Un Senado el año 2018

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La República

La mitadmasuno

3 de febrero de 2017

Por Juan De la Puente

Diversos miembros de la bancada de Fuerza Popular se han expresado a favor de la creación del Senado. De hecho, el resto de bancadas se encuentra de acuerdo con reinstalar nuestra histórica bicameralidad, de modo que no habría razones de fondo para que, de aprobarse la respectiva reforma constitucional, los peruanos no elijamos un Senado junto a las elecciones regionales y locales del 2018.

Luego de 28 años de la elección del último Senado, en 1990, sería esta la ocasión de una renovación de la representación. Un cuerpo de legisladores con funciones distintas a las de la Cámara de Diputados haría la diferencia –o por lo menos lo intentaría– en un proceso político en el que se necesitan cambios institucionales que refunden el sistema. Cierto que su sola presencia no garantiza nada si el nuevo órgano de representantes no se eleva por encima de la crisis. Pero de eso se trata, de una apuesta que ojalá la actual representación se atreva a realizar.

Un Senado territorial pequeño y operativo que realice la revisión legislativa mejoraría la producción de normas y dejaría a la Cámara de Diputados más tiempo y oficio para el control político. Sería, al mismo tiempo, una ruta para relanzar el proceso de descentralización ahora carente de voz en el Parlamento a pesar de que cada región se homologa con los distritos electorales. Finalmente, el país se dotaría en el momento en que más lo necesita de una cámara reflexiva, más unitaria y dialogante, mejorando el equilibrio entre los poderes.

Encuentro pocos problemas para que el sistema se dote de un Senado en breve plazo. El primero es de orden social, y se refiere a que todavía un apreciable porcentaje de peruanos se opone a la reinstalación de la bicameralidad. Las razones, siendo principistas, no son necesariamente políticas en el sentido operativo, sino financieras (cuesta mucho) y de confiabilidad (más otorongos). Esta visión ha retrocedido desde el año 2000 pero se mantiene activa en su talante populista y antipolítica. La mejor manera de enfrentar ese discurso es desde la democracia, la transparencia y desde los cambios mismos en otras áreas. Desde ese punto de vista, por ejemplo, tendría poco sentido la elección de un Senado cuyos miembros presenten los mismos problemas de credibilidad de varios de los actuales legisladores.

El segundo se encuentra en retroceso luego de que el fujimorismo abandonase su clásica defensa del unicameralismo. Quedan pocos argumentos en favor de esa tesis y crecen las certezas en favor de cambios que acompañen las aspiraciones del Perú como país de renta media y que aspira a ingresar a la OCDE y a mejorar su representación.

Del mismo modo, la iniciativa se convierte en un asunto delicado de cara a otras reformas que han sido sugeridas y que recorren desde el ámbito de la formación de la representación hasta el del ejercicio de la representación, además de otras reformas institucionales. Siendo necesario definir el retorno del Senado, será poco conveniente aparcar otras reformas como la electoral, que debate el grupo de trabajo presidido por la legisladora Patricia Donayre, o los cambios en la administración de justicia o en la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo peor que podría pasar es que se apruebe el retorno al Senado y nada más.

Es necesario que el Congreso vuelva a discutir sus prioridades porque se hace evidente que el marco de la discusión realizado en agosto pasado se ha transformado radicalmente. El juzgamiento de los casos de corrupción y la forma que adopta el juego político dentro y fuera del Congreso hacen necesaria la ubicación de un núcleo de reformas de alto calado que garanticen la gobernabilidad y la transparencia en los próximos años, cambios que deberían ser negociados dentro del Congreso y con los otros poderes del Estado. El diálogo político instalado en enero en el marco del Acuerdo Nacional debería decantarse hacia las reformas políticas macro y quizás sea la hora de que estos cambios sean asumidos por el gobierno como propios.

El populismo anticorrupción

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La Republica

La mitadmasuno

27 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

La manera de despolitizar un caso de la magnitud que exhibe el Lavajato Peruano es reducirlo a la minucia y jalonearlo desde varios ángulos de la agenda nacional para privarlo de su sentido esencial para el futuro de la democracia. Eso viene sucediendo.

Es el propósito de minucia el que lleva a la demanda de que “primero caigan los peces grandes” como si esa fuese la receta perfecta de toda investigación fiscal y si ese inicio fuese el único modo de garantizar la justicia. La tendencia de este reclamo es riesgosa en la medida que intenta invalidar toda detención que no sea de los hombres importantes de la política. Ninguno de los objetores de las últimas detenciones ha llegado a demostrar –más allá de los insultos– por qué la detención de “peces pequeños” abona el camino de la impunidad.

Sucedáneo punto de vista es la idea de “todos se están escapando”, sin considerar que las fugas se produjeron a pocas horas de la revelación del acuerdo de Odebrecht con las justicias de EEUU y Suiza. Sí es un cargo de fondo a la fiscalía el que abriera el caso contra esta empresa en noviembre del año pasado, cuando en Brasil ya se habían producido las primeras delaciones con evidencia de que el caso se vinculaba al Perú, pero es igualmente cierto que para los plazos procesales peruanos es un éxito relativo que la judicialización del caso se realizara en menos de dos meses.

Cabalga un populismo anticorrupción que alimenta una parte del sistema político poco comprometida en la búsqueda de una estrategia de Estado para avanzar en la agenda de transparencia pública de modo eficaz. La guerra de los gritos donde cada cual lanza piedras desde su esquina sin mayor compromiso que el grito mismo –el clima ideal para la impunidad– viene acompañada en los últimos días de estrategias cruzadas a cargo de poderes que están obligados a cooperar.

Entre las estrategias en pugna, la primera es la del compromiso para la colaboración a cargo de la fiscalía, la que ha funcionado hasta ahora y que es objeto de duras críticas. Algunas de estas son atendibles –como que la procuraduría debió participar en el preacuerdo con Odebrecht– pero la mayoría se centra en exigir imposibles como una larga lista de personas con arraigo judicial que, como se sabe, corresponde a otra fase de los procesos.

La segunda estrategia es “préstame tu investigación” a cargo de la comisión parlamentaria que indaga el caso, un modelo que se basa en recaudar otras investigaciones y en operar a través de audiencias públicas más que diligencias indagatorias. La mayoría de sus miembros cuestiona la supuesta precariedad de la fiscalía pero en cambio no exhibe un plan ambicioso que empodere al Congreso a través de una investigación ejemplar que aborde al mismo tiempo las aristas institucionales y las relaciones de poder construidas para dar vida al entramado mafioso. Inclusive, si la idea era que esta indagación siente en el banquillo de los acusados a los últimos 15 años de democracia, están perdiendo una oportunidad inigualable.

La estrategia más populista es “muerte a Odebrecht ahora” y “todos a la cárcel”, que reúne un conjunto de demandas que van desde el congelamiento de los activos de la empresa, su expulsión del país, la oposición a todo acuerdo de colaboración eficaz de sus funcionarios y la prisión preventiva para todos. Estas demandas suenan bien y es probable que algunas de ellas pudiesen formar parte de una estrategia integral, que ahora no existe. En ese contexto, es positivo el mensaje de Keiko Fujimori que ha llamado al gobierno a mantener la vigencia de los proyectos de infraestructura vitales para el desarrollo, y desautorizando la propuesta de dos legisladores de su bancada que solicitaron prisión preventiva para tres ex presidentes, sin que en todos los casos se tenga previamente la denuncia fiscal y la apertura de instrucción.

La minucia y la despolitización es otro gran tributo a la impunidad. La única alternativa válida frente a esta ruta es que, como el año 2001, se recupere un sentido unitario del Estado en su lucha contra la corrupción.

Nueva crisis, nuevo escenario

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La República

La mitadmasuno

20 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

El primer dato político al inicio del presente año es el cambio de escenario respecto de los meses anteriores que estuvieron presididos por una convivencia forzada entre el gobierno y el fujimorismo y de una gobernabilidad compartida. Lo que se tiene a la vista es una larga crisis que ha venido a quedarse por mucho tiempo: la crisis de la corrupción.

Esta crisis abraza a todos en distinta intensidad. Para el Gobierno, es una crisis “nueva” debido a que no se encuentra en discusión, exclusivamente, sus relaciones con el Congreso sino las denuncias contra el mismo Presidente de la República a raíz de su participación en actos del 2005 que investiga la fiscalía, y de por los menos otros tres ex presidentes.

Se ha dicho bastante sobre lo que este hecho implica para el sistema y se ha usado para ello palabras que denotan su naturaleza destructiva, como “terremoto”, “tsunami” o “colisión de un meteorito”. Esto es cierto, como también lo es la fortaleza de este sistema aparentemente muy débil, pero más fuerte de lo que creemos o de lo que queremos. De hecho, un posible efecto de esta crisis es que el sistema solo se descosa pero que no se rompa, lo que ya sucedió el año 2000.

Las tendencias están a la vista: 1) la debilidad del gobierno, especialmente del Presidente PPK; 2) las dificultades de un diálogo político consistente y eficaz como respuesta a esa debilidad del gobierno; 3) la combustión de personajes públicos importantes y de sus colectividades, con escasas posibilidades de defensa pública; y 4) la re emergencia de las demandas sociales que ponen a prueba y en evidencia la ausencia de reformas en los ámbitos de la política y de la economía.

Por esas razones, el año 2017 será de una compleja inestabilidad que, al no reducirse en intensidad, será el antecedente de cambios drásticos el año 2018. En ese contexto, la sola discusión de una probable vacancia presidencial representa un elemento perturbador del proceso democrático y aunque esta posibilidad es remota genera un estado de cosas en el que progresan salidas radicales dentro y fuera del sistema.

PPK es el lado más vulnerable de esta crisis al carecer de recursos que eviten su deterioro. La reciente encuesta de IPSOS refleja una drástica caída suya mientras que sus ministros, particularmente el premier Zavala, resisten. Esto podría indicar que la opinión pública ha empezado a diferenciar su figura del resto del gobierno. Algo contrario sucede con el fujimorismo: mientras el Congreso cae varios puntos de aprobación, Keiko Fujimori se recupera y sube algunos puntos. Todo esto podría ser la señal de que hemos retornado a un sistema de competencia perfecta donde lo que pierde el jefe del gobierno lo gana la cabeza de la oposición.

El segundo dato de este nuevo escenario es que el principal impulso de los cambios obedece a una alianza entre los medios y la opinión pública, que tienen al frente instituciones con una escasa capacidad de movimiento, quizás a excepción de la fiscalía. Las demandas anticorrupción de esa alianza ya tienen logros –como la anulación del peaje de Puente Piedra y las restricciones a los movimientos de algunos investigados– aunque todavía no tiene “calle” de un modo sostenido, ni representación política. A eso se debe que la inicial consigna de que “se vayan todos” sea débil y marginal, aunque podría crecer en intensidad si se aprecia que los procesos judiciales tienden a la impunidad o a la demora.

El tercer dato de este nuevo momento es que esta larga crisis parece haber tomado por sorpresa a todos a pesar de que las denuncias brotaron hace más de un año. El cuadro formado presenta una evolución caótica y está a la espera de respuestas institucionales. Una de ellas pudo provenir del Congreso, especialmente de la comisión Lavajato, la que parece haber desestimado esta posibilidad decantándose por una investigación bulliciosa y poco profesional. En un terreno fértil para la movilización contra la corrupción, solo una parte de la izquierda, la liderada por Verónika Mendoza, ha ensayado un llamado a la vigilancia ciudadana.

La guerra de los gritos

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La República

La mitadmasuno

13 de enero de 2017

Por Juan De la Puente

Las respuestas oficiales y partidarias a las primeras revelaciones del Lavajato peruano han instalado una guerra de gritos perfectamente organizada. A pesar de la trifulca que eso implica el griterío está funcionando; es una zona de confort para el sistema porque ese modelo de competencia hace que nadie explique nada y que a nadie se le escuche.

La guerra de gritos puede ser entretenida y noticiosa, pero es una ofrenda a la impunidad. El “tú robaste más” o “el ladrón es él” es una moneda de dos caras: refleja un pacto tácito y es más un acuerdo que disenso, porque resume la falta de voluntad de la elite peruana para encarar el descomunal golpe que las denuncias implica para el país. De hecho, ahora mismo ya es la principal traba para el desarrollo de una agenda anticorrupción o para la adopción de un método democrático para encarar esta crisis.

Ese método es una necesidad institucional urgente. Sin él, las partes de esta crisis no se sentirán obligadas a asumir su papel republicano y su lugar será tomado por las opciones populistas a las que tampoco les interesa el juzgamiento de la corrupción.

El primer elemento de ese método es la toma de posición. Más allá de algún comunicado o pronunciamiento al paso, no se puede decir que el Lavajato peruano haya motivado una movilización interna de las instituciones, aparte de las que están llamadas a los procesos judiciales. Incluso esta movilización es incompleta y presidida por una áspera disputa de instituciones. En esa dirección, es lamentable que, a diferencia de otros países, no se registre en el Perú una alianza institucional contra la corrupción más allá de coincidencias específicas.

Extraño, por ejemplo, una reflexión muy seria del mundo empresarial respecto de las prácticas nocivas que se descubren, y sobre la cultura de la vulneración de reglas y de regulaciones, al parecer todas homologadas como trabas a la inversión. Solo el asunto de los arbitrajes amañados como fórmula de sobrevaluación de costos finales merecería un estudio minucioso como causa de este episodio de corrupción.

La mayoría de grupos políticos ha escondido la cabeza, se ha limitado a la lucha cuerpo a cuerpo y viven un Síndrome de Vietnam donde las militancias aparecen ausentes y enfrentadas a las cúpulas, ambos en una clara posición de derrota. Esa brecha será letal para el próximo proceso electoral regional y municipal que ahondará el descrédito de los partidos nacionales. De todos.

El segundo elemento de este método es la vigilancia y movilización ciudadana sin las cuales no será alterada la tendencia a la impunidad que ya se observa. Resulta increíble –aunque deviene del Síndrome de Vietnam local arriba señalado– que ningún grupo político o líder, individualmente, y aun los que no se sienten tocados por las denuncias, llame a los peruanos a expresarse con firmeza y responsabilidad contra la corrupción, urgiendo contra la impunidad.

Los casos judiciales de la corrupción brasileña se saldarán en los juzgados pero el proceso político nacional denominado Lavajato se decidirá de cara a la sociedad, un escenario que por ahora es poco callejero a pesar del impacto de las marchas del Cono Norte de Lima contra el cobro del peaje. No obstante, aun en la hipótesis de una baja participación ciudadana activa, la opinión pública será decisiva para evitar que este proceso se reduzca a jueces y penas.

El tercer elemento es la agenda anticorrupción propiamente dicha. Reconociendo el valor de varias medidas en favor de la transparencia pública dictadas por el Ejecutivo, como parte de los 122 decretos legislativos recientes, es evidente que estamos solo en los inicios de esa agenda. Se extraña nuevamente, por ejemplo, la falta de compromiso del liderazgo político del país y de los medios con las 100 medidas propuestas por la Comisión Presidencial de Integridad entregadas el pasado 5 de diciembre, la más importante de las cuales es su llamado a un gran compromiso nacional expreso contra la corrupción.

Lava Jato, un instante revolucionario

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La República

La mitadmasuno

30 de diciembre de 2016

Por Juan De la Puente

 

El hombre más peligroso es aquél que tiene miedo

Ludwing Börne.

Aun antes de destapar sus certezas, el Lava Jato peruano causa sus primeros impactos: ha erosionado las estrategias oficiales que se preparaban para encararlo, agrietando a más de un partido y poniendo en crisis las relaciones políticas. Una parte de la élite peruana tiene miedo y se ha sumido en un turbulento frenesí muy parecido al sálvese quien pueda.

Lava Jato a la peruana viene con una lógica propia, y no será la réplica del terremoto brasileño. Por ejemplo –primera diferencia con Brasil– no ha dado paso a una rápida batalla entre dos bandos, corrupción y anticorrupción sino a una sucesión de pequeñas guerras civiles sin que sepamos si ellas terminarán dando paso a la pelea de fondo. Las guerras teloneras podrían adueñarse del escenario. Y es que el Perú es ancho y ajeno, con demasiados intereses en pugna, la mayoría de ellos cruzados por tercerías, subcontratos, arbitrajes, lobbies de cobro diferido y financiamiento electoral.

Pero Lava Jato tiene una virtud, no va por una cuerda paralela: la catarata de información tiende a integrar todo y lo que tenemos es un tsunami en formación, una revolución –imperfecta, como toda revolución– donde caben la ley y el desorden, el drama y la comedia, y el teatro y el circo, con todo lo que esto último implica: payasos, magos, equilibristas, titiriteros, ventrílocuos y hombres bala.

Lava Jato se posa sobre una vieja crisis de legitimidad del sistema labrada en casi cuatro décadas –es la segunda diferencia con Brasil– y por eso no deberíamos perdernos en las guerras civiles o en los ajustes de cuenta en la esquina del escenario, expresión de esa crisis antigua; el circo no debería ocuparnos demasiado sino las grandes fuerzas que aparecen en la escena.

Solo una parte de esta revolución es de manual: el sistema débil, indefenso, dividido y con poca legitimidad. Para apreciar el resto habría que salir del patrón revolucionario del siglo XX donde las grandes crisis tenían líderes, clases y partidos. La nuestra no posee instituciones fuertes ni partidos –tercera diferencia con Brasil– y lo que tenemos al frente es un estado de ánimo en progreso que ha hecho de la corrupción el principal problema de la sociedad.

De momento decepciona que este instante revolucionario tenga pocos revolucionarios, y que el programa máximo contra la corrupción se limite a dejar todo en manos de la justicia, como si estuviésemos ante un problema de delitos y de penas, exclusivamente. Para una parte de la elite, Lava Jato es un asunto penal, apenas una disfunción social –la cuarta diferencia con Brasil– y por lo tanto solo un punto de llegada. En cambio, para la sociedad, la reacción penalista no es suficiente porque cree que este caso debería ser un punto de partida.

En esto reside el clivaje esencial de esta etapa. Esta brecha carece de mediación y de conexión y apunta a que con las primeras revelaciones se ensanche el abismo con la sociedad. Ese es el debate de fondo en relación a que si el Congreso debería investigar esta corrupción. Un sector cree que el Congreso no debería hacerlo, olvidando el papel de las minorías parlamentarias heroicas de los años noventa, como las que contra el fujimorismo mayoritario investigaron y denunciaron al Grupo Colina, las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, y la corrupción de los mandos militares.

Las alternativas de este instante que podría perderse para la historia asoman. Un primer desenlace sería el democrático- reformista que ataje la impunidad, sustituya al liderazgo político responsable y reforme las instituciones para abrir un curso renovado del país. El segundo es el populista-penalista que castigue a medias a los responsables y que a pesar de su talante bullicioso y enojado deje pasar la oportunidad de cambiar la historia de asalto a las arcas públicas. Y el tercero, el conservador-legalista que deje todo en manos de jueces y fiscales, a quienes luego responsabilizar, sin cambiar nada o cambiando muy poco para que no cambie nada.