sábado, 16 de diciembre de 2017

Defensa del presidencialismo

La República
La mitadmasuno
10 de noviembre de 2017
Juan De la Puente
América Latina es presidencialista. Si nos atenemos a los profesores Linz y Sartori, los países de esta región cumplen con los requisitos del sistema presidencial: 1) el presidente es el jefe de Estado y de Gobierno; 2) es elegido mediante el voto ciudadano y no por el Congreso; 3) tiene un período de gobierno conocido; 4) designa al gabinete; 4) el Congreso no puede destituirlo o tiene severas limitaciones para hacerlo.
La evolución de dos siglos ha terminado diseñando varios modelos, desde el presidencialismo puro hasta el moderado, aquél que introduce algunas formas básicas del parlamentarismo, que es nuestro caso. También habría que ser justos que casi todas las reformas del sistema de poderes en los últimos años han sido para fortalecer el papel del Congreso frente al Ejecutivo, aunque sobre la base de una mayor cooperación, a excepción de la reforma venezolana.
En ese contexto, el presidencialismo peruano, acaso el más moderado de la región, al borde del sistema mixto (voto de confianza, interpelación, censura, vacancia y débil bloque de leyes por parte del presidente), sufre en estos meses un duro embate parlamentario. No es el primero. Desde el año 2001, el Perú tuvo presidencias crecientemente precarias, una debilidad que sin embargo se relaciona más con el incumplimiento de ofertas electorales que con la mala vecindad con el Congreso.
Aun así, el Parlamento ha desplegado una ofensiva sin precedentes que en 16 años ha llevado a decenas de interpelaciones, varios retiros de ministros al borde de la censura, la salida de dos gabinetes por votación parlamentaria (Jara y Zavala), y dos gabinetes con investidura agónica luego de votaciones en ámbar que bien podrían ser consideradas de negación de confianza (Jara y Cornejo).
La presidencia peruana está en crisis. Desde el año pasado, esta crisis no se origina en el multipartidismo, es decir, la combinación entre la fragmentación y una presidencia minoritaria frente al Congreso, sino en un bipartidismo desigual entre una mayoría absoluta parlamentaria frente a un Ejecutivo disminuido social y políticamente.
En el último episodio, la comparecencia del presidente de la República a una comisión parlamentaria, se advierte el propósito de sujetar al Congreso a quien ejerce la jefatura del Estado y del Gobierno. El informe de la Comisión de Constitución sobre este punto es un peligroso precedente de ataque al presidente, ignorando la Constitución, al señalar que el Congreso puede investigar al presidente por casos distintos a los señalados en el texto fundamental; que el presidente está obligado a comparecer ante el Congreso despojado de su condición inviolable señalada en la Constitución; que el Congreso puede establecer de modo simple la comisión de infracciones constitucionales por parte del presidente; y que, por lo tanto, la vacancia presidencial es una figura ordinaria del sistema político.
Es probable que la presidencia no sea la mejor de las instituciones peruanas y que su ejercicio a lo largo de la historia haya dejado mucho que desear. A pesar de ello, es la institución más sólida de la república luego de la cual, si se debilitara profundamente o si quedara cautiva a merced del Congreso como se intuye por los últimos movimientos del Legislativo, quedan el desorden y la disgregación. No se necesita precisar ahora por falta de espacio el desenlace que tuvieron las etapas de las presidencias peruanas debilitadas en extremo y sometidas al Congreso.

En un periodo en que, a pesar de las proclamas, el Legislativo no es el primer poder del Estado, el país no solo necesita el equilibrio de poderes, sino que este equilibrio sea sano y que se encuentre acompañado de la cooperación de los poderes. Nuestro sistema, como el de la mayoría de presidencialismos de la región, no está diseñado para una confrontación extrema sino para la tensión y colaboración razonables, porque el exceso de confrontación erosiona finalmente a todos, incluidos los dos adversarios. Esta es la presidencia que tenemos y debe ser defendida. Su defensa lo es del sistema, incluso de quienes ahora la atacan.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Cataluña, España y la izquierda

http://larepublica.pe/politica/1140023-cataluna-espana-y-la-izquierda
La República
La mitadmasuno
3 de noviembre de 2017
Juan De la Puente
El proceso independentista catalán, en caída luego de la intervención del gobierno autonómico (la Generalidad y sus órganos, el gobierno, el parlamento y la presidencia) por el gobierno español, en aplicación del artículo 155º de la Constitución, le pasa la factura a Podemos, la nueva formación de la izquierda española que junto con sus aliados obtuvo el 21% de votos en las elecciones del año pasado, y que –también juntos– ocupan 67 de 350 escaños en el parlamento.
Presionado por expectativas regionales, especialmente de sus bases y sus aliados en Cataluña, Podemos exhibió un extraño discurso neutral pero inclinado hacia el proceso separatista catalán impulsado por una coalición de grupos conservadores, liberales y de izquierda. Mientras el proceso estaba en curso, antes de la declaración unilateral de independencia y de la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, ese discurso pudo servir para administrar la falta de una opinión resuelta y organizadora sobre la cuestión catalana, pero no fue suficiente.
El grupo que revolucionó y modernizó la movilización en España y Europa, legítimo heredero del movimiento de los indignados del 15-M del 2011, se vio atenazado por una estrategia sin táctica. Por primera vez desde su fundación fueron “otros” los que ganaron la iniciativa de la calle. Los separatistas los llevaron de las narices, estableciéndose entre ellos y Podemos una distribución de roles perjudicial para el partido nacional: Los primeros aceleraban la separación de España vía el ilegal referéndum del 1º de octubre, y los segundos atajaban al gobierno de Rajoy, defendiendo el derecho a decidir del 48% de los ciudadanos sobre el 52% restante.
Ese fue el primer error del profesor Pablo Iglesias, líder de esa formación, que se sabe de memoria las lecciones de estrategia, pero al que le faltó la primera lección de táctica: tener una línea propia en el terreno de los hechos, y llevarla adelante. A Podemos de estos meses le sobró Gramsci, pero le faltó Lenin, De Gaulle y Churchill.
En principio, es seductor el modelo de organización más plural para España, es decir, un desarrollo mayor del modelo de autonomías instalado por la Constitución de 1978. La idea de esta alternativa fue plasmada en la propuesta de un nuevo pacto territorial y democrático por la vía del federalismo. No obstante, esta alternativa no puede enarbolarse relativizando la unidad nacional, un error frecuente de las formaciones nacionales radicales de derecha o izquierda. Razón tuvo hace días la profesora Carolina Bescansa, una de los tres fundadores de Podemos, al lamentar que su partido no tenga un proyecto político para España y en pedir que se le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas, recordando que Podemos es un partido español y estatal.
Ese segundo error no fue leve. La idea de llamar fascista a todo aquel que defienda la unidad de España –o si queremos aplicarlo a cualquier país, la unidad nacional– no se justifica siquiera en las disputas en las redes sociales; más aún si se tolera, como ha sucedido en Cataluña por parte de grupos de la izquierda regional, que se llame traidor (botifler en el argot catalán) al que se muestra contrario a la secesión. Al contrario, no enfrentarse al nacionalismo secesionista creyendo que tenía la marca de izquierda, y que eso era suficiente, implicó sentar las bases del actual conflicto entre la dirección nacional de Podemos y sus bases catalanas que solo tiene una ruta de solución: la salida de los que pierden.

El tercer error fue priorizar su oposición al gobierno, y subestimar el valor moral de la Constitución, inclusive si en el gobierno se encuentra un grupo cuestionado como el Partido Popular (PP) protagonista de sonados escándalos de corrupción. Allí hubo un equívoco más que político, que es no tomar en cuenta que la Constitución es más que un gobierno. Eso sucede cuando desde la Ciencia Política se subestima el Derecho Constitucional. Ahora, tendrán que hacer otra incoherencia: participar en un proceso electoral que consideran ilegitimo.

Ver el hashtag pero no el bosque

http://larepublica.pe/politica/1137016-ver-el-hashtag-pero-no-el-bosque
La República
La mitadmasuno
27 de octubre de 2017
Juan De la Puente
Los delitos sexuales en el Perú son, quizás siempre lo han sido, delitos masivos cuya incidencia ya debe ser comparada con el robo y el narcotráfico. Por esa razón es absurdo que el sector conservador-machista de nuestro país pretenda cuestionar sin base empírica, y solo desde lo masculino, el famoso hashtag #PerúPaísdeVioladores.
A los datos expuestos añado tres que confirman esta criminalidad masiva: 1) De los 83,000 internos en cárceles peruanas, 14,800 lo son por los cuatro tipos penales de violencia sexual (violación sexual a menores de edad, violación sexual tipo básico, actos contra el pudor y actos contra el pudor contra menores de edad), es decir el 17.8% del total. Este porcentaje es menor al de los internos por robo, pero cerca de los presos por tráfico de drogas que son 18,900, es decir, el 20.4%.
2) El Ministerio Público reporta que desde el año 2000, ha investigado 256 mil denuncias por violación sexual, un ciclo de 16 años cuya principal característica es el aumento de denuncias a una tasa de 9.6% por año. La progresión del delito es muy clara: el año 2000 hubo 5 mil denuncias y el año pasado casi llegan a 22 mil. Salvo la extorsión, no hay delito que haya progresado tan aceleradamente en el país. ¿Se denuncia más ahora? Sí.
3) Las sentencias van en aumento y no se puede decir sin mayores datos que en este tema predomina impunidad. De hecho, dos tercios de los internos en cárceles por delitos sexuales han sido sentenciados, una cifra alta si se compara con el tráfico de drogas que tiene solo al 28% de sentenciados. De los datos del Poder Judicial se desprende que los jueces están condenando violadores y autores de delitos contra el pudor en forma creciente. El 2015 sentenciaron a 5,885 personas, el año pasado 6,106, y hasta agosto de este año a 4,775. El aumento de sentenciados en las cortes superiores de Arequipa, Cusco, Junín, Lima Este, Madre de Dios, Puno y Ucayali, es impresionante.
La masividad de estos delitos nos remite a una primera conclusión. Este estallido no se puede combatir solo desde el derecho penal o la política criminal clásica. La explosión delictiva da cuenta de profundos problemas no encarados, y patentiza una batalla en el plano de las ideas y de las políticas públicas.
Cuando ves o lees a personas que prefieren luchar contra la llamada “ideología de género” con más énfasis que contra las violaciones, o a un grupo de legisladores votar a favor de beneficios penitenciarios de violadores sentenciados, es señal de que las prioridades no son las mismas frente a estos delitos. Los delincuentes están haciendo lo que saben hacer, y quienes fallan son el Estado y la sociedad.
La indignación sin cambio es una moneda que ha perdido valor. Encarar estos delitos masivos precisa de consensos básicos como los que operan en la lucha contra la extorsión o el tráfico de drogas. Es una batalla que demanda asumir los derechos de género y contra la violencia sexual en una sola dimensión, una unidad que los indignados selectivos e intermitentes creen que pueden reemplazar por su demanda de pena de muerte, a sabiendas de que no funciona.
Toda la actuación del Estado se dirige a la etapa posterior al delito; se elevaron las penas para los casos de violación, se retiraron los beneficios penitenciarios en dos de los cuatro delitos contra la libertad sexual, se convirtieron esos delitos en perseguibles por acción pública, y mejoraron (solo un poco) los procedimientos de denuncia, reconocimiento de víctimas y juzgamiento. A pesar de ello no ha decaído el delito.

La movilización pública implica encarar la prevención desde la escuela y la comunidad y sobre todo en la familia. El gran enemigo es la reproducción de los roles tradicionales desiguales entre el varón y la mujer por mandato divino, el derecho de conquista y la propiedad personal de un ser humano; aunque uno de los peores machismos –lo acabamos de ver en la Comisión de la Mujer del Congreso– es el de las mujeres. Desde el tradicionalismo no se podrá parar este delito masivo.