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sábado, 9 de marzo de 2019

La oposición vacante

https://larepublica.pe/politica/1413587-oposicion-vacante
La República
La mitadmasuno
15 de febrero de 2019
Juan De la Puente
A cinco meses de la primera detención de Keiko Fujimori, el liderazgo en la oposición está vacante, lo que no significa que no existan opositores y grupos opuestos al Gobierno, algunos virulentos, inclusive. De lo que carece la política actual es de alternativas a ese liderazgo solitario del presidente Vizcarra, lo que resume el vacío abierto el año pasado, que muestra un sistema descabezado, pero en movimiento.
Se ha dicho mucho sobre el piloto automático de la economía, aunque encuentro más razones para asumir que es la política la que está en piloto automático, luego de dos colapsos sucesivos, el de los partidos llamados tradicionales desplazados en las elecciones del 2011 y 2016, y el de varias instituciones golpeadas severamente el año pasado (Congreso, P. Judicial, CNM y el Ministerio Público).
De los 8 líderes a los que la encuesta reciente del IEP le atribuye simpatías por encima del 10%, solo uno (a) habla levemente del futuro (V. Mendoza); tres guardan riguroso silencio (Guzmán, Barnechea y Acuña); uno posa para la foto, que finalmente es mejor que el silencio (Kenji); y otro se defiende esencialmente de las acusaciones de corrupción (O. Humala). Los otros dos tienen restricciones para expresarse por encontrarse en prisión (A. Humala y K. Fujimori).
Quisiera conocer a los publicistas que les dijeron a los líderes que en una etapa de crisis e incertidumbre es mejor no hablar o no moverse mucho, y que no deben exponerse o participar en el corto plazo de la política. Como si el inmovilismo no hubiese destruido las posibilidades de Lourdes Flores el 2006, de Toledo y Castañeda el 2011, y recientemente de Reggiardo el 2018, o como si este no fuese un momento decisivo para la renovación profunda del sistema político.
Es Vizcarra quien desde el poder encarna el rechazo al orden de cosas y el que propugna un cambio, en tanto que los grupos que se apuntan al campo opositor representan este orden detestado por los peruanos. Mientras este emplazamiento de actores persista, cualquier dinámica contra el Gobierno –aun las más agresivas- no podrá aspirar a ser hegemónica, o siquiera rentable.
Pocas veces he visto un desprecio tan marcado por la política de todos los días, un escenario en el que nadie quiere ir más allá de Vizcarra en el corto plazo, y una baja empatía con los problemas cotidianos de la gente (seguridad, servicios, empleo, salud), con una derecha esperanzada en el hundimiento de Vizcarra desde la lógica de “todos son corruptos”, y una izquierda estancada en la convicción de que salvo la constituyente todo es ilusión.
Incluso en los grupos que simpatizan con el Gobierno no existe un desempeño independiente, y no se ejerce como en otros países los compromisos diferenciados (Alemania, Italia, Chile con Bachelet, Brasil con Lula/Dilma), es decir, de respaldo a los gobiernos y sus políticas centrales sin desatender las demandas de la sociedad.
Este asunto no tendría importancia si no fuese porque las reformas pierden peso y se relativiza su imperiosa necesidad, de la mano de la aparición de un núcleo dirimente en el Congreso, que se ha trasladado a la mayoría de medios. Si hay un fenómeno que irrumpe para quedarse es el congelamiento de las reformas votadas en diciembre, con la real posibilidad de que a fin de año ninguna de ellas se materialice.
El enfriamiento de los cambios no solo sería un revés para Vizcarra sino para las fuerzas políticas y sociales que lo propugnan. Si se consuma este fracaso no debería esperarse una nueva oportunidad para el cambio democrático, además del surgimiento de un nuevo debate nacional, ya no sobre la necesidad de una reforma en democracia sino sobre cuánto habría que prescindir de ella para que el país “cambie”.

Es hora de hablar con la gente. Luego del referéndum de diciembre, la última oportunidad en que los políticos recurrieron a los ciudadanos, la política se juega más que nunca arriba. Ningún grupo o líder convoca a la sociedad, una omisión especialmente apreciable en quienes apuestan por cambios que signifiquen el reconocimiento de derechos y libertades.

miércoles, 23 de enero de 2019

El fin del gobierno dividido

https://larepublica.pe/politica/1391843-gobierno-dividido
La República
La mitadmasuno
Juan De la Puente
11 de enero de 2019
El Congreso es un campo de batalla donde se combate escaño por escaño, comisión por comisión. Se condensan así varias hostilidades menores por pequeñas hegemonías o por sobrevivencias, aunque la batalla específica por la mesa directiva –el combate más fiero- es distinta a la del año 2000 y al asalto de las minorías parlamentarias que el 2004 y 2015 derrotaron a los gobiernos de entonces.
El primer asalto, en noviembre del 2000, fue la conclusión del fujimorismo; la censura de la mesa directiva que presidía Martha Hildebrandt fue una operación saldada rápidamente con la huida de Fujimori a Japón, la vacancia de las dos vicepresidencias y la asunción del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Luego, las presidencias de Ántero Flores-Aráoz (2004) y de Luis Iberico (2015), fueron el triunfo de las minorías opositoras a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente, aunque ninguna de ellas intentó liquidar al Ejecutivo.
Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso especialmente si lo hizo desastrosamente mal (sinceramente, el fujimorismo “histórico” lo hubiese hecho mejor). Dejó hace meses de ser mayoría política y ahora está en proceso de dejar la mayoría numérica, una dirección ineludible para un desenlace inexcusable. Desbancado del poder del Congreso, el epílogo de esta derrota está por escribirse porque los desenlaces más increíbles tienen las mismas opciones, incluyendo la implosión que lleve a una elección parlamentaria adelantada.
¿Este escenario es, como aparenta, una pelea de bar donde importan más las patadas que los vencedores y perdedores? Sin reelección y bicameralidad, sin aprobación ciudadana y con los proyectos partidarios a la baja, la pregunta sobre el sentido de esta batalla es provocadora, porque la idea de que esta es la disputa de dos calvos por un peine se relativiza por lo menos por tres atingencias cruciales: 1) desde una óptica estrictamente minimalista, el Congreso debe garantizar la selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ); 2) el Congreso ha disminuido su capacidad de frenar los procesos judiciales a la corrupción política y hostigar al Ejecutivo; y 3) en cualquier caso, aun con una crisis operativa a cuestas, tiene la capacidad de aprobar leyes populistas o favorables a intereses contra mayoritarios.
Ha terminado la experiencia de un gobierno dividido y lo que viene es un Parlamento extremadamente fragmentado y, por lo tanto, autolimitado; pero, a diferencia con lo sucedido el año 2000, cualquier desenlace favorece al Gobierno de Martín Vizcarra, especialmente si este desea mantener la presión sobre el Congreso sobre la reforma judicial y política. No obstante, el optimismo debe atemperarse si se concluye objetivamente que a este Parlamento no podrá arreársele demasiado. Sea cual fuese su futuro, ya es un Congreso de transición.
La división entre un bando reformista y otro resistente a los cambios sería lo mejor que intenten los políticos que quieran impulsar una nueva política radical a partir de los llamados nuevos valores posmaterialistas que ha traído esta etapa, como la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el enfoque de género en los DDHH, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, la prestación de los bienes públicos, la participación política, entre otros.
Ello no implica que no se intente legislar sobre las expectativas “tradicionales” de la política peruana, pero la transición que experimenta el sistema obliga a construir una nueva promesa con soluciones de compromiso (trade-off) con una visión de largo plazo donde caben las demandas de cambios constitucionales profundos y un programa de modernización de la economía y la sociedad. 

Ordenar las prioridades es difícil, sobre todo en un clima corrosivo y tóxico donde la ultraderecha peruana se apresta a librar la batalla por su identidad. Sin embargo, el feminismo, los movimientos sociales, los jóvenes, y la sociedad civil que se abre a las demandas de derechos y libertades son una enorme fuerza llamada a motivar los cambios y llenar el vacío que ya esté aquí. Si no es la hora de un nuevo programa, cuándo.

jueves, 3 de enero de 2019

Región y reforma política

https://larepublica.pe/politica/1375656-region-reforma-politica
La República
La mitadmasuno
14 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Las regiones del Perú serán gobernadas por un grupo de autoridades en su mayoría electas bajo la sombra de la ilegitimidad y la sospecha de corrupción. Salvo un puñado de gobernadores, no se había visto una precariedad inicial tan aguda desde el inicio del proceso de descentralización, el año 2002.
La idea de que a pesar de esta realidad las regiones iniciarán un nuevo período de gobierno de 4 años “sin problemas” es errada. El rasgo predominante de las gestiones que culminan este mes –otra vez con muy contadas excepciones, no más 3 o 4- es el fracaso, sin diferenciar los orígenes de derecha o izquierda de sus autoridades, o que las gestiones sean más o menos descentralistas, o poco o más tecnocráticas.
La pregunta de si se había agotado el impulso descentralista del 2002 hace años era incómoda, esencialmente tratándose de una reivindicación tan cara a los pueblos, con raíces históricas asociadas a los reclamos de justicia social. Es más incómodo ahora negarlo. Al contrario, admitirlo es la condición básica del cambio.
El paso obligado de una conclusión que afirme que nuestro descentralismo ha llegado a un punto de incompetencia no habilita el retorno al centralismo, no solo viejo e inservible, sino obsoleto. Por lo mismo, no debería esperarse que Lima piense en un cambio, sino que debe abrirse paso una reflexión sobre que este es el momento más crítico del proceso iniciado hace 16 años, y que se necesitan medidas urgentes para evitar una quiebra institucional adelantada, de lo que anuncian un sombrío aumento de la abstención electoral.
Existe un corto plazo insoslayable; el acompañamiento de los primeros 180 días de las nuevas administraciones es necesario. La mayoría de los gobernadores elegidos no ha tenido contacto directo con las regiones o carecen de experiencia de gobierno, y una revisión de los planes de gobierno arroja la necesidad de una rápida apropiación de las políticas públicas nacionales y regionales, añadida a un problema aún más generalizado: la falta de recurso humano calificado para cubrir un creciente número de cargos de confianza.
Solo una región fue ganada por el mismo grupo que triunfó el año 2014; en el resto de casos, fueron elegidos movimientos que habían postulado candidatos sin éxito en elecciones anteriores, y solo en tres casos retornan al poder anteriores gobernadores regionales.
Desde ese punto del balance, la inclusión de la descentralización en el proceso de reforma política es ineludible. De otro modo no se entendería que la reforma del sistema político obvie problemas tan serios como la formación de la representación regional, las competencias no ejercidas, las debilidades de las políticas regionales, el consejo regional convertido en un Frankenstein, la inexistente rendición de cuentas y la participación, y la resistencia a la descentralización fiscal, entre otros.
La derrota del grupo que gobernó dos períodos en Cajamarca es la debacle del regionalismo duro e ineficaz, así como que los caóticos casos de Piura y Ayacucho son la derrota del regionalismo pragmático aliado de los gobiernos nacionales. Entre ambos modelos se ubican emblemáticos casos de regiones que terminan este período en literal colapso, incluido aquellos que practicaban un partidismo regional con alcance nacional, a cargo de Alianza para el Progreso (APP), uno de cuyos gobernadores fue detenido hace unas horas.

¿Cuál sería el argumento básico para no incluir el proceso de descentralización en la reforma política? Una explicación podría señalar que la reforma de los partidos y del sistema de elección de autoridades de plano incidiría en las regiones. Es cierto eso, pero es más cierto que solo una parte de esta reforma se refiere a estas áreas, teniéndose una compleja agenda de normas, incluyendo reformas constitucionales, y otras decisiones que se encuentran particularmente en el ámbito de las relaciones entre las regiones y los poderes nacionales y de las regiones entre sí. De hecho, hay muchas más razones para incluir ahora a las regiones en la reforma política que razones para mirar a otro lado.