PPK y Alan, la batalla

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La República

La mitadmasuno

23 de octubre de 2015

Juan De la Puente

Las candidaturas de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Alan García Pérez (AGP) se han emplazado en un mismo espacio del escenario electoral. En conjunto suman ahora más de un quinto de la intención de voto aunque la zona en la que se mueven es más amplia y en ella se inscriben Alejandro Toledo y César Acuña, inclusive.

La reciente encuesta de Ipsos da cuenta de esa coincidencia. A García, los ciudadanos le reconocen que tiene más experiencia que PPK, que es más trabajador y que conoce más que PPK los problemas de la gente. De PPK piensan que es mejor en economía, que es más honesto y que tiene más visión de futuro que García. En varias de las comparaciones empatan,  incluyendo en la capacidad de liderazgo y en los temas en los que son poco reconocidos, como en las propuestas sobre seguridad, lucha contra la corrupción y política social. Es extraño que también empaten muy a la baja en la variable “tiene buen equipo” cuando, objetivamente, las tecnocracias de ambos son reconocidas públicamente.

Entre PPK y AGP se avecina una dura batalla; de ella depende la naturaleza de la disputa en la segunda vuelta. Esta posibilidad no niega otra que ha circulado estos días, la de una arremetida de un candidato chico. En cualquiera de las opciones, el espacio en disputa existe y está delimitado por los discursos y por las candidaturas de Keiko Fujimori y las que intentan jugar entre la izquierda y el centro izquierda. Cierto, todos están acomodando en la pista y falta mucho para abril, pero la música ya está sonando. Y están bailando.

Los dos tienen un apreciable porcentaje antivoto; AGP tiene uno más alto (64%), aunque sorprende que PPK tenga uno pronunciado (42%). En definitiva, el anti de AGP es su principal problema y de él depende no solo que llegue a la segunda vuelta sino que crezca en la primera.

Si se afirma que el antialanismo es el factor que impide el crecimiento de García, ¿por qué no crece PPK que tienen más tiempo en campaña y menos cuestionamiento personal? La respuesta reside menos en los atributos personales y más en factores objetivos, decisivos de cara a la primera vuelta.

AGP es el más acosado del escenario, más que Keiko Fujimori, inclusive, pero PPK tiene más competidores directos. Por ejemplo, Toledo estorba a PPK desempeñando el mismo papel que este jugó contra el ex Presidente en el primer tramo de las elecciones del 2011, derribándolo finalmente. En tanto, la irrupción de Acuña, que ya devoró una parte del sólido norte aprista en dos procesos electorales, va primero tras los potenciales electores de PPK.

Por otro lado, PPK tiene dos problemas que conforme se acerquen las elecciones serán limitantes de carácter político: la edad y la dispersión interna. Sobre lo último, es difícil imaginarse la fragmentación de su bancada parlamentaria, con humores que van desde la DBA hasta la izquierda, nostálgica cierto, pero al fin y al cabo izquierda, una variedad más disolvente que el aguarrás que el electorado puede oler antes de la primera vuelta. De hecho, algo de esa precariedad ya se siente ahora.

Ambos tienen alternativas. García tiene la posibilidad de mover el músculo del Apra. PPK, que para efectos prácticos no tiene partido, puede mover el músculo de los medios, que no es poca cosa. No obstante, no es suficiente en el país de la antipolítica; no se sabe en qué medida ambos sean conscientes de que sus candidaturas son limeñas, urbanas y más afianzadas en los sectores A/B.

Finalmente, será difícil que puedan pescar más votos a la derecha; por esa razón, necesitan de pactos sociales aun sean tácitos y a través del discurso, en lo que García ha avanzado aunque erradamente, con la iniciativa de sacar a las FFAA a combatir el delito pretendiendo recoger la adhesión ya comprometida del Perú autoritario. PPK ha avanzado en la búsqueda de alianzas regionales y locales aunque ha cometido errores en el fichado de personajes cuestionados, como el innombrable médico que manosea su condición de padre de un joven fallecido.

Con o sin estos movimientos, no tienen más remedio: PPK debe ser anti García y este el anti PPK.

La bandera en el piso. Efectos de la caída de Julia Príncipe.

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Un análisis en corto y caliente sobre los efectos de la destitución de la  procuradora Julia Príncipe. En la República (21 de octubre de 2'15)

La bandera en el piso

Por Juan De la Puente

La destitución de la procuradora Julia Príncipe obedece a un errado cálculo de opciones. Es probable que el oficialismo quiso apurar un trago amargo confiado en que la cercanía de las elecciones y la turbulenta agenda pública apenas se alterarían con la salida de la procuradora, y que quizás las cosas no podrán estar peor que antes.

No obstante, la salida de Príncipe ha tomado la imagen del derribo de un símbolo, arranchado y pisoteado por el poder. El gobierno subestimó su condición de insignia de la lucha anticorrupción y no calculó la indignación pública, más intensa que la de los políticos, y que seguirá creciendo en los próximos días.

La crisis pudo manejarse con otros códigos, como la renuncia del Ministro de Justicia y volver el proceso contra Nadine Heredia dentro de los límites legales –que es donde les ha dado mejores resultados– tolerando el impecable trabajo de Príncipe. En cambio, el gobierno ahora ha perdido todo, y sobre todo la palabra. Lo peor de un político o de un gobierno es quedarse sin argumentos. Y eso ha pasado.

Toda huida hacia adelante es un modo de evasión sin plan alternativo. El gobierno tiene pocas fuerzas para evitar que el caso Príncipe irradie al gabinete. Lo que pase dependerá de la racionalidad de la oposición, que parece más interesada en que la crisis no se desboque. Los roles han cambiado: ya no es el gobierno el más interesado en la estabilidad.

Esta vez la bandera de la lucha contra la corrupción está en el piso. Muchos pretenderán recogerla, pero no será fácil. Por fin los ciudadanos parecen dispuestos a tomarla para sacarla de los salones del poder y de los tribunales a las calles.

La izquierda suma y resta

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La República
La mitadmasuno
16 de octubre de  2015
Juan De la Puente

La realización de las elecciones primarias del Frente Amplio (FA) ha legitimado este proyecto político y sus resultados suponen un envión a la candidatura de Verónika Mendoza. Ha fortalecido también el núcleo del Frente, al movimiento Tierra y Libertad (TyL), que ha salido airoso de esta prueba de apertura a la sociedad.

Los desafíos de la candidatura de Verónika son por ahora más internos que externos. Su principal obligación es con el Frente Amplio que tiene por delante dos actos imprescindibles: 1) construir un estado mayor político, amplio, audaz y unido; y 2) el suministro de ideas para un debate que solo puede ser encarado con éxito si se cambian los códigos actuales del juego político caracterizado por barro + barro.

Formalmente, Verónika no es un outsider –ella sostiene que tiene 10 años en política– pero tiene mucho de foránea: es de fuera de Lima y presenta rasgos que la convierten en una figura fresca y esencialmente nueva, especialmente su compromiso con un programa tradicionalmente tangencial para la izquierda.

Expresa también un nuevo discurso contrario a elementos cruciales del sistema aunque espero que la derecha se le enfrente con el discurso de siempre. Ojala la DBA no pierda sus malos reflejos; ojalá no la ignore sino que la ayude como solo ella sabe hacerlo. Por ejemplo, 50 portadas de medios con insultos y mentiras.

Por otro lado, el Frente Amplio, desde antes de las primarias y ahora con candidata, es presionado por la demanda de unidad con el otro bloque de izquierda con el que sus relaciones han sido un choque de trenes. Sin embargo, hasta este momento no existe un indicio de que más allá de los llamados se pueda concretar un frente de frentes de la izquierda.

La demanda de unidad es plausible, explicable y sobre todo tradicional, pero no asegura, como en el caso de la derecha, que incida en el resultado. Nadie afirma que millones de peruanos aguarden con impaciencia ese gesto para premiar a la izquierda o a la derecha con sus votos. La idea de un pueblo errante y desorientado que está a la búsqueda de una representación unificada es francamente atrasada.

Las complejidades del período están sobre la mesa; las elecciones no se resolverán con los códigos caviar vs anticaviar, o derecha vs izquierda; a 6 meses de las elecciones, las claves del proceso se perfilan en torno a la seguridad, la transparencia pública y el crecimiento. Si hay un pueblo en busca de certezas, estas son más específicas y angustiantes.

El principal problema que intentará resolver el proceso electoral será el de la gobernabilidad, de modo que el escenario que se está formando no tiene como eje la renovación de la democracia y la alternancia. Lo que está en juego es la formación de una nueva representación que encare con el carácter de urgente la crisis del modelo gobernante los últimos 15 años. Ese es uno de los signos distintivos de este proceso electoral respecto de los tres anteriores.

Que los frentes de la izquierda ingresen a un proceso desgastante como el que experimentaron los últimos meses es riesgoso. Forzar la unidad de dos cuerpos celestes que han empezado a girar sobre sus ejes y alrededor del electorado es lo menos recomendable, especialmente si los cronogramas internos se han echado a andar. Por esa razón es sintomático que los predicadores de la unidad son expertos en decirnos qué y no el cómo. Como nunca, puede ser cierta la frase de que hay sumas que restan, sobre todo si quitan mucho tiempo y fracasan.

Este riesgo también se explica por las dinámicas que determinan ambos frentes de la izquierda. Para el Frente Amplio, este es un momento fundacional, si se quiere estelar, en tanto que para el otro bloque este momento es de sobrevivencia.

Otros esfuerzos serían meritorios, en ambos casos, como encarar la brecha existente con los movimientos sociales y con los movimientos regionales y locales, ambos portadores de demandas específicas, y abrirse al centro político con audacia. Hay un país que debe ser convencido. Hay vida más allá de la izquierda.

Bienvenida, señora economía

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La República

La mitadmasuno

9 de octubre de 2015

Juan De la Puente

¿Cuánto puede influir la Sra. Economía en las elecciones del 2016? Mucho, y parece que acaba de irrumpir en la contienda.

Supongo que nadie se imaginó que en medio de la Asamblea de Gobernadores del FMI/BM –un suceso estelar jalonado por elogios de instituciones y académicos al notable desempeño de nuestra economía– se produciría un entredicho entre el FMI, que ha revisado a la baja el estimado del crecimiento de nuestro PBI para este año, y el gobierno.

El Fondo ya había efectuado otras dos rebajas del PBI, en abril y julio, y en su reciente informe redujo nuestro crecimiento de 3,2% a 2,4%. El ministro de Economía ha salido al frente defendiendo la previsión de 3% a tono con el estimado del BCR que en setiembre pasado también rebajó el crecimiento de este año de 3,9% a 3,1%.

El FMI puede equivocarse, qué duda cabe, como también erraron las instituciones nacionales los últimos años, aunque nuestras equivocaciones son de otro signo; obedecen a un triunfalismo oficial que parece estructural, que resume la falta de atención del liderazgo económico a las señales internacionales y a una sobreestimación del peso de la demanda interna en la composición de nuestro crecimiento. La razón de fondo, sin embargo, es una exagerada estimación de nuestras fortalezas, un eco tardío del consenso económico construido alrededor del crecimiento.

El MEF aún no se ha enterado de la evaporación de este consenso. Si hay algún piloto automático desde el 2013 son los estimados triunfalistas cuyas correcciones contribuyen a la reducción de las expectativas de los agentes económicos. Esta incertidumbre es similar a la política, y ambas pudieron ser evitadas. Parece que ahora es tarde: a 6 meses de las elecciones las dos juegan en la cancha.

El ministro de Economía he legitimado la irrupción de la economía en las elecciones al anotar que el estimado del FMI es pesimista y que la incertidumbre por la coyuntura electoral afecta la inversión privada este año. Lo cierto es que hay más pesimismo interno que externo y en cambio es positivo que la guerra política de 3 años no causara más restricciones a la inversión y desazón por el futuro.

Tres variables incidían en el escenario electoral: 1) la inseguridad ciudadana; 2) la corrupción pública; y 3) la desconfianza y/o desaprobación de los políticos. Con un PBI que al terminar el año se ubique décimas por encima del 2%, las dificultades de la economía incidirán en la definición del voto con un código distinto a lo sucedido el 2006 y 2011. En aquellas elecciones la discusión económica no residía en cómo salir de una situación difícil (como sucedió religiosamente desde 1980) sino cómo distribuir más y mejor.

La irrupción de la economía no favorece a todos; perjudica al candidato oficialista y exige a los adversarios del modelo más detalles y precisiones. Beneficia principalmente a PPK y a Alan García, cuyas candidaturas tienen equipos más reconocidos en materia económica, y coloca en aprietos a Keiko Fujimori, obligándola a definiciones sobre personas y programas que hasta ahora ha evitado.

La agregación de la economía al debate electoral implica también la formación de un mix más complejo. Sobre la inseguridad y la corrupción el respetable público puede sucumbir ante propuestas populistas y emocionales con escasísimo rigor técnico –al estilo de los bodrios muy populares de “chapa tu choro” o “las FFAA a la calle”– pero será más exigente y racional en materia económica.

En las calles hay un ciudadano económico y social insatisfecho que demanda respuestas durante el proceso electoral. No es aún un indignado pero es un impaciente. Lo expone el reciente Índice de Confianza del Consumidor (ICC) publicado por GfK en octubre con tres datos: 1) desde junio el ICC se mantiene en un nivel negativo, por debajo de 100 puntos; 2) se aprecia una brecha en la pérdida de confianza de los consumidores de Lima respecto de las regiones, donde la insatisfacción es mayor; y 3) aumenta a 46% el porcentaje de peruanos fuera de la capital que cree que sus ingresos familiares no le alcanzan, en tanto el 39% cree que no podrá ahorrar en los próximos meses.

Antifujimorismo y antialanismo, nuevas claves

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La República

La mitadmasuno

Juan De la Puente

2 de octubre de 2015

Dos de los más acendrados “antis” en la política peruana son los que atañen a Keiko Fujimori (KF) y Alan García (AGP). Los discursos contra ambos han sido formas poderosas de comunicación utilizadas para simbolizarlos como un peligro como para cimentar una férrea identidad defensiva de sus partidarios. De hecho, es un sentido común que KF perdió las elecciones del 2011 gracias a una recreación tardía y exitosa del antifujimorismo.

Parece que KF ha aprendido a manejar ese “anti” sobre todo porque se trata del viejo antifujimorismo cuyo principal símbolo es su padre. Este “solo” es polémico: un sector cree que no se necesita más que activar la percepción selectiva de los años noventa pero otros sostienen que el país ha asimilado y olvidado los crímenes del gobierno de esa década.

La campaña contra KF se sustenta en un discurso publicitario con énfasis en condenables actos de Alberto Fujimori: 1) la corrupción y el papel en ella de Vladimiro Montesinos; 2) las violaciones de los DDHH; 3) la fuga al Japón y la renuncia por fax; 4) los familiares perseguidos por la justicia; 5) los maltratos a Susana Higuchi; 6) el golpe del 5 de abril de 1992; y 7) la compra de los diarios chicha.

Lo que falla en este discurso es la comunicación sin política; esta –la política– no ha sido empleada o, para ser más exactos, contiene poca valoración política entendida como crítica a lo que ahora es KF y no solo lo que ha sido o sigue siendo.

No existe un nuevo antifujimorismo, a pesar de que hay razones para ello. Es extraño, por ejemplo, que no se insista en el férreo compromiso del fujimorismo con los aspectos más excluyentes del modelo económico, las denuncias contra sus nuevas adquisiciones y sus conflictos orgánicos en varias partes del país.

KF está logrando construir una segunda identidad del fujimorismo o, si se quiere, una identidad compartida donde ella adquiere un peso propio y se debilita la proyección de Alberto Fujimori. Esta apreciación puede ser cuestionada –otra vez desde la publicidad– pero merece un mínimo de discusión, especialmente luego de su presentación en Harvard en la que pareció postular un “postalbertismo” cuyo atributo es una menor excitación ideológica que aquella que los marca como radicales peligrosos para la democracia.

García supo manejar el antialanismo. El 2006 disolvió en parte la polarización entre Lourdes Flores y Ollanta Humala y se coló por el centro, diluyendo un parte su “anti” y construyendo otro más agresivo, el antihumalismo. En su segundo gobierno construyó un segundo alanismo que logró arrinconar al primero aun a pesar de la posterior guerra centrada en la Megacomisión que AGP ganó en términos políticos y legales.

Sin embargo, los narcoindultos y otras nuevas acusaciones han parido un nuevo antialanismo que se relaciona con una “nueva” corrupción encarada con respuestas tradicionales. Al contrario de lo que sucede con KF, contra AGP se dirige un discurso en el que lo publicitario y político lucen eficaces, sean o no veraces: 1) García debilitó la lucha contra el narcotráfico indultando no a centenares sino a miles de mafiosos; 2) una mafia organizada lucraba con los indultos y de esto se beneficiaban un grupo de militantes apristas; y 3) AGP no ofrece garantías de que un tercer mandato suyo sea transparente.

El Apra se ha resistido a reconocer este nuevo antialanismo, al que combate con la clave de lo viejo. Sus líderes aducen que es el antiaprismo de siempre y que ellos resistirán como siempre a este embate conocido, un arma eficaz para la cohesión interna pero de dudosa utilidad con las masas. La posibilidad de disculpas públicas por lo narcoindultos que inicien a un giro programático ha sido bloqueada, y en cambio la idea de sacar a los militares a la calle suena a una huida hacia adelante.

Así, las diferencias en la intención de voto no pueden explicarse con el argumento de una campaña aún en ciernes sino por la insuficiencia de un antiguo “anti” que favorece a KF y la eficacia de uno nuevo que perjudica a AGP.

Elecciones sin coaliciones

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La República

La mitadmasuno

Juan De la Puente

25 de setiembre de 2015

Desde 1990 el país protagoniza comicios impulsados por coaliciones electorales que deben su origen a la debilidad de los partidos (ver estupendo trabajo de Mauricio Zavaleta, La competencia política post-Fujimori; partidos y coaliciones de independientes en los espacios subnacionales peruanos, IEP 2014) y a la necesidad de impedir el acceso al poder de fuerzas generalmente consideradas radicales.

Este modelo de competencia electoral se ha decantado rápidamente por los anti desde el año 2000. De hecho, la candidatura de Toledo ese año fue una coalición antifujimorista y la otra, la del 2001, fue primero contra Lourdes Flores y luego antialanista.

La de García el 2006 fue una coalición primero contra Lourdes Flores y luego antihumalista. Las elecciones del 2011 fueron muy especiales; la derecha y el centro, divididos en cada lado, no pudieron forjar una coalición anti; Humala volvió a disputar la segunda vuelta, y fue él quien volvió a encabezar una coalición antifujimorista, victoriosa por escaso margen.

El resultado de este modelo de competencia electoral ha sido de coaliciones también gobernantes en lo político y social. Más de la mitad del primer gabinete de García el 2006 no votó por él en la primera vuelta, y su gobierno fue viable gracias a la alianza con el fujimorismo en el Parlamento. Antes, Toledo pactó con el FIM, Unidad Nacional, UPP y AP en el Congreso, una sucesión de frágiles coaliciones que al deteriorarse casi le cuestan la presidencia.

La historia de Humala/gobierno es la de una coalición progresista sustituida por otra, conservadora y precaria. Es probable que en su caso, 2/3 de sus ministros que tuvo desde el inicio de su gobierno no votaran por él en la primera vuelta, lo que también indica el carácter de su inestabilidad escindida: acuerdos con la derecha en materia económica y guerra con ella en el ámbito político.

Los tres gobiernos del actual ciclo democrático han sido al mismo tiempo gobiernos de minoría. Toledo (36% en la primera vuelta el 2001) eligió 45 de 120 legisladores; García (24% en la primera vuelta el 2006) eligió 36 de 120; y Humala (31% en la primera vuelta el 2011) eligió 47 de 130. A su vez, los tres gobiernos se beneficiaron de un consenso en la sociedad civil que es (todavía) insistente en proteger la estabilidad constitucional y desaprobar toda iniciativa rupturista, en el Congreso o fuera de él.

Esta democracia que se explica por esas coaliciones electorales y gobiernos de minoría pactados, uno más estable que los otros dos, podría experimentar un giro hacia una mayor precariedad. El primer síntoma es la fragmentación de opciones y la poca probabilidad de que algún candidato organice una coalición.

Es probable que el 2016 compitan 7 candidatos presidenciales que logren superar la valla electoral en lugar de los 5 que hubo en los comicios del 2011. Esta dispersión podría implicar bajas votaciones en la primera vuelta y la posibilidad de que los dos aspirantes que pasen a la segunda vuelta no sumen juntos el 50% de votos. En ese contexto, la coalición anti que gane la segunda vuelta tendría que buscar más compromisos y sufrirá evidentemente la pérdida de fuerza propia para gobernar.

Sería dramático que quien gane la presidencia el próximo año no tenga más que una cuarta parte de legisladores propios (menos de 33) y se enfrente a un Congreso que, como se ha visto, ha desarrollado una “inteligencia destructiva” con el famoso voto ámbar que ya ha bloqueado por unos días la investidura de dos gabinetes. Un presidente con baja votación en la primera vuelta, y que luego no pueda organizar una coalición parlamentaria a su favor tendrá un pronóstico reservado.

Podría ser que la formación de coaliciones deba de adelantarse y que, en vista de ello, se tengan demasiados aspirantes presidenciales. Al mismo tiempo, la capacidad de pactar en esta democracia de minorías se convierte en un atributo electoral que los ciudadanos bien pueden valorar a la hora de votar. Estamos avisados: debe preocuparnos la poca capacidad de los políticos de construir coaliciones como una compensación de la debilidad de sus partidos.