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sábado, 16 de diciembre de 2017

Evo Morales por siempre

La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido una resolución que permite la reelección indefinida de todas las autoridades electas en los ámbitos nacional, regional y municipal, dejando un delicado precedente que puede convertirse en una epidemia reeleccionista en América Latina.
A pocas semanas de culminar su mandato, el máximo órgano de interpretación constitucional de Bolivia, objeto previo de prácticas injerencistas para cambiar su composición, ha modificado la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, votada en el referéndum del año 2009, inaplicando cuatro de sus artículos que se refieren a la elección y reelección de cargos políticos por elección popular. Estos artículos ya fueron objeto de una interpretación forzada hace años para permitir un tercer mandato de Evo Morales.
El razonamiento del tribunal boliviano es impresionantemente inconstitucional. Arremete contra su propia Constitución amparándose en una lectura antojadiza de la Convención Americana sobre DDHH, el Pacto de San José, que es el documento hemisférico que origina el sistema interamericano de DDHH del que son parte la gran mayoría de estados de la región.
El inciso 1) del artículo 23º de este tratado señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. El inciso 2) de este articulo limita la reglamentación de estos derechos “exclusivamente” por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
El TCP ha señalado que esta redacción es preferente a su Constitución porque protege los derechos políticos de las personas y que debe ser el pueblo quien en definitivamente decida sobre la reelección. El tribunal ha hecho una lectura extremadamente sesgada de la Convención, entendiendo que la esencia de la elección es la misma que la reelección, y que el derecho a ser elegido –que debe ser en lo posible abierto y no restrictivo– se extiende a todas las veces que un presidente quiera ser elegido, creando un inaudito “derecho a la relección”.
Nunca se había usado la Convención Americana sobre DDHH para argumentar, precisamente, contra la violación de los derechos de elegir y ser elegidos que son, por esencia, derechos atribuibles a la persona para alcanzar un cargo y no para que una autoridad se perpetúe en él.
Lo que sucede en Bolivia reviste al mismo tiempo una embestida a la soberanía popular con el pretexto de defenderla. En ese país, la limitación del mandato presidencial ya fue votada en el referéndum de aprobación de la Constitución, en enero del año 2009, con lo que el veredicto de las urnas –de acuerdo al fallo del TCP- se ha cumplido.
Por si fuera poco, en otro referéndum, en febrero del año pasado, el pueblo rechazo una cuarta elección de Morales, un pronunciamiento específico que ha sido gravemente ignorado.

El fallo del TCP colisiona con la tradición constitucional de una América Latina presidencialista que debió reglamentar las relecciones continuadas para garantizar la vigencia de dos elementos del pacto republicano, el gobierno limitado en el tiempo y la alternancia en el poder. Esta tradición se fortaleció durante la ola democratizadora de los años 80 y, aunque fue ligeramente alterada desde la reforma constitucional argentina de 1994 (El Pacto de los Olivos), y por las constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no lo fue al extremo de permitir las reelecciones indefinidas. En el caso peruano, a la caída de Fujimori fue repuesta la prohibición de reelección inmediata y ahora mismo se debate en Ecuador prohibirla. El fallo del TCP boliviano nos recuerda que el autoritarismo en la región está vivo.

sábado, 12 de junio de 2010

Ecuador y los vecinos



La mitadmasuno
La República
Sábado 13 de mayo
Juan De la Puente

La exitosa visita al Perú del presidente Rafael Correa esta semana ha cerrado el ciclo de las relaciones Perú-Ecuador iniciado por el Acuerdo de Brasilia de 1998. En casi 12 años, ambos países hemos construido una comunidad de confianzas a pesar de la inestabilidad ecuatoriana vigente antes de la presidencia de Correa; de la participación de Ecuador en el eje venezolano (una presencia ciertamente compleja y pragmática); de la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia, país que tiene al Perú como el amigo más cercano en la región; del remoloneo peruano en la ejecución de la parte que le corresponde de los acuerdos de 1998; y de las estrategias divergentes de integración comercial.
Las relaciones entre los dos países se caracterizan por la búsqueda de la asepsia ideológica, que acentúan los pendientes de cada uno, el colombiano para Ecuador y el chileno para el Perú. No obstante, sería un exceso afirmar que ambas naciones desean llevarse bien porque sus enemistades tienen otras prioridades. Entre Ecuador y Perú ha madurado una relación armoniosa surgida de una paz emocionalmente costosa, alimentada por la racionalidad de sus líderes.
Debe reconocerse que en el caso ecuatoriano, la principal causa de este progreso es la estabilidad política lograda con Correa y los cambios institucionales que frenaron el poder de sus fuerzas armadas. En el Perú, al revés, el abandono de la beligerancia frente a Ecuador es un valor dominante en las fuerzas armadas. El resto lo hicieron las finas relaciones mantenidas por nuestros gobiernos con los mandatos de Mahuad, Noboa, Gutiérrez, Palacio y Correa. A pesar de ello, aquí como en Ecuador se tienen reductos beligerantes. En nuestro caso el más riesgoso es el de Loreto, donde una minoría estridente pretende impedir el acceso de Ecuador a los puertos Saramiriza y Pijuayal, en cumplimiento del Acuerdo de 1998.
Es cierto que Rafael Correa no es Evo Morales. No obstante, es conveniente preguntarse por qué el modelo de las relaciones con Ecuador no fue aplicado a Bolivia, nación con la que los lazos de hermandad fueron más sólidos y con la que jamás se tuvo diferendo limítrofe relevante. Como respuesta no caben el estilo personal provocador de Morales ni su nivel de sometimiento a la estrategia de Hugo Chávez. Las respuestas están más en nosotros, especialmente en el exceso ideologista que aún preside nuestra mirada del país vecino. Y hermano.