La
República
La
mitadmasuno
3 de
noviembre de 2017
Juan De la Puente
El proceso independentista catalán, en caída
luego de la intervención del gobierno autonómico (la Generalidad y sus órganos,
el gobierno, el parlamento y la presidencia) por el gobierno español, en
aplicación del artículo 155º de la Constitución, le pasa la factura a Podemos,
la nueva formación de la izquierda española que junto con sus aliados obtuvo el
21% de votos en las elecciones del año pasado, y que –también juntos– ocupan 67
de 350 escaños en el parlamento.
Presionado por expectativas regionales,
especialmente de sus bases y sus aliados en Cataluña, Podemos exhibió un
extraño discurso neutral pero inclinado hacia el proceso separatista catalán
impulsado por una coalición de grupos conservadores, liberales y de izquierda.
Mientras el proceso estaba en curso, antes de la declaración unilateral de
independencia y de la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, ese discurso
pudo servir para administrar la falta de una opinión resuelta y organizadora
sobre la cuestión catalana, pero no fue suficiente.
El grupo que revolucionó y modernizó la
movilización en España y Europa, legítimo heredero del movimiento de los indignados
del 15-M del 2011, se vio atenazado por una estrategia sin táctica. Por primera
vez desde su fundación fueron “otros” los que ganaron la iniciativa de la
calle. Los separatistas los llevaron de las narices, estableciéndose entre
ellos y Podemos una distribución de roles perjudicial para el partido nacional:
Los primeros aceleraban la separación de España vía el ilegal referéndum del 1º
de octubre, y los segundos atajaban al gobierno de Rajoy, defendiendo el
derecho a decidir del 48% de los ciudadanos sobre el 52% restante.
Ese fue el primer error del profesor Pablo
Iglesias, líder de esa formación, que se sabe de memoria las lecciones de
estrategia, pero al que le faltó la primera lección de táctica: tener una línea
propia en el terreno de los hechos, y llevarla adelante. A Podemos de estos
meses le sobró Gramsci, pero le faltó Lenin, De Gaulle y Churchill.
En principio, es seductor el modelo de
organización más plural para España, es decir, un desarrollo mayor del modelo
de autonomías instalado por la Constitución de 1978. La idea de esta
alternativa fue plasmada en la propuesta de un nuevo pacto territorial y
democrático por la vía del federalismo. No obstante, esta alternativa no puede
enarbolarse relativizando la unidad nacional, un error frecuente de las
formaciones nacionales radicales de derecha o izquierda. Razón tuvo hace días
la profesora Carolina Bescansa, una de los tres fundadores de Podemos, al
lamentar que su partido no tenga un proyecto político para España y en pedir
que se le hablase más a España y a los españoles y no solo a los
independentistas, recordando que Podemos es un partido español y estatal.
Ese segundo error no fue leve. La idea de llamar
fascista a todo aquel que defienda la unidad de España –o si queremos aplicarlo
a cualquier país, la unidad nacional– no se justifica siquiera en las disputas
en las redes sociales; más aún si se tolera, como ha sucedido en Cataluña por
parte de grupos de la izquierda regional, que se llame traidor (botifler en el
argot catalán) al que se muestra contrario a la secesión. Al contrario, no
enfrentarse al nacionalismo secesionista creyendo que tenía la marca de
izquierda, y que eso era suficiente, implicó sentar las bases del actual
conflicto entre la dirección nacional de Podemos y sus bases catalanas que solo
tiene una ruta de solución: la salida de los que pierden.
El tercer error fue priorizar su oposición al
gobierno, y subestimar el valor moral de la Constitución, inclusive si en el
gobierno se encuentra un grupo cuestionado como el Partido Popular (PP)
protagonista de sonados escándalos de corrupción. Allí hubo un equívoco más que
político, que es no tomar en cuenta que la Constitución es más que un gobierno.
Eso sucede cuando desde la Ciencia Política se subestima el Derecho Constitucional.
Ahora, tendrán que hacer otra incoherencia: participar en un proceso electoral
que consideran ilegitimo.
