miércoles, 23 de enero de 2019

El fin del gobierno dividido

https://larepublica.pe/politica/1391843-gobierno-dividido
La República
La mitadmasuno
Juan De la Puente
11 de enero de 2019
El Congreso es un campo de batalla donde se combate escaño por escaño, comisión por comisión. Se condensan así varias hostilidades menores por pequeñas hegemonías o por sobrevivencias, aunque la batalla específica por la mesa directiva –el combate más fiero- es distinta a la del año 2000 y al asalto de las minorías parlamentarias que el 2004 y 2015 derrotaron a los gobiernos de entonces.
El primer asalto, en noviembre del 2000, fue la conclusión del fujimorismo; la censura de la mesa directiva que presidía Martha Hildebrandt fue una operación saldada rápidamente con la huida de Fujimori a Japón, la vacancia de las dos vicepresidencias y la asunción del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Luego, las presidencias de Ántero Flores-Aráoz (2004) y de Luis Iberico (2015), fueron el triunfo de las minorías opositoras a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente, aunque ninguna de ellas intentó liquidar al Ejecutivo.
Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso especialmente si lo hizo desastrosamente mal (sinceramente, el fujimorismo “histórico” lo hubiese hecho mejor). Dejó hace meses de ser mayoría política y ahora está en proceso de dejar la mayoría numérica, una dirección ineludible para un desenlace inexcusable. Desbancado del poder del Congreso, el epílogo de esta derrota está por escribirse porque los desenlaces más increíbles tienen las mismas opciones, incluyendo la implosión que lleve a una elección parlamentaria adelantada.
¿Este escenario es, como aparenta, una pelea de bar donde importan más las patadas que los vencedores y perdedores? Sin reelección y bicameralidad, sin aprobación ciudadana y con los proyectos partidarios a la baja, la pregunta sobre el sentido de esta batalla es provocadora, porque la idea de que esta es la disputa de dos calvos por un peine se relativiza por lo menos por tres atingencias cruciales: 1) desde una óptica estrictamente minimalista, el Congreso debe garantizar la selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ); 2) el Congreso ha disminuido su capacidad de frenar los procesos judiciales a la corrupción política y hostigar al Ejecutivo; y 3) en cualquier caso, aun con una crisis operativa a cuestas, tiene la capacidad de aprobar leyes populistas o favorables a intereses contra mayoritarios.
Ha terminado la experiencia de un gobierno dividido y lo que viene es un Parlamento extremadamente fragmentado y, por lo tanto, autolimitado; pero, a diferencia con lo sucedido el año 2000, cualquier desenlace favorece al Gobierno de Martín Vizcarra, especialmente si este desea mantener la presión sobre el Congreso sobre la reforma judicial y política. No obstante, el optimismo debe atemperarse si se concluye objetivamente que a este Parlamento no podrá arreársele demasiado. Sea cual fuese su futuro, ya es un Congreso de transición.
La división entre un bando reformista y otro resistente a los cambios sería lo mejor que intenten los políticos que quieran impulsar una nueva política radical a partir de los llamados nuevos valores posmaterialistas que ha traído esta etapa, como la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el enfoque de género en los DDHH, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, la prestación de los bienes públicos, la participación política, entre otros.
Ello no implica que no se intente legislar sobre las expectativas “tradicionales” de la política peruana, pero la transición que experimenta el sistema obliga a construir una nueva promesa con soluciones de compromiso (trade-off) con una visión de largo plazo donde caben las demandas de cambios constitucionales profundos y un programa de modernización de la economía y la sociedad. 

Ordenar las prioridades es difícil, sobre todo en un clima corrosivo y tóxico donde la ultraderecha peruana se apresta a librar la batalla por su identidad. Sin embargo, el feminismo, los movimientos sociales, los jóvenes, y la sociedad civil que se abre a las demandas de derechos y libertades son una enorme fuerza llamada a motivar los cambios y llenar el vacío que ya esté aquí. Si no es la hora de un nuevo programa, cuándo.

domingo, 6 de enero de 2019

El año de las coaliciones

https://larepublica.pe/politica/1387649-ano-coaliciones
La República
La mitadmasuno
4 de enero de 2019
Juan De la Puente
El año 2019 será el de las coaliciones. El resultado del referéndum del 9 de diciembre licuó la polarización entre el Gobierno y el Congreso, estableciendo una nueva mayoría política que legitimó al presidente Martín Vizcarra. Al mismo tiempo, rebajó a mínimos la fuerza de los partidos como actores públicos –reduciéndolos casi exclusivamente al ámbito parlamentario– ayudado por el proceso electoral regional y local que consagró la debilidad de las formaciones partidarias.
Este nuevo momento no se organiza solo a partir de mayoría y minoría, sino a través de coaliciones de las que emergerán las apuestas del 2021, en las que los liderazgos se vuelcan a la sociedad en busca de mayor legitimación. El fin de la polarización no es el fin de la confrontación, como que no es seguro que las coaliciones impidan la fragmentación. El Congreso y las otras instituciones del sistema se han integrado a la etapa de cambios como sujetos u objetos, una interesante politización que enriquecerá el escenario. 
La más activa es la coalición reformista, que ha puesto en marcha el Gobierno y el presidente Vizcarra, con un apoyo parlamentario –y dos bancadas parlamentarias y media o, si se quiere, tres–, otro en los nuevos gobiernos regionales y locales, y uno más en los medios que han respaldado tanto la política del Gobierno en el referéndum como su propuesta ante la crisis del Ministerio Público.
En esta coalición, la de mayor respaldo en la sociedad, la novedad es la bancada liberal porque más allá del número de sus integrantes expresa una apuesta por una identidad maltratada los últimos 25 años por la derecha económica, al punto que las críticas más duras contra el nuevo grupo parlamentario provienen de ese sector hortelano, que ni son liberales ni dejan que otros lo sean.
La segunda es la coalición de la resistencia, ahora claramente dirigida por el Apra y obviamente por Alan García, a la que se adscriben varios grupos o humores conservadores y algunos espacios claves del Estado. Al romperse o agrietarse la alianza entre Fuerza Popular y el Apra, la derecha sin partido, que no es poca cosa en el país, se siente liberada de su apoyo al fujimorismo y coincide principalmente con las tesis apristas respecto a la reforma política y judicial. No es predecible el destino de esta coalición, desde el respaldo a un Bolsonaro –¿ya es muy tarde para que aparezca?– hasta la reincidencia en el apoyo a García como el año 2006. El reclamo por una identidad claramente derechista es creciente en el país y recorre los restos de lo que fue la centro derecha peruana.
La tercera es la coalición constituyente, con escaso peso en la elite nacional, pero con una fuerte vigencia en los movimientos sociales organizados y en las regiones, liderados por Verónika Mendoza, Marco Arana y varios líderes y autoridades regionales. Esta coalición simpatiza con Vizcarra y respalda su política contra la corrupción, pero su programa es otro; no se agota en una nueva Constitución o en una Asamblea Constituyente sino en un programa todavía difuso, en donde caben las políticas ambientales y de género, pero también el viejo descentralismo.
En este cuadro, el fujimorismo aparece como el más damnificado. Ha pasado de tener una mayoría autosuficiente en el Congreso y de manejar una política de alianzas con partidos y gremios empresariales, a un aislamiento riguroso. Fuerza Popular sigue teniendo la mayoría en el Congreso, pero esa mayoría está fuertemente condicionada por el resultado del 9 de diciembre, el precario (des)equilibrio interno y la situación judicial de Keiko Fujimori. De algún modo, Fuerza Popular está presa de su propia mayoría, con una escasa capacidad de movimiento.

Lo nuevo es que estas coaliciones actúan de cara a la opinión pública, el gran elector que les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria el 9 de diciembre. En esa dinámica los giros bruscos son moneda corriente, las rectificaciones y por supuesto las traiciones, una sucesión de pequeños dramas y comedias bajo el signo de una etapa en la que el cambio es un parto doloroso.

jueves, 3 de enero de 2019

2018, la rebelión inconclusa

https://larepublica.pe/politica/1383754-2018-rebelion-inconclusa
La República
La mitadmasuno
28 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Hay más certezas de que el 2018 empezó mucho antes, quizás en julio del año 2016, con un gobierno dividido, entre una presidencia precaria y autolimitada y un Congreso autosuficiente, y que acabará muchos meses más adelante, adentrados en el 2019, con un gobierno sin mayoría, con una presidencia más fuerte frente a un Congreso fragmentado y quizás autolimitado.
El largo 2018 no se parece a ninguna de las etapas que vivimos en las últimas décadas. Liberados de la palabra crisis, que ya nos dice muy poco, el término rebelión –como rechazo al poder, revuelta y resistencia– podría resumir lo vivido como un conjunto turbulento e inconexo de varios movimientos cuyos rasgos más definidos son la crítica y la radicalidad más que el cambio mismo, un escenario donde caben la áspera denuncia popular contra las élites, el empoderamiento solitario del presidente, la popularidad de algunos jueces y fiscales, el extremismo de la derecha y el auge de lo que se denomina ética pública. La ética privada, ya sabemos, normal nomás.
La rebelión se topó con un sistema fuerte y a ello se debe que sus desenlaces sean limitados si se compara con la fuerza de los remezones. Esta etapa termina con el liderazgo político nacional descabezado y el Congreso vencido, como elementos que condicionan la apertura de una evolución insospechada por sus actores.
No nos engañemos. Ha terminado la disyuntiva y se inicia la transición, aunque la cuota de incertidumbre sigue siendo alta porque la llave de la gobernabilidad no está en poder de las instituciones sino de la sociedad. Esta no es una frase de cliché; el referéndum les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria. El plebiscito –de las urnas, encuestas, redes sociales y medios– será permanente en adelante.
Una parte de las principales instituciones, el Congreso, el Poder Judicial y la fiscalía, están heridas de muerte, pero no muertas. La extrema derecha cree que el Gobierno las quiere tomar, aunque en realidad este aplica una presión imprecisa para el cambio por dentro. Los verdaderos problemas son otros, sus liderazgos sangrantes y precarios, y su absoluta imposibilidad para reconstruirse. En eso consiste el carácter inconcluso de esta rebelión que el presidente Vizcarra intentó relanzar en su mensaje del 12 de diciembre, incorporando la reforma política, diálogo nacional y presión en corto al Congreso para avanzar en los cambios judiciales.
Vizcarra camina hacia un pacto con una parte del Congreso. El presidente debe ser el más interesado en no disolver constitucionalmente el Parlamento porque los plazos de la reforma –las siete leyes, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia– presionan más su agenda que la de la oposición.
La reforma judicial tiene una ruta “externa” más o menos cierta, aunque ilusiona demasiado con que las leyes curarán la corrupción. En cambio, la reforma política es un libro abierto que debe ser escrito cada semana con el riesgo de dejar hojas en blanco. En este punto, lo inconcluso de la rebelión consiste en reemplazar el “que se vayan todos” por el “que vengan los nuevos”, dos lógicas más contrapuestas de lo que suponemos.
Muy a menudo, es decir, casi todos los días, la rebelión es jalonada por las batallas judiciales que más allá de su importancia procesal, y de conjurar el riesgo de la impunidad, no pueden brindar más resultados políticos que los entregados entre octubre y noviembre. En este punto, los tribunales impactan menos a la espera de las revelaciones que promete el acuerdo de la justicia peruana con Odebrecht. Si estas informaciones son graves forzarán nuevos desenlaces, de modo que el sistema depende otra vez de testimonios procesales.

A esta rebelión le falta promesa; por eso no es revolución. La sucesión constitucional PPK/Vizcarra fue una experiencia tan escandinava que nos ha preparado para casi todo. En pocos meses hicimos con éxito travesuras constitucionales que para nosotros estaba solo en los libros. El país está preparado para más, pero el sistema resiste. Por eso también, esta rebelión es inconclusa. Alguien tiene que abrir la puerta a los grandes cambios.