lunes, 1 de julio de 2019

Temporada de liquidación sin ofertas

La República
La mitadmasuno
26 de abril de 2019
Juan De la Puente
El país estaba preparado para la prisión del expresidente Alan García, pero no para su suicidio. Esperaba su desaparición política pero no su eliminación física. El disparo que acabó con su vida hizo añicos las principales tendencias, instalando un clima de pasión extrema que acelera los procesos. Los nuevos códigos desbordan incertidumbre. El escenario se reordena con velocidad.
Como en todo drama, los símbolos nos ahorran palabras. García y su áspera carta a sus adversarios; Barnechea suicidándose ante el féretro del expresidente; el presidente Vizcarra visitando a PPK; Barata confirmando los aportes a los políticos presidenciables y las coimas. Y todos recurriendo a la historia como tribunal del presente.
La muerte de García no abre ni cierra, sino detona. La polarización julio-enero había empezado a relajarse desde cuando Vizcarra aparcó su conflicto con el Congreso, y la sociedad incrementó sus demandas de resultados, a tono de una agenda más plural. La tendencia era a la fragmentación de opciones. Ahora, la polarización ha retornado, pero con nuevas reglas de juego, la principal de ellas, la hegemonía de la política brutal. Lo que viene es una confrontación binaria, muy cerrada sobre todos los puntos de la agenda y especialmente arriba, con la cuota de extremismo que se advierte.
La muerte de García y la detención de PPK acaban de liquidar la coalición vizcarrista, ya debilitada. Esta ha sido partida en dos, colocando como divergentes al otrora dúo magistrados/presidente. Al mismo tiempo, ha fortalecido la coalición opositora conservadora, ahora briosa –y probablemente exitosa– en su reclamo contra los excesos de la prisión preventiva.
Las narrativas de celebración o ritualización del suicidio de García –con su sentido atávico y tribal de menosprecio a la muerte y al dolor– esconden la imposibilidad de movilizar a la sociedad en algún sentido. Es más, las recientes revelaciones de Brasil, que confirman la descomposición de la élite peruana, indican que como en ese país, los fiscales y los jueces peruanos son los propietarios de la lucha contra la corrupción, pero sin ciudadanos en las calles. En ese punto, ya se encuentra instalada como tendencia la liquidación de la lucha contra la corrupción.
Una conmoción social sin multitudes desafía a las teorías sobre las crisis políticas. Al juego de símbolos le falta el más importante, la emergencia de un proceso movilizador y democratizador. Lo que tenemos es una coyuntura sin contexto, quizás porque antes del suicidio de García otros habían decidido suicidarse a su modo, subestimando u oponiéndose a las urgentes reformas, lo único que ahora podría movilizar a los ciudadanos y legitimar cualquier liderazgo. No nos engañemos con el microclima de las redes sociales; ahí sobran likes y falta tecnopolítica.

La muerte de Alan García es un condensador simbólico que aviva la disputa en las élites e instituciones; le da continuidad al gran período crítico (re) abierto el 2016, pero con un rasgo nuevo: ya no hay rebelión reformista ni liderazgo para el cambio. Como en los viejos tiempos, no está en disputa el gobierno o el Congreso, sino la calle.

domingo, 30 de junio de 2019

Pobreza y políticas pobres

https://larepublica.pe/politica/1448184-pobreza-politicas-pobres/
La República
La mitadmasuno
12 de abril de 2019
Juan De la Puente
Las reacciones al reciente informe Evolución de la pobreza monetaria 2007-2018, que ha elaborado el INEI en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), reiteran la constante de opiniones muy diferenciadas sobre las políticas sociales, que son de plena complacencia con lo general o de pesimismo irreductible respecto a los detalles. Es cierto que a esto contribuye el INEI, que nuevamente se comporta como una oficina de imagen del Estado, resaltando las buenas cifras y ocultando las malas.
En una apreciación ponderada, deben ponerse en el mismo plano dos datos que dialogan seriamente: el 2018 se redujo la pobreza monetaria en 1,2% y por lo tanto 313 mil peruanos dejaron de ser pobres, en tanto que, en el área urbana, si bien la pobreza bajó 0,7% en números –no en porcentajes– se han incrementado los pobres en más de 200 mil en relación a los resultados del año 2016.
En este diálogo complejo entre lo general y lo específico habría que reconocer una mayor velocidad en la caída de la pobreza rural, que ha bajado 19 puntos en ocho años (de 61% a 42%) contra la pobreza urbana que apenas ha caído menos de 6 puntos en el mismo período (de 20% a 14.4%). Se puede anotar otro tanto respecto a las regiones naturales: en el período 2010-2018, por cada tres puntos de pobreza que se bajó en la sierra, solo se redujo un punto de pobreza en la costa.
Es desafiante la reducción de la pobreza en las zonas donde esta cayó sostenidamente desde el año 2001 pero que desde hace unos años evoluciona muy lentamente, la costa y el país urbano. Esta resistencia se debe a las limitaciones del financiamiento y a las múltiples formas que asume allí la vulnerabilidad social, a diferencia de las zonas rurales, con una pobreza más homogénea.
El correlato político de estos datos es más relevante de lo que se piensa, en un sentido distinto a la explicación inmediatista –y extremadamente relativa– que cree que existen más conflictos donde hay más pobreza. Los desagregados deberían incidir en ajustes de la actual política social plana, y en favor del registro de la evidencia y la sistematización de logros y fracasos, para desde ellos construir experiencias propias y exitosas. En cada caso –pobreza, pobreza extrema, anemia, desnutrición, saneamiento, producción, escolaridad– existe un registro de avances y retrocesos.
Como punto de partida debería aceptarse el fracaso relativo de la lucha contra la pobreza urbana, y asumir el desafío de reformularla a propósito de una nueva gestión en el MIDIS luego de la desastrosa y turbulenta experiencia inmediatamente anterior. La actual ministra, que fue crítica severa del programa Prospera, tiene ahora la oportunidad de mostrar avances contra la pobreza en las ciudades.

A pesar de los discursos triunfalistas, los indicadores resistentes asoman como elementos de una discusión de fondo de cara al 2021. Junto a lo urbano, nueve regiones, la mitad del territorio nacional, se mantienen en un nivel de pobreza de más de un tercio de su población, por lo menos 13 puntos por encima del promedio nacional. No se pueden negar los logros, pero la política está obligada a comprometerse con soluciones.

La rebelión ha terminado

https://larepublica.pe/politica/1443792-rebelion-terminado/
La República
La mitadmasuno
5 de abril de 2019
Juan De la Puente
El 2021 acaba de empezar. La rebelión de los últimos meses, el desafío que supuso la lucha contra la corrupción –vivida como un periodo turbulento e inconexo de crítica radical al sistema, y que empoderó al presidente Vizcarra– ha terminado.
Contando inclusive los avances institucionales que supondrían la nueva Junta Nacional de Justicia y los nuevos órganos de control de la fiscalía y el Poder Judicial, debe reconocerse que el sistema ha resistido bien y está ganando la partida.
El referéndum, que ya luce irreconocible, resolvió la disputa entre el Gobierno y el Congreso, e inició una transición signada por la incertidumbre sobre el cambio que sobrevendría al liderazgo político descabezado. Esta incertidumbre duró muy poco; la idea del cambio ha perdido peso, especialmente la madre de las reformas, la política.
Vizcarra se dirige a ser un presidente convencional y las instituciones tocadas por la rebelión, el Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público, se regeneran con códigos contrarios a lo nuevo. No necesitaron reconstruirse.
No es la primera transición trunca de nuestra historia y hay varias respuestas que buscar. Por ahora me parece que la clave es la debilidad de la coalición vizcarrista que estaba llamada a generar un gran movimiento en la sociedad. Esta coalición es muy débil arriba, no se ha construido entre la gente, se ha desmovilizado y no ha podido transformarse en un plebiscito constante. ¿Un ejemplo?, el premier se reúne solo con las bancadas parlamentarias mientras que una marcha de la sociedad civil que demanda derechos llega al Congreso.
En esas condiciones, la reforma en democracia no será posible. El Gobierno ha perdido su capacidad decisoria e ilusoria y no sé si podrá recuperarla. Es un revés serio que la aprobación presidencial caiga 12 puntos en un mes, pero es más peligrosa la convicción de que el presidente no tiene un plan claro para el desarrollo del país, que se dispara al 54%. Es duro reconocerlo, pero ambos datos implican la pérdida de la mayoría política en manos de una oposición sin cabeza y sin piernas.
Conjurando el pesimismo habría que reconocer que estos meses, y desde el período anterior, inclusive, ha crecido una conciencia social sobre aspectos cruciales de la agenda pública, como la transparencia, la rendición de cuentas y las libertades. El liberalismo de los derechos ha tenido mejor suerte que el liberalismo de las instituciones.
Los dos años que vienen no serán como el 2018, largo y tumultuoso, sino cortos y bochornosos, una sucesión de coyunturas livianas. Nos aprestamos a una alta rotación de cargos públicos y al aumento del reclamo de soluciones radicales, persuadidos la mayoría de peruanos de que el primer dato de esta etapa es la resistencia al cambio.

La cancelación de esta transición tendrá efectos en el fortalecimiento de la coalición conservadora, y acaso en la formación de una nueva coalición populista, autoritaria o no (es casi de manual que la frustración reformista arrastra propuestas experimentales), en tanto es un misterio el camino que tomará la coalición constituyente, lesionada desde el encuentro de Huancayo del 26 de enero pasado.