La República
La mitadmasuno
14 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Las regiones del Perú
serán gobernadas por un grupo de autoridades en su mayoría electas bajo la
sombra de la ilegitimidad y la sospecha de corrupción. Salvo un puñado de
gobernadores, no se había visto una precariedad inicial tan aguda desde el
inicio del proceso de descentralización,
el año 2002.
La idea de que a
pesar de esta realidad las regiones iniciarán un nuevo período de gobierno de 4
años “sin problemas” es errada. El rasgo predominante de las gestiones que
culminan este mes –otra vez con muy contadas excepciones, no más 3 o 4- es el
fracaso, sin diferenciar los orígenes de derecha o izquierda de sus
autoridades, o que las gestiones sean más o menos descentralistas, o poco o más
tecnocráticas.
La pregunta de si se
había agotado el impulso descentralista del 2002 hace años era incómoda,
esencialmente tratándose de una reivindicación tan cara a los pueblos, con
raíces históricas asociadas a los reclamos de justicia social. Es más incómodo
ahora negarlo. Al contrario, admitirlo es la condición básica del cambio.
El paso obligado de
una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de
incompetencia no habilita el retorno al centralismo,
no solo viejo e inservible, sino obsoleto. Por lo mismo, no debería esperarse
que Lima piense en un cambio, sino que debe abrirse paso una reflexión sobre
que este es el momento más crítico del proceso iniciado hace 16 años, y que se
necesitan medidas urgentes para evitar una quiebra institucional adelantada, de
lo que anuncian un sombrío aumento de la abstención electoral.
Existe un corto plazo
insoslayable; el acompañamiento de los primeros 180 días de las nuevas
administraciones es necesario. La mayoría de los gobernadores elegidos no ha
tenido contacto directo con las regiones o carecen de experiencia de gobierno,
y una revisión de los planes de gobierno arroja la necesidad de una rápida
apropiación de las políticas públicas nacionales y regionales, añadida a un
problema aún más generalizado: la falta de recurso humano calificado para
cubrir un creciente número de cargos de confianza.
Solo una región fue ganada
por el mismo grupo que triunfó el año 2014; en el resto de casos, fueron
elegidos movimientos que habían postulado candidatos sin éxito en elecciones
anteriores, y solo en tres casos retornan al poder anteriores gobernadores
regionales.
Desde ese punto del
balance, la inclusión de la descentralización en el proceso de reforma política
es ineludible. De otro modo no se entendería que la reforma del sistema
político obvie problemas tan serios como la formación de la representación
regional, las competencias no ejercidas, las debilidades de las políticas
regionales, el consejo regional convertido en un Frankenstein, la inexistente
rendición de cuentas y la participación, y la resistencia a la
descentralización fiscal, entre otros.
La derrota del grupo
que gobernó dos períodos en Cajamarca es
la debacle del regionalismo duro e ineficaz, así como que los caóticos casos de
Piura y Ayacucho son la derrota
del regionalismo pragmático aliado de los gobiernos nacionales. Entre ambos
modelos se ubican emblemáticos casos de regiones que terminan este período en
literal colapso, incluido aquellos que practicaban un partidismo regional con
alcance nacional, a cargo de Alianza para el Progreso (APP), uno de cuyos
gobernadores fue detenido hace unas horas.
¿Cuál sería el
argumento básico para no incluir el proceso de descentralización en la reforma
política? Una explicación podría señalar que la reforma de los partidos y del
sistema de elección de autoridades de plano incidiría en las regiones. Es
cierto eso, pero es más cierto que solo una parte de esta reforma se refiere a
estas áreas, teniéndose una compleja agenda de normas, incluyendo reformas
constitucionales, y otras decisiones que se encuentran particularmente en el
ámbito de las relaciones entre las regiones y los poderes nacionales y de las
regiones entre sí. De hecho, hay muchas más razones para incluir ahora a las
regiones en la reforma política que razones para mirar a otro lado.
