lunes, 31 de julio de 2017

Cómo has crecido, Baby (I) (II) y (III)

http://larepublica.pe/impresa/opinion/890817-como-has-crecido-baby-i
http://larepublica.pe/politica/1061402-como-has-crecido-baby-ii
La República
La mitadmasuno
30 de junio de 2017
Juan De la Puente

Hace algunos años, la detención de un policía comprometido con el delito común era un noticia inesperada y desagradable. Esta penetración del “mal dentro del bien” se registraba especialmente en relación con el tráfico de drogas y el control del tránsito, y era esencialmente una degeneración personal. Con el paso del tiempo, los compromisos delictivos se han hecho colectivos al punto que varias veces casi toda la plantilla de las unidades antidrogas terminó envuelta por el delito.
La evolución es radical, intensa y rápida. La reciente detención de más de 20 oficiales y suboficiales de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, y de la Dirección de Inteligencia de la PNP, asociados a un grupo de mafiosos prontuariados, varios de ellos en prisión, evidencia que la masificación de la corrupción policial se encuentra en el punto más alto.
Una cosa era la corrupción personal, cuentapropista o de pequeños núcleos, y otra es la colectivización mafiosa de buena parte de las estructuras policiales. El salto cualitativo es crucial, al potenciar el desafío de la seguridad ciudadana hacia límites poco imaginados hasta hace poco, una realidad de donde emerge una grotesca pero certera pregunta: ¿quiénes harán la lucha contra el delito?
Cuando la crisis de seguridad se hizo patente, a finales de la década pasada, varios anotábamos en relación con este punto que la evolución de esta crisis nos acercaba a las experiencias mexicana y colombiana combinada y no solo a una de ellas. Si en ese momento México y Colombia estaban cerca, es posible que ahora se encuentren aquí. Varios rasgos del proceso registrado en los dos países se están desarrollando en nuestra seguridad/inseguridad, como la masificación del delito y la integración de las familias a él; la sofisticación del crimen; la brutalización de los grupos de tarea; y la pauperización de la policía como antecedente del desborde de sus filas hacia el enemigo a combatir. Puede doler decirlo o escucharlo, pero parece que estamos en los inicios de una importante alianza social entre los buenos y los malos.
Este proceso tiene varios años en curso y, en ese contexto, es meritorio lo realizado en la última etapa por el alto mando policial y la actual gestión del Ministerio del Interior. De hecho, emerge esta alarmante colectivización debido a la labor de los sectores sanos, institucionales y valerosos de la PNP y el MININTER dispuestos a combatir el crimen dentro de casa. Los operativos contra los Babys de Oquendo, la mafia de Chilca y la denuncia del escuadrón de la muerte, es trabajo limpio policial con ayuda de la fiscalía, y, ojalá sea siempre, de los jueces.
Espero que sea suficiente. El debate dentro y fuera del Congreso durante la reciente interpelación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, me genera dudas sobre la claridad del liderazgo del país ante esta realidad. En el Congreso, la mayoría de las preguntas de la interpelación y las intervenciones en respuesta al ministro brindaron la sensación de la falta de conciencia colectiva respecto de esta crisis. Las críticas radicales, envueltas en la pequeñez de las cosas y en la denuncia populista del estado de la cuestión –una especialidad que dominan varios legisladores pero que no pasa de su indignación frente a las cámaras de TV–, han sido como se esperaba las que menos han aportado.
Sucede no obstante que no es la única inconciencia; esta también opera en la sociedad que, a pesar de responder en las encuestas desde hace 5 años de que la delincuencia es el principal problema del país, no está dispuesta a llevar a cabo importantes aportes personales y sacrificios para conjurar esta crisis nacional. Lo patentiza lo más público: la microcorrupción en la que incurren masivamente los ciudadanos y la cooperación con delitos e infracciones; y la precipitación de decenas de miles de peruanos a los grupos criminales que –como ya lo demuestran México y Centroamérica– son una importante fuente de generación de empleo. Nuestra economía tiene menos proletariado y más lumpen proletariado.

http://larepublica.pe/politica/1061402-como-has-crecido-baby-ii
La República
La mitadmasuno
14 de julio de 2017
Juan De la Puente
Recientemente fueron liberados 11 de los 24 policías detenidos en la operación contra la banda “Los babys de Oquendo” porque habrían sido “engañados” para participar en el desalojo de un terreno de Puente Piedra.Esta explicación podría ser verosímil considerando el sistema de ordeno y mando policial, más aún si se trata de suboficiales, aunque este hecho actualiza una declaración del ministro del Interior, Carlos Basombrío, sobre que se podría terminar con el crimen organizado antes del Bicentenario “si existe un trabajo conjunto con el Ministerio Público y el Poder Judicial”.Ese trabajo conjunto, adecuado al marco descrito contra el crimen organizado, no existe. El virtual fracaso del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) y la ralentización del Acuerdo Nacional por la Justicia, lo resumen casi sin palabras, en tanto que la práctica fiscal reciente y las decisiones judiciales relativizan la colaboración eficaz como mecanismo de lucha contra los grupos criminales.La figura dominante de la lucha contra el delito es la de esfuerzos meritorios y avances parciales dentro de un espiral cualitativo que eleva el delito en número y calidad, una batalla ahora claramente desigual librada por la policía a su suerte, con los otros operadores del sistema atrincherados en sus autonomías, con las que parecen hundirse por exceso de peso.En el cuadro general, ahora se denuncian más delitos (primer indicador), se detienen a más personas (segundo indicador), sin impactar en la tasa de hechos delictivos. Según las estadísticas de la PNP, el 2016 se detuvieron a más de 111 mil personas, un 16% más que el año anterior y mucho más que los 74 mil detenidos el 2011. Al mismo tiempo, si bien es cierto que se registra una pequeña caída de las denuncias de delitos contra el patrimonio, el delito más importante en este rubro, el hurto, no se ha reducido, en tanto que los delitos de secuestro y violación sexual tuvieron un incremento significativo (tercer indicador).En nuestro país se denuncian 23 delitos cada hora, y más de 5 mil cada semana, una frecuencia que solo puede ser medida de modo muy general, porque los datos policiales son audaces y engañosos, hacen énfasis en los logros y esconden los aumentos de varios delitos en el oscuro rubro de “otros”.Aun así, esos datos dan cuenta del desborde de la crisis de seguridad en lo tocante a la impunidad (cuarto indicador), resumido en una enorme brecha entre las denuncias y las detenciones. En el 2016 se registraron 94 mil denuncias de hurto, pero hubo solo 15 mil detenidos; 76 mil denuncias por robo con solo 13 mil detenidos; y 9 mil denuncias por violación sexual, con apenas 3 mil detenidos.Con relación a delitos específicos debe tenerse en cuenta que el año pasado hubo 844 denuncias de extorsión con solo 222 detenidos, que en una interpretación optimista podría significar que cada detenido era responsable por cuatro de las denuncias.Similar brecha se advierte en la investigación criminal propiamente dicha. Al 2007, de las 9 mil denuncias tomadas por la Dirincri se resolvieron 7 mil, es decir, se esclarecieron el 78% de los hechos desde la perspectiva policial. Desde ese año se ha producido un aumento significativo de denuncias que superaron en un momento las 40 mil (2010) con una baja tasa de resolución que cayó al 20%. El año más terrible fue el 2015, cuando de las 33 mil denuncias solo se esclarecieron en el ámbito policial poco más de 5,800, es decir solo el 17%. El 2016 esta tasa subió al 20%, pero está lejos de lo mínimamente aceptable.Es una pena que un debate sobre logros y desafíos no estuviese presente en la reciente interpelación del ministro Basombrío, y en cambio la base de la discusión se situase en lo estrictamente personal. No es extraño, por esa razón, que según la última encuesta de GfK, más de dos tercios de los peruanos desconozca qué propone la oposición sobre seguridad ciudadana, la principal razón de desaprobación del Gobierno y el asunto por el que fue interpelado el ministro.


http://larepublica.pe/politica/1069601-como-has-crecido-baby-iii
La República
La mitadmasuno
4 de agosto de 2017
Juan De la Puente
Debe anotarse como logros en la lucha contra el delito los más de 70 megaoperativos realizados en los últimos meses, la captura de 500 de los 1,800 grandes delincuentes buscados, y la férrea respuesta interna a la corrupción policial. Siendo esto inicial y correcto, me temo que la primera tendencia del proceso es que ha llegado a un límite operativo e institucional que debe ser encarado con un ánimo reformista firme.
La parte institucional de este límite reproduce brechas entre la policía y la fiscalía, entre esta y los jueces, y entre todos los actores de una política criminal pública. La parte operativa es estrictamente policial y se resume en una crisis de la investigación criminal cuyas cifras no dejan dudas. Hace 10 años se resolvían el 78% de las denuncias a cargo de la DIRINCRI, que es una parte del total de denuncias; desde entonces, se ha producido un fenómeno perverso, el aumento vertiginoso del número de denuncias y la caída con igual velocidad del número de investigaciones exitosas. En el 2014, de 33 mil denuncias solo se esclareció el 17% y el año pasado de 22 mil, solo se esclareció el 20%.
En cifras gruesas, 18 mil denuncias investigadas el año pasado por la DIRINCRI no han sido resueltas, es decir, que solo una de cada cinco denuncias es resuelta, una brecha gigantesca que revela que, junto a la impunidad conocida, la judicial, que consiste en un mal juzgamiento del delito, coexiste la impunidad policial, más perjudicial y recreadora del delito.
La primera constante de esta brecha, el aumento de denuncias, debe ser estudiada para esclarecer lo siguiente: 1) si se debe a que los ciudadanos confían más en la policía; 2) si se registran más denuncias porque se cometen más delitos; o 3) si este incremento se debe a que el volumen de lo afectado es mayor. A simple vista, el crecimiento de las tasas de victimización y la relación entre aumento de delitos contra el patrimonio y los índices de crecimiento y distribución, indican que se trataría esencialmente de las dos últimas razones.

Respecto a la segunda constante, la brecha denuncia/esclarecimiento, es perceptible que no hubo estrategia para asimilar la avalancha de denuncias, a pesar de cierto esfuerzo en acercar a los ciudadanos a las comisarías y hacer más amigable este tedioso proceso. Que cada año DIRINCRI, el cuerpo especializado de la PNP, tenga 20 mil denuncias en promedio sin resolver indica varios fenómenos que no pueden barrerse bajo la alfombra y que parecen ser concurrentes: 1) el escaso número de personal competente para la investigación criminal; 2) la sofisticación de los infractores; 3) la obsolescencia de técnicas e instrumentos de investigación; 4) la corrupción policial, de lo que hay sonados ejemplos; y 5) la persistencia de arreglos institucionales deficientes y de poca eficacia operativa.

La gobernabilidad primaria y populista

http://larepublica.pe/impresa/opinion/888652-la-gobernabilidad-primaria-y-populista
La República
La mitadmasuno
23 de junio de 2017
Juan De la Puente
La idea de gobernabilidad, predominante en estos días, donde los poderes no se atacan y los políticos no se agreden, o en la que se canjean intereses, es primaria, por básica, e incompleta. No es democrática y, en cambio, es un ejercicio populista.
Desde 1980, cada vez que las tensiones en la cúpula del poder llegan a mayores, el grito más escuchado es diálogo. Así, hemos tenido 37 años de diálogos que surgieron de las patadas, porque solo fueron eso, diálogos, no entendimientos.
Sentar a la mesa a los adversarios rebaja las tensiones y frena las pasiones, pero no resuelve los problemas de la agenda pública dispersa y antagónica. En cambio, fueron más prometedores los diálogos/pacto o diálogos/acuerdo, aun en los casos en que al final no se alcanzaron consensos.
No es extraño que en el Perú se demande diálogo solo después de cada borrasca y no en otros momentos, una tradición que es más expresión de la resaca del pleito o un “dejen de pelear, chicos” que un movimiento de Estado. Esto se debe probablemente a la fobia nacional a los pactos. De hecho, somos una república sin pactos y sin consensos expresos, y por eso acumulamos 12 textos constitucionales y solo dos pactos generales: la Convención de Partidos de 1915 y el Acuerdo Nacional del 2002. Ramiro Prialé, histórico líder del Apra, fue víctima de esa cultura; para esconder el entendimiento tuvo que acuñar una frase incompleta, “conversar no es pactar”, cuando debió proclamar “conversar para pactar”.
Esa forma de diálogo ha vuelto estos días con varias opciones: 1) la ilusión del cogobierno (el ministro Olaechea y varios columnistas); 2) el gabinete multipartidario (el dirigente máximo del partido de gobierno, Gilbert Violeta); 3) el simple cara a cara entre PPK y Keiko Fujimori, una reedición del encuentro de diciembre que tuvo al cardenal Cipriani en medio; y 4) el diálogo como negocio, es decir, el indulto a Alberto Fujimori (por el mismo PPK en una entrevista al semanario The Economist).
Tres de esas formas de diálogo no son ni útiles, ni ahora posibles. Fuerza Popular jamás entrará a un gobierno de PPK ni patrocinará un gabinete parlamentario aun así indulten a Fujimori, porque entre otras razones lo democrático es su derecho a ser oposición. Por otro lado, un gabinete de ancha base o de cercanos a partidos, lo tuvimos en 1990 (el primero de Fujimori) y el 2000 (el de Paniagua y Pérez de Cuéllar), siendo ahora poco rentable para todos. Los partidos pequeños suman poco y el gobierno de los chiquitos no es una receta contra el fujimorismo.
Es extraño en cambio la insistencia de un diálogo en las alturas apartando a los otros actores. Dos poderes precarios criticados por el pueblo han hegemonizado el escenario de confrontación y ahora, cuando parecen desbordarse las aguas, creen que solo en ellos, en los dos, está la solución.
Muy rápido para desentenderse de la otra mitad de ese original modelo con tres mitades –sorry, Euclides– la tercera de las cuales, dispersa y contradictoria, es la clave de la gobernabilidad desde el 2001, al punto que su actividad derribó a por los menos 8 de los 17 gabinetes en tres períodos constitucionales.
La tercera mitad importa porque la agenda también importa, y porque en un diálogo de los poderes con los empresarios, trabajadores, regiones, colegios profesionales, comunidades nativas, padres de familia y otras formas de la sociedad civil, quienes tuvieron un activo rol en el proceso electoral, se puede volver a los contenidos de la reforma institucional y la transparencia prometida en la campaña electoral.
Finalmente, en las últimas horas, se pretende convencer al país de que la gobernabilidad depende de una paz entre los políticos lograda a cualquier precio, incluido el negocio, es decir, el toma y daca sin principios, sin programa y sin respeto por las ofertas electorales. Eso puede pasar como diálogo al inicio, pero luego de concretarse no lo será, y en cambio generará el voto de desconfianza en la sociedad.

Cinco crisis abiertas, cinco

La República
La mitadmasuno
16 de junio de 2017
Por Juan De la Puente
La actual tensión entre el gobierno y el Congreso es la más larga desde el inicio de funciones de ambos poderes. La atmósfera envenenada que se respira incluye por lo menos cinco crisis, todas ella abiertas: 1) Chinchero; 2) El Contralor; 3) Thorne; 4) Basombrio; y 5) El indulto a Alberto Fujimori.
Chinchero es ahora la menos compleja, y es un ejemplo de desactivación de explosivos. La rescisión del contrato deriva el caso a las demandas del Cusco por el rápido inicio de obras y a la compensación a Kuntur Wasi, en un contexto de menor presión en las alturas. Asimismo, el caso del Contralor Edgar Alarcón camina a resolverse; es probable que la comisión designada en el Congreso arribe a un acuerdo que implique su salida del cargo, sea de modo directo o a través de alguna fórmula legal o legalizable. Hasta ahí se supone que cada uno de los poderes hace su trabajo a tono con la presión política del otro poder y de la opinión pública.
Amarrados a decisiones bilaterales están los casos de los ministros Alfredo Thorne y Carlos Basombrio. La diferencia entre ambos es de tiempo político y de sistema de protección. La interpelación del segundo tiene varias semanas y el despliegue defensivo de su gestión fuera del gobierno es amplio y mayoritario, ayudado por un pliego interpelatorio primarioso, rocambolesco y muy malo; malo de pésimo y de abuso.
En cambio, Thorne tiene un audio que lo persigue todos los días, y que no pasa un test básico de transparencia pública. Contra él no solo está emplazado el fujimorismo sino la izquierda y otras bancadas. Los medios han expresado cierta comprensión de su diálogo elíptico con el Contralor pero no al punto de jugarse entero por su permanencia. El caso Thorne tiene menos calendario, pero más definiciones.
El indulto es el asunto más complejo y sus posibilidades de alterar el escenario es clara. Los recientes cambios en el gabinete fortalecen la tendencia a la concesión de esta gracia presidencial, pero no al punto de que no importe la jurisprudencia del sistema interamericano de DDHH y el rechazo del gobierno en los foros internacionales, considerando el buen desempeño de nuestra política internacional.
Si las crisis siguen abiertas se corre el riesgo de que condicionen el 28 de julio y el mismo mensaje presidencial, por lo que el Gobierno debería ser el principal interesado en reducir los conflictos en número o intensidad. Será también el modo de blindar al gabinete Zavala que sigue teniendo una capacidad de maniobra sustantiva y que cuenta con una virtud que no se encontrará en cualquier otro equipo que venga: es un gabinete del presidente, hecho por el presidente y que tiene la confianza del presidente.
Resolver estas crisis no tiene la misma urgencia para Fuerza Popular. Es cierto que las dos últimas encuestas –de Ipsos y GFK- reportan que los ciudadanos perciben que el conflicto entre los poderes ha aumentado, pero no expresan censura a la tensión.  En lo más cercano a una reprobación, critican la desconfianza en esas relaciones y prefieren que estas sean constructivas, es decir, la palabra obstrucción aún en germen. En cambio, la aprobación de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza ha aumentado en medio de la tensión, a pesar incluso de la caída de la aprobación del Congreso.

Cerrada la posibilidad de un diálogo político para el mediano plazo -porque el iniciado en enero ha naufragado- queda el lenguaje ancestral de las señas. Salvo lo del indulto (por sus implicancias estratégicas), y la censura de Basombrio (por su potencial demoledor de lo avanzado en seguridad ciudadana), las opciones para estas señas están abiertas, en el caso del Gobierno para defender su arquitectura principal diseñada en julio pasado y relanzar al Gobierno mismo y, en el caso del Congreso y de su fuerza mayoritaria, el fujimorismo, para no darle contenido expreso a la palabra obstrucción. Ambos actores que han hegemonizado el escenario hace semanas deberían tener en cuenta que deben hacer juego y que no se puede siempre vivir de la crisis.

Lava Jato, como perder la batalla

La República
La mitadmasuno
9 de junio de 2017
Juan De la Puente

Solo hay una cosa más terrible que una
batalla ganada, y es una batalla perdida.
Chales de Gaulle.

El Perú ha empezado a perder la batalla de Lava Jato y de otros casos que colocan en entredicho la transparencia pública. A seis meses de la primera explosión del caso, los avances en varias direcciones están cortados. Las tropas no parecen agotadas, pero si entretenidas; una rara batalla donde los ejércitos hablan más de lo que combaten, con más fuego amigo que contra el enemigo. Una batalla sin muertos y heridos, en la que son liberados los jefes prisioneros.
Un balance de estos seis meses no puede ignorar algunas comprobaciones: 1) la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción – dejando a salvo, claro está, su autonomía- aunque en esta oportunidad la mayoría de las veces se usa la autonomía como argumento contrario a la cooperación; 2) el auto-bloqueo de las instituciones que retarda la eficacia de procedimientos como la extradición, la delación premiada brasileña o la colaboración eficaz interna; 3) la normalización social de las denuncias que parecen haber sido asimiladas por la sociedad y el sistema; y 4) la ausencia total de una movilización ciudadana activa e influyente que alerte e impida retrocesos y dilaciones.
Los casos avanzaron cuando se conocieron detalles de los acuerdos entre Odebrecht y la justicia de EEUU y Suiza, y luego de que la fiscalía peruana suscribiera un inédito acuerdo con la filial de Odebrechet en el Perú. Desde entonces, la mayoría de hallazgos y de progresos se deben a la información ya procesada en Brasil y a las colaboraciones eficaces. Por esa razón, es increíble que el Ministerio Público se encuentre atrapado entre dos opciones: la de la fiscalía anticorrupción favorable a tramitar colaboraciones eficaces y la fiscalía de lavado de activos, reacia a ello.
La sentencia que ordena la libertad del Gobernador del Callao, Félix Moreno, es un cambio de enfoque de la prisión preventiva en los casos de altos funcionarios del Estado, practicado hasta ahora. A este giro podrían acogerse otros detenidos y prófugos de cuello y corbata porque anula el efecto de la colaboración eficaz y relativiza los llamados “elementos de convicción”, es decir, los hallazgos de la fase inicial de la investigación que indican la probabilidad de la comisión de un delito. La libertad de Moreno es un golpe demoledor al Decreto Legislativo Nº 1301 expedido hace muy poco, y que pretendía fortalecer la lucha contra la corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado.
Las documentadas denuncias han sido asimiladas especialmente por la elite. Con creciente menor disimulo se muestran simpatías públicas hacia investigados cuyos casos eran inicialmente objeto de indignación, y se ensayan las primeras críticas contra testigos, pruebas y hallazgos. Si bien la prensa sigue siendo el principal dinamizador de la lucha anticorrupción, en su seno se abren algunas falsas disyuntivas que pretenden cuestionar solo un paquete de ilicitudes, ignorando el otro. El sistema se está haciendo cargo de los casos más sonados, pero para “normalizarlos”.
Por el contrario, en estos seis meses no ha sido posible la formación de un movimiento anticorrupción como el que salió a las calles a la caída de gobierno de Alberto Fujimori. Aquel movimiento tenía una raíz ciudadana y partidaria y estaba dotada de una narrativa fuertemente renovadora de la democracia. Ahora, se ha diluido el elemento político como resultado del cuestionamiento de los partidos en relación a los casos denunciados, y se ha minimizado la actividad social debido a la despolitización de la sociedad (mi amigo Beto Adrianzén dice que es otra politización).
En cualquier caso, existe una brecha significativa entre la gravedad de los casos y la ausencia de gente en las calles demandando se juzgue las denuncias. Sin una narrativa renovadora y reformadora de la democracia, y sin masas en la calle, aparece claro el destino final de este proceso peruano contra la corrupción: la impunidad.

domingo, 23 de julio de 2017

Dos coyunturas críticas. La reciente encuesta de GFK

Por Juan De la Puente
Con cargo a un balance más detallado a partir de todos los datos, la reciente encuesta de GFK publicada por La República (23/7/2017) permite una apreciación de las coyunturas más largas de este año, la del gobierno vs oposición, y la interna del fujimorismo.
El saldo de la coyuntura crítica entre el gobierno y la oposición, de abril a julio, luego del envión motivado por la respuesta a Niño Costero, es zanjada con una pérdida de aprobación de PPK de 10 puntos porcentuales que cae a 32% (secuencia 42, 36, 38, 32), y un aumento de la desaprobación de 11 puntos (de 47% a 58%). La otra parte de esta ecuación, Keiko Fujimori, se ha mantenido y exhibe ahora un 39% de aprobación (secuencia 38, 42, 39, 39), con una desaprobación menor a la de PPK (53%).
En este momento, el resultado principal de esta coyuntura general es que la líder de la oposición tiene 7 puntos más de aprobación que el presidente, un dato que interviene en el debate sobre la naturaleza de las crisis, es decir: 1) a quién beneficia y perjudica la tensión gobierno/oposición; y 2) si es conveniente para el gobierno tener una crisis abierta por varias semanas.
Los datos sobre las coyunturas específicas son detallados. Cuando Kenji empieza su diferenciación de la bancada, en febrero de este año, tenía 21% de aprobación, alcanzando en julio, en seis meses, 12 puntos más de aprobación (secuencia 21, 26, 28, 33, 31, 33). Al mismo tiempo, el 60% respalda su punto de vista sobre la “teoría de los puentes”. Keiko también ha descendido entre marzo y julio en la percepción de algunos atributos, como “tiene capacidad para tomar decisiones” (de 59% a 41%) y “más liderazgo” (57% a 51%). La brecha de liderazgo entre ella y su padre era en marzo de 36 puntos porcentuales a favor de Keiko, respondiendo a a pregunta "Quien cree que en la actualidad tiene más liderazgo dentro de fujimorismo" (60% Keiko vs 24% Alberto), reducida en julio a solo 14 puntos (49% vs 35%).
Una primera lectura de esta coyuntura crítica del fujimorismo, señala que las tensiones internas han debilitado a Keiko ante el pueblo fujimorista, aunque el dato sólido final sigue siendo que el 73% cree que tiene más liderazgo que Kenji en el fujimorismo, señal que la tensión de fondo es con Alberto.

Estas dos coyunturas, una general y otra específica, indican que Fuerza Popular ha podido acumular en su tensión con el gobierno, desgastándolo significativamente, en tanto el fujimorismo oficial, el de Keiko, se ha desgastado hacia adentro, una lógica poco convencional que revela una práctica opositora con claras vulnerabilidades, en el contexto de un sistema de grupos débiles con una representación en crisis. Siendo que el problema “está adentro” ha sido un acierto el giro de Fuerza Popular en favor del diálogo, se supone a condición de que tenga frutos. Es que es muy difícil pelear en dos frentes a la vez.