro caso, las reformas institucionales que serían votadas en diciembre fueron muy relativamente debatidas en la élite, pero expresamente fueron excluidas de los grandes debates de las últimas dos décadas, inclusive por la izquierda y los movimientos sociales. Si en otros casos, el referéndum es un punto de llegada, en nuestro caso es de partida.

Lo ideal sería que nuestro momento plebiscitario sea acompañado de un momento constituyente. En una etapa exclusivamente plebiscitaria, las consultas populares con poco debate son excepcionales oportunidades para que las masas ataquen el poder, pero no para transformarlo. Las experiencias recientes indican que al poder no la va bien en la consulta de los grandes temas de Estado (ahí están los catastróficos resultados de los referéndum en Colombia, Italia y Gran Bretaña), en tanto que les va mejor cuando se trata de recortar los poderes de los políticos o de sancionar. En Ecuador, en el referéndum de febrero de este año, el presidente Lenin Moreno ganó con más del 60% en las 7 preguntas, y la que obtuvo mayor respaldo fue la que proponía sancionar a toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilitación para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes.

Es por supuesto muy estimulante la evolución de la opinión pública al punto en que el periodo actual significa una primera arremetida reformista contra el régimen de la antipolítica en 25 años, un proceso en el que resaltan la adhesión a la bicameralidad por primera vez mayoritaria y el enfoque de género en la representación.

Aun así, se aprecian dos corrientes de cambio que no se han encontrado todavía, la primera, la del Gobierno y la academia, limitada y plebiscitaria y la segunda, que aspira a un cambio constitucional más profundo.