El discurso político del soborno

http://larepublica.pe/politica/1212095-el-discurso-politico-del-soborno

La República

La mitadmasuno

16 de marzo de 2018

Juan De la Puente

Las tres entregas de las declaraciones de Jorge Barata, ex responsable de Odebrecht en el Perú, publicada por IDL Reporteros, resumen la narrativa, mayoritaria y vigente, del papel de la empresa en el país, y no solo atribuible a una empresa extranjera. Como sucedió en algún momento con los vladivideos, su estudio es aleccionador respecto del discurso político de lo ilegal. Si entonces nos ilustraba sobre los entresijos del poder oscuro, ahora nos ilustra sobre la relación el poder y el financiamiento ilegal, su naturaleza y objetivos.

Barata dice que el propósito del financiamiento a los políticos era “un tratamiento diferenciado; esperábamos ser recibidos por los gobiernos, tener posibilidades de participar en los proyectos, de ser bien vistos por los gobiernos de turno. Ese era el objetivo”. En ese punto, la empresa separaba la compra de la voluntad de los políticos con la coima, que sería una compra por proyecto. Señala que “la contratación (de una obra, se entiende) no estaba implícita al hacer la contribución de campaña, sobre todo porque las contrataciones eran hechas en niveles de gobierno, como ProInversión, que no conocían que habíamos hecho algún tipo de contribución”.

El ex directivo revela las interioridades de un sistema cuya eficacia no depende de las reglas de la democracia y el servicio público, sino del dinero. El financiamiento ilegal, soborno a políticos por donde se mire, abre las puertas “para poder tener acceso a los gobiernos de turno y poder facilitar nuestra vida en el país”, “no ser discriminados y lo que nos preocupaba más es que sabíamos que había otros contratistas, de otras nacionalidades que también hacían aportes de campaña. Si tomabas la decisión de no aportar seguramente no ibas a ser percibido de forma adecuada o en igualdad de condiciones con los demás”, según Barata.

Esta confesión se posa, para desmentirla, sobre una afirmación que ya lleva dos años recorriendo artículos interesados y que, palabras más o menos, indican que una empresa extranjera vino a corromper el mercado y el poder en nombre de un proyecto político. Queda claro que las operaciones de las empresas extranjeras, brasileñas y de otras nacionalidades, se han montado –con sus propias reglas y cuantías- sobre un modelo de financiamiento ilegal boyante y existente, y sobre un esquema del ejercicio del poder susceptible al dinero. Nunca la palabra “aceitar” fue empleada tan correctamente (“los integrantes de los partidos políticos conocen que todos los empresarios realizan sus aportes”).

Ahora mismo, cuando se inicia la campaña electoral regional y municipal, el testimonio de Barata se aplica a la cadena de empresas, sobre todo constructoras y que venden equipos, en el sentido que anota el brasileño: “Usabas parte de tus utilidades para hacer aportes en campaña, con el objetivo de ser bien tratados”. Este año, gracias al fracaso de la reforma electoral se repetirá el cuadro descrito por él: “el aporte que nosotros hacíamos a la campaña era hecho, primero, porque entendíamos que era el papel de las empresas que participábamos en el país.

Segundo, porque eso de cierta forma permitía darnos espacio y oportunidad para tener las puertas abiertas a un diálogo más fluido con el gobierno de turno. Ese era el objetivo de esas contribuciones. Hacían campañas regionales. Buscaban a veces a (los encargados de) algunas obras, y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros ómnibus que llevaba a nuestros trabajadores llevasen gente de ellos para algún mitin. Ese tipo de apoyo también ocurría”.

Finalmente, el testimonio es igualmente revelador sobre el Congreso. Según Barata, “entendíamos que el Poder Legislativo también tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país, así como el Ejecutivo. Pese a que el Legislativo en el Perú tiene un papel mucho más fiscalizador que promotor, también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”. Así se entiende que, de las 100 investigaciones parlamentarias de proyectos, ninguna haya tocado a Odebrecht.

Manual de crisis 1. La encuesta de Ipsos Perú. 30.12

Por Juan De la Puente

La reciente encuesta de Ipsos Perú revela que las claves de la crisis política que agita a las instituciones, partidos y medios, no se trasladan automáticamente a una opinión pública que procesa los datos con desconfianza en los actores y con salidas matizadas. Contra esa opinión pública incrédula y al mismo tiempo exigente, buena parte ella en las calles, se estrellan las estrategias.

Datos y tendencias. En una crisis en ascenso como la actual, con todos los escenarios abiertos debido de la debilidad de los actores y la fragmentación de los intereses, las encuestas muestran datos “nuevos”, directamente emanados de la coyuntura, y tendencias sobre proceso en curso de origen anterior que la crisis dinamiza. En la reciente encuesta de Ipsos Perú, hay por lo menos dos tendencias disruptivas que alteran la coyuntura. La primera es la caída del respaldo al indulto de Alberto Fujimori que se ubica en 56% frente al 65% de la medición en setiembre, 9 puntos menos que hace 3 meses. La misma encuesta abunda en datos que explican esa caída, es decir, la negociación con el gobierno para salvar a PPK de la vacancia.

La segunda es la caída de la aprobación de Keiko Fujimori, de 10 puntos en 2 meses, ahora en 29% frente al 39% registrado en octubre. Esta caída es más difícil de explicar en la medida en que son por los menos tres elementos a considerar en su debilitamiento público; las acusaciones de las que es objeto, la moción de vacancia presidencial que impulsó, y el indulto a su padre, rechazado por el 40% de peruanos.

Sin salidas vedadas. Entre los datos “nuevos” de la encuesta, se encuentran tres que merecen una atención desagregada. El primero, que la mayoría de peruanos (53%) se muestra a favor de la vacancia, lo que de hecho es una variable de la crisis que pone sobre el tapete que, para un amplio sector de la sociedad, la salida de PPK del poder no estaba asociada necesariamente a un juego golpista o identificado este, era tolerado.

Al mismo tiempo, y en segundo lugar, nótese que solo el 38% de personas cree que PPK no debió ser vacado, en tanto que un sorprendente 29% cree que debió producirse una sucesión constitucional de sus vicepresidentes, la vía que PPK hábilmente cerró al forzar la amenaza de renuncia de estos, asustando a una parte del Congreso. No deja de ser igualmente importante que el 24% apueste a nuevas elecciones, mucho y poco por donde se le mire: poco por el porcentaje, pero mucho considerando la crisis está en ascenso. Puede parecer poco auspicioso para los mensajes ”PPK o nada” o “PPK es democracia”, pero queda claro que, en esos momentos, y aun ahora, no hay salida vedada a la crisis política, entre el “quédate PPK”, “que solo se vaya PPK” o “que se vayan todos”.

Cambio y reconciliación. Entre los datos “nuevos” quizás uno sea el más provisional de todos, es decir la brecha que se abre entre el cambio y la reconciliación. Según la encuesta, el 80% de peruanos quiere cambios en el gobierno, pero solo el 45% cree que en el esquema de reconciliación. Esta brecha puede leerse como la persistencia a pesar de la crisis, de un escenario donde los ciudadanos reclaman cambios firmes, pero no necesariamente dramáticos, sea porque no creen en la posibilidad de un giro gubernamental o porque consideran que es más importante el fondo que la forma.

Esta brecha deja al Gobierno con poco margen de maniobra en relación al gabinete, lo que se reitera en la comparación del 80% de peruanos que exige cambios y los que –algunos son los mismos-piden ministros independientes (53%). Una de las explicaciones, más allá de la desconfianza a los políticos como actores de cambio, es el diseño de mensaje: “tu cambio no es mi cambio, tu reconciliación no es mi reconciliación”.

El retorno del lado oscuro

http://larepublica.pe/politica/1163860-el-retorno-del-lado-oscuro

La República

La mitadmasuno

29 de diciembre de 2017

Juan De la Puente

"Tus débiles habilidades no pueden

competir con el poder del Lado Oscuro"

Darth Sidious/Palpatine (Star Wars).

Alberto Fujimori está libre. Su indulto es el acto menos reflexivo de Pedro Pablo Kuczynski respecto de sus consecuencias. El hecho de que sea ilegal y que fuese negociado poco menos que en vivo en directo, lo hace más espectacular en medio de una crisis donde los actores –casi todos- deambulan sin guion satisfechos con su parlamento. Es una puesta en escena perfecta para una crisis que se antoja extraña y cada vez más implacable con sus protagonistas.

El hecho de que la libertad de Fujimori no fuese deseada por el fujimorismo oficial, por la elite peruana y un sector democrático con memoria, pero si por la mayoría de peruanos, indica que se ha liberado no solo a un hombre, sino a una bandera. Su liberación es un poderoso mensaje que impacta a la sociedad. Proyecta ideas-fuerza que serán vigentes por mucho tiempo: que la impunidad es socialmente aceptada, que la democracia perdona a los dictadores, que las víctimas no son importantes para la alta política, y que el olvido de los pueblos es tan vigente como la memoria de los mismos pueblos.

Nadie como Fujimori resume el Perú de hoy, pero sobre todo lo explica, especialmente el sistema político que se creía curado de él. Su libertad vía indulto era el eslabón que faltaba para unir los dos ciclos del Perú, 1990-2000 y 2000-2017. Fujimori condenado y sentenciado era la expresión del primer ciclo, y a quienes se juzgaba recientemente son los grandes protagonistas del segundo ciclo. Con Fujimori libre no tiene sentido separar un período del otro; en menos de tres días, el Perú fue derrotado dos veces por la corrupción, la del presente y la del pasado.

El indulto es un golpe a la política postfujimorista o posterior al año 2000. Imposible no pensar que para algunos peruanos -¿pocos, muchos?- la liberación de Fujimori puede ser una llama de esperanza. Se trata de un político con un peso específico en la historia; es el único caudillo que en casi tres décadas ha dado forma a un pueblo, el pueblo fujimorista, y ha creado por contraposición el otro pueblo, el pueblo antifujimorista.

Su liberación pone a los dos pueblos en crisis porque los activa e interpela, los enfrenta al corto plazo, les pide cuentas inmediatas y los fuerza a definir estrategias. Por ello, tiene por lo menos una base de discusión la hipótesis de que hemos retornado a los años noventa. No obstante, aun debemos saber el tipo de división que se ha emplazado entre nosotros porque, aunque parezca surrealista, una parte del fujimorismo no bota espuma por la boca sino habla lenguas extrañas: puentes, gobernabilidad, tolerancia y reconciliación; en tanto que otra, la oficial, está callada escuchando su propia voz y como dice el poema “con sus demonios de debajo”. El tercer fujimorismo, el más grande y atroz, el de a pie, es un ejército de zombies que vaga por su cuenta creyendo que este es el momento de morder y matar.

Es probable que el mismo Fujimori no sepa qué hacer con su libertad y que el segundo paso se le sospeche arriesgado. Sus dos primeros dilemas son, si debe dividir su legado (léase Fuerza Popular), y cómo debe hacer la política (directa o indirectamente). El país que encuentra es más pragmático y más impaciente, en suma, más fujimorista que él. Por otro lado, él no es Haya de la Torre, un político perseguido por poderes económicos y clases oligárquicas; y tampoco es Belaunde, un patricio de la democracia, golpeado, que regresó 12 años después, revindicado. Forzar el retorno tendrá un precio, considerando la fuga, la renuncia por fax, la extradición y la sentencia por corrupción y delitos de lesa humanidad.

Por estas razones, es extraña la pretensión de forzar la reconciliación desde el indulto, una apuesta que hasta suena ofensiva al no considerar los medios, los fines y los plazos. No puede haber reconciliación con jóvenes gaseados en las calles, con magistrados del TC a punto de ser destituidos acusados de conspirar contra militares que no quieren someterse a la justicia en casos graves de violación de DDHH, o con una campaña en curso que tacha de terroristas a los organismos defensores de los DDHH.