viernes, 9 de enero de 2015

Charlie Hebdo, libertad vigilada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/charlie-hebdo-libertad-vigilada-09-01-2015
La República
La mitadmasuno
9 de enero de 2015
Juan De la Puente
Leo entrelíneas alusiones a una supuesta incitación de las caricaturas del semanario Charlie Hebdo como el origen del reciente asesinato de 12 personas en París, entre ellas varios periodistas. De estas insinuaciones se desprende que hubo provocación, exceso, burla y blasfemia; así, suave nomás, se justifica la masacre de hombres libres perpetrada por quienes se sienten ofendidos por las ideas de otros, estigmatizando la sátira y la ironía.
Es dramático que la sátira, un estupendo recurso que pone en evidencia los vicios de la humanidad –léase los elementos satíricos de “El Quijote”, “El Lazarillo de Tormes” o “Las aventuras de Tom Sawyer”– y critica desde el humanismo lo que debe ser cambiado, devenga en la causa moral del asesinato, haciendo de la frase de Mark Twain “La verdad es lo más valioso que tenemos, economicémosla”, una sospecha. Pasa lo mismo con la ironía; los asesinos de París creen que no es un discurso, un magnífico método de persuasión y una propuesta elocuente. Quizás le teman y prefieran la vieja retórica plana en la que importa más la opinión que la verdad.
La sátira y la ironía son construcciones que desde hace siglos colisionan con el fundamentalismo, que además de carecer de ideas, no tiene humor, y a la que también le falta una adhesión principista a la libertad y a una de sus altas expresiones, el arte. Los fanáticos desconfían de los artistas, de los comediantes y de la risa, otro recurso que, como decía Fedor Dostoievski, necesita ante todo de sinceridad.
Es debatible el interés religioso como determinante de la actividad terrorista mundial. De hecho, estas acciones no afectan las ideas religiosas que el islamismo radical considera enemigas; ellas están ahí. Sí pone en riesgo un sistema edificado sobre valores convertidos en estructura social, y organizada en torno a libertades y derechos. No proponen enriquecer este sistema, que es el debate sobre el cambio social vigente, sino empobrecerlo. Los que disparan en París, degüellan periodistas en Irak y Siria, azotan a las mujeres que no llevan el niqab, prohíben la venta de alcohol, que hombres y mujeres se mezclen en lugares públicos, y sancionan mediante castigos atávicos como decapitaciones, amputaciones y latigazos.
En la justificación de la masacre de Charlie Hebdo encuentro una defensa religiosa como pretexto totalitario y dogmático; nos oculta un hecho cierto: quien en el siglo XXI asesina en nombre de su dios es el mismo que hace 5 mil años realizaba sacrificios humanos y el que quemaba en la hoguera a los infieles hace tres siglos. Ese hombre está premunido de una razón política a la que concurre la fe como convicción poco religiosa pero dotada en cambio de un poderoso discurso sobre la convivencia forzada con dogmas arbitrarios más que con las leyes.
Dios, las leyes morales que le adjudican y los libros sagrados fueron siempre un excelente pretexto para que los hombres maten a sus hermanos y se apropien de su trabajo y de sus derechos. Tomás Hobbes sustentó que la única forma de evitar o limitar este salvajismo que consideraba natural era construir un pacto civilizatorio. La garantía de este pacto ha evolucionado hasta situarse en un estado democrático y social de derecho a pesar de dos guerras mundiales y de varias otras regionales motivadas por el saqueo de recursos y la hegemonía de sistemas políticos.
Todavía vivimos en un mundo donde quienes se empeñan en hacer hablar a los dioses, santos y profetas son los mismos que hacen hablar a las armas con otros fines. Por ello, sería cómodo para el análisis reducir esta confrontación a una guerra de civilizaciones y culturas entre un occidente moderno, cristiano y democrático y un oriente radical, atrasado e islamista. Túnez, de mayoría musulmana, acaba de revalidar en las urnas un régimen laico, en tanto Grecia, occidental hasta la médula, resiste la austeridad del FMI y la troika europea que ha empujado a millones a la pobreza. El mundo es sacudido una vez más por fuerzas que pugnan por eliminar derechos y libertades, y eso no debería pasarse por alto.

Las tres ideas del 2015. 02/1/2015

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La República
La mitadmasuno
2 de enero de 2015
Juan De la Puente
En el escenario que se organiza de cara a las elecciones del próximo año imposible pedir una reconciliación política. La competencia partidaria tiene sus propias leyes y la etapa cuyo inicio coincide con el nuevo año tendrá más de confrontación que de cooperación. En cambio, suena sensato demandar dos condiciones para el desempeño de la agenda pública: estabilidad y veracidad con el futuro.
Lo primero es deseable pero difícil de lograr, considerando la debilidad del gobierno y de la oposición, el amplio campo de maniobra de los medios, la falta de control (y de autocontrol) de algunos hombres públicos e instituciones, y la vida propia que adquirieron un puñado de escándalos, denuncias y controversias. Aun así, debe tenerse en cuenta que un escenario extremadamente inestable no parirá necesariamente un gobierno fuerte y con apoyos iniciales sustantivos.
La veracidad de las propuestas obliga a un compromiso con el porvenir más que con el presente. No obstante, los fenómenos que marcaron el año pasado, la explosión de la corrupción, la desaceleración de la economía, el delito como el principal problema nacional y la crisis en varios órganos del Estado no tendrán la misma respuesta. Tres ideas que responden a esta realidad son y serán ensayadas este año, y tendríamos que ser conscientes más allá de las banderas partidarias e ideológicas de sus efectos en el mediano plazo y de los riesgos para nuestro futuro.
La primera es la del inmovilismo; es la idea que preconiza que casi todo está bien, salvo pequeños desajustes. Esta perspectiva conservadora señala que si el país vuelve a la senda del crecimiento económico a una tasa alrededor del 5% y que si se pone freno a las tendencias antisistema, habría que cambiar poco, a lo sumo controlar la corrupción y contener el crecimiento del delito. Privada de un análisis sobre el origen de las cosas, esta perspectiva acrítica y cortoplacista se apresta a repetir el libreto de las elecciones del 2006 y 2011 premunida de la convicción de que todo cambio ofrecido tiene el tufo chavista.
La segunda es la del cambio muy acotado; es la idea que preconiza un abordaje de las consecuencias con poco énfasis en las causas. Por ejemplo, frente al estallido de la corrupción, propone más control; y ante el auge del delito, más penas, más policías, más cárceles y más autoseguridad. Esta perspectiva predomina entre líderes y partidos políticos y desde esta visión se construirán la mayoría de discursos y programas para el 2016.
La tercera es la de la reforma; es la idea que con matices señala que si bien no todo está mal, ha concluido el impulso de la transición iniciada hace 14 años y que el país necesita abrir un nuevo ciclo de renovación institucional y de políticas. Esta perspectiva tiene una diferencia crucial con los programas que compitieron en la segunda vuelta del 2006 y con el que ganó la segunda vuelta del 2011, todos ellos más centrados en el cambio económico, al señalar que el cambio político-institucional del Perú es apremiante e imprescindible.
¿Por qué esta idea que ha definido los ciclos de cambio en los que se embarcan Chile y Uruguay, y en menor medida Colombia y Brasil, no es mayoritaria en el Perú? Imposible responder sin tocar sensibles fibras de nuestra conciencia colectiva, de nuestro violento pasado reciente y de nuestros fracasos de la última década. Alberto Vergara ha definido con acierto esta conciencia como expresión de un desencuentro entre dos promesas, la neoliberal y la republicana.
Esta conciencia amenaza con ser permanente. La idea de la reforma no es popular, es contestada desde los medios y el poder económico con desconfianza, la academia remolonea frente a ella y hasta la izquierda, históricamente sensible, se distancia. De esta negativa colectiva parece haberse escapado una parte de esta reforma, la que refiere a las reglas de juego electoral que, sin embargo, el Congreso ha secuestrado. Aun así, a pesar de su soledad, esta idea se encuentra a la búsqueda de una representación política. Ojalá la encuentre.

2014, el año del estallido. 26/12/2014

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La República
La mitadmasuno
26 de diciembre de 2014
Juan De la Puente
A diferencia del año pasado, abigarrado en sucesos que era necesario desenredar para anotar los de mayor incidencia, un balance objetivo del 2014 no puede evitar señalar cuatro fenómenos que lo definieron inevitablemente: 1) la explosión de la corrupción; 2) la desaceleración de la economía; 3) la consolidación del delito como el principal problema nacional; y 4) el agravamiento pernicioso de la crisis en varios órganos del Estado.
Es arriesgado señalar cuál de estos fenómenos es más decisivo para la formación del escenario público nacional. No obstante, dos de ellos, la corrupción y el agravamiento de la crisis de seguridad, se relacionan directamente con otro que los determina y los hace sostenibles, la crisis en varios organismos cuyas funciones en el sistema político son insustituibles para la vigencia de la legalidad: el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Para efectos de un análisis ponderado, también es difícil agregar fenómenos de tan similar intensidad, especialmente por la necesidad de proyectar tendencias. Con ese afán, lo más irrebatible reside en el carácter de estallido de los fenómenos señalados, es decir, en su explosiva ocurrencia y en las revelaciones, procesos, sagas y personajes que irrumpen con ellos con cierto furor y violencia.
Este estallido refleja una crisis que nos ha cambiado y nos cambiará aún más; nos ha traído otra política, una que ha llegado para quedarse debido a dos de sus componentes: 1) una creciente falta de legitimidad de lo público y por extensión de los hombres públicos, aunque también comprende a la sociedad: y 2) la asimilación de este estallido por el establishment y de los ciudadanos, ambos en distinto sentido, como una forma de legitimación cultural de lo existente que zanja de un modo pragmático las relaciones entre los intereses públicos y los apetitos privados a decir del profesor Daniel Bell, y que en nuestro caso no es posible determinar por cuánto tiempo.
En el sistema político peruano, la procesión a veces va por dentro y otras por fuera. La intermitente salida del closet de la crisis de legitimidad de nuestra sociedad no es una originalidad nacional, por lo que no habría que extremar las visiones catastrofistas sobre que algo feo pasará aquí en muy poco tiempo. Del mismo modo, su visibilidad tampoco es garantía de que se resuelva; las mejores perspectivas económicas para el año 2015 impiden mayores discusiones “sobre el modelo” que las ya realizadas, en tanto que el bloqueo de toda posibilidad de reforma institucional, aun las mínimas, hace que marchemos al 2016 sin cambios en las reglas de juego. En ese contexto, el sistema no hará nada respecto de una crisis que incluso algunos académicos se resisten a nombrar cono tal.
Sobre la corrupción, los datos más sólidos son dos: que una pequeña parte de la sociedad ha empezado a reaccionar frente a ella, ante la crisis y la nueva política que esta implica aunque la tendencia rupturista es extremadamente débil. El segundo dato proviene de todos los sucesos que agregados indican una tendencia social predominante de acondicionarse al estallido, de caminar con esa política, no renunciar a ella y, obviamente,  gobernar con ella todo el tiempo que sea posible.
No identifico una voz nacional potente que recuse la crisis y proponga resolverla. De cara a las elecciones, los discursos que se articulan sufren de minimalismo, salvo las medidas de mano dura en clave conservadora que asoman respecto a la seguridad ciudadana pero que carecerán de correlato legislativo y constitucional y por esa vía también serán bloqueadas.
El estallido del 2014 va camino a ser tragado por esa enorme panza peruana llamada conformismo, falta de voluntad, conservadurismo o racionalismo pragmático. El estallido no deja de ser tal pero parece que ha empezado a parecerse a fuegos artificiales, de los que emergen casos de corrupción indudable congelados en los tribunales, ministros populares que dirigen sectores con percepciones espantosas y promesas de cambio que si no ahora, mañana no serán tales.

Ausentismo, votos en blanco y viciados. 19/12/2014

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La República
La mitadmasuno
19 de diciembre de 2014
Juan De la  Puente
Si un porcentaje importante de electores no acude a votar y si otro porcentaje considerable que lo hace invalida su voto o vota en blanco, se produce un efecto político institucional que incide en la calidad de la representación, especialmente en la legitimidad de origen de los elegidos. Esto ha sucedido en el país en las recientes elecciones regionales y municipales con el ausentismo electoral y los votos en blanco y viciados, un fenómeno que debe ser puesto en el contexto de la fragmentación política, la debilidad de las representaciones y otros registros de los que se ha dado cuenta.
Es cierto que el ausentismo entre la primera y la segunda vuelta regional se ha incrementado del 16% a 24%, ocho puntos porcentuales que podrían atribuirse gruesamente al desinterés de los ciudadanos por las dos opciones que compitieron el 7 de diciembre. No obstante, este incremento no ha operado de modo homogéneo y fue más pronunciado en algunas circunscripciones, y en más de un caso agregándose a los votos en blanco y viciados.
Uno de esos casos es el del Cusco. En la primera vuelta el ausentismo fue del 16% y los votos en blanco/viciados (B/V) sumaron 18%. Para la segunda vuelta y siguiendo la tendencia nacional, el ausentismo subió al 26% pero los votos B/V escalaron al 22%, con desagregados cruciales. En el cercado del Cusco los votos en blanco y viciados alcanzaron 31% y ocuparon el segundo lugar, en tanto que en los distritos de Santiago y Wanchaq alcanzaron el 28% y 32%, respectivamente. En la provincia del Cusco, los votos B/V ocuparon también el segundo lugar.
Esta tendencia se profundizó en algunas provincias y distritos. En Espinar los votos B/V fueron más que los obtenidos por el ganador de la segunda vuelta regional. En el distrito de Santa Ana (Provincia de La Convención) hubo 31% de ausentismo y 42% de los votos emitidos fueron en blanco y viciados. Llama la atención que en esa provincia el ausentismo haya escalado al 48% y que en otros dos de sus distritos, Vilcabamba y Echarate (uno de los más ricos del país por el nivel de ingresos per cápita), no hayan acudido a votar el 54% y 52%, respectivamente.
En Arequipa los votos B/V en la segunda vuelta alcanzaron el 28%, y en 19 distritos de esa región los votos B/V ocuparon el 2% lugar y en otros 8 el primero. En la provincia de Islay, donde se localiza el polémico proyecto Tía María, los votos B/V sumaron el 31% y en dos de sus distritos, Dean Valdivia y Cocachacra, alcanzaron 46% y 45%, respectivamente.
Otros registros de ausentismo deben ser tomados en cuenta entre la primera y segunda vuelta. En Apurímac pasó del 20% al 31%; en Áncash del 18% al 27%; y en Puno del 13% al 20%.
Un hecho que relaciona estos resultados es que en estas regiones se desplegó una campaña por el voto viciado con el argumento de las denuncias o procesos judiciales de los candidatos o, más específicamente, del estallido de la corrupción. En la Provincia del Santa (Chimbote) no fue a votar uno de cada cinco electores y entre los que fueron, uno de cada cuatro vició su voto o votó en blanco.
El debate de la emergencia del voto en blanco o viciado o del incremento del ausentismo electoral no puede ser legal. Estos hechos no afectan la legalidad del mandato de los elegidos, Sin embargo, promueve una discusión sobre el déficit de legitimidad de los representantes, su desgaste aun antes de asumir el cargo y las brechas de confianza al interior de cada región, colocando a sus flamantes administraciones en una incómoda cuesta arriba.
En estos y otros casos, las claves de la gestión no residen exclusivamente en las políticas públicas. Obligan a construir primero un gobierno antes que un equipo, e imponen detenerse más en la política que en los planes. El riesgo de ignorar la naturaleza del mandato electoral puede conducir a que por lo menos dos tercios de los nuevos presidentes regionales crean que no necesitan de gobernabilidad, alianzas, agendas políticas y discursos para re-unir a sus regiones. Más que nunca necesitan de la política, y de la buena.

La caída del emblema. 12/12/2014

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La República
La mitadmasuno
12 de diciembre de 2014
Juan De la Puente
Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.
En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.
El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.
No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.
Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.
Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.
Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 
Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

Cazadores de talentos.05/12/2014

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La República
La mitadmasuno
5 de diciembre de 2014
Juan De la Puente
La reciente encuesta de GfK publicada por La República vuelve a indagar por la aprobación de siete líderes, cuatro de los cuales serán sin duda candidatos presidenciales el 2016. Los datos que ofrece el sondeo revelan limitadas capacidades de representación y una reducida plataforma desde donde partirán en una campaña electoral que desde ahora se anuncia con más pasajeros que las anteriores. Las cifras no son un buen punto de partida.
Salvo Luis Castañeda, que aumenta casi 20 puntos de aprobación, explicado por su reciente victoria electoral y las expectativas en su gestión, el resto de líderes conserva casi inalterable la aprobación de los últimos 18 meses. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski muy por encima del tercio, 43% y 40%, respectivamente; Lourdes Flores, otra excepción, ha descendido del tercio a 27%, en tanto Alan García y Alejandro Toledo se sitúan alrededor del quinto, AGP con el 23% y Toledo con el 17%. GfK ha empezado a medir a César Acuña que obtiene 15%.
Los desagregados de las cifras son interesantes. Castañeda es aprobado de modo homogéneo en los sectores C, D y E, pero ofrece un bajón en los sectores A/B donde cae varios puntos. Sucede otro tanto con Keiko, con 10 puntos menos en A/B pero que sube en el sector D. 
Al contrario, PPK es mucho más aprobado en A/B donde alcanza 51% pero cae en el sector D a 27%; sucede lo mismo con Lourdes que sube a 40% en A/B y baja a 17% en D. En cambio García y Toledo son un tanto más homogéneos en sus aprobaciones; el último solo cae ligeramente en A/B.
Se aprecia también significativas brechas entre Lima y las regiones. Líderes trajinados, dos ex presidentes, García y Toledo, obtienen un respaldo homogéneo en la capital y fuera de ella, y lo mismo sucede con Keiko, premiada por su activismo en las regiones y el efecto de su afán de construir un partido. En cambio, la brecha Lima/Regiones es alta en el caso de Castañeda (21 puntos), PPK (16), Lourdes (13).
La aprobación territorial es mucho más compleja y desafiante. Castañeda es débil en el centro, sur y oriente del país, en tanto Keiko es fuerte en el norte y sur, desmintiendo en su caso el antagonismo sociopolítico de estas zonas, aunque cae en el centro. PPK y Lourdes aparecen con bajas aprobaciones en el sur y en el oriente, mientras que a García le va mejor en el centro y sur, y no en el norte, confirmando la crisis del imaginario aprista del “sólido norte”, territorio donde Acuña trepa al 25%.
Estas cifras reflejan la baja implantación de un liderazgo nacional apto, confirmando lo que las elecciones del 5 de octubre revelaron, es decir, la ausencia de un voto nacional en medio de un país políticamente fragmentado. El análisis que pretendió argumentar que les va mejor a los líderes sin sus partidos debería ser revisado porque salvo en Lima, la suerte de unos está aparejada a la de los otros. Podría decirse que la campaña no ha empezado, aunque esto no cambia el fondo del asunto: salvo Keiko, los candidatos no parecen tener a la mano instrumentos propios para penetrar o regresar a las regiones.
Tampoco suenan liderazgos regionales de proyección nacional. El que está en lisa, Acuña, ha dicho que no postulará a la presidencia, y solo se rumora la del actual Presidente de la Región Moquegua, Martín Vizcarra, de modo que como en el pasado los líderes nacionales irán a la caza de los votos en las regiones con la cooptación de movimientos regionales y candidatos independientes, fagocitando al ya débil regionalismo.
Con el único “sólido” capitalino, esta caza será crucial y riesgosa; el reclutamiento de líderes regionales por líderes limeños tiene historia en los tres últimos parlamentos, cuando la mayoría de los pillados en falta fueron producto de arreglos políticos y financieros para vestir nacionalmente candidaturas capitalinas. En cualquier caso, este mecanismo de nacionalizar lo limeño tiene como consecuencias gobiernos débiles y parlamentos fragmentados que no logran representar o que pierden con rapidez la legitimidad de la representación.

sábado, 22 de noviembre de 2014

¿Quién se ocupa de las crisis?

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/quien-se-ocupa-de-las-crisis-21-11-2014
La República
La mitadmasuno
21 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Los afanes por reformar las instituciones están experimentando un brusco impulso porque el objeto del cambio se amplía y se complejiza, y se hace por ahora más inaccesible. El grupo de temas “reformables” en los cuales sobresalían las reglas electorales, los partidos y la representación empieza a ser desbordado por un desafío mayor, la crisis de instituciones que se ubican en la segunda línea de importancia en el régimen político, la de los organismos constitucionalmente autónomos.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional coloca a ese organismo en una dirección de fortalecimiento institucional que parece prometedora. En cambio, la situación de la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empeora. Sobre ellas, el sistema guarda silencio y no ha podido instalar una lógica de cambio, aún mínima.
Sobre la Contraloría el asunto es aparentemente más sencillo. Su problema es la debilidad que el estallido de la corrupción ha desnudado y se refiere principalmente al alcance del control y al trámite judicial de los hallazgos de corrupción. El mismo contralor ha revelado que en el 78% de las entidades públicas no se realiza ningún tipo de fiscalización por la falta de Oficinas de Control Interno (OCI) y que la situación se agrava en las regiones donde solo el 4% de entidades cuenta con estas oficinas.
Somos un país sin control; este elemento estructural no es atendido por los dos organismos directamente relacionados con esta escasez, el Ejecutivo y el Congreso. En este último caso, el Parlamento ha aprobado solo 3 de los 10 proyectos de ley presentados por la Contraloría desde el 2011.
La crisis del Ministerio Público es la más aguda de todas. Esta podría conducir a que el Fiscal de la Nación sea retirado del cargo por el Congreso o por el CNM, aunque el problema es más complejo: la institución ha sido impactada por prácticas ilegales, arriba, al medio y abajo, aderezadas por movimientos extraños, es decir, sanciones a los que cumplen su trabajo, complacencia con  los que han cruzado la línea en dirección a las redes ilegales y cambios de colocación mal explicados.
Una reforma del Ministerio Público que defienda su reserva moral y erradique sus prácticas cuestionadas no será posible por ahora porque la única institución llamada a promoverla, el Parlamento, no puede hacer más de lo que ha hecho. Las comisiones investigadoras en funciones o las que se formarán en breve solo se abocarán a casos específicos porque en el Legislativo no hay ni habrá una mayoría dispuesta a encarar un cambio serio en ese organismo.
La crisis en el CNM es inocultable y pierde con celeridad su cuota de legitimidad al compás de sus líos internos y escandalosos episodios. Lo más grave reside en la creciente convicción de que el CNM es un canal de contagio de la corrupción. Solo habría que leer con atención las detalladas crónicas de Ricardo Uceda publicadas en este diario para saber que algo feo se cocina allí y que se seguirá cocinando.
La salida a estas crisis está bloqueada porque los llamados a resolverla no están a la altura de las circunstancias. En lo que queda para las elecciones del 2016 la situación se agravará y es difícil imaginarse el grado de su impacto en la agenda electoral de ese año. No obstante, como ha sucedido con las demandas de cambio a inicio de la década pasada, existen pocas posibilidades de que “alguien” se haga cargo de estas instituciones cuyas funciones son cruciales para anular los actos de uno y otro lado, entregar derechos a pesar de no participar en el juego de balance político y establecer controles y mecanismos correctivos para los otros elementos del sistema.
Con el telón de fondo de la corrupción, de la ofensiva del crimen organizado y sumando la larga crisis del Poder Judicial y de otras instituciones, la democracia que se renovará el 2016 será de muy baja intensidad y más destartalada que la de este período. El escaso clima de cambios actual no roza el ámbito institucional. En este país y por ahora nadie se ocupa de las crisis.

Impacto profundo y fecundo

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La República
La mitadmasuno
14 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Para la sociedad peruana, el crimen y la corrupción ya no tienen largo plazo. Todo se juega ahora. Por ello, es significativo que tres de los ocho temas de CADE 2014 que se realiza esta semana sean precisamente crimen, corrupción y administración de justicia. La irrupción de esta triada en la agenda de un evento generalmente enfocado a los desafíos inmediatos del mercado, revela el impacto social del actual estallido del delito violento y de la corrupción o, realistamente, envía el mensaje de que estos temas ya son desafíos urgentes de la empresa y los negocios, y que el largo plazo está aquí.
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.

La epidemia de la violencia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-epidemia-de-la-violencia-07-11-2014
La República
La mitadmasuno
7 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

Matar a Susana, aquí y ahora

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/matar-a-susana-aqui-y-ahora-31-10-2014
La República
La mitadmasuno
31 de octubre de 2014
Juan De la Puente
Las izquierdas procesan con dificultad el resultado electoral. La primera reacción ha sido crucificar a Susana Villarán acusándola de crímenes de lesa política, que irían desde la apertura a otras tiendas y sectores, hasta de una supuesta abjuración de su identidad. Este deleite cainita no debería impedir un balance menos familiar de las elecciones y leer  entrelíneas algunos análisis, sobre todo los que se reducen a las elecciones en Lima, los que ocultan el fracaso de la izquierda partidaria en las regiones o los que minimizan la pérdida de un voto nacional en favor de la izquierda.
Matar a Susana aquí y ahora además de injusto no resuelve nada. En Lima, la derrota es más que una pérdida electoral; refleja dos hechos que serán relevantes de cara al 2016: 1) la derrota de la unidad, una esperanza en un momento crucial de nuestra democracia, precaria y enfrentada al cambio; y 2) la pérdida de un caudal de votos imprescindibles para re-construir una alternativa.
Es cierto que Villarán cometió errores aunque entre estos no se encuentra el esfuerzo de apertura, un gesto que ningún candidato en el Perú podría darse el lujo de subestimar; fueron más bien errores en la ejecución de la apertura, especialmente en la relación con determinados actores. El resto de grupos se fueron por las ramas, desbarrando entre el pragmatismo y el tradicional apuro que deviene de un histórico desorden.
Mientras Alianza para el Progreso (APP) se presentó en 23 regiones, el fujimorismo en 18, y Acción Popular en 16, el Frente Amplio se presentó en 11, el mismo número que el Apra. En donde el Frente Amplio (FA) participó no le fue bien; en Lima, su mejor resultado fue en Ancón (1,22%) y en las regiones, en Lambayeque (2,65%). En algunos casos, como en el Cusco, Puno y Moquegua, el FA se emplazó contra la izquierda regional solo para ser derrotado. Por ejemplo, en Chota, el MAS le ganó al Frente Amplio 42% a 0,7% y en el Cusco Tierra y Libertad obtuvo poco más de 5%.
La limeñización de las izquierdas partidarias es una realidad y el Frente Amplio está prácticamente muerto en tanto que su grupo más organizado, Patria Roja, ha obtenido sus mejores resultados fuera de ella, en Cajamarca y en Madre de Dios. De cara al 2016 se hace patente un derrotero cuyo ritmo será marcado por la agrupación propietaria de la única inscripción electoral; el esquema aprendido en los últimos 35 años está dibujado: una azarosa negociación de pequeñas cúpulas que reciben el nombre de “nacionales” de espaldas a miles de militantes sin partidos y de la izquierda extrapartidaria, que parirá un espacio estrecho resistente a la apertura.
En las izquierdas escasea el liderazgo, ese componente crucial de cualquier proceso de agregación de actores políticos. No obstante, el problema no parece ser solo de perfil e identidad sino también de proyecto. Lo que hace dos años aparecía como una izquierda nueva, innovada por un programa ambiental y reformador institucional, y que iría a estrenarse en estas elecciones, ha tenido poca fortuna y ha sido derrotada en casi todas las plazas donde se procesan conflictos de naturaleza extractiva.
Es tarde para un modelo de unidad tipo Frente Amplio; la fórmula ya no es posible y quizás ni necesaria. Como en otros países, la izquierda existe y ha sido resistente a la prédica depredadora de la derecha y sobrevive a sus propios errores; no obstante, está cada vez menos presente en los partidos y más en la sociedad, en una suerte de dualidad que debería ser asumida, una izquierda partidaria y otra social/regional.
De cara al futuro la interrogante reside en la capacidad de esa maltrecha izquierda partidaria para relacionarse con la izquierda social/regional sin intentar ponerse primero en la fila sino animar una gran convergencia con vocación de apertura. Lamentablemente, sus líderes todavía están ocupados matando a Susana y con un discurso que va en sentido contrario. Es curioso: izquierdas que celebran la apertura de sus pares en Brasil, Uruguay y Bolivia pero que consideran que su deber aquí es enconcharse.