lunes, 5 de junio de 2017

Las agendas perdidas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/877206-las-agendas-perdidas
La República
La mitadmasuno
19 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
Si se sistematizan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso habría que anotar que a pesar de las apariencias, estas han experimentado más episodios de cooperación que de gran tensión. Entre las primeras se cuentan 1) el voto de investidura; 2) la ley de límite del déficit fiscal; 3) la delegación de facultades; 4) la aprobación del presupuesto del MEF casi sin cambios; 5) el control constitucional de los decretos legislativos con escasas derogaciones; y 6) la aprobación relámpago de la Ley de Reconstrucción.
Las fricciones vividas hasta ahora son propias de una convivencia forzada que pueden agruparse en dos tipos en función de su contenido e intensidad: la tirantez depredadora cotidiana y cortoplacista, la que más erosiona a los actores, a los dos; y las grandes tensiones, importantes por los hechos institucionales que generan y por la toma de posición a la que obligan, que fueron dos: 1) el caso Moreno (octubre) que motivó la creación de la Comisión Presidencial de Integridad; y la censura de Jaime Saavedra (diciembre) que reactivó el dialogo por un corto tiempo. Las interpelaciones a los ministros Vizcarra y Basombrío, incluso si no terminaran en censuras, será el tercer episodio de gran tensión en 10 meses de gobierno.
Las reglas que han seguido las grandes tensiones y en alguna medida aplicables también a la tirantez cotidiana, son: 1) un episodio detonante, de gran cobertura en los medios; 2) el anuncio de fuertes medidas de control por parte del Congreso, aderezado con un alto nivel de sobreactuación, a gusto de los incautos; 3) la toma de posición de los medios por alguna opción, en el contexto de una aguda guerra política; y 4) el desenlace, etapa en la que ninguno acumula fuerzas o gana políticamente a costa del otro.
Esta dinámica satisface tanto el Gobierno como al Congreso al punto que lo practican de memoria, un proceso que sin embargo muestra debilidades que pasan desapercibidas en medio de los análisis planos de la política. La primera de ellas es la falta de control por el oficialismo y el fujimorismo de sus propias fuerzas, una dificultad que alcanza a la construcción de los mensajes, patente en los debates sobre la libertad de Fujimori, el carácter de la reconstrucción y la respuesta a la corrupción, por citar algunos casos. En ninguno de estos episodios hemos asistido a un discurso claramente diferenciador.
La segunda debilidad es la falta de coherencia interna en ambos lados del escenario, incluso si no hay en marcha alguna estrategia para erosionar al adversario. Pareciera que ambos poderes han renunciado a participar en la formación de la agenda pública y que tienen dificultades para definir prioridades. Más que disensos internos, el signo dominante –y lo que está en discusión– es la falta de fuerza de los dos más altos liderazgos públicos en el Gobierno y en la oposición.
La tercera es la depredación como sustituto de la cooperación, que además suele presentarse como una fortaleza y no como una debilidad. Es extraño que los episodios de acuerdo desde julio del año pasado se refieran al mediano y largo plazo, y, en cambio, el corto plazo sea dominado por la micropolítica, tirante y caótica, esa que se hace gratis o con poco esfuerzo. Así, nosotros, que somos capaces de tener un sistema de democracia sin partidos, vivimos ahora una política sin política, es decir, privados de los grandes temas que deberían ser definitorios en el primer año de un quinquenio constitucional.

Esta dinámica de poca cooperación, escasa tensión, y hegemonía de la depredación puede gustarle a una parte de la élite peruana pero es seguro que no a los peruanos. El único beneficio de esta situación ha sido hasta ahora el bloqueo de otras formas de oposición, más programáticas y ciudadanas, y ajenas a las alturas. A cambio, se ha instalado en nuestro sistema, que ya necesitaba una profunda renovación, una democracia express, de coyuntura, de choque y fuga, y de agendas perdidas. Sin proyecto.

Código electoral y condiciones previas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/874820-codigo-electoral-y-condiciones-previas
La República
La mitadmasuno
12 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
Ha concluido el trabajo de la subcomisión presidida por la congresista Patricia Donayre que elaboró el proyecto de Código Electoral. El desempeño ha sido auspicioso, de modo que podría decirse que este es el empeño más responsable de los últimos años para encarar la parte electoral de la reforma política.
Sabemos cómo empieza este proceso pero nadie puede predecir con exactitud cómo concluirá, teniendo como antecedente los 13 años de bloqueo a los cambios (2001-2013) y dos años desastrosos (2014-2016) que culminaron con la contrarreforma que implicó la nefasta Ley N° 30414. Aun así, el mejor argumento para empezar el debate nacional es la posibilidad de contar por primera vez con un Código Electoral.
La codificación de las normas es un desafío complejo para nuestra precariedad institucional. La última vez que el Congreso aprobó un código fue hace 13 años, el Código Procesal Constitucional del año 2004, a lo que habría que añadir que la mayoría de nuestros 15 códigos vigentes fueron expedidos por el Ejecutivo merced a facultades delegadas por el Congreso, y que desde hace más de una década el Parlamento no puede producir una reforma exitosa de los códigos Civil y Penal.
Un Código Electoral tendría la virtud de agrupar normas con rango de ley dispersas, incorporar decenas de reglamentos de los tres organismos electorales e integrar al derecho positivo la frondosa y desmedida jurisprudencia que ha producido el Jurado Nacional de Elecciones en materia de legalidad de los actos partidarios. Si deberían producirse dos consensos alrededor de este nuevo código es que debe detenerse firmemente la producción dispersa e ilimitada de normas electorales que hacen más caótico el sistema político, y que se elimine el financiamiento ilegal y mafioso de la política. Asimismo, si hay un desafío estratégico alrededor de esta incipiente reforma es que necesitamos principios políticos-electorales que rijan los procesos de elección popular.
Por lo señalado, es conveniente considerar algunas condiciones del debate que se abre nuevamente. La primera de ellas es la necesidad de que los cambios garanticen un enfoque de representación y de derechos, en respuesta a la deformación que ya se advierte en algunas opiniones en una dirección “partidocentrista”. Por ejemplo, es positivo que los primeros consensos se refieran a la paridad de género en las listas, la ubicación alternada de mujeres y varones en ellas, y la sanción al acoso político a las políticas, candidatas o representantes mujeres. A propósito, no está de más recordar algo que se olvida en los debates sobre la mejora de la representación: que la crisis se origina en la formación de la representación, y que los elegidos que pierden rápidamente legitimidad vienen “marcados” por un proceso de designación informal y campañas electorales violentas.
La segunda condición es el pacto. Las reformas exitosas en América Latina recientes han tenido un componente de pluralidad y acuerdo que los hace más legítimas que aquellas impuestas o cocinadas en cuatro paredes. Esta perspectiva contrasta con la tendencia de estrechar el debate actual peruano, criticando las iniciativas que no provengan del Congreso. Extraño además que en los últimos 15 años se criticara a los gobiernos por no interesarse en la reforma política y que se le cuestione al actual precisamente por hacerlo.

La última de las condiciones es la convicción del no retorno al pasado. Aun se advierten en algunas opiniones la nostalgia por el viejo sistema de partidos que de modo precario se reorganizó entre 1977 y 1992 y la pugna por reconstruirlo. Las discusiones sobre comités, firmas de adherentes, rigidez de las alianzas y el desborde del espíritu sancionador indican que en un sector de la política –e incluso de la academia– no se ha tomado en cuenta el carácter irreversible del colapso de los partidos y la necesidad de abrir paso a otras prácticas institucionales que renueven la democracia en lugar de recrear el fracaso.

Madre Mía, la guerra oscura en el Huallaga

http://larepublica.pe/impresa/opinion/872381-madre-mia-la-guerra-oscura-en-el-huallaga
La República
La mitadmasuno
5 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
La probable reapertura del caso Madre Mía para juzgar el papel desempeñado por el entonces capitán del EP Ollanta Humala en los primeros años de la década de los 90 implica también la posibilidad de juzgar las violaciones a los DDHH en el Alto Huallaga y la Provincia de Padre Abad, los territorios menos estudiados respecto de la violencia terrorista, y donde hubo mayor impunidad.
Razones para reabrir el caso las hay, así como la convicción de que se trata de un período oscuro sobre el que hay que poner luz. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconoció en su momento el déficit de procesos judiciales, testimonios e indagaciones de la violencia en los territorios amazónicos. Aun así, pudo dar cuenta de que en su base de datos consta que en la provincia de Leoncio Prado (solo una parte del Alto Huallaga), entre los años 1989 y 1994, murieron 232 personas y que 198 fueron desaparecidas.
Una de las célebres matanzas fue la de Venenillo, al sur de Aucayacu, en junio de 1989. De acuerdo con el testimonio de un ex miembro del Ejército ante la CVR, en respuesta al ataque donde murieron un capitán y seis soldados, el mando militar ordenó “limpiar” la zona con el resultado de 300 personas asesinadas. El testimonio N° 100168 es escalofriante: “quemaron los cuerpos o los arrojaron al río, más o menos un promedio de 200, 300, entre hombres, niños y mujeres; nosotros comenzamos a matar y a tirar los cadáveres al río y los de la DEA llamaron a Tingo María diciendo que de río arriba venían cadáveres. Nosotros hemos bajado a recogerlos. Eran los mismos que tirábamos. Regresamos y los comenzaron a quemar”.
Para un libro que espera su publicación he recuperado y procesado información sobre la actividad de Sendero Luminoso en la zona y el desempeño de las FFAA. La información oficial senderista señala que arribaron al Huallaga en 1981. Hacia 1987 se habían extendido por todo el valle y sus columnas se adentraron hacia los pueblitos cocaleros que nacían a las orillas de los afluentes del río Huallaga, alcanzando al norte el ramal de Aspuzana, cerca al límite entre Huánuco y San Martín. De allí llegaron a Madre Mía, Sión y Paraíso, pueblos a la derecha e izquierda del Huallaga, fundados por iglesias protestantes.
En diciembre de 1985 se levantó el Estado de Emergencia en la zona y se desactivó el Comando Político-Militar. Al finalizar 1987, los 57 caseríos de Aucayacu tenían delegados nombrados por las columnas terroristas. Así se explica que en pocas semanas, con el apoyo activo de la población, cubrieran de zanjas cada 50 metros de la carretera Tingo María-Aucayacu.
La guerra en el Alto Huallaga fue extremadamente violenta. A diferencia de Ayacucho, SL tuvo en esa zona control de territorios por mucho tiempo y llevó a cabo operaciones de envergadura como la sangrienta toma de Uchiza, el 27 de marzo de 1989, como respuesta a la fumigación de la hoja de coca. Sobre este episodio, El Diario, el órgano de información terrorista, informó que el comandante del puesto policial de Uchiza fue aniquilado en la Plaza de Armas por un “niño combatiente” de solo nueve años de edad que le descargó un balazo en la cabeza. El punto más alto de su ofensiva fue, precisamente, el ataque a Madre Mía el 27 de julio de ese año, para el que SL movilizó cerca de mil personas.
En 1991, Sendero Luminoso proclamó el equilibrio estratégico por lo que se hacía inevitable que los comités populares clandestinos en el Huallaga pasen a ser abiertos. Poco después se demostraría que el “equilibrio” era una táctica que buscaba esconder el callejón sin salida en que se hallaba la guerra para Abimael Guzmán.
Los siguientes fueron los años de la victoria de las FFAA y del terrorismo errante. Tres operativos memorables por el despliegue de las FFAA se realizaron precisamente en los primeros años de la década de los 90, período en el que Humala estuvo destacado en la zona; fueron los operativos “Cuchara”, Paraíso” y “Aries”, este último investigado por el Congreso y documentado por la Coordinadora Nacional de DDHH.