viernes, 10 de agosto de 2018

El Estado mafioso (I, II, III y IV)

Esta es una serie de cuatro artículos publicados en La República desde el 27 de julio al 17 de agosto de 2018, a propósito de los audios difundidos por la prensa, que revelan la corrupción judicial y politica.
La República
La mitadmasuno

27 de julio 2018
El Estado mafioso (I)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1286366-mafioso-i
Según el académico venezolano Moisés Naím, el Estado mafioso es un híbrido moderno de cuya existencia no hemos reparado del todo, caracterizado por una dinámica nueva, donde no es el crimen el que toma al Estado, sino el Estado coopta a las redes criminales, no para erradicarlas sino para ponerlas a su servicio.
El actual escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Ya no se puede argüir que se trata del contagio brasileño a un sistema supuestamente honrado, o la evolución lineal de nuestra larga historia de corrupción reseñada en el texto de Alfonso Quiroz (Historia de la corrupción en el Perú. Lima. 2003. IEP). Tampoco sería apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, aunque sostengo que los audios de julio nos colocan en otro nivel. Para allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional en sus dos recientes grandes ciclos, 1990-2000 y 2001-2016, el primero en un contexto autoritario y el segundo en una etapa democrática.
En un análisis inicial, el colega César Romero (La República) identifica en el caso de los audios, dos redes delictivas. La primera –la Red Nº 1- encabezada por un vocal de la Corte Suprema, que se habría infiltrado en la Corte Superior de Justicia del Callao y en el distrito fiscal del Callao. La otra –la Red Nº 2- la encabezaría un antiguo operador montesinista, cuyo grupo, al que pertenece el dueño de una universidad de reciente data, habría tomado el CNM y la ONPE. Lo difundido hasta ahora demuestra que las altas instancias de la fiscalía y el Poder Judicial (PJ) han sido por lo menos tocadas por ambas redes, de modo que su descubrimiento ha impedido un daño mayor.
La cuantía del daño está pendiente y por una razón añadida. Se precisa de un estudio en profundidad de la existencia de una tercera red, es decir, el concurso de políticos que desde otras posiciones en el Estado se sirvieron de las redes 1 y 2 para sus fines especiales en lugar de identificarlas para suprimirlas. Siguiendo la lógica de Naím, estaríamos ante un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, una toma del poder no tradicional pero que implica el matrimonio entre la política y el crimen.
En eso reside la gravedad que reportan los audios, y por esa razón fue correcto apagar la luz del CNM e iniciar un proceso de reforma que debería terminar en un cambio constitucional que disminuya el alto nivel de discrecionalidad que le otorga la Constitución vigente, y modifique su composición y la forma de elección de sus miembros. Por lo mismo, es urgente atender la virtual acefalía de la ONPE y recuperar su estándar de transparencia.
Los casos de Áncash y el Callao sirven como antecedentes de la falta de diligencia del poder para suprimir las redes corruptas. Son los botones de muestra del Estado mafioso que nos espera. En estas regiones, las redes sobrevivieron y se adaptaron y por lo menos en un caso, el Callao, su fortaleza se debe a la relación intensa entre el crimen, la justicia, el poder político y en algún momento la policía.
En Áncash, luego del estallido de la corrupción, el sistema judicial no culminó la limpieza. Ese año, 2014, la OCMA y su ente de control de la corte superior sancionaron a 52 servidores judiciales, entre magistrados y auxiliares, menos que el año anterior, y en los tres siguientes años, a 84 servidores. Al momento de redactar esta nota, no tenía los datos del Ministerio Público.

A nivel nacional, una revisión de las sanciones del órgano de control del PJ arroja el incremento brusco de sanciones (a 2.074 servidores el año 2015; 3.949 el año 2016; 5.361 el año pasado; y 2.483 en lo que va del año). La cifra de más de 13.800 sanciones en tres años y medio es alta y meritoria. No obstante, quizás porque el número de auxiliares es mayor a la de magistrados, o porque la pita se rompe por el lado más débil, las sanciones a los jueces y vocales no supera el tercio del total. Asimismo, la mayoría de las sanciones son amonestaciones y multas. Desde el 2015 a la fecha solo han sido suspendidos 169 magistrados, y sobre 132 pesa la propuesta de destitución.
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3 de agosto 2018
El Estado mafioso (II)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1290643-mafioso-ii
El escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Es cierto que no es apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, pero allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional. El entramado delictivo que acaba de ser descubierto presente dos redes operativas, pero la sorpresa reside –catarata de audios mediante– en una red en ciernes, la de los políticos que se sirven de las redes “tradicionales” corruptas para sus fines especiales, un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, especialmente advertidos en los diálogos que envuelven a varios miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Hasta ahora, la manera como se ha enfrentado la corrupción de los políticos o de las altas esferas tuvo tres constantes no concurrentes: la acción de la justicia, las investigaciones parlamentarias y la expedición de nuevas normas convencionales, especialmente las que definen nuevos tipos penales, aumentan las sanciones, evitan la prescripción de los delitos y estrechan los beneficios penitenciarios.
Los últimos 18 años han sido plenos de una legislación anticorrupción desordenada que, sin embargo, no logró impedir los actos ilícitos que se denuncian desde los Petroaudios, y el caso Ecoteva y Alejandro Toledo para adelante (años 2008 y 2013, respectivamente). La relación entre la batería de medidas legales y judiciales y las repuestas políticas contra la corrupción ha sido estudiada en otros países, en Italia, por ejemplo. El profesor Guiseppe Carlo Marino (Historia de la mafia; un poder en las sombras. 2002, ediciones B, España) sostiene que la lucha contra este fenómeno fue claramente concebida, planteada y llevada a cabo no como un capítulo de la represión de la criminalidad, sino como una empresa de liberación civil de un complejo sistema de poder, del que la criminalidad constituye solo un aspecto. En el caso específico de Sicilia –encuéntrese la referencia comparada con nuestro caso–, el Grupo Antimafia de la Fiscalía de Palermo fue el eje de un movimiento renovador de la magistratura, con jueces y fiscales empoderados y en actividad constante, al que complementaron medidas legislativas, políticas y administrativas. A esta renovación, el profesor Carlo Marino llama una revuelta legalista.
Esa revuelta está en ciernes en nuestra judicatura. Debe recordarse en el actual caso de los audios el rol desempeñado por la fiscal Rocío Sánchez y el juez Cerapio Roque, entre otros, y la batalla casi solitaria que libra el fiscal Juan Carrasco, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, contra Edwin Oviedo, respaldado este por la increíble casación de la Corte Suprema.
Si existe un imperativo político en esta hora en que se produce una dura batalla por la depuración de la Fiscalía y el Poder Judicial, es el respaldo a las decenas de fiscales y jueces probos que precisan de un mensaje claro de apoyo y protección. El peor escenario para estos propósitos es la guerra interna desatada en el Ministerio Público, un conflicto que no puede saldarse con la victoria de los denunciados. Si eso sucede, la revuelta contra la corrupción en las altas esferas habría muerto en la cuna.
Finalmente, la ofensiva contra la corrupción política que el presidente Martín Vizcarra iniciara con su Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio es prometedora por donde se le mire. Hasta ahora, el eje de la discusión han sido las posibilidades de un referéndum para la adopción de tres medidas de reforma política y una de reforma de la justicia.
No obstante, siendo esa posibilidad meritoria, especialmente si implica que los votantes decidirán sobre cambios de fondo bloqueados casi 20 años, son atractivas también otras posibilidades que fomentarían en el corto plazo la creación de los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, originados fuera de estas instituciones y sometidos a concurso público nacional. Si a ello se agrega un nuevo CNM con las mismas características, tendríamos en poco tiempo mejores posibilidades de que las redes mafiosas no alcancen a nacer.
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10 de agosto 2018
El Estado mafioso (III)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1294923-mafioso-iii
Las bases constitutivas del Estado mafioso están en marcha, son la promesa de la vida peruana, una expresión inversa al afán nacional resumido por Jorge Basadre a inicios del siglo pasado. A la forma tradicional de infiltración del delito a la política –especialmente el narcotráfico, contrabando y minería ilegal- una parte importante del sistema ha respondido con una apuesta mayor: la cooptación del Estado de las redes criminales por la vía de una alianza expresa para beneficio mutuo.
Se han creado las condiciones para esta evolución. A la capitalización política del crimen concurren varios fenómenos: 1) la existencia de un negocio mafioso, muy lucrativo como nunca antes, resultado de un desarrollo desigual que desborda el Estado con brechas en el acceso al bienestar (tráfico de tierras, seguridad privada, contrabando, al auge de la construcción; 2) la concurrencia de los intereses económicos y políticos de los grupos criminales y de una parte de élite nacional; 3) el control territorial de las mafias locales y regionales, protegidas u objetos de indiferencia; y 4) la inoperatividad del aparato público frente al crimen manifiesto.
El negocio mafioso es no solo rentable sino masivo, brinda empleo y seguridad, y es sostenible. El número de distritos y provincias que conviven con el crimen organizado se incrementa al igual que el número de mafias que se estructuran familiarmente. Pasemos del clásico ejemplo del poder del narcotráfico (17 mil presos en cárceles, de un total de 87 mil, y miles participando del negocio) a las redes que establecen las autoridades con grupos dedicados al tráfico de tierras, extorsionadores, tratantes de personas, madereros y mineros ilegales y contrabandistas. A la mexicana, el Perú ya no tiene mafias “puras”; en ellas se encuentran crecientemente policías, militares, alcaldes, regidores, jueces fiscales, gobernadores, etc.
Por otro lado, ya no se puede negar que determinadas redes ilegales gozan de protección política y en no pocos casos político-partidaria. En ese contexto, la noticia más desalentadora es que los dos magistrados, estrellas de los audios que se difunden estos días, beneficiaron a la organización criminal “Los Reyes de Puerto Shejo”, del Callao, con reducciones de pena o liberaciones a cambio de dinero, de acuerdo a un colaborador eficaz, cuyo testimonio ha aceptado la justicia, con lo que tendríamos un esquema estructurado de protección judicial, además de la política.
Sumando espacios donde se mueven los grupos delictivos protegidos por autoridades que deberían combatirlos, o que operan gracias a la falta de efectividad de los órganos del Estado, tenemos que en un porcentaje del país funcionan grupos criminales con cierta capacidad de movimiento e impunidad. Las redes delictivas peruanas ocupan ahora más territorio de lo que en su momento de auge tuvo el terrorismo.
El caso del distrito de La Victoria (Lima) es paradigmático: no se trata de los burgomaestres de Chilca, Santa Rosa o Punta Hermosa; a solo 20 cuadras del centro del poder del país, un alcalde organizó un grupo criminal desde el primer día de su gestión, una apuesta delictiva a plena luz del día –cobros ilegales, desvío de cobranzas, extorsión de comerciantes y alquiler de la vía pública- denunciada varias veces, sobre la que se difundieron informes periodísticos, inclusive.
En este caso, con esfuerzo, los valientes vecinos se enfrentaron al grupo criminal y junto a la organización Iniciativa Ciudadana formaron un comité de vacancia. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no retiró al alcalde mafioso de su cargo en marzo de este año, luego de una votación rocambolesca: solo un miembro del JNE respaldó la vacancia; otro votó porque se declare infundada la tacha interpuesta por el alcalde contra las pruebas presentadas, pero no votó en favor de la vacancia; un tercero pidió tres días de plazo para que el alcalde responda los cargos, y tampoco votó por la vacancia; y los otros dos votaron porque se convoque una nueva sesión del municipio de La Victoria para tratar la vacancia. Y así se hizo; el Perú es el país donde 2 votos son mayoría de 5.
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17 de agosto 2018
El Estado mafioso (IV)
Juan De la Puente
El desafío más importante de un país que se resiste a caer al precipicio del Estado mafioso es el funcionamiento del sistema y su entramado de leyes, hallazgos, procedimientos y sanciones, acompañados con insistencia de una política de prevención. Lamentablemente, salvo muy contadas excepciones, las partes de ese sistema han dejado de funcionar.
Empecemos por el reclutamiento de agentes estatales que lucha contra el delito. Los audios recientes reportan que gran parte del nombramiento de magistrados por el CNM fue en los últimos años una operación irregular que ha dejado un agujero grande, agregado al sistema “colaborativo” que implica la designación de magistrados provisionales, supernumerarios y funcionarios administrativos.
Sin embargo, el fracaso más sonado se evidencia por el creciente número de policías sancionados con el retiro de la institución debido a la corrupción. Según la Inspectoría General de la PNP, entre los años 2011 y 2015 se incrementaron estos retiros, pasando de 300 a 905. En ese período de tiempo abandonaron la PNP por corrupción 2.081 efectivos. El fracaso del reclutamiento policial es tan categórico que en mayo de este año se anunció que se cerrarán 14 de las 27 escuelas de policías, luego de documentarse que por lo menos 11 bandas desbaratadas entre el 2016 y 2017 contaban con miembros de la PNP.
Tampoco ha funcionado la prevención. El ejemplo más caracterizado quizás lo brinde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) creada hace 8 años como una coalición de instituciones públicas y privadas con el propósito de articular esfuerzos y políticas de mediano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción. La CAN, operativamente a cargo de personas de innegable probidad, tanto el año 2014, cuando el caso del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y ahora mismo, luego de 40 días de estallido de los audios, no ha podido formar un consenso en favor de un proceso movilizador contra la corrupción.
La CAN ha propiciado con acierto la elaboración de los planes sectoriales de lucha contra la corrupción. Sin embargo, de acuerdo al Informe Defensorial Nº 176, de la Defensoría del Pueblo, de marzo del año 2017, la revisión de los planes sectoriales anticorrupción concluyó que su cumplimiento era escaso, en un porcentaje del 45% y que otro 5% de actividades se cumplían fuera de la fecha programada. Más preocupante aún, se reportó que la mayoría de planes se elaboraban por rutina, sin consulta y sin participación; y que los indicadores de los planes no permitían evaluar el resultado de las acciones porque no medían aspectos relevantes de la corrupción.
Asimismo, desde hace tiempo se constata marcados fenómenos de impunidad frente a redes corruptas que toman el espacio del Estado, y que solo pueden ser desarmadas luego de un hito violento o espectacular, una constante que indica que sin un asesinato sonado (como el de Ezequiel Nolasco, en Áncash) o una revelación de envergadura (como los audios actuales), el sistema se inhibe porque las instancias decisorias están tomadas por el delito –el caso de la fiscalía respecto de la red criminal de Áncash– o porque la organización criminal tiene un pacto de silencio que incluye a medios de comunicación, que es el caso del grupo Orellana, que buscó aislar a los periodistas que lo combatían.

La mayoría de redes corruptas nacionales continúan operando, al igual que las redes locales. Solo habría que imaginarse la alianza entre crimen y justicia que han tejido las redes en los 14 distritos judiciales infiltrados por las mafias, revelado por el nuevo presidente del Poder Judicial.

Pacto sin retorno

https://larepublica.pe/politica/1281731-pacto-retorno
La República
La mitadmasuno
20 de julio de 2018
Juan De la Puente
El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha respaldado las marchas contra la corrupción del sistema de justicia, suscribiendo una alianza expresa con la opinión pública movilizada, apoyándose en ella, dándole voz a la calle esta crisis, y compensando un tanto su debilidad numérica frente al Congreso.
Vizcarra está tomando aire fresco, pero no solo es oxígeno. Este pacto implica un giro hacia la sociedad, de lo que precisamente carecieron sus primeros 100 días de gobierno. El preludio de este hecho ya presentaba logros; de hecho, las renuncias y procesos de las últimas dos semanas, luego de la primera entrega de lo audios por IDL Reporteros, se debieron a una coincidencia tácita entre la voluntad del gobierno y la indignación de los peruanos. Hasta ahí las cosas son de manual.
No obstante, el momento es inédito y ejemplar, como lo fueron los sucesos que vivimos desde las elecciones del año 2016. Es la primera vez en varias décadas que una severa crisis no tiene como centro al gobierno sino a otros poderes e instituciones, dejando a la presidencia del país con una amplia capacidad de movimiento y juego.
El Ejecutivo no es parte del problema. Todavía; Vizcarra y el premier Villanueva han desplegado algunas iniciativas audaces entre ellas la de exigir la renuncia de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como elemento imprescindible de la reforma judicial. Luego, con la creación de la comisión presidida por Allan Wagner y la promesa de trazar el 28 de julio las líneas gruesas de los cambios en la administración de justicia, han inaugurado un curso de reforma que no podrá ser cerrado fácilmente sin medidas de algún calado.
El gobierno resuelve en parte el problema de la etapa post PPK que era de una estabilidad un tanto vacía, sin promesas y sin centro de gravedad. Es un camino sin retorno que podría permitirle al país encarar con éxito la reforma que las sucesivas explosiones de la corrupción brasileña plantearon sin éxito.
El parte de esta batalla de dos semanas es promisorio; en 14 días se ha logrado más que en 14 años. El cuadro, con el jefe de la ONPE suspendido, el CNM acéfalo, un vocal supremo a punto de entrar a la cárcel, y el Poder Judicial –sacudido– debatiendo cambios a los que se resistió varios años, para más de uno es el escenario de un desorden, pero visto en la perspectiva de la infertilidad de un sistema que se niega al cambio, más que desorden es movimiento.

El Congreso está en serios problemas. Una crisis que se abre paso de la mano de una opinión pública indignada indica que por ahora valen más las voces que los votos. Fuerza Popular está siguiendo la pauta marcada por la calle y el gobierno, sin más estrategia que la defensa y la concesión, impactado por la situación de Héctor Becerril, cuya permanencia cada día en el Congreso representa el desangrado del fujimorismo.

Justicia, el cuarto elemento

https://larepublica.pe/politica/1277296-justicia-cuarto-elemento
La República
La mitadmasuno
13 de julio 2018
Juan De la Puente
En los últimos 50 años, hubo cuatro movimientos de reforma de la justicia, dos autoritarias e intervencionistas, en los años setenta con Velasco y en los noventa con Fujimori, de duración temporal y desmontadas luego; y dos de orden democrático, los capítulos IX, X y XI del Título IV y el Título V de la Constitución de 1979 (en la parte dogmática reiterada en la Constitución de 1993), y el CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) entre el 2003 y 2004.
En otro corte podríamos añadir que los tres primeros fueron de origen externo y el último un esfuerzo mixto de dentro y fuera del sistema. De los cuatro procesos, el único exitoso fue el de dimensión constitucional (1979) que instaló un sistema de justicia que rodeó al Poder Judicial (PJ) de organismos constitucionales autónomos y desarrolló por primera vez un régimen de garantías de la función jurisdiccional, un proceso completado luego por la creación de la Defensoría del Pueblo. El último intento, acaso el más ambicioso y plural, el CERIAJUS, fue desarmado por una alianza entre la Corte Suprema y algunas bancadas parlamentarias.
En una apretada síntesis se podría concluir que la justicia es quizás el área más manoseada del último medio siglo y con sonados fracasos, con un pequeño saldo favorable que habría que reconocer: la creación de una vigorosa jurisdicción constitucional (TC, procesos constitucionales y Código Procesal Constitucional) y el desarrollo de una línea jurisprudencial desde el TC y la Corte Suprema.
El país se enfrenta ahora a un nuevo movimiento de reforma, en otras condiciones, donde el primer eje de la discusión ya no es el financiamiento o la autonomía de las instituciones, sino la corrupción. El CNM es una pústula sangrante cuya reforma es una condición de cualquier otra acción de mínimo cambio y es probable que su reforma tenga más consensos.
No obstante, el escenario reformista es débil. El Congreso se resistió desde el inicio a una discusión de cambios de naturaleza constitucional, y ahora que ha estallado el escándalo, desde un argumento falso, Fuerza Popular se resiste a la reforma aduciendo que favorecería a la izquierda. En tanto, los primeros acuerdos en el Ministerio Público y el Poder Judicial apuntan a que parecen dispuestos a acompañar y participar activamente en el debate de los cambios, aunque no se sabe hasta qué límite y en qué plazos.
Debatiremos en caliente. De la corrupción judicial se tenían certezas y ahora se tienen pruebas, y la crisis a la que hemos ingresado violentamente durará varias semanas. El proceso tiene tres elementos que se superpondrán y alimentarán al calor de las apariciones anunciadas: 1) los audios que desnudan corrupción en el sistema de justicia; 2) los audios que descubren la relación entre magistrados y hombre públicos; y 3) la resistencia institucional al cambio, con correlaciones internas que permiten un pasito adelante y otro atrás, la vieja dinámica donde lo que tiene que morir se resiste en agonía y lo que debe nacer se demora, una complejidad dibujada por Luis Pásara en su texto valioso Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo (PUCP 2014).
El cuarto elemento está en debate, y se refiere a la capacidad de influencia de la sociedad para respaldar e imponer los cambios y desarmar las poderosas resistencias. Este elemento es el más decisivo, considerando que, desde la caída de Fujimori, nuestra democracia ha sido estéril para las grandes reformas salvo dos, la descentralización iniciada el 2002, y la reforma educativa iniciada el 2007.

En este momento, si a la propuesta del Ejecutivo se suma la propuesta del PJ, tendremos por fin una discusión nacional que debe salir de los salones del poder. En ese sentido, sería ideal que la movilización democrática iniciada haga suya con contenidos propios la propuesta de un referéndum que ha dejado el Gobierno en condicional, si el Congreso se negara a los cambios. Como la misma Constitución de 1979 lo demostró, la dinámica entre la participación y las instituciones, produce éxitos y conjura la posibilidad de fracasos.