La República
La mitadmasuno
21 de setiembre de 2018
Por Juan De la Puente
El país vive un
momento plebiscitario; los ciudadanos desean intensamente participar
directamente en los cambios. La reciente encuesta de Ipsos reporta que 8 de cada 10 peruanos cree que se deben de recoger firmas para forzar las
reformas, y aunque un porcentaje menor se declara dispuesto a
firmar los planillones que exijan la consulta ciudadana, no hay nada más
popular estos días que votar para cambiar.
La lógica
plebiscitaria está en ascenso; dos tercios de peruanos cree que el referéndum
debe realizarse este año, aunque poco más de la mitad piense que efectivamente
se llevará a cabo. Estas cifras contrastan con el 60% que no iría a votar en
las elecciones del 7 de octubre si el voto no fuese obligatorio, o el 50% que
declara que ninguna opción política le convence.
Se podría pensar que
el ánimo plebiscitario estaba dormido y que solo faltaba despertarlo, y que en la sociedad anida un potente impulso por la democracia directa. Esta presunción no se condice con los
escasos resultados de otras formas de participación como la revocatoria, la
demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, los pedidos de
cabildos abiertos o los consejos de participación regional y local.
Nuestro momento
plebiscitario es hijo de la larga e irresuelta crisis y de la desafección a la
política. El hartazgo se ha transformado en referéndum como expresión de
rechazo a la política más que una opción y una forma de recuperar el poder. Los
peruanos quieren votar porque creen que ahora es la única vía del cambio, la
última posibilidad de ajustar cuentas con la corrupción, la ineficiencia, la
desigualdad y la injusticia.
Sería injusto
condenar ese deseo o cerrar ese camino, o desperdiciar su condición de ángulo
prometedor y crucial para incentivar el retorno de los ciudadanos a la
política. Por la misma razón, debería ser utilizada con escrúpulo democrático y
rechazar la tentación de contraponer el referéndum a los partidos, las
instituciones, la representación y la sociedad organizada.
Nuestro momento
plebiscitario es atípico. En otras experiencias, las consultas populares son la culminación de un debate,
el resumen de una controversia que ha recorrido un camino cotejando argumentos
y polémicas, y por eso se impone la disyuntiva de escoger. En nuestro caso, las
reformas institucionales que serían votadas en diciembre fueron muy
relativamente debatidas en la élite, pero expresamente fueron excluidas de los
grandes debates de las últimas dos décadas, inclusive por la izquierda y los
movimientos sociales. Si en otros casos, el referéndum es un punto de llegada,
en nuestro caso es de partida.
Lo ideal sería que
nuestro momento plebiscitario sea acompañado de un momento constituyente. En
una etapa exclusivamente plebiscitaria, las consultas populares con poco debate
son excepcionales oportunidades para que las masas ataquen el poder, pero no
para transformarlo. Las experiencias recientes indican que al poder no la va
bien en la consulta de los grandes temas de Estado (ahí están los catastróficos
resultados de los referéndum en Colombia, Italia y Gran Bretaña), en tanto que
les va mejor cuando se trata de recortar los poderes de los políticos o de
sancionar. En Ecuador, en el referéndum de febrero de este año, el presidente Lenin Moreno ganó con más del 60% en
las 7 preguntas, y la que obtuvo mayor respaldo fue la que proponía sancionar a
toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilitación para
participar en la vida política y la pérdida de sus bienes.
Es por supuesto muy
estimulante la evolución de la opinión pública al punto en que el periodo
actual significa una primera arremetida reformista contra el régimen de la
antipolítica en 25 años, un proceso en el que resaltan la adhesión a la
bicameralidad por primera vez mayoritaria y el enfoque de género en la
representación.
Aun así, se aprecian
dos corrientes de cambio que no se han encontrado todavía, la primera, la del
Gobierno y la academia, limitada y plebiscitaria y la segunda, que aspira a un
cambio constitucional más profundo.
