sábado, 9 de marzo de 2019

Un presidente sin bancada

https://larepublica.pe/politica/1409138-presidente-bancada
La República
La mitadmasuno
8 de febrero de 2019
Juan De la Puente
Es paradójico que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tenga 62% de aprobación, pero carezca de bancada parlamentaria. Más extraño todavía que una parte de legisladores de las cuatro bancadas que orbitan a su alrededor deje claro que no es gobiernista; y más insólito, que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tampoco pertenezca a un grupo parlamentario.
La primera explicación es la pérdida de centralidad del Parlamento, es decir, su aislamiento y debilidad, sobrepasado por el torbellino que quebró el orden mayoritario del fujimorismo, coincidente con aumento del poder personal del presidente y de la importancia de la opinión pública y los medios para gestionar la agenda pública.
La segunda explicación es que el Congreso carece, incluso en el caso de las bancadas más numerosas, de grupos que operen como actores unitarios; al contrario, son actores individuales los que hegemonizan las relaciones internas y las relaciones con los otros poderes y medios. En el Congreso no existe multipartidismo sino “multibancadismo”, un escenario donde los grupos parlamentarios se han independizado de sus direcciones partidarias.
El Gobierno por ahora no sufre por la falta de adhesiones parlamentarias orgánicas. Su relación con el Congreso es tirante pero no borrascosa, mientras que los congresistas carecen de los dos incentivos clásicos para las coaliciones institucionales, la posibilidad de asumir puestos en el Ejecutivo, debido a que Vizcarra gobierna con un gabinete de técnicos de bajo perfil político; y de incidir en el programa de gobierno, porque carecen de un cuerpo sólido de propuestas de políticas públicas.
La actual posición de Vizcarra –alta aprobación más alta legitimidad- le permite no negociar con otros actores las principales líneas de su gobierno. Esto no significa que, en el futuro, el presidente no necesite de una coalición “arriba”. Es cierto que desde julio ha podido derrotar al Parlamento apoyado en la opinión pública y la mayoría de medios con los que coinciden en la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia. En ese sentido, no es demagógico afirmar que la alianza de Vizcarra es con el pueblo, un inédito caso de un gobierno minoritario, pero fuerte. Hasta ahora.
Lo que sucede recientemente en el Congreso con el juego de las actuales minorías revela los límites de una política sin coaliciones, sobre todo si se propugna el cambio. La pérdida de la mayoría absoluta del fujimorismo no ha significado la formación de una mayoría esencialmente gobiernista, sino la creación de un núcleo dirimente y retrechero, una opción más propia de los sistemas donde el gobierno está obligado a ganar votos en el Parlamento para las cuestiones esenciales. A esto se suma la actividad de los legisladores topo, que podrían llegar al 10% del total y la posibilidad de que en julio Fuerza Popular recupere el control de la conducción del Legislativo.
En ese escenario, la gobernabilidad no dependerá del cambio sino de la ausencia del cambio. La experiencia de América Latina es rica respecto a la necesidad de la formación de vastas alianzas institucionales y sociales para impulsar las reformas, con un saldo conocido: todos los fracasos del cambio democrático han estado precedidos de la falta de coaliciones, un aspecto de las democracias precarias que estudia con tardanza la teoría política en América Latina, tanto en su versión norteamericana –derivada de la elección racional- o europea, basada en la competencia política.
Se ha escrito y especulado bastante sobre las tensiones entre el Gobierno y el Congreso desde una perspectiva constitucional, es decir, cómo debe gobernarse. En este punto existe un consenso básico respecto al éxito obtenido por el Gobierno para imponer la vacancia del viejo CNM y las cuatro preguntas del referéndum, ganar ampliamente la consulta del 9 de diciembre, y arrancar la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y la expedición de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. La discusión pendiente es cómo hacer el cambio

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