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martes, 24 de septiembre de 2019

A propósito de notables

https://larepublica.pe/politica/2019/09/13/a-proposito-de-notables/
La República
La mitadmasuno
13 de setiembre de 2019
Juan De la Puente
Uno de los argumentos contrarios al adelanto electoral reza que no es necesario porque el Congreso aprobó la reforma política, es decir, los proyectos priorizados por el Gobierno con ocasión de la cuestión de confianza anterior, y que el actual Parlamento podría hacer aún más cambios. Así, de modo oblicuo, se reconoce la necesidad de la reforma, a contrapelo de la oposición mayoritaria inicial del Congreso a los cambios.
Sería coherente que este argumento venga acompañado de un reconocimiento formal a los miembros de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, hostigados incesantemente por la mayoría parlamentaria. Tachados de “notables”, su especialización en la materia devenía casi en un delito, y en ellos se pretendía castigar la demanda de renovación que el sistema político reclama en voz alta y atajar a la crítica ciudadana a la falta de eficacia de las instituciones.
El desempeño de este grupo fue meritorio en la producción y el debate de los cambios en medio del ataque el mensajero y no al mensaje; y a pesar de que estamos en los inicios de la tarea, este paquete tuvo mejor suerte que los proyectos de reforma constitucional aprobados por el referéndum de diciembre pasado, probablemente porque en ese caso la implementación se complejizó y luce incompleto porque no fue aprobada la bicameralidad por un error compartido entre el Gobierno y el Congreso.
De los seis proyectos priorizados en la reforma política, los cuatro que se han convertido en ley renuevan y modernizan la legalización de partidos, poniendo fin a una parte del sistema político cerrado, cupular y plutocrático, aunque este último objetivo no se conseguirá totalmente mientras no se suprima el voto preferencial. En términos de derechos, sin embargo, las elecciones internas y las listas paritarias y alternadas, aún en proceso, son logros que enriquecerán el quehacer político de las nuevas generaciones.
Con o sin elecciones adelantadas, el curso de la reforma no debe detenerse. Quedan las otras dos reformas constitucionales que deben ser votadas por segunda vez y abordar los otros proyectos que no fueron priorizados, pero de crucial incidencia en el cambio político, como la regulación más equilibrada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para mejorar las prácticas de control mutuo, como la cuestión de confianza, la insistencia y el papel de las minorías en el Legislativo; la ampliación del mandato local y regional a 5 años; la elección parlamentaria en la segunda vuelta, entre otros.

El adelanto electoral, cuyo desenlace se posterga y se desenvuelve en cámara lenta, sigue siendo una oportunidad para redefinir actores para el cambio. La pugna alrededor del calendario electoral –si las elecciones son el 2020 o 2021- probablemente impida profundizar sobre la brecha entra la política y la sociedad que esta reforma está llamada a resolver, aunque mientras más demore el sistema en recuperar su legitimidad ante los ciudadanos, será más difícil curar las heridas causadas por la antipolítica y la contrapolítica. No basta que el liderazgo del país no quiera una asamblea constituyente; si desea impedirla, más allá del discurso temeroso deberían producir las reformas necesarias.

jueves, 12 de septiembre de 2019

Vacancia simbólica del poder

https://larepublica.pe/politica/2019/09/06/vacancia-simbolica-del-poder/
La República
La mitadmasuno
6 de setiembre de 2019
Juan De la Puente
El frustrado diálogo entre el Gobierno y el Congreso agudiza la confrontación. La colisión entre poderes se ha producido poniendo sobre la mesa dos dinámicas excluyentes, la disolución vs. la destitución, ambas salidas unilaterales y rupturistas con efectos diferenciados. La disolución del Congreso tendría un trámite jurídico –y jurisdiccional- borrascoso, en tanto que la destitución presidencial tendría un resultado caótico.
Confrontado con los plazos, el Gobierno tiene sobre sí la presión de los resultados inmediatos, una urgencia más exigida que al Parlamento, atrincherado y aislado de la sociedad, pero con una mayoría interna creciente. El comunicado de 7 bancadas en respaldo a Olaechea suma entre 85 y 90 votos.
En la sociedad, la colisión tiene sus códigos propios: 1) los peruanos se expresan mayoritariamente contra la vacancia de la presidencia; 2) rechazan con la misma intensidad al Congreso;  3) creen que Vizcarra debe dirigir la transición; y 4) demandan que se vayan todos. Son cuatro opiniones gruesas que, sin embargo, evolucionan singularmente, de modo que las opciones 1) y 3) podrían girar en sentido inverso. En cambio, no se espera que retrocedan las opciones 2) y 4).
Si bien estos datos son por ahora consistentes, sería incorrecto negarse a apreciar la principal tendencia que emerge de agosto, el primer mes sin salida a la transición: ambos poderes se han debilitado seriamente. De ahí que el efecto del choque de trenes presenta en la sociedad, por lo menos, un doble carácter: 1) nos acerca a una vacancia simbólica de las dos instituciones; 2) y demanda la emergencia de un movimiento, una coalición con una narrativa crítica de ambos contendientes.
Sea cual fuese el desenlace de esta pugna, el comportamiento autónomo de la sociedad es creciente, y en ella cabe tanto las demandas de renovación/reforma, ahora mayoritarias, como las que llaman a la ruptura en tonos más radicales, por la derecha o la izquierda. La puerta está abierta y por ella pueden ingresar ambas opciones, incluso convivir por un tiempo. Esa disyuntiva se aprecia en las movilizaciones en favor del adelanto de elecciones.
Mientras menos condiciones se tengan para un pacto de poderes –el fracasado diálogo reciente no será el último intento- hay más posibilidades de un pacto social contrario al poder. Es decir, el Congreso podría tener los votos para destituir al presidente Vizcarra, pero no hay votos que valgan para sortear la presión social dos años más.
Quienes teorizan sobre esta etapa de la vida nacional como si estuvieran frente a un tablero de ajedrez, creen que bastan los jugadores y el movimiento de piezas. Lamentablemente, esta no es solo una batalla de adversarios y piezas. Hay que recordar que esta es una transición y que “algo” está muriendo.
La pugna de estos años entre corrupción vs. anticorrupción y de reforma vs. inmovilismo, no ha renovado el sistema político, pero sí a la sociedad, por lo menos en términos relativos. Este periodo registra actores sociales nuevos –principalmente mujeres y jóvenes y comunidades territoriales- de modo que la correlación de fuerzas entre el poder y los ciudadanos se ha alterado. Los actores tradicionales han dejado de representar a una ciudadanía que reclama cambios que el poder no es capaz de poner a su disposición.

martes, 20 de agosto de 2019

Cuestión política y cuestión social

https://larepublica.pe/politica/2019/08/16/juan-de-la-puente-cuestion-politica-y-cuestion-social/
La República
La mitadmasuno
16 de agosto de 2019
Juan De la Puente

Quien se incomode porque esta etapa ha empezado a ser dinamizada –cuando no jaqueada- por las demandas sociales, debería reconocer que no existe una transición estrictamente política y que al abrirse la agenda pública, esta contiene todas las expresiones de una larga coyuntura crítica, irresuelta y acumulativa. Ese es el sentido de un proceso donde todo o casi todo se juega nuevamente, y no solo se barajan las cartas.
Es errada la idea de que en la transición, cuyos plazos se fuerzan desde el 28 de julio, solo existe una “cuestión política”. Las actuales batallas que se libran en los espacios institucionales derivan de una “cuestión social” que no puede ser negada, y que al ser irresuelta muestra una realidad que también reclama cambios fuera de los códigos partidarios. Todo ello hace de este escenario pleno de perspectivas relacionadas con la vida cotidiana de los peruanos.
La transición 2000-2001 sacrificó la cuestión social, a pesar de que las demandas por democracia habían incorporado críticas de fondo al modelo social y económico impuesto el 5 de abril de 1992. Solo que en la fase final del gobierno de Fujimori, la naturaleza del poder oscuro y la hegemonía liberal opositora en esa etapa, hicieron a un lado la agenda social de modo que la disyuntiva en las elecciones del 2001 fue fundamentalmente política. Distinto fue el derrotero de la otra transición, la de 1977-1980, donde ambas cuestiones, la política y social, fueron parte del proceso, reflejadas en el texto de la Constitución de 1979, en el contexto de una crisis económica en progreso.
Dos esferas componen la política peruana de estos días. La esfera externa es la más compleja, y la más desordenada. Allí se advierte más incertidumbre y es donde se queman etapas aceleradamente desde el año 2016: una sucesión constitucional, dos presidentes, pedidos de vacancia, cuatro gabinetes, tres cuestiones de confianza, 12 bancadas parlamentarias para 130 congresistas, una reforma constitucional con referéndum, un organismo constitucional desactivado, entre otros sucesos.
Pero la otra esfera, la interna, es la más decisiva y sobre ella se ha profundizado poco. Es el fondo del proceso que transitamos, el que hace gran parte de la promesa de cambio en esta hora, su motor y motivo, y que resume el agotamiento de un sistema que, siendo fuerte todavía y habiendo conseguido logros notables, no puede producir más un orden estable para satisfacer a una sociedad que ha cambiado radical y rápidamente en solo dos décadas, luego de la reducción de más de 35 puntos de pobreza y la duplicación de las clases medias.

El reclamo por un nuevo consenso que no sea exclusivamente político –que ya nos llevó a 20 años de cuerdas separadas- no puede quedar esta vez fuera. Por ahora, por tradición y programa, la centralidad de la cuestión social solo es enarbolada por la izquierda y los movimientos sociales, una fuerza todavía marginal en esta transición. Ahí reside quizás parte de las potencialidades de lo que se denomina “la calle”, una variable cuyo volumen y fuerza es todavía incierto, no para construir una alternativa radical y sectaria sino para promover un proyecto plural y amplio que se haga cargo del cambio democrático.