lunes, 1 de julio de 2019

Lecciones españolas

https://larepublica.pe/politica/1465893-juan-puente-mitadmasuno-lecciones-espanolas/
La República
La mitadmasuno
9 de mayo de 2019
Juan De la Puente
El resultado de las elecciones generales del 28 de abril pasado en España supone varios efectos combinados y concurrentes, el más importante de los cuales es la frenada en seco de la ofensiva ultraderechista por parte del Vox, que había logrado imponer un escenario electoral dominado por la política brutal, alineando en ese discurso al Partido Popular (PP). En España, la derecha no pudo ahogar al centro político.
Los españoles votaron contra el extremismo, y léase también y por lo mismo por derechos y libertades, contra la disrupción conservadora que tuvo éxitos en varios países de Europa, y gracias a una intensa movilización democrática en la que jugó un papel significativo la sociedad y los partidos que denunciaron el riesgo de empoderar a quienes se propone, más allá del odio, dañar la convivencia.
Los resultados confirman, sin embargo, un cuadro que proyectaron las elecciones del 2015 y 2016, con tres realidades que se alimentan entre ellas: el fin del bipartidismo, la fragmentación de la derecha, y el aumento del peso político de los partidos territoriales.
En el contexto de estas tendencias, los resultados no dejan de ser provisionales en un país que desde hace años carece de una mayoría política.
La debacle electoral del PP, la derecha gobernante en el periodo 2011-2018, es resonante, por originarse en la corrupción y en su huida hacia adelante en manos de un liderazgo débil y chambón que creyó que la autocrítica podía ser reemplazada por la derechización. Carcomido por Vox y Ciudadanos (Cs) el PP ha quedado con escasa capacidad de movimiento, tanto para el retorno a la centroderecha como para proseguir una ruta radical. De hecho, el liderazgo de la derecha española está en disputa.
España tendrá un gobierno progresista, en solitario o en coalición. El triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), adueñado del centro político (compartido en algunos segmentos con Ciudadanos), resume una apuesta por la moderación y el diálogo, que es la principal identidad del corto gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, debe reconocerse sin complejos que una parte de los electores ha votado por el miedo a que las “tres derechas” se repartan el poder con fines regresivos. El imperativo de la moderación fue tan crucial que fue levantada por Pablo Iglesias y su grupo unidas Podemos en el tramo final de la campaña, impidiendo la debacle de la izquierda.
La larga coyuntura crítica española guarda lecciones para el Perú. Una de ellas es la valorización creciente de la movilización democrática que ya operó aquí en las elecciones generales del 211 y 2016 y en las municipales del año pasado en Lima. En España, el auge de la ultraderecha movilizó al centro, a la izquierda y a la sociedad civil, es decir, la activación conservadora fue proporcional a la reactivación de las libertades, un proceso que ya asoma entre nosotros.
Queda asimismo la lección de que la deriva radical de la derecha no tiene que ser seguida por una explosión ultra de la izquierda sino por una propuesta de cambio y unidad nacional. Los electores suelen ser más racionales de lo que piensan ciertos estrategas.

Cruzada penal, no política

https://larepublica.pe/politica/1461474-cruzada-penal-politica/
La República
La mitadmasuno
3 de mayo de 2019
Juan De la Puente
El largo proceso crítico que ha liquidado a casi todo el liderazgo del país demanda politizar, en el sentido más conceptual de la palabra, la lucha contra la corrupción, bajo el riesgo de que sus reconocibles logros sean en algún momento frenados, o superados por etapas de megacorrupción.
La lucha contra la corrupción es ciertamente desafiante, y sometida a un juego máximo de presiones e intereses, lo que ha hecho que más de una vez sus avances se encuentren jaqueados por fuerzas que operan a veces en el terreno penal, otras en lo político, y por supuesto en los dos ámbitos.
A pesar de ello, en la sociedad y los poderes públicos que no forman parte de la fiscalía y el Poder Judicial predomina la idea de que esta es una cruzada estrictamente penal. En esta visión es decisivo el proceso de investigación, las evidencias, las pruebas y los plazos procesales. Alrededor de ello se han librado batallas cruciales para defender la independencia de los magistrados y la continuidad de los procesos frente a las dilaciones, una épica muy significativa respecto a los otros procesos de lucha contra la corrupción.
La prensa ha jugado en este proceso un papel precursor y determinante al mismo tiempo. Sus primeros hallazgos fueron seguidos de otros más complejos y profundos. La judicialización de la política conllevó a la judicialización de la prensa, en una dinámica antes nunca vista, elevando el papel político de los medios de comunicación. A pesar de ello, para la mayoría de medios, la demanda de ética de los gobernantes es una opción legítima de la búsqueda de la verdad, con propósitos no necesariamente políticos.
Es por ello explicable que el período más álgido de la lucha contra la corrupción coincida con el momento en que la reforma política pierde centralidad. Esta brecha, que podría denominarse como de alta demanda ética con baja demanda de reforma, debe ser analizada especialmente en referencia a los actores públicos.
La impunidad ha sacado a las calles a importantes sectores ciudadanos, pero ahora mismo sería una ilusión aspirar a que por lo menos la mitad de los manifestantes que se movilizaron contra la impunidad lo hagan para demandar reformas de la política. De hecho, la impunidad en el Perú tiene un rostro básicamente penal, asociado a la justicia.
Esta brecha es potencialmente peligrosa, especialmente si los partidos –léase programas, líderes y organizaciones– antes asociados al concepto “cambio político” se oponen mayoritariamente a los 12 proyectos de la Comisión Tuesta enviados por el Gobierno al Congreso. En ese escenario, la falta de politización de la demanda de ética pública es ahora la principal limitación de esta.

No debería esperarse que sean los fiscales o jueces los que realicen esta asociación; no es su papel, ni lo correcto. Este desafío debería ser asumido por los grupos políticos que se consideran no vinculados a los casos en curso, los militantes de base de los partidos llamados a renovarse o morir, los poderes públicos con mandatos para el cambio –especialmente el Ejecutivo– y los medios de comunicación. Para ellos, para todos, esta politización de la ética pública tiene plazos.

Temporada de liquidación sin ofertas

La República
La mitadmasuno
26 de abril de 2019
Juan De la Puente
El país estaba preparado para la prisión del expresidente Alan García, pero no para su suicidio. Esperaba su desaparición política pero no su eliminación física. El disparo que acabó con su vida hizo añicos las principales tendencias, instalando un clima de pasión extrema que acelera los procesos. Los nuevos códigos desbordan incertidumbre. El escenario se reordena con velocidad.
Como en todo drama, los símbolos nos ahorran palabras. García y su áspera carta a sus adversarios; Barnechea suicidándose ante el féretro del expresidente; el presidente Vizcarra visitando a PPK; Barata confirmando los aportes a los políticos presidenciables y las coimas. Y todos recurriendo a la historia como tribunal del presente.
La muerte de García no abre ni cierra, sino detona. La polarización julio-enero había empezado a relajarse desde cuando Vizcarra aparcó su conflicto con el Congreso, y la sociedad incrementó sus demandas de resultados, a tono de una agenda más plural. La tendencia era a la fragmentación de opciones. Ahora, la polarización ha retornado, pero con nuevas reglas de juego, la principal de ellas, la hegemonía de la política brutal. Lo que viene es una confrontación binaria, muy cerrada sobre todos los puntos de la agenda y especialmente arriba, con la cuota de extremismo que se advierte.
La muerte de García y la detención de PPK acaban de liquidar la coalición vizcarrista, ya debilitada. Esta ha sido partida en dos, colocando como divergentes al otrora dúo magistrados/presidente. Al mismo tiempo, ha fortalecido la coalición opositora conservadora, ahora briosa –y probablemente exitosa– en su reclamo contra los excesos de la prisión preventiva.
Las narrativas de celebración o ritualización del suicidio de García –con su sentido atávico y tribal de menosprecio a la muerte y al dolor– esconden la imposibilidad de movilizar a la sociedad en algún sentido. Es más, las recientes revelaciones de Brasil, que confirman la descomposición de la élite peruana, indican que como en ese país, los fiscales y los jueces peruanos son los propietarios de la lucha contra la corrupción, pero sin ciudadanos en las calles. En ese punto, ya se encuentra instalada como tendencia la liquidación de la lucha contra la corrupción.
Una conmoción social sin multitudes desafía a las teorías sobre las crisis políticas. Al juego de símbolos le falta el más importante, la emergencia de un proceso movilizador y democratizador. Lo que tenemos es una coyuntura sin contexto, quizás porque antes del suicidio de García otros habían decidido suicidarse a su modo, subestimando u oponiéndose a las urgentes reformas, lo único que ahora podría movilizar a los ciudadanos y legitimar cualquier liderazgo. No nos engañemos con el microclima de las redes sociales; ahí sobran likes y falta tecnopolítica.

La muerte de Alan García es un condensador simbólico que aviva la disputa en las élites e instituciones; le da continuidad al gran período crítico (re) abierto el 2016, pero con un rasgo nuevo: ya no hay rebelión reformista ni liderazgo para el cambio. Como en los viejos tiempos, no está en disputa el gobierno o el Congreso, sino la calle.