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martes, 31 de diciembre de 2019

Memoria y alegato de AGP

https://larepublica.pe/politica/2019/12/13/memoria-y-alegato-de-agp-juan-de-la-puente-la-mitadmasuno/
La República
La mitadmasuno
13 de diciembre de 2019
Juan De la Puente
Fui invitado por el Instituto de Gobierno de la USMP a comentar las memorias del ex presidente Alan García Perez, Metamemorias, junto a los profesores Hugo Neira y David Hidalgo, quienes analizaron enjundiosamente el texto desde la acción de gobierno y la condición humana, respectivamente. En mi caso, me interesó mucho el testimonio de García desde la historia y la actividad militante.
Las de AGP y de José Rufino Echenique –publicadas por Jorge Basadre y Félix Denegri en los años cincuenta– son las únicas memorias de ex presidentes peruanos en un país sin memoria y sin memorias. A ellos se sumarían las que se afirma elabora el ex presidente Francisco Morales Bermúdez, y las que habría dejado el ex presidente José Pardo y Barreda –según me comenta Fernán Altuve– y que sus descendientes habrían preferido mantener inéditas.
Nuestra historia cuenta con las memorias gubernativas de virreyes al terminar sus funciones; las colecciones epistolares de presidentes, ministros, generales y caudillos; los mensajes presidenciales a la Nación; y las memorias gubernativas de funcionarios de menor rango. Agregaríamos a ese bagaje algunos textos en modo de alegatos, como el de los ex presidentes Augusto Leguía (Yo tirano yo ladrón), José Luis Bustamante y Rivero (Tres años de lucha por la democracia en el Perú) o los tres textos sobre la guerra con Chile que salieron del dictado que hiciera el mariscal Andrés A. Cáceres en los años que residió en Berlín, entre otros.
He accedido al libro de AGP con objetividad y respeto, manteniendo obvias diferencias con algunas reflexiones, sobre la izquierda, por ejemplo. Encontré un texto a medio camino entre la memoria y el alegato, escrito de modo épico y directo, y que corresponde a un autor en movimiento, sin reposo. No son las memorias de un jubilado. Es un testimonio que intercala el relato en primera persona con la observación desde lejos, siempre arribando a la política, desde la historia, literatura, filosofía y la política misma.
El texto de 500 páginas y 12 capítulos acompaña la evolución de García desde el aprismo en su versión popular progresista (1977-1987) a su aprismo liberal (2006-2019), a tono del comentario que alguna vez me hiciera Armando Villanueva sobre varios modos de pensar el aprismo luego de Haya de la Torre.
En sus páginas he encontrado algunas notables sorpresas como la interpretación marxista del surgimiento del Apra, con mención de Gramsci incluida, como un esfuerzo de construir una hegemonía social más allá de la fundación de un partido, y una crítica poco velada a la Constitución de 1979 que, anota, concedió al Estado un papel hipertrófico, en parte porque Haya ya estaba ausente por su enfermedad.
La parte que me parece más lograda reúne el relato en primera persona entre los años 1977 y el fin de su primer gobierno: son 120 páginas relatadas desde una autocrítica programática y no ideológica, como se lo ha exigido la derecha desde entonces.
Mención aparte merece su recuento de la campaña electoral del 2016 en el que lista cinco errores, entre ellos basar su candidatura en el recuento de obras y no en el mensaje de cambio, y la referencia a Alberto Fujimori, aliado, enemigo y nuevamente aliado, pero sobre quien decidió no ejercer ni venganza ni escarnio, reconociendo que fue juzgado en un proceso apasionado, público y justo.

El síndrome de Moisés

https://larepublica.pe/politica/2019/12/06/el-sindrome-de-moises-juan-de-la-puente-la-mitadmasuno/
La República
La mitadmasuno
6 de diciembre de 2019
Juan De la Puente
El relato del éxodo es el del éxito de Moisés para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia y conducirlo a la Tierra Prometida. Como se sabe, este tránsito desde el sufrimiento hacia el bienestar tuvo un momento crítico, uno de muchos, cuando luego de un tiempo, al no aparecer lo prometido, el pueblo se volvió contra Moisés.
La disolución del Congreso tuvo como principal clave simbólica que habría otro Congreso, y que este sería superior al disuelto. Formaba parte de esa promesa, el entendimiento de que, sin la obstrucción de la mayoría parlamentaria, el proceso político se abría a la renovación de las ideas y de las personas, en el marco de un proceso electoral superior y una gobernabilidad eficiente y no solo estable.
Esta promesa no se está cumpliendo, lo que no hace mejor al Parlamento disuelto sino cuestionable lo que ha sobrevenido luego del 30 de setiembre. De hecho, el proceso político no se ha renovado porque los temas y las voces de la agenda pública -fragmentada y manoseada- siguen siendo las mismas en la forma y contenido. En ese punto, la renovación es un desafío.
No se puede borrar de un plumazo el gran tema de la corrupción de la agenda pública, ni pensarlo. No obstante, esta no se ha ampliado, y daría la impresión de que fuera de los casos Lava Jato y el Club de la Construcción, se progresa poco en la defensa de esa parte de la legalidad democrática.
No se puede afirmar que la campaña electoral es prometedora. La mitad de este proceso ya ha sido “jugado” con la liberación de Keiko Fujimori y las revelaciones del financiamiento secreto de las empresas a Fuerza Popular. La otra mitad ofrece un cuadro de menor calidad que los procesos electorales de los años 2011 y 2016, con dos “grandes” temas que todos repiten, la inmunidad y el sueldo de los congresistas. Al escuchar esas prioridades es imposible no pensar que ambos temas pueden ser tratados la primera semana del nuevo Congreso. ¿Y el resto del tiempo?
Los disparos al pie que el gobierno se da, no son anécdotas. Cada uno le ha costado un ministro y un lento proceso de pérdida de aprobación y acaso de legitimidad. En este punto, las omisiones mayores del Ejecutivo son su falta de compromiso con la campaña electoral, se entiende no para respaldar a un partido sino para movilizar a los ciudadanos poniendo sobre la mesa los asuntos que deberá encarar el país, incluyendo su nuevo Congreso los próximos meses.
Que un gobierno no postule a un partido en las elecciones, no significa que se desentienda de ellas en nombre del buen gobierno, especialmente si vivimos en un vecindario últimamente movedizo que pone a la defensiva al gobernante más reconocido.
Al perderse la escasa movilización en favor del cambio que se había logrado en la etapa de la disolución del Congreso, se pierde también el compromiso de los ciudadanos, con el consiguiente riesgo de que aumente el porcentaje de abstención y de los votos viciados y blancos.

Este resultado sería un revés para la transición y un efecto contrario al que tuvo el referéndum de diciembre del año pasado. Estaríamos, por ejemplo, ante la cancelación temprana de una prometedora transición democrática, con las puertas abiertas a otros fenómenos y experimentos.

A propósito de la desigualdad

https://larepublica.pe/politica/2019/11/29/a-proposito-de-la-desigualdad-juan-de-la-puente-la-mitadmasuno/
La República
La mitadmasuno
29 de noviembre de 2019
Juan De la Puente
La publicación del informe El Reto de la Igualdad, una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú (PNUD, 2019), es una buena noticia en medio de la reapertura de la discusión nacional sobre la desigualdad, a propósito de los sucesos en Chile, Ecuador y Colombia.
El informe actualiza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), decantándose por un enfoque territorial del desarrollo, considerando su condición integradora, es decir, la posibilidad que brinda para apreciar la evolución de indicadores en un país diverso social y geográficamente, susceptible de comparaciones más detalladas, más util que la visión generalista de costa, sierra y selva. Es en el territorio, en el que se articulan la sociedad y el Estado de manera íntima, donde se puede apreciar y encarar con más eficacia los retos del desarrollo.
Es además sugerente que el informe elija como unidad de análisis territorial a la provincia y no del departamento. La razón definitoria que exhibe es que se puede planificar mejor desde la provincia porque son menos diversos que los departamentos y porque, por otro lado, las economías de escala se aprovechan mejor a nivel provincial que distrital.
Añadiríamos dos razones más, que el recurso humano puede ser mejor potenciado en la provincia, en tanto que en esa unidad del Estado puede localizar determinados órganos de control y gestión.
El informe contiene varios hallazgos que deberían incorporarse al diseño de políticas públicas, como hace 10 años se hizo con el Índice de Densidad del Estado (IDE). Uno de los datos mas relevantes es que relaciona el desarrollo con la altura de los territorios, encontrando que hay más desarrollo humano en los distritos de costa baja, que se va reduciendo mientras sean más altas las zonas donde se asientan las poblaciones, hasta llegar a la sierra alta, el piso altitudinal de menor IDH, registrando una brecha de 35%. Este número es una expresión de desigualdad abierta, directa y desnuda.
Otro dato valioso para entender el proceso político de la descentralización, puesto en tela de juicio por una visión conservadora y facilista que sostiene que luego de 17 años ha fracasado, es el que relaciona el centralismo con el desarrollo, con incidencia directa en las unidades más básicas, los distritos. Así, reporta que los distritos con mayor IDH se concentran en Lima Metropolitana, de modo que, en la lista de los 30 distritos con más desarrollo humano, 20 son de Lima y 2 del Callao.
Finalmente, el estudio registra procesos de avances y retrocesos, con un grupo de provincias de bajo IDH pero que están en ascenso, y otro preocupante grupo que teniendo ya un bajo IDH están rezagados, especialmente en Puno, y en la sierra de Lima, La Libertad y Áncash.

El documento relaciona la eficacia del Estado con desarrollo humano ratificando que no basta que el Estado llegue a los territorios, sino que se generen procesos sostenidos de bienestar en el tiempo. En este punto, debería ser nuevamente analizado el carácter de las demandas de las poblaciones especialmente en los casos de los conflictos sociales que se centran exclusivamente en las obras de infraestructura, subestimando otros ejes del desarrollo sostenible relacionados con la calidad de la prestación de servicios y acceso a derechos.