La República
La mitadmasuno
29 de marzo de 2019
Juan De la Puente
El informe de la Comisión
de Alto Nivel para la Reforma Política es la iniciativa más prometedora
de los últimos años para cambiar nuestro sistema político. A diferencia de
otros estudios, varios de los cuales se recogen en sus 400 páginas, se propone
ser una hoja de ruta ordenada para acometer una reforma que el país ya no puede
evitar sin que en ello se juegue la destrucción del capital social acumulado
los últimos 18 años.
Un primer valor del informe es su aspiración a
transformar el sistema político más allá de las reformas
electorales, el tópico específico que fue la aparente prioridad de los
cambios desde el año 2009, cuando empezó a cerrarse el sistema político, al
elevarse a 450 mil el número de firmas para inscribir a los partidos. La idea
de cambiar al mismo tiempo el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el
sistema electoral es seductora y posible, en la línea de la experiencia de
otras reformas democráticas en la región, de las que emerge una tendencia: los
cambios integrales, pactados y en poco tiempo tienen más posibilidades de
éxito.
Sería un error repetir el minimalismo y
aprobar solo las reformas de corte electoral. Las 12 iniciativas, cuatro de
reforma constitucional y 8 de orden legal, se anuncian eficaces. Un rápido
cálculo de resultados indica más de un centenar de efectos directos de carácter
institucional y no solo político en el sentido estrecho del término. Para
estimar con más certeza estos efectos sería ideal definir las etapas del
cambio, el mismo que debe empezar indudablemente con la aprobación urgente de
las iniciativas, y desarrollar
escenarios de casos específicos a guisa de ubicación de indicadores de éxito,
un aspecto omitido en el informe, probablemente por el escaso tiempo para su
elaboración. Por ejemplo, sería muy útil apreciar cómo la reforma contribuiría
a “curar” el sistema político en Áncash, el foco más resistente de corrupción
regional.
La visión del informe en relación a los partidos
es claramente liberal; recoge el estándar universal vigente que se distancia
tanto del esquema del centralismo democrático de las formaciones de la
izquierda ortodoxa, como la deformación plutocrática de los partidos
que cifran sus esperanzas en el financiamiento privado.
La apuesta por las listas paritarias, el
financiamiento público de las campañas, la eliminación del voto preferencial y
las elecciones internas obligatorias a cargo de la ONPE persiguen el
propósito de fijar un punto de partida general, único y uniforme, superando la
desigualdad del sistema de partidos.
La apertura de los mecanismos de
entrada al sistema es una buena noticia, así como las reglas para permanecer en
él. En el debate se podría precisarse mejor la gradualidad del proceso, pero
nada más democrático que cimentar el sistema en la capacidad de convocatoria de
los programas y los líderes, y la disposición de sus afiliados a la
competencia. Es el desafío de partidos nacionales de verdad y de militantes
empoderados, con un mínimo de carrera política; menos partidos limeños y
partidos cascaron, más vida partidaria y militantes con más poder, dueños y no
inquilinos de los partidos.
