El profesor español Ignacio Sánchez-Cuenca, de la Universidad Complutense de Madrid, acaba de publicar en El País (12-12-2010) un atrevido artículo titulado ¿Habrá siempre democracia? donde analiza las rejaduras que presenta en Europa la representación democrática.
El análisis de Sánchez-Cuenca no se afirma en la negacíon de la democracia sino en la observacion de sus cambios en Europa. Señala que las democracias desarrolladas que conocemos, las llamadas democracias liberales, se construyen sobre dos principios complementarios. Por un lado, el principio de igualdad política, en virtud del cual todos los ciudadanos, con independencia de su género, edad, etnia, riqueza, educación, etcétera, tienen el mismo derecho a participar en la vida política. Nadie puede ser discriminado por alguno de los motivos mencionados. La libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de voto son manifestaciones claras del principio de igualdad.
Señala que, por otro lado, el principio de autogobierno, que establece que las decisiones colectivas han de tomarse en función de las preferencias de los ciudadanos y no en función del criterio de los sabios, los aristócratas, la divinidad o los poderosos. Teniendo en cuenta que los ciudadanos, casi siempre, se encuentran divididos y tienen ideas distintas sobre lo que debe hacerse, se recurre a la regla de mayoría, que es la regla que minimiza el número de gente que está en desacuerdo con la decisión adoptada.
El profesor español asegura la tendencia en Europa, agravada durante la crisis económica, consiste en ir abandonando paulatinamente el principio del autogobierno. Mientras que los derechos que garantizan la igualdad política se mantienen estables y tienen una solidez envidiable, las decisiones de los representantes políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferencias individuales de los ciudadanos.
Así, dice, los Gobiernos han de actuar dentro de los estrechos márgenes que les dejan los tribunales constitucionales, los bancos centrales independientes, las agencias reguladoras y las instituciones supranacionales a las que deben obediencia. Y han de responder además a las presiones materiales de los mercados y los poderes económicos. En estos momentos de crisis, por ejemplo, los gobernantes de los países democráticos parecen contentarse con no ahogarse en la tormenta financiera, sacando la cabeza por encima del agua, pero sin conciencia de la dirección en la que les empuja la tempestad.
Anota que es muy preocupante que en la esfera pública vaya cundiendo la impresión de que el buen gobernante, el hombre de Estado, es aquel que abandona los compromisos adquiridos con la ciudadanía y adopta, por "responsabilidad", medidas impopulares. Parece como si el certificado de buena conducta del gobernante se expidiera en función del grado de impopularidad de la política llevada a cabo.
Finaliza que no cabe descartar entonces que los Gobiernos dejen de ser representativos en algún momento. Dice que eso no quiere decir que vayan a actuar siempre al margen del sentir mayoritario de la sociedad, pero si atienden a las demandas ciudadanas será en todo caso por cálculo o conveniencia, no porque el sistema político se construya en torno al principio de que las decisiones colectivas estén determinadas por las preferencias individuales. Con seguridad seguirán existiendo medios de comunicación libres, grupos de presión y toda clase de asociaciones, pero quizá no partidos políticos. En la hipótesis más favorable, se mantendrían las elecciones, pero los candidatos y sus plataformas de apoyo tratarían de destacar sobre sus rivales únicamente por su capacidad de gestión y no por sus diferencias ideológicas. Y si la integración supranacional continúa, la relación entre la ciudadanía y los decisores será cada vez más débil, como ya se aprecia en el funcionamiento de la Unión Europea.
Según Sánchez-Cuenca, el principio liberal seguirá ganando peso frente al principio democrático. Habrá, por tanto, algo parecido a un Estado de derecho, a escala supranacional probablemente, que garantice tanto los derechos individuales como el entramado institucional que requiere una economía capitalista global. En ese marco, la gente tendrá capacidad de influencia sobre todo en el ámbito local, donde podrían desarrollarse prácticas democráticas más puras que las que conocemos actualmente, pero sin que los cambios locales puedan en todo caso extenderse más allá, derivando en cambios sociales de mayor alcance.
En un punto que compartimos de algún modo, que es materia de dos artículos que preparo para prever lo que tendrá el Perú luego del fin del sistema de partidos que hemos conocido desde 1980, señala que el futuro que nos aguarda no pasará por Gobiernos despóticos o autoritarios. Sí, en cambio, por formas de dominación difusas y tecnocráticas, compatibles con el ejercicio de la libertad individual. Sería el triunfo del liberalismo, que siempre ha mantenido una relación incómoda y tensa con el principio democrático.
El análisis de Sánchez-Cuenca no se afirma en la negacíon de la democracia sino en la observacion de sus cambios en Europa. Señala que las democracias desarrolladas que conocemos, las llamadas democracias liberales, se construyen sobre dos principios complementarios. Por un lado, el principio de igualdad política, en virtud del cual todos los ciudadanos, con independencia de su género, edad, etnia, riqueza, educación, etcétera, tienen el mismo derecho a participar en la vida política. Nadie puede ser discriminado por alguno de los motivos mencionados. La libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de voto son manifestaciones claras del principio de igualdad.
Señala que, por otro lado, el principio de autogobierno, que establece que las decisiones colectivas han de tomarse en función de las preferencias de los ciudadanos y no en función del criterio de los sabios, los aristócratas, la divinidad o los poderosos. Teniendo en cuenta que los ciudadanos, casi siempre, se encuentran divididos y tienen ideas distintas sobre lo que debe hacerse, se recurre a la regla de mayoría, que es la regla que minimiza el número de gente que está en desacuerdo con la decisión adoptada.
El profesor español asegura la tendencia en Europa, agravada durante la crisis económica, consiste en ir abandonando paulatinamente el principio del autogobierno. Mientras que los derechos que garantizan la igualdad política se mantienen estables y tienen una solidez envidiable, las decisiones de los representantes políticos cada vez guardan una conexión más lejana con las preferencias individuales de los ciudadanos.
Así, dice, los Gobiernos han de actuar dentro de los estrechos márgenes que les dejan los tribunales constitucionales, los bancos centrales independientes, las agencias reguladoras y las instituciones supranacionales a las que deben obediencia. Y han de responder además a las presiones materiales de los mercados y los poderes económicos. En estos momentos de crisis, por ejemplo, los gobernantes de los países democráticos parecen contentarse con no ahogarse en la tormenta financiera, sacando la cabeza por encima del agua, pero sin conciencia de la dirección en la que les empuja la tempestad.
Anota que es muy preocupante que en la esfera pública vaya cundiendo la impresión de que el buen gobernante, el hombre de Estado, es aquel que abandona los compromisos adquiridos con la ciudadanía y adopta, por "responsabilidad", medidas impopulares. Parece como si el certificado de buena conducta del gobernante se expidiera en función del grado de impopularidad de la política llevada a cabo.
Finaliza que no cabe descartar entonces que los Gobiernos dejen de ser representativos en algún momento. Dice que eso no quiere decir que vayan a actuar siempre al margen del sentir mayoritario de la sociedad, pero si atienden a las demandas ciudadanas será en todo caso por cálculo o conveniencia, no porque el sistema político se construya en torno al principio de que las decisiones colectivas estén determinadas por las preferencias individuales. Con seguridad seguirán existiendo medios de comunicación libres, grupos de presión y toda clase de asociaciones, pero quizá no partidos políticos. En la hipótesis más favorable, se mantendrían las elecciones, pero los candidatos y sus plataformas de apoyo tratarían de destacar sobre sus rivales únicamente por su capacidad de gestión y no por sus diferencias ideológicas. Y si la integración supranacional continúa, la relación entre la ciudadanía y los decisores será cada vez más débil, como ya se aprecia en el funcionamiento de la Unión Europea.
Según Sánchez-Cuenca, el principio liberal seguirá ganando peso frente al principio democrático. Habrá, por tanto, algo parecido a un Estado de derecho, a escala supranacional probablemente, que garantice tanto los derechos individuales como el entramado institucional que requiere una economía capitalista global. En ese marco, la gente tendrá capacidad de influencia sobre todo en el ámbito local, donde podrían desarrollarse prácticas democráticas más puras que las que conocemos actualmente, pero sin que los cambios locales puedan en todo caso extenderse más allá, derivando en cambios sociales de mayor alcance.
En un punto que compartimos de algún modo, que es materia de dos artículos que preparo para prever lo que tendrá el Perú luego del fin del sistema de partidos que hemos conocido desde 1980, señala que el futuro que nos aguarda no pasará por Gobiernos despóticos o autoritarios. Sí, en cambio, por formas de dominación difusas y tecnocráticas, compatibles con el ejercicio de la libertad individual. Sería el triunfo del liberalismo, que siempre ha mantenido una relación incómoda y tensa con el principio democrático.
El artículo íntegro puede leerse aquí.
