sábado, 9 de marzo de 2019

La Victoria y los generales

https://larepublica.pe/politica/1404815-victoria-generales
La República
La mitadmasuno
1 de febrero de 2019
Juan De la Puente
Se libra en el distrito de La Victoria (Lima) una batalla compleja que presenta por lo menos dos tensiones, una contra las mafias y otra contra la Policía, ambas protagonizadas por su alcalde George Forsyth, que con su valiente desafío al crimen y a la inseguridad ciudadana ha cambiado radicalmente la agenda municipal de la capital, urgiendo por soluciones inmediatas a problemas que se encuentran más allá del alcance municipal, pero que forman parte de sus intereses.
La batalla del alcalde contra las mafias debe ser leída como el cambio de la posición del municipio contra el crimen organizado en un distrito que silenciosamente fue tomado, por lo menos, por 25 bandas, la mayor de las cuales se alojó en la misma municipalidad, llamada “Los Intocables Ediles”, dirigida por el alcalde y desarticulada en parte en agosto pasado con la detención de 32 personas.
El modelo de negocio de esta banda era perfecto. Operaba en dos zonas, Gamarra y el Mercado de Frutas; para ello establecieron cuadrantes en los que realizaban ordenadamente cobros ilícitos del parqueo de vehículos (solo en Gamarra hay 2.500 espacios disponibles) y a más de 8 mil vendedores ambulantes, que hacían un primer pago para empadronarse y luego realizaban pagos diarios.
Un modelo de esa magnitud se basó en dos pilares, el municipio y la Policía. La investigación ha detectado que por lo menos 5 generales de la PNP eran parte del grupo criminal, dos de los cuales fueron pasados a retiro, en tanto que los otros tres seguirían en actividad, además de decenas de otros oficiales y suboficiales. No habría que olvidar que el operativo de agosto incluyó el allanamiento de 11 locales policiales, entre ellos las comisarías de La Victoria, Apolo, Yerbateros, San Cosme, Juan Ingunza Valdivia, Jesús María y Sagitario, y el Departamento de Investigación Criminal de La Victoria.
En La Victoria existen otras redes, que van desde la extorsión a la “protección” de negocios, las rutas del tránsito, hasta las licencias ilegales, entre otras actividades que reportan dividendos a una actividad delictiva que “garantiza” el empleo de centenares de personas. Se entiende ello considerando que el distrito es al mismo tiempo un espacio de informalidad y formalidad económica: una de cada 10 empresas de Lima funciona en La Victoria, que además tiene, luego de San Isidro y Miraflores, la mayor densidad empresarial.
La primera batalla del alcalde Forsyht ha sido pública y ha consistido en plantar cara a las mafias e iniciar un proceso de ordenamiento del comercio, la ocupación de los espacios públicos y recuperar el papel dirigente del municipio. Esa es ya una tarea titánica para un municipio que, tomando en cuenta el volumen de la economía a la que está integrada –y que debería convertirlo en uno de los más ricos-, ha sido depredado por la corrupción, tiene un déficit de 580 millones de soles y recibe escasos ingresos propios, precisamente porque estos se van a las redes ilegales.
La segunda tensión, contra la corrupción e ineficiencia policial, es todavía silenciosa, aunque debe quedar claro que sin un compromiso nuevo y firme en ese punto, no se tendrán avances tangibles. La realización del reciente operativo con 2 mil policías, es insuficiente como respuesta de la Policía Nacional a un problema estructural, aun se hiciese un operativo cada semana.

No es la mejor salida a este fenómeno plantearse el concurso del Ejército sino insistir que cumplan su función las instituciones llamadas al control del territorio. El municipio ha empezado haciendo lo que corresponde, y ahora es el turno de otras partes del problema. La Policía debería desarticular las redes corruptas internas que operan en ese distrito, retirar de ahí a los mandos denunciados y procesarlos, implementar el trabajo de inteligencia o darle curso fiscal y judicial a los hallazgos que tiene, y presentar ante los vecinos un programa de acción que signifique el inicio de un giro creíble respecto de décadas de abandono. Cuando el alcalde señala que La Victoria “está destrozada” reporta en realidad que, además, está desprotegida.

jueves, 24 de enero de 2019

El test venezolano

Por Juan De la Puente
Venezuela ya era en los últimos años un test de democracia; en las últimas horas, es un test de sentido común y del análisis, desnudando las carencias de una apreciación subjetiva de la realidad.
Solo un sesgo extremista podría ignorar la épica de un pueblo que por enésima vez se levanta, unido y multitudinario, contra un régimen repudiado y podrido, violador sistemático de derechos y libertades, fracasado y hambreador en lo económico, fracasado y autoritario en lo político, ultracorrupto, que ha manoseado el cambio para no hacerlo, y ha destruido las instituciones y echado a perder el futuro de una generación de venezolanos.
Y que hace años perdió la mayoría y la legitimidad.
Y que ahora solo apesta.
Qué baja la calidad de análisis de actores (¡EEUU tiene intereses en Venezuela! Claro, Rusia no, Turquía no, China no), que no le da un lugar en la escena a la calle, a la crisis interna, al hambre y a millones de migrantes. Ese sesgo reduce el futuro de un pueblo de 31 millones de habitantes al análisis geopolítico donde lo más importante es lo que diga EEUU, una reflexión inconsistente sin variables y sin contexto, donde todo es conspiración, una escena de titiriteros y títeres, sin ciudadanos, sin Congreso y sin una Constitución que defender. Qué corta la reivindicación del principio de autodeterminación de los pueblos que ignora al pueblo mismo, movilizado a pesar del terror de los paramilitares y de los muertos, de la justicia tomada por Maduro y su sistema electoral fantoche.
Qué falso el dilema Maduro o Trump; el historiador mexicano Enrique Krauze me releva de más argumentos contra el chantaje que entraña esta falsa disyuntiva (“rechazar a dictador Maduro no es apoyar al fascista Trump. Es apoyar la voluntad democrática del pueblo venezolano).
Qué fácil acomodar las teorías sobre el golpe de Estado para defender a un gobierno permanentemente golpista que disolvió el Parlamento, capturó los medios, copó todos los otros poderes del Estado y pactó el co-gobierno con una camarilla militar que nadie ha elegido.

Claro que Venezuela necesita diálogo, una vez que se vaya Maduro, porque él mismo usó las iniciativas de diálogo para quedarse, ganar tiempo y preparar la persecución de partidos, políticos, periodistas y líderes sociales. El futuro ya no es con él; es después de él.

miércoles, 23 de enero de 2019

El fin del gobierno dividido

https://larepublica.pe/politica/1391843-gobierno-dividido
La República
La mitadmasuno
Juan De la Puente
11 de enero de 2019
El Congreso es un campo de batalla donde se combate escaño por escaño, comisión por comisión. Se condensan así varias hostilidades menores por pequeñas hegemonías o por sobrevivencias, aunque la batalla específica por la mesa directiva –el combate más fiero- es distinta a la del año 2000 y al asalto de las minorías parlamentarias que el 2004 y 2015 derrotaron a los gobiernos de entonces.
El primer asalto, en noviembre del 2000, fue la conclusión del fujimorismo; la censura de la mesa directiva que presidía Martha Hildebrandt fue una operación saldada rápidamente con la huida de Fujimori a Japón, la vacancia de las dos vicepresidencias y la asunción del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Luego, las presidencias de Ántero Flores-Aráoz (2004) y de Luis Iberico (2015), fueron el triunfo de las minorías opositoras a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente, aunque ninguna de ellas intentó liquidar al Ejecutivo.
Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso especialmente si lo hizo desastrosamente mal (sinceramente, el fujimorismo “histórico” lo hubiese hecho mejor). Dejó hace meses de ser mayoría política y ahora está en proceso de dejar la mayoría numérica, una dirección ineludible para un desenlace inexcusable. Desbancado del poder del Congreso, el epílogo de esta derrota está por escribirse porque los desenlaces más increíbles tienen las mismas opciones, incluyendo la implosión que lleve a una elección parlamentaria adelantada.
¿Este escenario es, como aparenta, una pelea de bar donde importan más las patadas que los vencedores y perdedores? Sin reelección y bicameralidad, sin aprobación ciudadana y con los proyectos partidarios a la baja, la pregunta sobre el sentido de esta batalla es provocadora, porque la idea de que esta es la disputa de dos calvos por un peine se relativiza por lo menos por tres atingencias cruciales: 1) desde una óptica estrictamente minimalista, el Congreso debe garantizar la selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ); 2) el Congreso ha disminuido su capacidad de frenar los procesos judiciales a la corrupción política y hostigar al Ejecutivo; y 3) en cualquier caso, aun con una crisis operativa a cuestas, tiene la capacidad de aprobar leyes populistas o favorables a intereses contra mayoritarios.
Ha terminado la experiencia de un gobierno dividido y lo que viene es un Parlamento extremadamente fragmentado y, por lo tanto, autolimitado; pero, a diferencia con lo sucedido el año 2000, cualquier desenlace favorece al Gobierno de Martín Vizcarra, especialmente si este desea mantener la presión sobre el Congreso sobre la reforma judicial y política. No obstante, el optimismo debe atemperarse si se concluye objetivamente que a este Parlamento no podrá arreársele demasiado. Sea cual fuese su futuro, ya es un Congreso de transición.
La división entre un bando reformista y otro resistente a los cambios sería lo mejor que intenten los políticos que quieran impulsar una nueva política radical a partir de los llamados nuevos valores posmaterialistas que ha traído esta etapa, como la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el enfoque de género en los DDHH, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, la prestación de los bienes públicos, la participación política, entre otros.
Ello no implica que no se intente legislar sobre las expectativas “tradicionales” de la política peruana, pero la transición que experimenta el sistema obliga a construir una nueva promesa con soluciones de compromiso (trade-off) con una visión de largo plazo donde caben las demandas de cambios constitucionales profundos y un programa de modernización de la economía y la sociedad. 

Ordenar las prioridades es difícil, sobre todo en un clima corrosivo y tóxico donde la ultraderecha peruana se apresta a librar la batalla por su identidad. Sin embargo, el feminismo, los movimientos sociales, los jóvenes, y la sociedad civil que se abre a las demandas de derechos y libertades son una enorme fuerza llamada a motivar los cambios y llenar el vacío que ya esté aquí. Si no es la hora de un nuevo programa, cuándo.