Esta es una serie de cuatro artículos publicados en La República desde el 27 de julio al 17 de agosto de 2018, a propósito de los audios difundidos por la prensa, que revelan la corrupción judicial y politica.
La RepúblicaLa mitadmasuno
27 de julio 2018
El Estado mafioso (I)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1286366-mafioso-i
Según el académico
venezolano Moisés Naím, el Estado mafioso es un híbrido moderno de cuya
existencia no hemos reparado del todo, caracterizado por una dinámica nueva,
donde no es el crimen el que toma al Estado, sino el Estado coopta a las redes
criminales, no para erradicarlas sino para ponerlas a su servicio.
El actual escándalo
de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Ya no
se puede argüir que se trata del contagio brasileño a un sistema supuestamente
honrado, o la evolución lineal de nuestra larga historia de corrupción reseñada
en el texto de Alfonso Quiroz (Historia de la corrupción
en el Perú. Lima. 2003. IEP). Tampoco sería apropiado afirmar que nos hemos
graduado de Estado mafioso, aunque sostengo que los audios de julio nos colocan
en otro nivel. Para allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional en sus
dos recientes grandes ciclos, 1990-2000 y 2001-2016, el primero en un contexto
autoritario y el segundo en una etapa democrática.
En un análisis
inicial, el colega César Romero (La República) identifica
en el caso de los audios, dos redes delictivas. La primera –la Red Nº 1-
encabezada por un vocal de la Corte Suprema, que se habría infiltrado en la
Corte Superior de Justicia del Callao y en el distrito fiscal del Callao. La
otra –la Red Nº 2- la encabezaría un antiguo operador montesinista, cuyo grupo,
al que pertenece el dueño de una universidad de reciente data, habría tomado el
CNM y la ONPE. Lo difundido hasta ahora demuestra que las altas instancias de
la fiscalía y el Poder Judicial (PJ) han
sido por lo menos tocadas por ambas redes, de modo que su descubrimiento ha
impedido un daño mayor.
La cuantía del daño
está pendiente y por una razón añadida. Se precisa de un estudio en profundidad
de la existencia de una tercera red, es decir, el concurso de políticos que
desde otras posiciones en el Estado se sirvieron de las redes 1 y 2 para sus fines
especiales en lugar de identificarlas para suprimirlas. Siguiendo la lógica de
Naím, estaríamos ante un proceso de cooptación de grupos delictivos con
propósitos de largo plazo, una toma del poder no tradicional pero que implica
el matrimonio entre la política y el crimen.
En eso reside la
gravedad que reportan los audios, y por esa razón fue correcto apagar la luz
del CNM e iniciar un proceso de
reforma que debería terminar en un cambio constitucional que disminuya el alto
nivel de discrecionalidad que le otorga la Constitución vigente, y modifique su
composición y la forma de elección de sus miembros. Por lo mismo, es urgente
atender la virtual acefalía de la ONPE y recuperar su estándar de
transparencia.
Los casos de Áncash y
el Callao sirven como antecedentes de la falta de diligencia del poder para
suprimir las redes corruptas. Son los botones de muestra del Estado mafioso que
nos espera. En estas regiones, las redes sobrevivieron y se adaptaron y por lo menos
en un caso, el Callao, su fortaleza se debe a la relación intensa entre el
crimen, la justicia, el poder político y en algún momento la policía.
En Áncash, luego del
estallido de la corrupción, el sistema judicial no culminó la limpieza. Ese
año, 2014, la OCMA y su ente de control de la corte superior sancionaron a 52
servidores judiciales, entre magistrados y auxiliares, menos que el año
anterior, y en los tres siguientes años, a 84 servidores. Al momento de
redactar esta nota, no tenía los datos del Ministerio Público.
A nivel nacional, una
revisión de las sanciones del órgano de control del PJ arroja el incremento
brusco de sanciones (a 2.074 servidores el año 2015; 3.949 el año 2016; 5.361
el año pasado; y 2.483 en lo que va del año). La cifra de más de 13.800
sanciones en tres años y medio es alta y meritoria. No obstante, quizás porque
el número de auxiliares es mayor a la de magistrados, o porque la pita se rompe
por el lado más débil, las sanciones a los jueces y vocales no supera el tercio
del total. Asimismo, la mayoría de las sanciones son amonestaciones y multas.
Desde el 2015 a la fecha solo han sido suspendidos 169 magistrados, y sobre 132
pesa la propuesta de destitución.
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3 de agosto 2018
El Estado mafioso (II)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1290643-mafioso-ii
El escándalo de los
audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Es cierto que
no es apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, pero allá
vamos, dejando atrás la corrupción tradicional. El entramado delictivo que
acaba de ser descubierto presente dos redes operativas, pero la sorpresa reside
–catarata de audios mediante– en una red en ciernes, la de los políticos que se
sirven de las redes “tradicionales” corruptas para sus fines especiales, un
proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo,
especialmente advertidos en los diálogos que envuelven a varios miembros del extinto
Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Hasta ahora, la
manera como se ha enfrentado la corrupción de los políticos o de las altas
esferas tuvo tres constantes no concurrentes: la acción de la justicia, las
investigaciones parlamentarias y la expedición de nuevas normas convencionales,
especialmente las que definen nuevos tipos penales, aumentan las sanciones,
evitan la prescripción de los delitos y estrechan los beneficios
penitenciarios.
Los últimos 18 años
han sido plenos de una legislación anticorrupción desordenada que, sin embargo,
no logró impedir los actos ilícitos que se denuncian desde los Petroaudios, y
el caso Ecoteva y Alejandro
Toledo para adelante (años 2008 y 2013, respectivamente). La relación entre la
batería de medidas legales y judiciales y las repuestas políticas contra la
corrupción ha sido estudiada en otros países, en Italia, por ejemplo. El
profesor Guiseppe Carlo Marino (Historia de la mafia; un
poder en las sombras. 2002, ediciones B, España) sostiene que la lucha contra
este fenómeno fue claramente concebida, planteada y llevada a cabo no como un
capítulo de la represión de la criminalidad, sino como una empresa de liberación
civil de un complejo sistema de poder, del que la criminalidad constituye solo
un aspecto. En el caso específico de Sicilia –encuéntrese la referencia
comparada con nuestro caso–, el Grupo Antimafia de la Fiscalía de Palermo fue
el eje de un movimiento renovador de la magistratura, con jueces y fiscales
empoderados y en actividad constante, al que complementaron medidas
legislativas, políticas y administrativas. A esta renovación, el profesor Carlo
Marino llama una revuelta legalista.
Esa revuelta está en
ciernes en nuestra judicatura. Debe recordarse en el actual caso de los audios
el rol desempeñado por la fiscal Rocío Sánchez y el juez Cerapio Roque, entre
otros, y la batalla casi solitaria que libra el fiscal Juan Carrasco,
de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque,
contra Edwin Oviedo, respaldado este por la increíble casación de la Corte
Suprema.
Si existe un
imperativo político en esta hora en que se produce una dura batalla por la
depuración de la Fiscalía y el Poder Judicial, es el respaldo a las decenas de
fiscales y jueces probos que precisan de un mensaje claro de apoyo y
protección. El peor escenario para estos propósitos es la guerra interna
desatada en el Ministerio Público, un conflicto que no puede saldarse con la
victoria de los denunciados. Si eso sucede, la revuelta contra la corrupción en
las altas esferas habría muerto en la cuna.
Finalmente, la
ofensiva contra la corrupción política que el presidente Martín Vizcarra iniciara con su Mensaje a la Nación
del pasado 28 de julio es prometedora por donde se le mire. Hasta ahora, el eje
de la discusión han sido las posibilidades de un referéndum para la adopción de
tres medidas de reforma política y una de reforma de la justicia.
No obstante, siendo
esa posibilidad meritoria, especialmente si implica que los votantes decidirán
sobre cambios de fondo bloqueados casi 20 años, son atractivas también otras
posibilidades que fomentarían en el corto plazo la creación de los órganos de
control del Poder Judicial y del Ministerio Público, originados fuera de estas
instituciones y sometidos a concurso público nacional. Si a ello se agrega un
nuevo CNM con las mismas
características, tendríamos en poco tiempo mejores posibilidades de que las
redes mafiosas no alcancen a nacer.
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10 de agosto 2018
El Estado mafioso (III)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1294923-mafioso-iii
Las bases
constitutivas del Estado mafioso están
en marcha, son la promesa de la vida peruana, una expresión inversa al afán
nacional resumido por Jorge Basadre a inicios del siglo pasado. A la forma
tradicional de infiltración del delito a la política –especialmente el narcotráfico, contrabando y minería ilegal-
una parte importante del sistema ha respondido con una apuesta mayor: la
cooptación del Estado de las redes criminales por la vía de una alianza expresa
para beneficio mutuo.
Se han creado las
condiciones para esta evolución. A la capitalización política del crimen
concurren varios fenómenos: 1) la
existencia de un negocio mafioso, muy lucrativo como nunca antes, resultado de
un desarrollo desigual que desborda el Estado con brechas en el acceso al
bienestar (tráfico de tierras, seguridad privada, contrabando, al auge de la
construcción; 2) la concurrencia de
los intereses económicos y políticos de los grupos criminales y de una parte de
élite nacional; 3) el control
territorial de las mafias locales y regionales, protegidas u objetos de
indiferencia; y 4) la inoperatividad
del aparato público frente al crimen manifiesto.
El negocio mafioso es
no solo rentable sino masivo, brinda empleo y seguridad, y es sostenible. El
número de distritos y provincias que conviven con el crimen organizado se
incrementa al igual que el número de mafias que se estructuran familiarmente.
Pasemos del clásico ejemplo del poder del narcotráfico (17 mil presos en
cárceles, de un total de 87 mil, y miles participando del negocio) a las redes
que establecen las autoridades con grupos dedicados al tráfico de tierras,
extorsionadores, tratantes de personas, madereros y mineros ilegales y
contrabandistas. A la mexicana, el Perú ya no tiene mafias “puras”; en ellas se
encuentran crecientemente policías, militares, alcaldes, regidores, jueces
fiscales, gobernadores, etc.
Por otro lado, ya no
se puede negar que determinadas redes ilegales gozan de protección política y en no pocos
casos político-partidaria.
En ese contexto, la noticia más desalentadora es que los dos magistrados,
estrellas de los audios que se difunden estos días, beneficiaron a la
organización criminal “Los Reyes de Puerto Shejo”, del Callao, con reducciones
de pena o liberaciones a cambio de dinero, de acuerdo a un colaborador eficaz,
cuyo testimonio ha aceptado la justicia, con lo que tendríamos un esquema
estructurado de protección judicial, además de la política.
Sumando espacios
donde se mueven los grupos delictivos protegidos por autoridades que deberían
combatirlos, o que operan gracias a la falta de efectividad de los órganos del
Estado, tenemos que en un porcentaje del país funcionan grupos criminales con
cierta capacidad de movimiento e impunidad. Las redes delictivas peruanas ocupan
ahora más territorio de lo que en su momento de auge tuvo el terrorismo.
El caso del distrito de La Victoria (Lima) es paradigmático: no
se trata de los burgomaestres de Chilca, Santa Rosa o Punta Hermosa; a solo 20
cuadras del centro del poder del país, un alcalde organizó un grupo criminal
desde el primer día de su gestión, una apuesta delictiva a plena luz del día
–cobros ilegales, desvío de cobranzas, extorsión de comerciantes y alquiler de
la vía pública- denunciada varias veces, sobre la que se difundieron informes
periodísticos, inclusive.
En este caso, con
esfuerzo, los valientes vecinos se enfrentaron al grupo criminal y junto a la
organización Iniciativa Ciudadana formaron un comité de vacancia.
Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no retiró al alcalde
mafioso de su cargo en marzo de este año, luego de una votación rocambolesca:
solo un miembro del JNE respaldó la vacancia; otro votó porque se declare
infundada la tacha interpuesta por el alcalde contra las pruebas presentadas,
pero no votó en favor de la vacancia; un tercero pidió tres días de plazo para
que el alcalde responda los cargos, y tampoco votó por la vacancia; y los otros
dos votaron porque se convoque una nueva sesión del municipio de La Victoria
para tratar la vacancia. Y así se hizo; el Perú es el país donde 2 votos son
mayoría de 5.
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17 de agosto 2018
El Estado mafioso (IV)
Juan De la Puente
El desafío más
importante de un país que se resiste a caer al precipicio del Estado mafioso es
el funcionamiento del sistema y su entramado de leyes, hallazgos,
procedimientos y sanciones, acompañados con insistencia de una política de
prevención. Lamentablemente, salvo muy contadas excepciones, las partes de ese
sistema han dejado de funcionar.
Empecemos por el
reclutamiento de agentes estatales que lucha contra el delito. Los audios
recientes reportan que gran parte del nombramiento de magistrados por el CNM fue en los últimos años una
operación irregular que ha dejado un agujero grande, agregado al sistema
“colaborativo” que implica la designación de magistrados provisionales,
supernumerarios y funcionarios administrativos.
Sin embargo, el
fracaso más sonado se evidencia por el creciente número de policías sancionados
con el retiro de la institución debido a la corrupción. Según la Inspectoría
General de la PNP, entre los años 2011 y 2015 se incrementaron estos retiros,
pasando de 300 a 905. En ese período de tiempo abandonaron la PNP por
corrupción 2.081 efectivos. El fracaso del reclutamiento policial es tan
categórico que en mayo de este año se anunció que se cerrarán 14 de las 27
escuelas de policías, luego de documentarse que por lo menos 11 bandas
desbaratadas entre el 2016 y 2017 contaban con miembros de la PNP.
Tampoco ha funcionado
la prevención. El ejemplo más caracterizado quizás lo brinde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN)
creada hace 8 años como una coalición de instituciones públicas y privadas con
el propósito de articular esfuerzos y políticas de mediano y largo plazo para
prevenir y combatir la corrupción. La CAN, operativamente a cargo de personas
de innegable probidad, tanto el año 2014, cuando el caso del Fiscal de la
Nación, Carlos Ramos Heredia, y ahora mismo, luego de 40 días de estallido de
los audios, no ha podido formar un consenso en favor de un proceso movilizador
contra la corrupción.
La CAN ha propiciado
con acierto la elaboración de los planes sectoriales de lucha contra la
corrupción. Sin embargo, de acuerdo al Informe Defensorial Nº 176, de la
Defensoría del Pueblo, de marzo del año 2017, la revisión de los planes sectoriales
anticorrupción concluyó que su cumplimiento era escaso, en un porcentaje del
45% y que otro 5% de actividades se cumplían fuera de la fecha programada. Más
preocupante aún, se reportó que la mayoría de planes se elaboraban por rutina,
sin consulta y sin participación; y que los indicadores de los planes no
permitían evaluar el resultado de las acciones porque no medían aspectos
relevantes de la corrupción.
Asimismo, desde hace
tiempo se constata marcados fenómenos de impunidad frente a redes corruptas que
toman el espacio del Estado, y que solo pueden ser desarmadas luego de un hito
violento o espectacular, una constante que indica que sin un asesinato sonado
(como el de Ezequiel Nolasco, en
Áncash) o una revelación de envergadura (como los audios actuales), el sistema
se inhibe porque las instancias decisorias están tomadas por el delito –el caso
de la fiscalía respecto de la red criminal de Áncash– o porque la organización
criminal tiene un pacto de silencio que incluye a medios de comunicación, que
es el caso del grupo Orellana, que buscó aislar a los periodistas que lo
combatían.
La mayoría de redes
corruptas nacionales continúan operando, al igual que las redes locales. Solo
habría que imaginarse la alianza entre crimen y justicia que han tejido las
redes en los 14 distritos judiciales infiltrados por las mafias, revelado por
el nuevo presidente del Poder Judicial.
