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martes, 6 de agosto de 2019

Normalizando la crisis. Encuesta Ipsos, 4 de agosto de 2019

Normalizando la crisis. Encuesta Ipsos 4 de agosto de 2019
Por Juan De la Puente

La lectura de las encuestas obliga a una trabajosa operación de desagregar y agregar, especialmente en un contexto de crisis, cuando las opciones de desenlace son extremas y el escenario se encuentra en rápido movimiento. Extraer un dato entre varios para validar una apreciación nuestra o ignorar los detalles –los árboles- para privilegiar la conclusión –el bosque- puede ser el otro extremo, el generalismo.
A esta doble operación de agregar y desagregar obliga la encuesta de Ipsos Perú del 4 de agosto. En ella encuentro resultados matizados, es decir, algunos datos que mediatizan otros. Por ejemplo, no hay duda de que 3 de 4 peruanos (75%) está a favor de adelantar las elecciones contra un bajísimo 19% que se muestra en contra; aunque, el respaldo a la propuesta presidencial es 20 puntos menos que lo obtenido por las respuestas al referéndum de diciembre pasado.
Mi reflexión en torno a estos datos es que la sociedad respalda por ahora una salida constitucional –por decir legal, pacífica, pactada y democrática- a esta crisis, una suerte de “que se vayan todos” en clave negociada, demostrando una madurez que le niegan al pueblo ciertos políticos y analistas. Por esa misma razón, a pesar de la impopularidad del Congreso, el porcentaje que prefiere que se disuelva el Congreso vía una Cuestión de Confianza es del 56%.
El margen de maniobra que los ciudadanos le otorgan al presidente para gestionar esta para de la crisis, es alto. El 70% se opone a su vacancia, aunque esta medida ya trepa al 24%. La presidencia no está en disputa en este tramo del proceso, considerando que Vizcarra ha recuperado 13 puntos de aprobación (ahora en 57%) aunque su ubicación en relación al bloqueo institucional ha cambiado. Ha pasado de ser una solución, a ser un problema, o en mejor de los casos una solución/problema, en mérito a su enorme gesto de generosidad, al ofrecer su cargo. No debe pasarse por alto que solo el 18% piensa que Vizcarra y el Congreso deben de seguir en funciones hasta el 2021.
La idea de que no hay vuelta atrás en el escenario, interpretado como un arreglo para que se queden todos o casi todos, es muy sólida. La primera salida ensayada por la oposición, que es el retiro de Vizcarra de la presidencia y su reemplazo por Mercedes Araoz, es precaria y lo respalda apenas el 7%. Ello hace pensar que los ciudadanos desean salidas estables o con certezas.
En la encuesta no aprecio ningún arrebato que llame a un salto al vacío. Se advierte menos incertidumbre de lo que se pensaba, quizás hasta lejanía. En cualquier caso, es intrínseco a los datos una convicción contraria al inmovilismo institucional y una consideración respecto a que no hay otra salida, al punto que las razones que se creen que llevaron al presidente a proponer el adelanto de elecciones, no son nada vizcarristas: apenas el 38% cree que fue porque el Congreso no aprobó las reformas políticas; el 29% piensa que es para acabar con la crisis política; y el 24% cree porque no ha logrado éxitos en su gestión. Es cierto que el desenlace está suspendido en el aire, pero con estas respuestas iniciales, los peruanos han normalizado esta parte de la crisis, la transición política y su probable salida. Ya lo habían hecho en marzo del año 2018 cuando renunció Pedro Pablo Kuczynski.

lunes, 1 de julio de 2019

Temporada de liquidación sin ofertas

La República
La mitadmasuno
26 de abril de 2019
Juan De la Puente
El país estaba preparado para la prisión del expresidente Alan García, pero no para su suicidio. Esperaba su desaparición política pero no su eliminación física. El disparo que acabó con su vida hizo añicos las principales tendencias, instalando un clima de pasión extrema que acelera los procesos. Los nuevos códigos desbordan incertidumbre. El escenario se reordena con velocidad.
Como en todo drama, los símbolos nos ahorran palabras. García y su áspera carta a sus adversarios; Barnechea suicidándose ante el féretro del expresidente; el presidente Vizcarra visitando a PPK; Barata confirmando los aportes a los políticos presidenciables y las coimas. Y todos recurriendo a la historia como tribunal del presente.
La muerte de García no abre ni cierra, sino detona. La polarización julio-enero había empezado a relajarse desde cuando Vizcarra aparcó su conflicto con el Congreso, y la sociedad incrementó sus demandas de resultados, a tono de una agenda más plural. La tendencia era a la fragmentación de opciones. Ahora, la polarización ha retornado, pero con nuevas reglas de juego, la principal de ellas, la hegemonía de la política brutal. Lo que viene es una confrontación binaria, muy cerrada sobre todos los puntos de la agenda y especialmente arriba, con la cuota de extremismo que se advierte.
La muerte de García y la detención de PPK acaban de liquidar la coalición vizcarrista, ya debilitada. Esta ha sido partida en dos, colocando como divergentes al otrora dúo magistrados/presidente. Al mismo tiempo, ha fortalecido la coalición opositora conservadora, ahora briosa –y probablemente exitosa– en su reclamo contra los excesos de la prisión preventiva.
Las narrativas de celebración o ritualización del suicidio de García –con su sentido atávico y tribal de menosprecio a la muerte y al dolor– esconden la imposibilidad de movilizar a la sociedad en algún sentido. Es más, las recientes revelaciones de Brasil, que confirman la descomposición de la élite peruana, indican que como en ese país, los fiscales y los jueces peruanos son los propietarios de la lucha contra la corrupción, pero sin ciudadanos en las calles. En ese punto, ya se encuentra instalada como tendencia la liquidación de la lucha contra la corrupción.
Una conmoción social sin multitudes desafía a las teorías sobre las crisis políticas. Al juego de símbolos le falta el más importante, la emergencia de un proceso movilizador y democratizador. Lo que tenemos es una coyuntura sin contexto, quizás porque antes del suicidio de García otros habían decidido suicidarse a su modo, subestimando u oponiéndose a las urgentes reformas, lo único que ahora podría movilizar a los ciudadanos y legitimar cualquier liderazgo. No nos engañemos con el microclima de las redes sociales; ahí sobran likes y falta tecnopolítica.

La muerte de Alan García es un condensador simbólico que aviva la disputa en las élites e instituciones; le da continuidad al gran período crítico (re) abierto el 2016, pero con un rasgo nuevo: ya no hay rebelión reformista ni liderazgo para el cambio. Como en los viejos tiempos, no está en disputa el gobierno o el Congreso, sino la calle.

jueves, 3 de enero de 2019

2018, la rebelión inconclusa

https://larepublica.pe/politica/1383754-2018-rebelion-inconclusa
La República
La mitadmasuno
28 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Hay más certezas de que el 2018 empezó mucho antes, quizás en julio del año 2016, con un gobierno dividido, entre una presidencia precaria y autolimitada y un Congreso autosuficiente, y que acabará muchos meses más adelante, adentrados en el 2019, con un gobierno sin mayoría, con una presidencia más fuerte frente a un Congreso fragmentado y quizás autolimitado.
El largo 2018 no se parece a ninguna de las etapas que vivimos en las últimas décadas. Liberados de la palabra crisis, que ya nos dice muy poco, el término rebelión –como rechazo al poder, revuelta y resistencia– podría resumir lo vivido como un conjunto turbulento e inconexo de varios movimientos cuyos rasgos más definidos son la crítica y la radicalidad más que el cambio mismo, un escenario donde caben la áspera denuncia popular contra las élites, el empoderamiento solitario del presidente, la popularidad de algunos jueces y fiscales, el extremismo de la derecha y el auge de lo que se denomina ética pública. La ética privada, ya sabemos, normal nomás.
La rebelión se topó con un sistema fuerte y a ello se debe que sus desenlaces sean limitados si se compara con la fuerza de los remezones. Esta etapa termina con el liderazgo político nacional descabezado y el Congreso vencido, como elementos que condicionan la apertura de una evolución insospechada por sus actores.
No nos engañemos. Ha terminado la disyuntiva y se inicia la transición, aunque la cuota de incertidumbre sigue siendo alta porque la llave de la gobernabilidad no está en poder de las instituciones sino de la sociedad. Esta no es una frase de cliché; el referéndum les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria. El plebiscito –de las urnas, encuestas, redes sociales y medios– será permanente en adelante.
Una parte de las principales instituciones, el Congreso, el Poder Judicial y la fiscalía, están heridas de muerte, pero no muertas. La extrema derecha cree que el Gobierno las quiere tomar, aunque en realidad este aplica una presión imprecisa para el cambio por dentro. Los verdaderos problemas son otros, sus liderazgos sangrantes y precarios, y su absoluta imposibilidad para reconstruirse. En eso consiste el carácter inconcluso de esta rebelión que el presidente Vizcarra intentó relanzar en su mensaje del 12 de diciembre, incorporando la reforma política, diálogo nacional y presión en corto al Congreso para avanzar en los cambios judiciales.
Vizcarra camina hacia un pacto con una parte del Congreso. El presidente debe ser el más interesado en no disolver constitucionalmente el Parlamento porque los plazos de la reforma –las siete leyes, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia– presionan más su agenda que la de la oposición.
La reforma judicial tiene una ruta “externa” más o menos cierta, aunque ilusiona demasiado con que las leyes curarán la corrupción. En cambio, la reforma política es un libro abierto que debe ser escrito cada semana con el riesgo de dejar hojas en blanco. En este punto, lo inconcluso de la rebelión consiste en reemplazar el “que se vayan todos” por el “que vengan los nuevos”, dos lógicas más contrapuestas de lo que suponemos.
Muy a menudo, es decir, casi todos los días, la rebelión es jalonada por las batallas judiciales que más allá de su importancia procesal, y de conjurar el riesgo de la impunidad, no pueden brindar más resultados políticos que los entregados entre octubre y noviembre. En este punto, los tribunales impactan menos a la espera de las revelaciones que promete el acuerdo de la justicia peruana con Odebrecht. Si estas informaciones son graves forzarán nuevos desenlaces, de modo que el sistema depende otra vez de testimonios procesales.

A esta rebelión le falta promesa; por eso no es revolución. La sucesión constitucional PPK/Vizcarra fue una experiencia tan escandinava que nos ha preparado para casi todo. En pocos meses hicimos con éxito travesuras constitucionales que para nosotros estaba solo en los libros. El país está preparado para más, pero el sistema resiste. Por eso también, esta rebelión es inconclusa. Alguien tiene que abrir la puerta a los grandes cambios.