jueves, 3 de enero de 2019

Los años de Max Hernández

https://larepublica.pe/politica/1379977-anos-max-hernandez
La República
La mitadmasuno
21 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Los 81 años de Max Hernández coinciden con el período más intenso de las últimas décadas, un aniversario que sus amigos y discípulos han querido festejar con un hermoso texto de homenaje (En el juego de la vida. Ed. Gradiva, Lima. 2018) al que me sumo con entusiasmo.
Sin pausa, sin prisa y con una solemnidad austera en la palabra, Max Hernández ha ejercido en los últimos años un papel terapeuta y vigilante de la vida pública, una esfera de social a la que ha observado y en más de una vez integrado, desde cuando entre 1961 y 1962 desempeñara la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP). A ese afán en primera persona volvió más de una vez, una de las cuales fue su participación en el Acuerdo Nacional, del que fue su secretario técnico durante los gobiernos de Toledo, García y Humala.
La visión del Perú de Hernández es muy especial y profunda; desde un ángulo que se origina en su especialidad psicoanalítica, su principal preocupación es la identidad, en la que, según él, se funde la memoria y el olvido como quehaceres permanentes y renovados de nuestra historia; él considera que nuestro pluralismo multicultural, nuestra oralidad y nuestra diversidad son motores de los símbolos que hacen la memoria peruana.
A diferencia del discurso tradicional que las ciencias sociales abandonaron en la segunda mitad del siglo pasado –felizmente– Hernández cree que esa heterogeneidad y la turbulencia de nuestra diversidad son negativas, sino una ventaja en un mundo que recién se abre a lo diverso, un hecho social que hemos “practicado” por siglos.
Desde esa matriz, Hernández ha reflexionado el país en los últimos años abogando por que la relación entre el poder y la democracia se produzca a través del ejercicio de la ciudadanía, entendida como una construcción subjetiva y racional de iguales. Apuesta a un cambio mental necesario para los otros cambios, incluyendo el político y legal, como un proceso de desestructuración de conceptos arraigados. Lo llama un “cambio catastrófico” donde la palabra y la imagen son esenciales para el contenido de lo nuevo. Otra vez la identidad y los símbolos.
Esa visión ha permeado su actividad pública y académica, desde la publicación de su magistral texto Memoria del bien perdido. Conflicto, identidad y nostalgia en el Inca Garcilaso de la Vega (1993), donde da cuenta del papel distinto de la política en un contexto de fragmentación de intereses, y donde sugiere que el poder democrático practique un rito complejo entre equilibrio y el uso de la mayoría. En esa visión, el diálogo deja de ser solo una herramienta y asume la condición de una opción personal.
Max Hernández, siendo psicoanalista –y quizás por eso– se ha resistido al uso total y definitorio del concepto de “país enfermo” o de “sistema enfermo” para analizar la política peruana, un recurso manido que lleva al extremo el diagnóstico de González Prada. Prefiere un enfoque que cuestiona lo que llama una confrontación sin proyecto, una realidad a la que responde proponiendo la elaboración de significados comunes, compartidos y consensuales, donde el acuerdo es fondo y forma, medio y meta, parte y todo, a la vez.
Esta respuesta a la división nacional no en mitades sino en varias partes es descrita magistralmente en su texto En los márgenes de nuestra memoria histórica (2012), editado por el Fondo Editorial de la USMP. Juntar las partes de un todo de cara al futuro no parece una receta fácil en etapas donde se prefiere la diferencia como garantía de lo nuevo. Sin embargo, al proponer esa ruta difícil y compleja, el psicoanalista solo está recordándonos el origen de la política y en dónde reside su utilidad práctica y final.

Max Hernández tiene algunas deudas conmigo, acaso un almuerzo ofrecido y ya extraviado en las profundidades del quehacer cotidiano. Pero yo le debo mucho más, especialmente el aprendizaje de este proceso de reconocimiento del otro para alcanzar significados compartidos y estables, un magisterio permanente para superar el desencuentro.

Región y reforma política

https://larepublica.pe/politica/1375656-region-reforma-politica
La República
La mitadmasuno
14 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Las regiones del Perú serán gobernadas por un grupo de autoridades en su mayoría electas bajo la sombra de la ilegitimidad y la sospecha de corrupción. Salvo un puñado de gobernadores, no se había visto una precariedad inicial tan aguda desde el inicio del proceso de descentralización, el año 2002.
La idea de que a pesar de esta realidad las regiones iniciarán un nuevo período de gobierno de 4 años “sin problemas” es errada. El rasgo predominante de las gestiones que culminan este mes –otra vez con muy contadas excepciones, no más 3 o 4- es el fracaso, sin diferenciar los orígenes de derecha o izquierda de sus autoridades, o que las gestiones sean más o menos descentralistas, o poco o más tecnocráticas.
La pregunta de si se había agotado el impulso descentralista del 2002 hace años era incómoda, esencialmente tratándose de una reivindicación tan cara a los pueblos, con raíces históricas asociadas a los reclamos de justicia social. Es más incómodo ahora negarlo. Al contrario, admitirlo es la condición básica del cambio.
El paso obligado de una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de incompetencia no habilita el retorno al centralismo, no solo viejo e inservible, sino obsoleto. Por lo mismo, no debería esperarse que Lima piense en un cambio, sino que debe abrirse paso una reflexión sobre que este es el momento más crítico del proceso iniciado hace 16 años, y que se necesitan medidas urgentes para evitar una quiebra institucional adelantada, de lo que anuncian un sombrío aumento de la abstención electoral.
Existe un corto plazo insoslayable; el acompañamiento de los primeros 180 días de las nuevas administraciones es necesario. La mayoría de los gobernadores elegidos no ha tenido contacto directo con las regiones o carecen de experiencia de gobierno, y una revisión de los planes de gobierno arroja la necesidad de una rápida apropiación de las políticas públicas nacionales y regionales, añadida a un problema aún más generalizado: la falta de recurso humano calificado para cubrir un creciente número de cargos de confianza.
Solo una región fue ganada por el mismo grupo que triunfó el año 2014; en el resto de casos, fueron elegidos movimientos que habían postulado candidatos sin éxito en elecciones anteriores, y solo en tres casos retornan al poder anteriores gobernadores regionales.
Desde ese punto del balance, la inclusión de la descentralización en el proceso de reforma política es ineludible. De otro modo no se entendería que la reforma del sistema político obvie problemas tan serios como la formación de la representación regional, las competencias no ejercidas, las debilidades de las políticas regionales, el consejo regional convertido en un Frankenstein, la inexistente rendición de cuentas y la participación, y la resistencia a la descentralización fiscal, entre otros.
La derrota del grupo que gobernó dos períodos en Cajamarca es la debacle del regionalismo duro e ineficaz, así como que los caóticos casos de Piura y Ayacucho son la derrota del regionalismo pragmático aliado de los gobiernos nacionales. Entre ambos modelos se ubican emblemáticos casos de regiones que terminan este período en literal colapso, incluido aquellos que practicaban un partidismo regional con alcance nacional, a cargo de Alianza para el Progreso (APP), uno de cuyos gobernadores fue detenido hace unas horas.

¿Cuál sería el argumento básico para no incluir el proceso de descentralización en la reforma política? Una explicación podría señalar que la reforma de los partidos y del sistema de elección de autoridades de plano incidiría en las regiones. Es cierto eso, pero es más cierto que solo una parte de esta reforma se refiere a estas áreas, teniéndose una compleja agenda de normas, incluyendo reformas constitucionales, y otras decisiones que se encuentran particularmente en el ámbito de las relaciones entre las regiones y los poderes nacionales y de las regiones entre sí. De hecho, hay muchas más razones para incluir ahora a las regiones en la reforma política que razones para mirar a otro lado.

Los pactos de Vizcarra

https://larepublica.pe/politica/1371247-pactos-vizcarra
La República
La mitadmasuno
7 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
El presidente Martín Vizcarra propuso en CADE un pacto a los empresarios, para arribar al 2021 con un país gobernable y en lo posible reformado en las áreas de justicia y política. Desde el lugar donde se encuentra, es decir, con una amplia legitimidad, Vizcarra ofreció un pequeño programa que anuda lo político y económico, incluyendo la inversión pública, la competitividad, la reforma laboral y el impulso a la inversión privada.
En un discurso que por un momento parecía de 28 de julio, el presidente adelantó una parte de la agenda posterior al referéndum, dejando claro que no abandonará la lucha contra la corrupción pero que sumará prioridades claras para impulsar la inversión, la transparencia, la salud, la educación, la seguridad y la descentralización, áreas que la reciente encuesta de IEP encontró deficitarias.
Es destacable en tal dirección la pregunta que lanzó al auditorio sobre el papel que asumirán los empresarios ante las reformas, contestándose él mismo que confía en que lo harán desde el compromiso con el país. Para el efecto fueron sugerentes las palabras previas del presidente de IPAE, Julio Luque, quien precisó la identificación de CADE y los empresarios con la lucha anticorrupción.
La oferta está en la cancha empresarial; una agenda de diálogo más acotada a las necesidades de los actores económicos, que ha planeado en los últimos días, tendrá que ser reemplazada por compromisos más integrales que conviertan a la inversión privada en aliada de las reformas. Los aplausos con los que fue recibido el discurso de Vizcarra prometen una nueva actitud a un año de CADE 2017 que proclamó el fin de las cuerdas separadas.
Vizcarra se refirió en varias partes de su discurso a la ronda de diálogo que también iniciará luego del referéndum con la sociedad civil, los partidos y los nuevos gobiernos regionales y locales, extendiendo hacia esos sectores su propuesta de acuerdo. Salvo los últimos, urgidos al inicio de sus gestiones por una relación provechosa con el gobierno, los partidos y la sociedad civil no han reaccionado formalmente a esta propuesta.
Ese silencio preocupa. La principal señal de esta falta de reacción es una ausencia de sensibilidad respecto de la segunda etapa de reformas luego del 9 de diciembre, que no puede ser como la primera, un consenso a palos. En esta omisión pueden esconderse presunciones de varios sentidos, como que las reformas no necesitan ser pactadas, que el liderazgo del presidente Vizcarra es suficiente, que la participación de los movimientos sociales no es necesaria porque a ellos “nadie los ha elegido”, que no procede un acuerdo con Vizcarra porque es autoritario, o que hay partidos ante los cuales hay que tender un cordón sanitario.
Es cierto que existen grupos de espaldas a las reformas, como los que inspiran y dirigen la campaña de los 4 No en el referéndum en base a inexactitudes, y es posible también que otros sectores, especialmente conservadores, manejen un esquema distinto de prioridades. No obstante, este período que se denomina con el nombre genérico de crisis, pero que es más que eso –demanda de cambio, dura resistencia a él, ausencia de actores fuertes, desenlaces extremadamente específicos, entre otros–, requiere que se adopten posiciones muy claras sobre la agenda corta y larga luego del 9 de diciembre.
Entre julio y diciembre muchos han navegado evadiendo tomar una postura ante los cambios institucionales, escondiéndose en las incidencias de esta etapa, centrándose en los aspectos anecdóticos del período más turbulento de los últimos años. Luego del referéndum eso será más difícil.

Una palabra final sobre los movimientos sociales. Ellos han sido la parte más dinámica de un país exigente de cambios y, a pesar de sus debilidades, a su decisión y movilización se debe en gran medida que las cosas hayan llegado hasta aquí. Que formen parte de un diálogo y acuerdo por las reformas es un reconocimiento y, al mismo tiempo, un acto de corrección política que nos previene de cualquier posibilidad aventurera y pragmática.