La
República
La
mitadmasuno
13
de setiembre de 2019
Juan De la Puente
Uno de los argumentos contrarios al adelanto
electoral reza que no es necesario porque el Congreso aprobó la reforma
política, es decir, los proyectos priorizados por el Gobierno con ocasión de la
cuestión de confianza anterior, y que el actual Parlamento podría hacer aún más
cambios. Así, de modo oblicuo, se reconoce la necesidad de la reforma, a
contrapelo de la oposición mayoritaria inicial del Congreso a los cambios.
Sería coherente que este argumento venga
acompañado de un reconocimiento formal a los miembros de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma
Política, hostigados incesantemente por la mayoría parlamentaria.
Tachados de “notables”, su especialización en la materia devenía casi en un
delito, y en ellos se pretendía castigar la demanda de renovación que el
sistema político reclama en voz alta y atajar a la crítica ciudadana a la falta
de eficacia de las instituciones.
El desempeño de este grupo fue meritorio en la
producción y el debate de los cambios en medio del ataque el mensajero y no al
mensaje; y a pesar de que estamos en los inicios de la tarea, este paquete tuvo
mejor suerte que los proyectos de reforma constitucional aprobados por el
referéndum de diciembre pasado, probablemente porque en ese caso la
implementación se complejizó y luce incompleto porque no fue aprobada la bicameralidad por un error compartido
entre el Gobierno y el Congreso.
De los seis proyectos priorizados en la
reforma política, los cuatro que se han convertido en ley renuevan y modernizan
la legalización de partidos, poniendo fin a una parte del sistema político
cerrado, cupular y plutocrático,
aunque este último objetivo no se conseguirá totalmente mientras no se suprima
el voto preferencial. En
términos de derechos, sin embargo, las elecciones internas y las listas
paritarias y alternadas, aún en proceso, son logros que enriquecerán el
quehacer político de las nuevas generaciones.
Con o sin elecciones adelantadas, el curso de
la reforma no debe detenerse. Quedan las otras dos reformas constitucionales
que deben ser votadas por segunda vez y abordar los otros proyectos que no
fueron priorizados, pero de crucial incidencia en el cambio político, como la
regulación más equilibrada de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso para mejorar las
prácticas de control mutuo, como la cuestión de confianza, la insistencia y el
papel de las minorías en el Legislativo; la ampliación del mandato local y
regional a 5 años; la elección parlamentaria en la segunda vuelta, entre otros.
El adelanto
electoral, cuyo desenlace se posterga y se desenvuelve en cámara lenta,
sigue siendo una oportunidad para redefinir actores para el cambio. La pugna
alrededor del calendario electoral –si las elecciones son el 2020 o 2021-
probablemente impida profundizar sobre la brecha entra la política y la
sociedad que esta reforma está llamada a resolver, aunque mientras más demore
el sistema en recuperar su legitimidad ante los ciudadanos, será más difícil
curar las heridas causadas por la antipolítica y la contrapolítica. No basta
que el liderazgo del país no quiera una asamblea constituyente; si desea
impedirla, más allá del discurso temeroso deberían producir las reformas
necesarias.
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