La República
La mitadmasuno
19 de julio
Juan De la Puente
La crisis de la política y de las instituciones, que se procesaba en los salones del poder y en las portadas de los medios ha ganado la calle. Gracias a una desastrosa decisión del Congreso, se experimenta en pocos días un salto de calidad en la conciencia de la población; un pequeño sector lo ha hecho activamente, a pie, en las redes sociales y en el afán diario. Las cantidades no pueden ser importantes por ahora, pero desde 1997, cuando la sociedad civil se emancipó del fujimorismo, no se veía en las calles tanta distancia del pueblo con el poder.
Nótese que de por medio no se encuentra un conflicto social o demanda laboral, las circunstancias que han poblado las calles de reclamantes en la última década. La interpelación de estos días es política pura en estado sólido. Pero es más que eso; lo que se registra es la evolución inicial de la insatisfacción en indignación, un desarrollo de la tendencia advertida por varios estudios que dan cuenta desde el 2005 de la paradoja peruana de auge económico con descontento.
El inicio de una primavera peruana podría quedarse en un debut y despedida; tampoco tiene que ser necesariamente democrática o catalizada por la democracia en favor suyo. No obstante, a pesar de lo impredecible, su principal atributo es la autonomía respecto de la política cotidiana y de las formaciones partidarias. Su mérito consiste en un llamado serio a la reforma, ese desafío que el establishment subestimó con autosuficiencia. Es la convicción de un sector de la población de que la reforma política en el Perú ya no será con los partidos sino contra ellos.
Como en otras experiencias, el momento coincide con la pérdida del liderazgo político de personas e instituciones. Según el reporte de junio de la encuestadora GfK, tanto el liderazgo oficial como el opositor son desaprobados y en casi todos los casos, superan el 50%. En bloques generales, la población diferencia muy poco entre el papel del gobierno y de la oposición, y los cuestiona a ambos. Así, los rangos desaprobación/aprobación son cercanos entre el Congreso (76%/19%), el Poder Judicial (78%/18%) los ministros (69%/24%) y la oposición (56%/32%).
En la Argentina del 2001, el “que se vayan todos” era una demanda que alcanzaba al 70% de los encuestados. En el Perú del 2013, es probable que ese sentimiento le pertenezca ya a la mitad de la población y que los sucesos recientes eleven un poco más este índice. Es cierto, tal como sucedió en Argentina de esos años, que nada de esto garantiza una renovación del sistema político. Sin embargo, es un dato latente sobre el ingreso de la política a cuidados intensivos.
No sé si ello importará mucho a la política/antipolítica oficial del Perú de hoy. Por si no se sabía, desde el 2001 la política ha estado en piloto automático, más que la economía. El establishment operó bajo el argumento que no importa una mala política si se tiene una buena economía, retrasando cambios constitucionales básicos para el pacto social, estirando la tolerancia a la crisis de la administración de justicia, taponeando el reconocimiento de derechos y su universalización y barriendo debajo de la alfombra la corrupción, la crisis del Parlamento y el desguace de los partidos. Ahora mismo no les importa tanto si se tiene en cuenta el polémico acuerdo parlamentario de esta semana.
¿Está a tiempo el sistema político para evitar un “que se vayan todos”? Es muy probable, pero ello obligaría a los tomadores de decisión a renunciamientos y medidas ahora no prioritarias, como asumir una agenda reformista a pesar del veto de los poderes fácticos que se ilusionan con la eternidad de una democracia sin partidos; la recuperación del pulso de la sociedad sin anteojeras ideológicas; y la reanudación del dialogo social como una vía inigualable de relación con los gobernados. El primer paso debería ser el cese de la guerra política desatada hace cuatro meses.
