jueves, 29 de diciembre de 2016

Lava Jato made in Perú

http://larepublica.pe/impresa/opinion/833068-lava-jato-made-peru
La República
La mitadmasuno
23 de diciembre de 2016
Juan De la Puente
He aquí tres notas cortas sobre el caso Lava Jato que empieza a tomar fisonomía nacional, una alerta sobre los límites de la denuncia en un país que carece de una movilización contra la corrupción y experimenta una sequía de sentencias en los procesos recientes.
Un proceso anticorrupción inédito. Lo que se apresta a revelar y a juzgar en el Perú es un inédito proceso contra la corrupción que se lleva a cabo en un país que carece de un movimiento anticorrupción. Este dato es relevante porque marca al proceso mismo y le confiere un toque de recepción fría. El Perú no tiene –y no lo tendrá en la magnitud requerida– a las masas reclamando en las calles contra los políticos corruptos, como se ha podido apreciar en Guatemala, Honduras y Brasil. El proceso será muy parecido al que se experimentó en el juzgamiento de la corrupción del gobierno de Fujimori, es decir con mucha indignación y algunos resultados judiciales, sin un correlato de cambio político institucional. Nadie puede asegurar en este momento que Lava Jato parirá una nueva era, salvo que alguna fuerza realmente nueva se levante desde el fuego de las revelaciones.
Este caso se asienta sobre sonados fracasos en la lucha contra la corrupción. El mismo proceso de los casos ocurridos en la década de los noventa no ha culminado y a ellos se agregan otros más recientes que no generan la movilización firme de la sociedad. Es cierto que las encuestas reflejan que la corrupción ya es el segundo punto de la agenda del futuro, y en algunas el primero, aunque en un contexto de vacío ciudadano y sin participación más allá de la indignación.
El juicio a la democracia. El sistema no está jaqueado por Lava Jato como sí lo está en Brasil, aunque en nuestro caso significa un severo juicio a la democracia reciente. Este es el primer escándalo de macrocorrupción en los 15 años de democracia y a la que no se encuentra asociado el fujimorismo sino lo que se suponía eran los partidos y gobiernos antítesis. Si hubiese un espacio distinto al que ocupará el expediente judicial y el morbo político, esta sería una oportunidad de oro para poner en el banquillo de los acusados también el discurso facilista de obras más obras desde el poder, el desprecio por el control y la asociación prensa-corrupción (sí, esa que solo descubre corruptos y no corruptores).
Creo que es el momento para extirpar el “roba pero hace obra”, la frase emblemática de una narrativa social intrínsecamente corrupta que, extrañamente, una parte de la academia ha disculpado con el argumento del pueblo desinformado. No sé si para alcanzar este objetivo las elites se atreverán a cuestionar el espíritu nacional como lo hicieron en su momento los representantes más lúcidos de la Generación del Centenario.
Un país no preparado. Por lo mismo, creo que el sistema político peruano no se encuentra preparado para digerir con eficacia la catarata de información que se producirá en relación a este caso. Son pistas interesantes el hecho de que una fantasmal negativa –que no tiene nombre propio– haya impedido en julio de este año que el Congreso debata el Informe Pari sobre Lava Jato, considerando que era, por ejemplo, la gran oportunidad de juzgar al gobierno de Humala, en clara minoría parlamentaria; y los retrasos de la justicia en las investigaciones de grandes casos de corrupción de los últimos 10 años en los que no se tienen sentencias. Me pregunto si el sistema de justicia estará en condiciones de llevar adelante sin dilaciones y con certidumbre este megaproceso.
Este punto es crucial y deriva a la prensa una enorme responsabilidad. Los recientes procesos han demostrado la vitalidad de nuestro periodismo de investigación, pero una lamentable pérdida de capacidades de medios y de periodistas para abocarse a los expedientes judiciales. Es paradójico que un país con una política judicializada no tenga la cantidad suficiente de periodistas judiciales, de modo que la prensa puede ser engañada en relación a pruebas, dictámenes, plazos procesales y sentencias. En este caso, el juicio mediático no servirá de nada.

PPK, el fujimorismo y la izquierda

http://larepublica.pe/impresa/opinion/830975-ppk-el-fujimorismo-y-la-izquierda
La República
La mitadmasuno
16 de diciembre de 2016
Juan De la Puente
Algunas notas cortas sobre los efectos de la censura a Jaime Saavedra.
La guerra temprana. El fujimorismo dejó caer la rama de olivo que le entregó PPK y confiado en su mayoría censuró a Saavedra adentrándose en un terreno pantanoso cuya travesía asoma: el aislamiento en la élite del país que tendrá más éxito al decirle a la sociedad que el fujimorismo no ha cambiado, una narrativa que deberá enfrentar abajo y muy abajo y para la que sospecho no está preparado.
En este punto, el Mensaje a la Nación de PPK ha rendido frutos de modo más inmediato que la guerrilla legal por la cuestión de confianza. La censura marca al fujimorismo como un grupo autoritario diluyendo lo que queda del “discurso de Harward”. El antifujimorismo tiene una nueva baza a pesar de que el discurso de Fuerza Popular y el de sus opinantes cercanos perseguían un fin distinto. Mucho gasto y poco rédito.
Factura alta. FP se ha puesto a la defensiva y ha complicado la dinámica Gobierno/Parlamento; el primer efecto es colocar ahora mismo al fujimorismo en la disyuntiva de abandonar en definitiva la convivencia forzada o abrir un nuevo ciclo de extrema tensión, con resultados distintos pero igualmente desventajosos, uno más que otro. Si no quiere pagar una factura tan alta, el retorno a una convivencia forzada sin diálogo implicará la formación de un polo que denunciará esa convivencia, aun así sea solo en economía, en tanto que una mayor polarización llevará a que arrecie la acusación de que desean derribar al gobierno. El corolario es el deterioro de la fuerza controladora del Congreso que había adquirido cierta legitimidad. Cuando un grupo sabe que debe girar pero no sabe dónde, está en problemas.
La etapa post Saavedra. El episodio que queda atrás muestra la riqueza que toda crisis encarna. De hecho, fue una crisis sin manual reflejo de la inédita y excepcional gobernabilidad que nos está tocando vivir. Uno de los resultados es la redefinición de la relación entre los principales actores, la llamada “correlación de fuerzas”.
Con la censura de Saavedra ha concluido la bilateralidad de la dinámica Ejecutivo-Legislativo vigente desde el inicio del Gobierno, para instalar un nuevo escenario, el de un juego más propio de los grupos políticos. El áspero binomio que funcionó cuatro meses se ha desplegado en varias relaciones, complejizando algunas y facilitando otras en el mediano plazo.
Dejar a PPK. El caso Saavedra le ha permitido a la izquierda sincerar su relación con el Ejecutivo cancelando definitivamente la etapa del respaldo electoral a PPK en la segunda vuelta, liberando su potencial opositor. El Frente Amplio (FA) empezó el proceso diferenciándose del resto de la oposición aunque asumiendo una parte de las críticas a Saavedra. En el camino desarrolló una línea propia que defendía los avances de la reforma de la educación, recuperando la renovación de esa política, resultado de lo cual es su propuesta de Acuerdo por la Educación y el duro cuestionamiento al abuso de poder.
El FA y la izquierda fueron convocantes y partícipes de la marcha del 12 de diciembre y sus principales catalizadores; este gesto es práctico y simbólico, refleja la voluntad de sacar la gobernabilidad de los salones del Congreso a la calle dando vida a la primera oposición política a PPK en ese espacio. “Dejar” a PPK ha sido duro para varios sectores de la izquierda, algunos de los cuales pretendían convertirlo en un ariete de la izquierda, o por lo menos en un Kerenski nacional. Creyeron que el amor de la campaña era para siempre.
La pelota del diálogo está ahora en varias canchas al mismo tiempo y es una gran oportunidad para todos: para PPK, que puede recuperar aliados; para el fujimorismo, que puede regresar a la casa con menos roche; y para la izquierda, que puede legitimar parte de su agenda en un consenso múltiple. En cualquier caso sigue vigente la idea de que no hay vida fuera del consenso a palos en que se ha convertido nuestra democracia, solo que los términos de la convivencia han cambiado.

Disolver, disolver o la guerra política

http://larepublica.pe/impresa/opinion/828982-disolver-disolver-o-la-guerra-política
La República
La mitadmasuno
9 de diciembre de 2016
Juan De la Puente
 
“La primera víctima de la guerra es la verdad”.
Esquilo
 
Cinco apreciaciones a la vena y sin filtros sobre la agenda política.
Nueva etapa. La interpelación e inminente censura del ministro Jaime Saavedra cancela el consenso a palos entre el gobierno y la oposición. Se abre, al parecer, otro período, el de palos sin consenso, cuyo efecto será el bloqueo de los poderes y su desconexión total con la sociedad. Este resultado traerá una gobernabilidad de muy baja intensidad que acelerará la descomposición de ese extraño “desequilibrio racional” instalado post colapso de los partidos. Este palos sin consenso no tiene salida y será más rechazado por la sociedad que la victoria de una de las partes. Si los poderes no vuelven a la convivencia forzada, la crisis que se abre no será nueva sino la conversión de la vieja crisis en colapso.
El gobierno debe gobernar. El principal problema del gobierno es la guerra política, parecida a otra guerra, la que destruyó al humalismo (2013-2016) y a casi todos sus contrincantes. La diferencia con la actual guerra es que el fujimorismo –mayoría clara en el Congreso– tiene ahora mucho que perder porque ya no puede colocarse tras la voluminosa personalidad política de Alan García, que se desgastó en la primera guerra con los efectos conocidos. Aun así, los gobiernos son elegidos para resolver problemas y si quieren, para pelearse, pero no para hacer lo segundo a costa de lo primero. Por esa razón, PPK no puede darse el lujo de quedarse sin gabinete a menos de cinco meses de su debut. Es extraño en ese escenario la despolitización de la defensa de Saavedra que se centra en #SaavedraNoSeVa en lugar de #ZavalaNoSeVa, si el argumento es que el fujimorismo quiere liquidar a PPK.
Mucho Juego de Tronos. En una crisis tan dinámica, las conspiraciones son limitadas, aunque en nuestro caso las partes explican la confrontación desde una narrativa conspirativa exagerada e infinita, para las que solo hay elites, poderes, medios y operadores, una política ruda y violenta, pero muy “netflix”, empaquetada al gusto y en la que se extraña sobre todo al pueblo. No tengo duda de que la interpelación ha afectado al fujimorismo –aunque no solo a él–, pero presumo que las encuestas venideras constatarán la demanda ciudadana contra el encono en las alturas y relativizarán los discursos complotistas. Como a la primera guerra, a esta le falta pueblo, al punto de que el Gobierno nunca recurrió a este a pesar de tener la mesa servida para la defensa de una reforma educativa de virtudes innegables.
Bien el Frente Amplio. El Frente Amplio (FA) hace bien en no mezclarse con la guerra en las alturas y elaborar una narrativa propia educativa y universitaria. No se puede pedir menos a una izquierda con casi un siglo de relación con los movimientos estudiantiles y docentes de base. No encuentro razón para que el FA ligue su destino a una causa que en el Congreso ni siquiera es defendida por la bancada oficialista y en cambio sí por Alianza Para el Progreso, una bancada auténticamente universitaria. Quizás lo que le falte allí al FA es más conexión social respecto de la etapa que se inicia.
Realismo político. Molesta la forma y el tono de la interpelación al ministro Saavedra y los argumentos usados contra él. No obstante, la discusión más importante no se refiere a los adjetivos y al tono. Saavedra no es todo el gobierno y con él no empieza o termina la necesidad de una mejor gobernabilidad. En los tres gobiernos anteriores, la tensión extrema entre los dos poderes por razón de un ministro ha terminado con el ministro fuera del cargo. Los casos más emblemáticos: de Rospigliosi y Diez Canseco en el gobierno de Toledo; de Pastor en el gobierno de García y de Figallo, Lozada, Adrianzén y Jara en el gobierno de Humala se saldaron con la salida del funcionario en un compás de tiempo en el que la demora del cambio debilitaba al gobierno. No encuentro razones para que ahora las cosas no evolucionen de ese modo y es la vía para que el gobierno salga de las cuerdas.

La bala de plata

http://larepublica.pe/impresa/opinion/826965-la-bala-de-plata
La Republica
La mitadmasuno
2 de diciembre 2016
Juan De la Puente
No me encuentro entre quienes sugieren que el Gobierno haga cuestión de confianza por la permanencia del ministro de Educación y que esta sea el inicio de la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones congresales.
Desde el ámbito constitucional, no creo que sea suficiente solicitar la cuestión de confianza para que se echen a andar los nuevos comicios parlamentarios. En nuestro modelo de distribución de poderes el Parlamento tiene la potestad de aprobar la confianza del gabinete y al mismo tiempo continuar con la interpelación/censura de cualquiera de sus miembros, por una razón legal: censura y confianza son dos instituciones distintas que nacen de modo distinto y a cargo de poderes distintos. Los objetivos son también diferentes; la censura es un golpe al gobierno desde la oposición en tanto que la cuestión de confianza es un intento de este recuperar iniciativa política y de buscar alianzas para gobernar.
Algunas cuestiones de procedimiento constitucional también deben ser abordadas. Salvo que el premier Zavala decidiese someter solo su cargo a la confianza, el pedido al Congreso debe ser aprobado por el gabinete. De negarse la confianza deberá resolverse si la renuncia del gabinete obligaría al Presidente de la República a cambiar a todo el Consejo de Ministros. Eso no sucedió luego de la censura de Ana Jara en marzo del 2015 porque solo ella fue objeto de interpelación.
En el ámbito político, un juego en las alturas de ese volumen implicaría un bloqueo que ahora, precisamente, es necesario evitar. Creo que los cuatro meses de gobernabilidad compartida –o convivencia forzada o consenso a palos– no es un regalo del gobierno o de la oposición a los peruanos sino esencialmente una demanda que desde el primer día vino desde la sociedad, y es ella la que ha impulsado tanto la investidura del gabinete en agosto como la concesión de facultades en setiembre.
Es cierto que la demanda social de cooperación entre los poderes ha caído en las encuestas pero no estoy seguro de que los ciudadanos reclamen la derrota de uno de ellos en manos del otro. La bala de plata de la cuestión de confianza no debería ser usada por un gobierno que no está en crisis, que tiene el 50% de aprobación y que conserva un alto grado de maniobra.
Por esa razón, que el Presidente de la República se prive ahora por su propia mano del gabinete Zavala para designar luego un gabinete instrumental o “de provocación” pensando que las nuevas elecciones las ganará el Gobierno y no el fujimorismo, es una opción extremadamente incierta. Presume la convicción de una crisis generalizada en los dos poderes y de una extrema debilidad del Gobierno, que no es cierta.
El problema central detectado en el primer tramo del gobierno –leer todas las encuestas desde setiembre– no es cómo se entiende con un Parlamento que hasta ahora la ha proveído de estabilidad general, sino de cómo se entiende con la gente. Creo que el principal desafío del Gobierno no es la confianza del Congreso sino la confianza y legitimidad social, una carencia común a todos los grupos parlamentarios y a la elite política del país.
Si no se coloca como el eje de la gobernabilidad la relación del poder con los ciudadanos caemos en el error estratégico de considerar que el principal desafío del Ejecutivo es derrotar al fujimorismo y viceversa. De allí deviene la idea a mi juicio extrema de considerar que Fuerza Popular está “copando” el Estado, palabra gruesa y muy generalizable, una agregación voluminosa e inentendible en el caso de un grupo político que ha demostrado que no quiere compartir el poder sino ganar las elecciones del 2021.
Finalmente, es riesgoso que el Gobierno se aventure a practicar un procedimiento alquimista que nos traiga de vuelta la guerra política del período 2013-2016. De esa guerra, a solo 4 meses de período gubernamental y parlamentario, solo podría venir un “que se vayan todos” para lo que no están preparados ni los que se pueden ir, ni los que pueden venir.

Mordiendo la manzana

http://larepublica.pe/impresa/opinion/824828-mordiendo-la-manzana
La República
La mitadmasuno
25 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
La reforma judicial ha sido los últimos 15 años la manzana prohibida del Estado peruano. Toda propuesta legislativa relativa a ella era rápidamente anatemizada como un intento de intervención y el intento más serio, entre 2003-2004, fue la de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) que partió de una ley aprobada por el Congreso y que ordenaba elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, la cual fue congelada por presión de los reformados.
Desde entonces, y hace más de una década no se habla en serio de la reforma de la justicia. Y de paso, la administración de justicia no ha experimentado ningún cambio significativo. En ese lapso se agravó la crisis del Ministerio Público –al punto que el Fiscal de la Nación debió ser destituido– y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el Poder Judicial las cosas no han pasado a mayores solo porque ha tocado fondo y porque no es posible lo peor. Bajo este cuadro se constata un impulso inicial de cambio en el Ministerio Público y un débil impacto de los códigos Procesal Constitucional (2005) y Procesal Penal (2004).
Por esa razón es importante la convocatoria al Acuerdo Nacional por la Justicia, suscrito hace poco por el Ejecutivo, el CNM, la Fiscalía y el Poder Judicial a instancias de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Surgido modestamente solo como un espacio de coordinación y colaboración para mejorar la calidad de estos servicios al ciudadano y enfrentar con éxito a la corrupción, contiene cinco acuerdos base, seis compromisos urgentes y acciones inmediatas, que son la semilla de cambios mayores.
La riqueza de este acuerdo reside en la ruptura de los límites institucionales que desde hace 15 años impiden cambios en la justicia. Esta voluntad de los poderes y organismos de compartir la crisis es positiva y puede ser el primer paso de una reforma profunda.
Por ahora sus objetivos podrían parecer de poco calado, y por eso la falta de interés de los medios y de la academia, pero no lo son. Entre sus iniciativas se cuentan acciones para disminuir la carga procesal, fortalecer la formación de operadores jurídicos, presentar medidas legislativas para mejorar los procesos de justicia y una política de transparencia y buenas prácticas de acceso al ciudadano. Es destacable también que cada institución firmante se comprometa a adoptar prioridades en tres áreas: sistema anticorrupción, servicios de justicia y sistema penitenciario y que el MINJUS opere como una secretaría técnica del acuerdo.
El modelo escogido para gestionar los cambios es prometedor especialmente porque se ubica a medio camino entre dos dinámicas, por un lado la autorreforma de las instituciones, una utopía desarmada por las lógicas internas en cada caso y por la demostrada falta de consenso interno (especialmente en la Corte Suprema), y por el otro la reforma desde fuera, siempre cuestionada como violatoria de la independencia de la función jurisdiccional. La presencia del Ejecutivo y el seguimiento atento de la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional permitirán una mejor gestión del cambio.
Por ahora no hay otra salida a la vista que morder la manzana de ese modo. Este acuerdo naciente establece un escenario desafiante con dos grandes actores: una batería de decenas de proyectos de ley presentados al Congreso que persiguen desde cambios precisos en varios códigos normativos hasta reforma constitucionales, y una coalición de instituciones que pugnan por cambios hacia adentro, que no descartan salidas legislativas.
La idea básica es que estos dos impulsos se relacionen para evitar tanto que el acuerdo se localice en el corto plazo y huya de las reformas de fondo como para evitar un tratamiento legislativo desordenado de la administración de justicia, lo que ha sido la nota dominante desde el año 2001. Acuerdo más acuerdo es un imperativo para que esta vez no fracasen los cambios en la justicia.

Incendio en la torre

http://larepublica.pe/impresa/opinion/822690-incendio-en-la-torre
La República
La mitadmasuno
18 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
El reciente incendio en el Centro Comercial Larcomar nos introduce al problema de la regulación y supervisión en la prestación de los servicios públicos y la actividad social. Una nube de acusaciones cruzadas confirman por lo menos dos elementos de un drama que provoca desde hace tiempo catástrofes que pueden ser evitadas: 1) la dinámica surrealista establecida entre la sobrerregulación y desregulación de los servicios públicos, una feroz guerra que se libra entre la burocracia y los privados; y 2) las enmarañadas funciones que amarran al Estado y cuyo principal efecto es que todos huyan de sus responsabilidades.
Larcomar, como antes Mesa Redonda (2001), Utopía (2002), o el Centro de Rehabilitación Cristo es Amor (2012), revela que nos encontramos en el foso de la crisis de la regulación de los servicios públicos y que el incendio se origina en la torre, en una disfunción que noes nueva.
Es cierto que nuestros servicios públicos y la actividad social, prestados por el Estado y por empresas privadas, no se asientan en las teorías extremas que consideran toda regulación como una obstrucción del mercado, y que a ello se debe la vigencia de instituciones reguladoras en varios sectores, aunque desplegados en una tipología rocambolesca donde conviven organismos reguladores, superintendencias, entes rectores y tribunales administrativos.
Esta vigencia es limitada y carece de eficacia fiscalizadora esencialmente a causa de la enorme presión de los regulados y el desorden estatal. Los dramas que atraviesan, por citar casos, dos organismos creados como respuesta a las demandas sociales relativamente “recientes” –el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud)– son reveladores de esa institucionalidad incompleta y atrapada entre la falta de voluntad y la práctica cotidiana que revela que es suficiente la relación bilateral entre el que ofrece y el que compra.
OEFA, creada el 2008, tiene entre sus funciones el monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna); y SUSALUD, creada el 2013, tiene el encargo de proteger el derecho a la salud de los peruanos ante las instituciones prestadoras de este servicio. Ambas se encuentran atenazadas, la primera más por fuera y la segunda más por dentro, en tanto se acrecientan y agregan reclamos sociales explosivos que terminan siendo abordados y negociados por el gobierno central.
Es más, la revisión de las normas sobre las funciones de fiscalización de ambas instituciones y la normativa que ellas producen indican que a pesar de esa debilidad, o quizás a causa de ella, la sobrerregulación dirigida a los fiscalizados es ciertamente asfixiante.
En Larcomar, el primer centro comercial de la Lima moderna, estamos descubriendo que casi todo falló aunque entre ese “todo” se filtra un hecho grave: la conversión de las licencias de Defensa Civil en indefinidas bajo ciertas condiciones, como una respuesta del mercado a otro hecho igualmente cierto, el procedimiento burocrático y en algunos casos mafioso de renovación de dichas licencias.
Esa urgente recuperar el valor de la regulación y de la supervisión pública. En esa línea, el pasado 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo dio inicio a una política de supervisión permanente de los servicios públicos, empezando por el sector Salud. Ese día intervino 14 hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), con un resultado que refleja el abandono del Estado que se transforma en una grave carencia del derecho humano a la salud.
El hecho no tendría más que la trascendencia del inicio de una saludable política de la Defensoría si no se hiciera contra la opinión de varias instituciones y medios que saben que esta supervisión llegará en algún momento a las clínicas privadas, y que para evitarlo ensayan el argumento de que la protección de la salud de los peruanos no debe extenderse a los proveedores privados y reducirse solo a los estatales.

miércoles, 28 de diciembre de 2016

Caiga quien caiga el Congreso si debe investigar Lava Jato.

Por Juan De la Puente
Me llamó la atención que desde el derecho antes que desde la política, se propusiese que el caso Odebrecht, el más importante de corrupción de los últimos 16 años, no sea investigado por el Congreso. Aquí algunas reflexiones sobre el tema.
Los argumentos
Se aducen dos tipos de argumentos, uno legal y otro político práctico. Los argumentos legales inciden en tres razones: 1) que sus hallazgos serán objeto de filtraciones a la prensa, perjudicando el proceso; 2) que al caso se ha abocado la fiscalía y que ello es suficiente para evitar “contaminar” la investigación; y 3) que las conclusiones de las comisiones investigadoras no son vinculantes y por lo tanto sirven de poco.
Las objeciones prácticas señalan: 1) que una comisión investigadora duplicará el uso recursos que se necesitan para la investigación  “seria”; 2) que una comisión investigadora está politizada de antemano porque el fujimorismo y es mayoría absoluta en el Congreso; y 3) que las comisiones investigadoras solo sirven para la figuración política de sus miembros.
Ninguna de estas razones son sustantivas para impedir que el Congreso se aboque al caso más importante de corrupción pública y privada de los últimos 15 años y el que, por sus características internacionales es una valiosa oportunidad para derrotar la impunidad. Sería increíble para el juzgamiento que haga la historia que en este caso, cuya trascendencia es parecida a los casos Dreyfuss y Grace, la representación nacional desista investigarlo
El corazón del control
Las comisiones investigadoras de los parlamentos son criticadas en todo el mundo. Pero existen. Aunque no son inherentes a los orígenes del parlamento, se han desarrollado vigorosamente en el siglo XX al punto en que no se explica la política del siglo pasado sin ellas, incluyendo sus errores y aciertos.
Este desarrollo ha conducido a que la investigación parlamentario sea el corazón del control político y por esa razón es importante reparar en algunos de sus rasgos.
Lo primero que no debe olvidarse es que en sus orígenes, por lo menos en Europa, es una prerrogativa de la minoría para evitar la dictadura de las mayorías legislativas (Max Weber escribió sobre el punto propuestas muy específicas).
El segundo rasgo es la obligada diferenciación de la responsabilidad penal de la política, que en el caso peruano es tenue en perjuicio de la segunda (creo que en lo últimos años, nuestro Congreso ha dejo un tanto lo segundo para avanzar en lo primero, y lo ha hecho mal, generando una crisis de la investigación parlamentaria). Y el tercero es su enorme y positiva politización en el sentido más amplio, impulsando la vigilancia de la sociedad y la toma de conciencia ciudadana sobre los asuntos públicos que el poder quiere ocultar o deformar. En este último rasgo, la prensa juega un papel decisivo.
Respuestas a las objeciones
Una por una respondo las resistencias a que la corrupción brasileña sea investigada en el Congreso.
Sobre lo legal: 1) También existen filtraciones de los expedientes judiciales, y de lo sucedido en los últimos años, ninguna filtración ha afectado los procesos; 2) hemos tenidos otros casos a los que ya estaba abocada la fiscalía y eso no le ha impedido al Congreso investigar, ni ha “contaminado los expedientes. Por ejemplo, los casos de Nadine Heredia, López Meneses, Orellana, Belaunde Lossio, Ecoteva, entre otros. Es más, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha respondido con solvencia a la pretensión del ex Presidente Alejandro Toledo de solo ser investigados por la fiscalía; y 3) que sus conclusiones no sean obligatorias para la justicia no es un demérito. Al contrario, es la separación de la verdad política parlamentaria de la verdad social;  es correcto que así sea porque en un Estado Constitucional  no hay más verdad social que la que definen los jueces y tribunales en un proceso contradictorio pleno de garantías (Pérez Royo; 2005).
Las objeciones prácticas políticas se responden por si solas. Solo añado que cuando se absolutiza la condición de la mayoría parlamentaria se olvida el papel de las minorías, lo que es un serio error de concepto. Equivale a decir que porque un grupo es mayoría en el Congreso toda batalla está perdida y se olvida el papel heroico que pueden jugar las minorías parlamentarias y el enorme potencial movilizador de los informes en minoría.
Varios informes de comisiones investigadoras me impactaron desde los años ochenta. Uno de ellos es el informe en minoría de la Comisión del Caso Cayara, presentado por el entonces senador Gustavo Mohme Llona de Izquierda Unida-IU (1988); el informe de la Comisión del  Caso La Cantuta, presidido por Roger Cáceres Velásquez, del FNTC (1993); el Informe de la Comisión de Investigación de los Delitos Económicos y Financieros de los años 90, que presidió el congresista Javier Diez Canseco de IU (2002); y el de la Comisión sobre los recursos financieros usados por Vladimiro Montesinos, presidida por la legisladora Anel Townsend, de Perú Posible (2001).
Los dos primeros fueron informes se levantaron ante la opinión pública y en el Congreso en el contexto de mayorías parlamentarias que a la larga fueron derrotadas por una verdad política, antecedente de la verdad judicial.
El modelo peruano
no dejan de tener razón sin embargo las críticas al modelo peruano de investigación parlamentaria y coincido con los que sostienen que debe ser reformado, para salir de la tendencia “penalista” y fortalecer la determinación de la responsabilidad política.
Desde nuestra primera constitución, la de 1823, se estableció la prerrogativa parlamentaria de investigar las infracciones a la Constitución y por lo menos desde 1872 el Congreso investiga presuntos actos de corrupción (en este caso las operaciones financieras del Gobierno de Balta, especialmente el caso Dreyfuss). Las comisiones investigadoras fueron incluidas en el texto constitucional de 1920, aún de modo limitado, y con mayores prerrogativas en los textos de 1933, 1979 y 1993. El Perú tiene casi 100 años de comisiones investigadoras.
La Constitución de 1993 sigue considerando la investigación como un derecho de las minorías. (Para su admisión a debate y aprobación sólo se requiere el voto aprobatorio del 35% de los miembros del Congreso) respetando “hasta donde sea posible”  el pluralismo y proporcionalidad de los Grupos Parlamentarios.
La Carta de 1993 incorporó una disposición que no estuvo presente en la Carta de 1979, en el sentido de que las comisiones pueden acceder a cualquier información, lo que puede implicar el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. El artículo 88° del Reglamento del Congreso señala que tratándose del secreto bancario el pedido se solicita a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, exceptuando de este pedido la información que afecte la intimidad personal debido a que el secreto bancario y tributario son parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad. En este caso la regla es la confidencialidad y la excepción es la publicidad.
Excesos “penalistas”
El error del Reglamento reside en que según el artículo 88°, si como consecuencia de una investigación parlamentaria, los imputados fueran altos funcionarios del Estado, comprendidos en el articulo 99° de la CPP, el informe “debe” concluir formulando denuncia constitucional. Este error “penalista” se complementa con otra disposición del mismo artículo que dispone que  cuando de las indagaciones que realizan las comisiones de investigación surge la presunción de la comisión de un delito, el informe de la comisión “establece hechos y consideraciones” de derecho con indicación de las normas de la legislación penal que tipifiquen los delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la formulación de denuncia contra los presuntos responsables, una especie de camisa de fuerza que limita la conclusión política.
En el futuro podría reglamentarse mejor la relación entre la investigación fiscal y la parlamentaria. En Francia y Bélgica, por ejemplo, no se permite una investigación simultánea y en Alemania se suspende la investigación parlamentaria si se ha iniciado la investigación judicial. España ha sido un tanto más creativa, porque es un juez el que establece los límites a la investigación  parlamentaria y en ese caso nadie se sorprende que sea la justicia ordinaria la que le marque la cancha al Parlamento.
Finalmente, el espacio para la arbitrariedad del Congreso en la investigación parlamentaria se ha reducido notablemente. Según el profesor Landa Arroyo (Landa Arroyo; 2004) el debido proceso en sede parlamentaria impone el respeto estricto a las reglas establecidas en el artículo 88° del Reglamento en lo siguiente: forma de constitución de la Comisión, reglas para el levantamiento de la reserva de las sesiones, contenido de los informes, procedimiento de aprobación ante el Pleno, límites a la divulgación de informaciones vinculadas a la intimidad, secreto bancario y reserva tributaria de los investigados, entre otros.
La jurisprudencia también ha puesto límites a probables abusos. Ya no solo están las sentencias del juez Velásquez del 5° Juzgado Constitucional en los casos de Alan García y Javier Diez Canseco, sino lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional vs. Perú (2004). Al analizar el caso de los magistrados del TC destituidos por oponerse a la reelección ilegal de Alberto Fujimori, la Corte sostuvo que el respeto de las garantías judiciales no se limitan al ámbito judicial en estricto, sino que son requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales a efectos de que las personan puedan defenderse frente a cualquier acto emanado del Estado.
Finalmente, nuestro TC, en la Sentencia 156-2012 HC/TC, el famoso Caso Tineo, elimina los riesgos del uso abusivo de cualquiera investigación previa al proceso jurisdiccional propiamente dicho.

domingo, 11 de diciembre de 2016

Malas noticias para los políticos. Encuesta Ipsos 11/12/2016

Por Juan De la Puente
La encuesta de Ipsos-Perú que publica hoy El Comercio detecta varios fenómenos que el liderazgo nacional y sus elites no deberían subestimar, los primeros para incorporar estos hallazgos a sus decisiones políticas y los segundos por lo menos para tomar en cuenta el temperamento de un espacio que se subestima en la elaboración  de la agenda y en los análisis.
La encuesta muestra a los peruanos distantes, al centro y más racionales en la crisis del caso Saavedra, evidenciando que por lo menos en parte esa no es su pelea y colocando como el eje de la política la legitimidad más que la guerra política en las alturas.
Aquí tres elementos que creo que deben destacarse, dejando para otro momento las interesantes respuestas sobre los temas de género.
Tú no eres el país. La sociedad parecer estar relativamente distante de la pugna especifica por la permanencia del ministro Jaime Saavedra en su cargo, resumiendo una brecha significativa –todavía no abismal- entre el principal debate en lo que va del gobierno de PPK, y que ha polarizado la política, versus las opiniones más matizadas de los ciudadanos. En una conclusión gruesa se diría que el caso Saavedra no ha dividido el país, aunque si a sus instituciones, medios y elite opinante. Vamos, tú no eres el país o habla por ti.
Los ciudadanos se encuentran al centro, distantes y premunidos de una mayor racionalidad que predominan en las alturas en esta compleja disputa. Un 42% cree que Saavedra fue interpelado por la corrupción en su sector, y un 44% por razones extrañas al pliego interpelatorio, como por haber sido ministro de Humala, por la Ley Universitaria y las propuestas sobre género en su sector. Este empate le da a todas las verdades un poco de razón, pero si somos rigurosos, en un clima de guerra, ninguna de estas razones parecen ser suficientes. Como se diría en Grecia y Roma, no hay razón suficiente (ratio decidendi) sino que todas son  razones subsidiarias (obiter dicta).
A pesar de ello, los ciudadanos han cancelado la era Saavedra. La mayoría (54%) está de acuerdo con la interpelación y con su censura (52%) y más de dos tercios le sugiera al gobierno “dejarlo ir” (67%).
Estos datos son tan importantes como el escaso respaldo a la opción que propugna lo diametralmente opuesto: 30% está en contra la interpelación, 32% porque continúe en el cargo y 19% porque renuncie en rechazo a la interpelación.
¿El pueblo es cobarde y se resiste a premiar la política principista por parte de un buen ministro? No. Es más probable que los ciudadanos consideren  epidérmicamente que esta política in extremis no deberían experimentarse a 4 meses del inicio de un gobierno y que por esa razón esta hora es más de los sensatos que de los valientes; o que sus demandas son más complejas y terrenales que la censuras o la cuestión de confianza.
Tu reforma no es tan buena. Debajo de la epidermis sí que habita un drama que parece que han olvidado los que aseguran a rajatabla que le reforma que lidera Saavedra es una maravilla o lo que dicen que es un fracaso total. Ubicados en la conocida acepción “tampoco tampoco”, los ciudadanos dicen que Saavedra es el ministro con más aprobación y que la Educación ha mejorado, pero no mucho. Un 40% dice que si ha mejorado pero un 47% sostiene que no. Es más, casi la mitad de los peruanos cree que los avances en la prueba PISA se debe a factores distintos a la reforma educativa.
No le echen la culpa de estas respuestas herejes a los comunicadores. Creo que no se debe a que una buena reforma ha sido mal vendida. Pienso que la sociedad no cree en la narrativa de que “vamos bien pero despacio” o de que “estamos en el camino correcto” porque cree que existen brechas ignoradas estos años y que les atañen directamente (ver las opiniones de Ricardo Cuenca, por ejemplo). En resumen, tu reforma no es tan buena como dices.
Caigo yo y tú. Finalmente, la encuesta evidencia que el caso Saavedra ha afectado en distinta intensidad a instituciones y líderes. A PPK de modo limitado: ha bajado 3 puntos y aún conserva con su 48%  un margen de maniobra, considerando que su desaprobación solo ha subido un punto. El premier Zavala se mantiene en sus guarismos aunque otros miembros del gabinete han caído en aprobación.
Son las instituciones las más afectadas. El gobierno y el Congreso han caído en aprobación y se ha incrementado su desaprobación, una caída que afecta también a la Presidenta del Congreso, que hasta ahora había sido inmune a las tensiones entre poderes.
Otros dos datos forman un haz. Por un lado se reitera el esquema de competencia política imperfecta donde la caída del gobierno no empodera a la oposición. Por eso se tiene que la caída ligera de PPK se condice con la de Keiko Fujimori, que pasa de una aprobación  de 41%  a 37%  el registro más bajo de los últimos meses, y una desaprobación que aumenta a 55%, 18 puntos más que la aprobación, en tanto Verónika Mendoza se mantiene estable en 34% con una desaprobación que supera por 22 puntos a la aprobación. Por otro lado, los ciudadanos le reclaman al poder las mismas soluciones anteriores al caso Saavedra, es decir, a la inseguridad, corrupción y a la falta de autoridad.

lunes, 14 de noviembre de 2016

Trump y la Caperucita Roja

http://larepublica.pe/impresa/opinion/820422-trump-y-la-caperucita-roja
La República
La mitadmasuno
11 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
El triunfo de Donald Trump ha provocado más confusiones en las filas democráticas que en la extrema derecha de A. Latina, que ha recibido al ganador como lo que siempre fue, uno de los suyos. En el liberalismo y en la izquierda se intentan buscar razones para el triunfo de Trump, obviando a Trump. De pronto, son menos responsables él y sus votantes –esa idea de adular a los electores que Alemania reparó solo 50 años después de la caída del nazismo– y más los migrantes que se orinan en las calles de EEUU, su elite política y el gobierno de Obama, reconocido una semana por encima del promedio.
La discusión se parece situar entre las ideas de Trump y el Gobierno de Trump. Una decena de artículos publicados estos días en tono de ruego pronostican que el candidato ultra abandonará de pronto su discurso violento y excluyente contra la otra mitad de su país y contra A. Latina, y se convertirá a la democracia. No niego esa posibilidad, pero no puede hacerse un borrón del impacto que tendrá en la región su victoria. Esos efectos están en camino.
El primero. Más allá de las ideologías, su victoria legitima un movimiento populista y antiglobalizador expuesto claramente en un tono regresivo. Mientras Caperucita Roja le pregunta al Lobo Feroz porque tiene las manos tan grandes, olvida que Trump ha negado los principales hechos de la globalización: el primero, el cambio climático; el segundo, la universalización de TODOS los derechos y libertades; el tercero, la migración; y el cuarto, la disolución de las fronteras para el comercio internacional.
Segundo. Esto sí en el territorio de las ideas, la acción política antinorteamericana recibe un impulso decisivo aunque su programa será innovado con nuevas demandas, contra el muro mexicano, la deportación u hostigamiento de migrantes latinos, la extensión de la pena de muerte y la negación del cambio climático. Trump es una ofrenda al progresismo de la región y un presente griego a los grupos políticos de derecha a los que les iba tan bien luego de la caída de Dilma Rousseff, la derrota del kirchnerismo y el desastre madurista.
Es conveniente decir que este efecto será matizado; más que volcar a la región hacia un nuevo antimperialismo, que será obviamente el más vigente desde la invasión a Panamá en 1989, partirá A. Latina entre seguidores y detractores. Su discurso lo estaban esperando millones de latinoamericanos. El populismo tiene varias caras.
Esto nos lleva al tercer efecto. El trumpismo no será rechazado por todos. Al contrario, brotarán pequeños trumpistas en A. Latina. Son los otros indignados y no me refiero a los partidarios de siempre de la extrema derecha sino al impacto social de su discurso. En cada corazón de la derecha de la región hay un pequeño Trump que se agita y que ahora puede salir del clóset, dividiendo incluso las filas conservadoras. Preparémonos, porque aparecerán figuras hilarantes y surrealistas, pero serán. Si el populismo de izquierda pudo parir a Chávez, Maduro y Cristina Kirchner ¿por qué Trump no podrá alumbrar personajes curiosos que ganen adeptos?
La ultraderecha regional no había tenido una figura descollante desde los años 70 porque ni Reagan asumió el discurso del tono de Trump. Su última bandera fue Pinochet. La derecha peruana, por ejemplo, ya se ubica en modo Trump. Me quito el sombrero por la audacia. Ahora resulta que es correcto el triunfo de un outsider, antisistema y anti élite; claro que en las últimas elecciones peruanas, ese mismo sector político demonizó a los candidatos outsider, antisistema y contrarios a la élite.
En todos los países del mundo, los políticos hacen campaña en verso y gobiernan en prosa y no existe uno –incluso más en EEUU y aún más en EEUU– que cumpla sus promesas por el esquema de pesos, contrapesos y vetos entre los poderes. Pero no se puede desconocer en nombre de lo políticamente correcto que millones de votantes en EEUU han creído y empoderado el mensaje de Trump.

Todos cumplimos 100 días

http://larepublica.pe/impresa/opinion/818221-todos-cumplimos-100-días
La República
La mitadmasuno
4 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
El gobierno de PPK cumple 100 días en funciones y el balance es profuso en números, críticas y reconocimientos. El interés es tal que el Gobierno publicó un resumen de los 100 días a los 90, en tanto que la prensa ha “matriciado” sectores y actores, buenos y malos. Si se añade a los opositores y defensores con argumentos básicos, ya tenemos el balance del primer tramo del Gobierno.
Las cosas no parecen ser tan fáciles esta vez. Algunos análisis planos dibujan un escenario convencional que obvia el carácter excepcional de nuestra gobernabilidad desde el 28 de julio, preñado de una dualidad que asoma. Estos análisis incurren a mi juicio en por los menos tres errores: 1) pretenden segmentar la opinión pública asumiendo que sucesos importantes –como los casos Moreno o Vilcatoma, por citar dos ejemplos– impactan solo en un sector político o institución; 2) asumen un escenario tradicional de la competencia política donde la desafección al poder es una cuenta nueva, sin pasado (“Que cosa fuera la maza sin cantera, un servidor del pasado en copa nueva”/La Maza, 1979), explicado solo por los errores o incumplimiento de ofertas electorales; y 3) establecen patrones “anti” para guiar los resultados: todo sucede porque PPK se “fujimorizó”, el fujimorismo no cambió, el gobierno se corrió a la derecha, o fue abandonado por los “caviares” que lo respaldaron en la segunda vuelta.
Quizás por ello, este balance prefijado obvie el reconocimiento del primer y principal fenómeno de los 100 días, la gobernabilidad compartida entre el Gobierno y el Congreso, trabajosa y contradictoria, cuyos aciertos incuban no obstante sombras para el sistema. En lo positivo, esta gobernabilidad ha impedido una colisión de poderes y ha moderado a ambos, permitiendo el voto de confianza al Gabinete Zavala y la delegación de facultades.
No estaba en las previsiones la irrupción temprana de eventos críticos como el caso Moreno, los problemas de los grupos parlamentarios y la designación de dos miembros del BCR, respondidos por la sociedad desde la calle. Los poderes han encontrado que el límite a su moderación lo colocan los mismos ciudadanos que les impusieron la cooperación. Las crisis surgidas trasvasan sus efectos y ese contagio lo ponen en blanco y negro las dos últimas encuestas, IPSOS y GfK.
El análisis plano se invalida por un hecho simple: siendo el Gobierno el principal objeto del balance –y en realidad debe serlo– los ciudadanos castigan con la desafección a todos. Esto demuestra que la memoria electoral no se ha disipado, que el país no ha terminado de voltear la página como varios lo creíamos y que por encima de las buenas cosas que se han hecho en estos 100 días, y que son más que los errores de ambos poderes, reemerge el rechazo a la política y su signo central, la desconfianza. Ese es el segundo elemento de los 100 días, la desconfianza.
Todos cumplimos 100 días. Al terminar la instalación del nuevo poder se abre un diálogo tenso entre gobernabilidad y desconfianza. El primero de estos elementos es contestado por la sociedad en su atisbo de moderación.
Las Bambas (Apurímac) y Saramurillo (Loreto), y las decisiones públicas como la designación de Carlos Moreno o de Chimpler/Rey, o la liberación de las bandas criminales, entran a un solo saco y la reacción natural de los poderes es salir de la moderación para evitar el contagio. Así se entiende la renuencia del Congreso a asistir al llamado de PPK al Consejo de Estado.
El principal error de los 100 días y que ignora el balance convencional de crítica/apoyo al Gobierno, no es la moderación sino la subestimación de la sociedad en la mesa de la gobernabilidad a la que ha sido llamada pocas veces y solo cuando bloquea carreteras y ríos.
La dualidad de poderes que se abre paso, con un Congreso que profundiza el control de un Gobierno que se debilita, no parece ser la única solución a este diálogo tenso entre la gobernabilidad y la desconfianza. La salvación no depende de la confrontación de poderes que empujan la opción “anti” sino de tomar en cuenta a la tercera mitad, la sociedad.

Habla líder, ahora

http://larepublica.pe/impresa/opinion/816055-habla-lider-ahora
La República
La mitadmasuno
28 de octubre de 2016
Juan De la Puente
Extraña la actual crisis de nuestro sistema político que tiene a la mayoría de autoridades, líderes y partidos casi en silencio. Si la pregunta es quién le está hablando al país, se encuentra que salvo muy escasas figuras del Gobierno y del Congreso la falta de posiciones sustentadas, más allá de la frase o consigna, es general.
Lo que tenemos a cambio de visiones de conjunto son pequeñas incursiones públicas de quienes deberían hacer la agenda pública. Son incursiones específicas, sobre detalles, la mayoría de ellas a través del Twitter. Nunca como ahora es cierta la frase de que la política peruana cabe en 140 caracteres, y a veces sobra. Revisamos las redes sociales –ya no los diarios y la TV– y concluimos que el liderazgo del país se ha escondido y no comunica. La campaña “Habla Castañeda”, dirigida al alcalde de Lima, debería convertirse en “Habla líder”.
Los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, por citar un ejemplo, no se sienten llamados a exponer sus opiniones sobre los graves problemas de la seguridad, la justicia y la corrupción, en conjunto. Los líderes máximos de 9 de los 10 partidos que compitieron en la primera vuelta electoral tampoco sienten la obligación de fijar una posición sustentada sobre esos problemas y sobre otros delicados asuntos como la reforma política y electoral, los conflictos sociales, la violencia cotidiana, la reactivación de la economía, la prestación de servicios, la descentralización, la diversificación productiva y los grandes proyectos de inversión, entre otros. Ni siquiera hablaron durante el debate de la delegación de facultades, una discusión hegemonizada por los medios y los ciudadanos.
El argumento de la “cura de silencio” de los que perdieron la elección respecto al nuevo Gobierno no impidió en otros momentos que instituciones y líderes expongan su visión de país al país, especialmente en circunstancias cruciales. La principal explicación parece ser otra: que este es un escenario paradójico de grandes problemas sin grandes ideas. Para ser más específico, la batalla de las ideas parece haberla perdido la política.
Desde el giro del gobierno de Humala a la derecha, el Perú carece de un consenso sobre el cambio político. También ha perdido el consenso sobre el crecimiento luego de que las agencias públicas y privadas debieron reajustar por tres años seguidos (2012-2014) sus previsiones triunfalistas sobre la evolución de la economía.
Quedan muy pocos que creen que todo está discutido sobre cambio político y economía, pero esencialmente ni antes ni después de las elecciones el liderazgo peruano ha recuperado estos consensos o puesto en blanco y negro los disensos. Lo que se denomina “agenda país” o “carta de navegación” no resume la clásica polarización derecha/izquierda (política) u ortodoxia/heterodoxia (económica), sino la fragmentación de visiones y opciones. Una revisión de los 412 proyectos de ley presentados desde el 28 de julio puede brindar una idea exacta de esa fragmentación y en buena parte al desgaire.
Una competencia política sin política y sin ideología es muy reveladora. No hablarle al país sobre la agenda pública es ante todo la falta de una narrativa política y económica y la carencia de una oferta. Dicho esto, no solo es la palabra sino también la acción: casi todos los partidos han cerrado sus puertas para discutir sus problemas internos y en algunos casos tirarse los muebles. En tanto, la mayoría de instituciones, salvo las obligadas por circunstancias extremas, trabaja a puerta cerrada respecto a la sociedad.
No se podría decir que este fenómeno extraño en que la política le vuelve las espaldas a la sociedad, sea inédito. Lo nuevo es el contexto de un país que ha obtenido resultados económicos y sociales sugerentes en 15 años de democracia y que ha acumulado problemas complejos, a los que sin embargo sus líderes se resisten a hablarle. De esta preocupante despolitización de la democracia solo puede surgir el populismo, de derecha o de izquierda.

Manual para no hacer nada

http://larepublica.pe/impresa/opinion/813945-manual-para-no-hacer-nada
La República
La mitadmasuno
21 de octubre de 2016
Juan De la Puente
Por segunda vez en los últimos años, el Perú tiene la oportunidad de encarar la corrupción como un grave problema nacional. La primera vez, el año 2014, cuando el asesinato de Ezequiel Nolasco por la mafia que operaba en Áncash, perdimos esa oportunidad. Para ser más precisos, fueron los políticos y los medios los que dejaron pasar ese valioso momento sin hacer nada.
Como hace tres años, las reacciones al caso Moreno se parecen bastante. El manual empieza a desarrollarse: harta indignación pública, investigaciones de la prensa sobre el modus operandi delictivo, políticos asqueados con lo sucedido, la fiscalía y los procuradores tomando el caso con ahínco e investigaciones parlamentarias en camino.
No sostengo que esa indignación y avocación no sean necesarias. Al contrario, la prensa fue eficaz en desentrañar las interioridades de la corrupción en Áncash, Tumbes, Cajamarca, Pasco, Huánuco, Loreto y en otras regiones y ciudades, así como los procuradores y fiscales realizaron con solvencia su trabajo enfrentándose al poder de turno, inclusive.
Sucede que ese episodio no pudo transformarse en un movimiento nacional contra la corrupción para forzar a su paso normas y arreglos institucionales y derribar los muros que colocan los intereses políticos y económicos que se resisten a que el Estado sea una pecera, transparente.
La mayoría de las normas planteadas en ese momento fueron congeladas en el Parlamento o, en una consecuencia derivada, los políticos de entonces creían que su función en este asunto se reducía a presentar leyes. Al mismo tiempo, cuando la indignación cedió no hicieron caso por ejemplo al pedido de más recursos de la Contraloría en un país en que más de S/ 40.000 millones del gasto público están fuera del ámbito de control, a decir del entonces Contralor Fuad Khoury.
En aquel tiempo la prensa insistió en los corruptos, pero no en la corrupción como redes, cultura y organización. La mayoría de medios escondió a los corruptores y a los sistemas de corrupción instalados en las empresas y en el Estado. Nos contentamos esa vez con las imágenes y los símbolos y en pocos meses tuvimos juicios mediáticos que condenaron a los corruptos, pero dejaron sin tocar a los sistemas y a los poderes que corrompen. En un país donde la indignación es de corto plazo y la corrupción y el lobby ilegal son de largo plazo, dejamos de pasar la oportunidad. Ganaron ellos.
Ahora podría pasar lo mismo y por esa razón habría que preocuparse porque la indignación está cediendo y otros temas ocupan la agenda pública. Por eso, creo que de las medidas planteadas por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dos son básicas para el propósito de politizar la lucha contra la corrupción en el mejor sentido del término, la convocatoria al Consejo de Estado y la creación de la Oficina Presidencial de Integridad.
Ambas iniciativas nos remiten a la carencia de una agenda anticorrupción, porque lo que tenemos a la vista son medidas saludables desconectadas entre sí. El país tampoco tiene un sistema anticorrupción con responsabilidades del Estado, de los ciudadanos y de las empresas. Otros países de la región en cambio, como lo del ingreso reciente a la OCDE, se dotan de sistemas de prevención además de las sanciones; es el caso de Colombia que ha aprobado un Estatuto Anticorrupción.
Finalmente, junto con las medidas penales situemos el debate en las medidas políticas (¿Suena otra vez las palabras reforma electoral?), administrativas, educativas y preventivas. Y si se trata de leyes, vayamos en serio; habría que recordar que en algunos países las empresas desarrollan hace años códigos contra el soborno certificadas por el Estado y se avienen con gusto a los cambios normativos para permitir la colaboración anticipada para los ejecutivos que denuncien sobornos, o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, resistida en el Perú por una alianza entre ciertos medios y grandes estudios de abogados.

jueves, 10 de noviembre de 2016

Trump, more dangerous today than yesterday

By Juan De la Puente.
November 9, 2016
When Hitler lost 2 million of votes in the elections in November 1932 and passed from 230 to 196 seats in the Reichstag, the fashion guru in Europa, the English Harold Laski, proclaimed that Nazism was already an exhausted force and that Hitler would spend his days on the terrace of a Bavarian bar recalling how he had been about to rule Germany. Two months later Hitler was appointed chancellor by the aged President Hindenburg after effectively conspired to divide the ranks of the conservatives Nazis.
Most analyses after Hitler's rise to power changed after his appointment as chancellor. Germany's problem was no longer Hitler and his brown shirts but the "other" and the "others”. And so, a list of fatalities of Germany was elaborated that instead of explaining Hitler, justified him: The Treaty of Versailles, the Great Depression of the 29, the loss of the colonies, the unemployment, the communists, the unions, the Social-democrats, and especially the Republic of Weimar and its liberal constitution, allegedly attacked for expressing the old of politics. And of course, the Jews, very similar in today's xenophobic language to Latinos in the US.
I am not among those who "already knew" that Donald Trump would win the US election. I believed that the battle for freedom in that country would not have that end. Trump always seemed to me a 21st-century fascist who manipulated-I now see effectively-the emotions of a nation susceptible to the rhetoric of manifest destiny and conservative philosophy toward the rest of the world and its neighbours.
Now he looks more dangerous than yesterday. That's why I'm not among those who start diving to find reasons for Trump's triumph other than Trump, that is, the usual list: Hillary Clinton is hated, Latinos piss on the streets and steal jobs from Americans or US has shielded against Islamist terrorism. Trump's triumph without Trump can not be explained. The indirect explanations that are made direct ones to avoid pointing out the political meaning of a fatal act, was already tried in the thirties in Germany to justify the rise of fascism. From that explanation Trump is less Trump. I believe instead that what has happened in the US is the victory of the populist and dangerously nationalist wing of a conservative nation. Twelve years ago, John Micklethwait and Adrian Wooldridge, two journalists from The Economist, published a revealing text of that conservatism in progress. (The Right Nation, Penguin Press 2004). The text mentioned that 41% of Americans considered themselves conservative, compared to 19% considered liberal. The authors already spoke 12 years ago of an ongoing conservative revolution that has operated since the end of the Second World War. That revolution seems to have matured this year. We have an extremely idealized idea of US development, to the point when we deny its high rate of inequality when compared to the European average, an example of which is its health system that has problems to become universal, as Europe did 30 or more years ago. It is also a historically armed country, which has more than 2 million prisoners, the highest rate of incarceration in the world, with 756 people per 100,000 population; which does not sign treaties; which practices the death penalty in several states; and uses force to resolve their conflicts.
This conservative nation is fought house by house from liberalism and in that way, the warnings about Trump have not been scarce. On that route, the system not only produced Obama eight years ago, but also Bernie Sanders - the clearest anti-Trump - who with his strong liberal social rhetoric won 13 million votes in the Democratic primaries and more than 1,800 delegates at the Democratic Convention.
It was not enough. The campaign against Trump failed to impact the social, racial, and territorial gaps of the United States. The polls conducted by Edison Research for several US media reveals that fewer black people than 2012 voted now for Democrats, and that more blacks, Latinos and Asians voted for Republicans this time. In the case of the Latino vote while in 2012, 71% voted for Obama, 65% now voted for Clinton, and similarly, more young and poor people voted for the Democrats 4 years ago than now.
If you should blame someone for Trump's triumph, it's not the ones who fought him but those who did not fight him, especially his own party, the Republican, which has accepted the historical substitution of the right-wing by a far-right, misogynist, isolationist, nationalist, warmongering and violent ideology.
Trump is not Hitler because the US is not Germany, 2016 is not the same as 1933, nor democracy in this century has the standards of 80 years ago. But let us not underestimate him; a non-democratic president cannot make a democratic government, and even if he succeeded big messes are not discarded.
(Translation: Micaela De la Puente)