¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas

La República

La mitadmasuno

10 de julio de 2015

Juan De la Puente

Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.

El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).

Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.

En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.

Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.

Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.

Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.

Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 

Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

Cómo odio a la Corte

http://larepublica.pe/impresa/opinion/12401-como-odio-la-corte

La República

La mitadmasuno

03 de julio de 2015

Juan De la Puente

La deformación de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cargo de un numeroso grupo de personas que por su función deberían conocer dicho fallo, es decir, políticos, abogados y periodistas, significa menos una falta de información y más una disposición a cuestionar las sentencias de la justicia internacional en materia de libertades.

Escucho deformaciones como que la Corte ha fallado contra el Operativo Chavín de Huántar, que ha ordenado a la justicia peruana abrir un nuevo proceso a los comandos de ese exitoso operativo, que el pago de 30 mil dólares por costes procesales a las ONG que impulsaron el caso es una indemnización encubierta, o que el fallo es una violación de la soberanía nacional.

Si no es falta de información, ¿Dónde reside el problema? En la cultura autoritaria, mayoritaria en el liderazgo político; dicho de otro modo, ese liderazgo tiene un problema con el sistema interamericano de DDHH. Para ser más precisos, tiene un problema con los derechos humanos, o más específicamente si se quiere, con los DDHH vinculados al  período de violencia política que azotó al país más de 20 años.

Esta cultura anti-DDHH no es nueva, estuvo presente desde 1980 y es probable que sus orígenes se remonten siglos atrás. Es una cultura tramposa, como toda cultura autoritaria, que se resiste a exclamar abiertamente que los terroristas no tienen derechos y por lo tanto busca coartadas políticas y procesales, aunque para ello deba mentir y esconder. Es además incoherente: pretende que el Perú sea parte del sistema económico internacional, con la OMC, CIADI y el FMI vinculantes, pero que no sea parte del sistema internacional de justicia.

Lo extraño es que esta no-justicia pretenda hablarnos desde la democracia y en nombre de ella, y se venda como liberal siendo profundamente conservadora. Son ellos los que atacan en el mundo a los DDHH, retrasan el reconocimiento de libertades y se resisten a asumir compromisos en materia de derechos y libertades.

El autoritarismo es una de las expresiones políticas de ese conservadurismo, ese combo en el que caben otras negaciones de derechos, como la mano dura –no necesariamente inteligente– contra el delito. Varios de quienes ahora pontifican contra la Corte intentaron retirar al Perú del ámbito contencioso de este tribunal en los 90, y buscaron dejar en la impunidad los crímenes del grupo Colina con el argumento de que eran patriotas y que “alguien debería hacer el trabajo sucio en la democracia”.

En muchos de los puntos de vista que he leído a propósito de la sentencia de la Corte que reconoce que hubo una ejecución extrajudicial luego del operativo de abril de 1997, se advierte una nostalgia montesinista sobre la necesidad de recurrir a actos oscuros para alumbrar el futuro, un argumento irracional que la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH en su momento cuestionaron en fallos y resoluciones.

Apreciados los hechos con objetividad, es entendible ese odio a la justicia penal internacional. Ella ordenó que se juzgue los casos de terrorismo con tribunales ordinarios y no militares, prohibió la actuación de jueces sin rostro y amparó varios casos de los 1,600 detenidos inocentes liberados por recomendación de la Comisión Ad Hoc de Indultos presidida por el Padre Hubert Lanssiers entre 1996 y 1999.

Que no nos vendan gato por liebre; la justicia moderna que termina en los tribunales supranacionales es una construcción moderna y liberal, porque no hay nada más liberal que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un cambio de fondo respecto de las sociedades donde la desigualdad era un orden natural. Y en la administración de justicia no existe nada más democrático que la justicia supranacional constituida por tratados firmados voluntariamente por los estados, ni nada más enriquecedor de la democracia que los estándares internacionales sobre derechos individuales. Por eso, los autoritarios de derecha e izquierda del continente se hermanan en su odio a la Corte. En este punto todos son seguidores de Hugo Chávez.

La corrupción jajajá

http://larepublica.pe/impresa/opinion/10676-la-corrupcion-jajaja

La República

La mitadmasuno

26 de junio de 2015

Juan De la Puente

Los cuatro candidatos que concentran casi dos tercios de la intención de voto para las elecciones del próximo año son al mismo tiempo considerados, con algunas diferencias, como totalmente o “mayormente” corruptos, según una reciente encuesta de Ipsos. Un siguiente dato es concluyente: el porcentaje de los que piensan que alguno de los aspirantes es “totalmente” honrado no supera en ningún caso el 12%.

Podríamos sostener un eterno debate sobre si es posible que una persona solo sea “un poco corrupta” sin serlo “totalmente”. No es el caso por ahora. Lo más importante reside en la revelación de una aparente contradicción entre la crítica a la clase política y la disposición a votar por ella.

Esta conducta se explica generalmente desde la teoría de la elección racional; según esta, el votante se guía por la búsqueda de ventajas personales luego de un cálculo de costo/beneficio, una tesis que posteriores estudios relativizaron poniendo más énfasis en el voto de identidad, más colectivo y menos individual. Desde esta teoría, la preferencia del elector peruano a favor de quien “roba pero hace obra” o alguien parecido a esta figura expresaría un voto extremadamente pragmático a causa de la decepción y la desconfianza, y no de la ignorancia.

Estas razones no dejan de ser ciertas, pero no ayudan a explicar totalmente lo que está a punto de suceder con por lo menos 15 millones de votos dentro de unos meses, especialmente si el argumento induce a pensar que el elector peruano era bueno y se ha convertido en malo por culpa de los malos políticos.

Sucede que nuestro pragmatismo es también una forma de populismo construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las elites y los ciudadanos se influyen mutuamente. El voto por candidatos a los que se consideran corruptos o “algo” corruptos no solo es un efecto; es también la síntesis de una larga interacción, una concurrencia, una correlación en la que tiene un papel decisivo la corrupción misma, no como un problema de los de arriba sino como uno de los movimientos sociales más vastos de los últimos años.

No nos engañemos; que una parte de los ciudadanos se apreste a votar por candidatos a los que cuestiona moralmente no significa necesariamente una concesión a la corrupción “de los otros” sino el reconocimiento de que esta es profunda, sostenible e íntima. En el peor de los casos, desde esa lógica no parece ser muy clara la brecha entre los corruptos de arriba y los honrados de abajo.

Este contexto en que medios, políticos y académicos adulan al elector y señalan a los corruptos y a los que podrían serlo pero callan sobre el fenómeno, es ideal para que la sociedad le vuelva la espalda al problema. El resultado de este modelo de abordar la corrupción como caso judicial y no como movimiento social llevó a que en las elecciones regionales fuesen elegidos 14 gobernadores regionales investigados, denunciados o imputados, de los cuales tres (los de Huancavelica, Ayacucho y Moquegua) fueron objeto de sentencia y otros cuatro están a la espera de una decisión judicial.

Es importante como hito fundacional el pronunciamiento reciente “Nos merecemos más”, aunque los actuales escándalos de corrupción que copan los medios en forma determinante difícilmente serán el primer imperativo de la agenda electoral. En este punto, el votante peruano promedio es más prosistema de lo que parece, al grado de que por ahora no debería esperarse que el llamado voto ético sea significativo. Una muestra de esto es la escasísima atención que le prestan a la corrupción los dos frentes de izquierda que se forman de cara a las elecciones y las pocas referencias que recibe de los nuevos políticos.

Es evidente que, en este asunto, los sondeos no presentan nada nuevo, aunque de igual modo colocan sobre la mesa una compleja dinámica donde lo ilegítimo es relativo por la escasa censura social que concita. Tampoco importa mucho por ahora –mañana podría ser tarde– que exprese el punto más alto de la crisis de representación.

El conjunto vacío y solitario

http://larepublica.pe/impresa/opinion/8906-el-conjunto-vacio-y-solitario

La República

La mitadmasuno

17 de junio de 2015

Juan De la Puente

Cada cinco años se tiene la esperanza de que el próximo gobierno sea mejor que los anteriores. Con el Congreso, en cambio, la certeza es que el siguiente siempre será peor. La separación de expectativas es la pieza clave de un equilibrio entre un Legislativo que se presume continuamente ineficaz y un Ejecutivo convertido en deplorable a poco de entrar en funciones.

Ese equilibrio es perverso y hace vulnerable al sistema; los gobiernos pugnan por tener una mayoría legislativa que, más que honrar la representación parlamentaria, apoye su gestión, con un oficialismo esclavo cuyo aporte a la gobernabilidad pasa por el deterioro de la legitimidad del Congreso; este, en mayoría y/o minoría, como contraprestación se ha especializado en aprobar o arrancar decisiones sectoriales en un número cada vez menor para beneficio de grupos de interés, a través de normas que organizan, regulan, y flexibilizan, o simplemente impidiendo leyes no deseadas. El resto, el afán autodestructivo de los congresistas –los escándalos personales– es noticioso pero adjetivo, el velo que cubre el vaciamiento de la representación de los grandes intereses y la pérdida de una mínima armonía interna.

Este equilibrio agoniza. El Congreso aprobó en estos años pocas leyes “suyas” (debe tenerse en cuenta que la mayoría de ellas fue con votaciones que diluyen el esquema gobierno/oposición) y aún menos las de fondo, a excepción de algunas electorales, sobre la universidad y contra el crimen organizado. En tanto, el Ejecutivo tramitó con éxito casi 200 normas incluidos varios paquetes de reactivación y 5 delegaciones de facultades de las que salieron 234 decretos legislativos. El Congreso se atrinchera en el control político pero las comisiones investigadoras son juicios mediático-legislativos tocados por el desorden y el adelanto de opinión.

El modelo de cooperación y colaboración ya imperfecto que dispone esta Constitución se ha descosido y hemos retornado a la vieja separación de poderes sin cooperación. El parlamento ha desarrollado una “inteligencia destructiva” porque es lo único que tiene a la mano: inventó el voto ámbar para jaquear a los gabinetes, usa del mecanismo legal de la censura sin interpelación y ha estrenado al ausentismo de bloqueo.

Cierto que se vive estos días el fin de la mayoría nacionalista en el Congreso. Sin embargo, este modelo de Parlamento aislado y reinventado heredará el próximo Jefe de Estado. Como el actual, el próximo Congreso practicará la Ley de la Trivialidad de Parkinson, por la que se dedica a lo menos importante sobre todo porque ya no puede acometer el desafío de lo fundamental, intentando llenar un vacío.

Si la política y la ética deben retornar al Parlamento, es preciso salir del lugar común de los tres dogmas: Congreso malo, bancada mala y parlamentario malo. Si hay algo maligno, son las reglas para la formación de la representación más que el ejercicio de la misma.

Por ejemplo, 77 de los 130 congresistas actuales, un año antes de las elecciones no pertenecían al partido por el que fueron elegidos. Luego, por lo menos 60 de los legisladores son empresarios sin experiencia política, llegados por el dinero y el deseo de movilidad social. No es “malo” tener en el poder a políticos/empresarios pero no es bueno que la mitad de quienes lo ejercen sean empresarios no políticos.

Frente a esto, no hay idea más peregrina que prohibir la reelección congresal. Los mejores parlamentarios, con habilidades y virtudes personales, son los que llevan varios periodos en el cargo. En cambio, otras medidas son sugerentes, como eliminar el cupo de 20% de invitados en las listas y el voto preferencial, hacer obligatorias las elecciones internas,  exigir por lo menos 2 o 3 años de militancia partidaria a los candidatos, que no postulen los actuales congresistas sancionados por la Comisión de Ética, convertir el ejercicio parlamentario como un cargo a dedicación exclusiva, entre otros. Está de moda demoler el Congreso, ok: Ahora, hay que reformarlo con medidas útiles.

La nueva guerra interna

http://larepublica.pe/impresa/opinion/7145-la-nueva-guerra-interna

La República

La mitadmasuno

12 de junio de 2015

Juan De la Puente

La mano dura y violenta como estrategia para enfrentar el delito ha ganado la batalla de las ideas en el Perú. Se ha terminado de formar un nuevo sentido común que demanda privilegiar la fuerza sobre la investigación. La actual bandera de esta causa, el patrullaje militar de los distritos más peligrosos, ondea en la mayoría de los corazones deseosos de acabar con un golpe de mano con la inseguridad ciudadana que ciertamente nos asusta y agrede. El que se opone es, mínimo, un cobarde o blandengue.

No importa que se demuestre, con la realidad comparada de América Latina, que la receta no sirve y que en todos los casos, entiéndase TODOS, la militarización de la lucha contra el delito, incluso el crimen organizado, ha fracasado. El más sangriento ejemplo es el de México, luego de que el Presidente Felipe Calderón, el Presidente de la Guerra, ordenara el 2006 el ingreso de las FFAA a la lucha contra las narcobandas.

Al terminar su mandato, su país tenía 14 grandes cárteles de la droga, 6 más que al inicio de su gobierno, más sensación de inseguridad, varias zonas controladas por grupos criminales que pasaron del narcotráfico a la extorsión, el robo de vehículos y la trata de personas, y todo ello con un costo social escalofriante: 47,500 muertos y pérdidas de por lo menos 1.96% en la tasa de crecimiento promedio anual.

Calderón, el promotor del desastre, ha sido denunciado dos veces por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional (La Haya), la primera el 2011 por 23 mil ciudadanos y la segunda el 2014 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Por otro lado, ni uno de los ideólogos del baño de sangre mexicano defiende su legado. Ahora callan. Extraño pero comprensible, los valientes de ayer que jugaron con el miedo ciudadano, son los cobardes de hoy.

En nuestro país la maquinaria de la nueva guerra interna se ha echado a andar. Varios alcaldes distritales han solicitado que tanques y soldados armados vigilen las calles, realicen batidas y se ordene un toque de queda. Uno de ellos, el de San Juan de Miraflores, ha levantado a sus vecinos (en vez de organizar comités vecinales, que es lo que le corresponde) que madrugan para estampar su firma para la guerra, recoge adhesiones ante las cámaras de TV y amenaza con llevar su cruzada al Congreso.

Como casi siempre, se replica y presenta como nuevos los modelos que otras sociedades desechan por inviables. En este caso, el re-estreno se realiza por la vía de una operación perezosa, trasladando sin estudio y previsión estratégica la lógica antinarcóticos que ha fracasado en América Latina, es decir el traslado mecánico de la “Guerra contra las drogas” a la “Guerra contra el delito”, militarizando y al mismo tiempo “despolicializando”.

No obstante, no es preciso mirar a México o Centroamérica para saber que en nuestro caso, las FFAA ya experimentan fracasos en la lucha antidrogas. Desde el 2013 poseen el control del VRAEM –y una fuerte presencia desde el 2007– pero esta actividad ilícita está ahí en auge, con más droga producida y transportada, más personas dedicadas al negocio, y más organización y recursos. En cambio, la policía ha tenido un mayor éxito en el Alto Huallaga.

La propuesta distinta a la de la guerra, la que considera que este es un problema de justicia y seguridad y no solo de policías y ladrones, no seduce porque sobre todo tiene escasos promotores y actores. Los responsables de las políticas de seguridad de los últimos años persisten en las recetas reveladas como inviables, de modo que la inercia institucional es la puerta de entrada del discurso de la guerra.

Así las cosas, una parte del país espera elegir el 2016 a quien le prometa meter al país más decididamente a la nueva guerra interna. La mesa está servida para el menú adivinado, la receta perezosa: más y más penas, más cárceles, menos garantías, más gatillo fácil, pena de muerte, juicios sumarísimos y leyes especiales. ¿Alguien dijo trabajo de inteligencia? No.

Juicio mediático y apanado político

http://larepublica.pe/impresa/opinion/5444-juicio-mediatico-y-apanado-político

La República

La mitadmasuno

5 de junio de 2015

Juan De La Puente

El país sobrelleva 10 grandes casos (narcoindultos, López Meneses, Región Áncash, Alejandro Toledo, Orellana Rengifo, Aurelio Pastor, Belaunde Lossio, Nadine Heredia, pañales y Oropeza) en los que fiscales, jueces, congresistas y medios comparten roles procesales.

Es un momento crucial en la lucha contra la corrupción, en la que la prensa juega un rol dinámico en la medida en que investiga, revela, denuncia e informa. Por lo menos en la mitad de los casos señalados, gracias a la prensa se iniciaron investigaciones que han llegado a procesos judiciales.

Como en cualquier otro país, la prensa no se satisface con ese rol y practica con entusiasmo el juicio mediático o paralelo. Este juicio es además amplio, en la medida que al mismo tiempo se juzga a fiscales y jueces.

Nunca tuvimos tanta política judicializada ni tantos juicios politizados, un asunto que no depende solo de la prensa pero que se relaciona con el juicio mediático. Este problema es abordado en varios países con distintas medidas, entre ellas acelerar las causas y transparentar los procesos. En otros, se pretende en cambio ahogar la información; como en España, donde se aprestan a impedir que la prensa difunda imágenes de los detenidos.

En nuestro caso, el problema es mayor porque el juicio mediático peruano es pobre en forma y contenido. La prensa juzga desde las corazonadas, confunde la opinión con el análisis legal; carece de instrumentos y de autorregulación; y se priva conscientemente de reglas aplicables a todos los casos. Aquí dos ejemplos: 1) se afirma que el debido proceso expresado en la Sentencia del Caso Tineo Cabrera (Exp. Nº 00156-2012 del TC) no es aplicable a Alan García o Keiko Fujimori pero sí a cualquier otro político investigado; y 2) los periodistas que condenan con vehemencia la publicación del expediente reservado sobre Nadine Heredia, difundieron centenares de expedientes filtrados de delitos perseguibles por acción pública en los últimos años.

Guiada por la ojeriza al gobierno, una parte de la prensa incurrió en por lo menos tres errores en el caso MBL, sin rectificación hasta ahora: 1) inducido por abogados despistados, insistió en que ante la presencia de MBL en Bolivia la opción correcta era la expulsión y no la extradición, ignorando los cambios a la legislación boliviana en aplicación de una sentencia de la CIDH sobre refugiados; 2) hizo suya sin análisis la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que rechazó el primer pedido de extradición de MBL aduciendo falsamente que el Código Penal Boliviano no sanciona la complicidad en el delito de peculado; y 3) aseguró que Ollanta Humala y Evo Morales fraguaron un plan para sustraer a MBL de la justicia, desmentido por el impecable comportamiento boliviano.

No es posible ni correcto impedir que la prensa informe y opine. Lo ideal sería que siga cada caso y que si decidiese emitir una “sentencia mediática” lo haga con cierto rigor, reseñando pruebas, dando voz a los imputados y motivando la opinión, es decir, desde la verdad y la calidad. Claro que para ello haría falta algo aún más difícil en el contexto peruano: superar la improvisación y el odio, que los reportajes separen lo legal de lo político, y que si se mezclan ambos planos, la opinión política no sustituya la ignorancia de lo jurídico.

No creo como señalan algunos juristas que el juicio mediático sea una disfunción periodística. Creo en cambio que habría que evitar que se convierta en lo que el maestro Luigi Ferrajoli llama una patología judicial, que consiste en que los periodistas simpatizamos con la idea de que el fin no justifica los medios, de lo que se hace eco el modelo garantista de justicia, pero nos mantenemos en una cultura inquisitiva haciendo de cada acusado nuestro, culpable, peligroso y enemigo. Sobre todo si se trata de un acusado que no nos simpatiza, porque de los otros hacemos abandono de expediente. Es el caso, otro ejemplo, del Sr. Lelio Balarezo, ignorado por la mayoría de medios estos días en que nos hemos ocupado tanto de la Primera Dama.

El Apra y las izquierdas el 2016

http://larepublica.pe/impresa/opinion/3698-el-apra-y-las-izquierdas-el-2016
La República

La mitadmasuno

29 de mayo de 2015

Juan De la Puente

El 26 de abril pasado, el APRA llevó a cabo sus elecciones abiertas para renovar sus comités regionales, provinciales, distritales y sus comisiones provinciales de política.

Según los datos disponibles votaron ese día 280 mil ciudadanos, de los cuales solo entre el 15% y 20%, fueron inscritos en el padrón de afiliados. Otros datos son interesantes: que en Lima votaron 120 mil, en Piura otros 30 mil, que al proceso interno se presentaron más de 400 listas de candidatos, y que estas incluyeron a 5,200 aspirantes, de los cuales el 60% son jóvenes menores de 35 años y el 50% mujeres.

El proceso implicó la reactivación de núcleos partidarios que suman entre 2 mil y 3 mil militantes, alrededor de los cuales se constituyeron los tribunales electorales. Entre los resultados, en la mayoría de casos se produjo una renovación ordenada de dirigentes y se consiguió el objetivo del traslado de responsabilidades partidarias hacia militantes más jóvenes, con pocos casos de disputas violentas.

¿Por qué el APRA puede llevar a cabo elecciones abiertas en medio de la dura campaña que enfrenta, con frecuentes revelaciones de corrupción de sus militantes, mientras que ninguna de las dos vertientes de la izquierda, que ciertamente han impulsado el actual auge de los movimientos sociales, puede organizar una consulta parecida o estimular un proceso constituyente que involucre a por lo menos 200 mil ciudadanos, a 7 meses de la inscripción de listas para las elecciones del 2016?

Desde los años 80, incluso cuando Izquierda Unida (IU) llevó a cabo sus primarias internas con el modelo un militante un voto (1988), la respuesta a preguntas de este tipo son dos: “la izquierda privilegia la lucha y no la participación (electoral, se supone)” y “no toda consulta abierta es necesariamente democrática”. Ambas apreciaciones son estupendas en la medida en que resumen, luego de casi 30 años, una forma de pensar sobre la relación de la política con la sociedad.

La crisis del sujeto social del aprismo y de la izquierda es parecida; a ambos les ha sido sustraída gran parte de la representación vía los cambios en la economía y la sociedad. El APRA ha perdido el “sólido norte” y otras plazas en manos de grupos más pragmáticos respecto de las expectativas de movilidad social de los ciudadanos, en tanto que las izquierdas han perdido la relación fecunda con los movimientos vecinales y los asalariados.

Nadie sensato pretendería que el APRA y los partidos de la izquierda son muy similares. Por lo mismo, la reacción a estas pérdidas ha sido hasta ahora distinta y no se podrían explicar sin factores determinantes, en algunos casos muy desiguales, como el peso de la tradición cultural, el uso del clientelismo político, el papel del liderazgo y el rol de los incentivos del poder. Finalmente, la respuesta de los partidos a las crisis depende de su naturaleza, de cómo se ubica dentro de las tipologías en función de su base social, su orientación ideológica y su estructura orgánica.

El APRA, no obstante, está siendo más audaz que las izquierdas para encontrar una salida electoral. Encarando el hecho de que no puede legitimar los logros de su gestión 2006/2011, se prepara premunido de una fuerte voluntad política a construir una maquinaria electoral para procesar su traslado al centro político. De ese modo resuelve sus problemas de identidad que de paso ayuda a resolver los de unidad.

En cambio, la izquierda de jefes opera en una frecuencia distinta a la izquierda de la sociedad. Las cúpulas partidarias ya perdieron los primeros meses del año enfrascadas en el problema de la unidad, prestando poca atención a la necesidad de promover una salida electoral a la apuesta de la sociedad contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, la desaceleración de la economía y la imposición autoritaria de #TíaMaría. De ser encarado este desafío, ojalá no lo sea con una danza alrededor de un programa confuso y kilométrico, con la misma emoción con la que los antiguos bailaban alrededor del fuego porque no sabían hacer otra cosa.

#TíaMaría, los mínimos y los máximos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/1876-tiamaria-los-minimos-y-los-máximos

La República

La mitadmasuno

22 de mayo de 2015

Juan De la Puente

Como antes en Conga (2011/2012) pero con mayor intensidad, el conflicto de #TíaMaría revela los límites de los discursos tradicionales, reducidos al mínimo efecto, y la autonomía de la práctica. En poco menos de un mes, los hechos han reemplazado a los alegatos y han debilitado algunas claves que organizaban el debate público, es decir, sistema/antisistema, centralismo/regiones y mineros/antimineros.

Ha perdido sentido el argumento y adquieren fuerza la violencia cruenta y las estrategias de las partes, sin necesitar de los discursos. En dos meses hemos consumido imágenes y símbolos contundentes. No hay argumento frente a un paro de 60 días, la muerte de dos civiles y de un policía con el cráneo destrozado, el agricultor al que la policía “sembró” una prueba, las batallas entre la autoridad y el hombre de la calle como iguales, la voz de Julio Gutiérrez vendiendo a sus discípulos y la mujer a la que raparon por desafiar a los huelguistas.

A este límite de los discursos se debe a que ya se consumieran 7 de los 60 días de la pausa anunciada  por Southern, el 10% del tiempo, sin que se dibuje una ruta que lleve a alguna parte. La anunciada pausa concierne a un proyecto que no ha empezado, en tanto no se ha suspendido el paro, las estrategias en pugna, los insultos y la confusión. Lo cierto es que se ha suspendido la palabra y luego casi nada; quizás también hemos suspendido el miedo, que no es mucho pero no es poco.

El primer discurso en desuso es el que sostiene que gran parte de la culpa la lleva el Estado, sin asumir ninguna propia. Siendo cierto, es un argumento facilón y básico, que no puede evitar que se aprecie que las claves están, más allá del gobierno, policías, militares, fiscales y jueces, en las estrategias que no han sido alteradas.

El discurso del diálogo como forma de acercamiento de las diferencias también ha fracasado, no tanto por la desconfianza como por la precaria representación de los actores y la ausencia de posiciones (otra vez los argumentos). En #TíaMaría hay 4 actores (la empresa, la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno regional) pero sobre la mesa solo existen dos puntos de vista redondos y cerrados.

El argumento de los políticos también presenta límites. Dicen que este conflicto debe resolverse desde la política ¡qué bacán! y sin embargo sus líderes carecen de discursos desde ese ángulo, al punto en que deben plegarse a los símbolos existentes. La mayoría de partidos y líderes, especialmente el Apra, el fujimorismo y la izquierda, muestran dificultades para escaparse de los libretos de las estrategias mediáticas que marcan la pauta para lo que fuese, tanto para la creación de un consenso a favor del Estado de Emergencia como para el pedido de suspensión del proyecto, un cambio de demanda operado en solo 48 horas.

No es justo que no sepamos qué hacer con el orden, el desorden o la pausa. Es demasiado. No habrá salida a este conflicto mientras no se recuperen los argumentos desde una perspectiva nueva y creíble. Sin esa nueva politización en el sentido más creador de la palabra, y muerta la visión plana de las cosas y su remedio casero tipo principio de autoridad sin principio de justicia, la suspensión de 60 días será seguida de otros 60, una aritmética liberadora que llevará el problema a un nuevo gobierno que tendrá que vérselas con el mismo pueblo.

Finalmente, debemos estar atentos a la autonomía de los proyectos y a cómo han superado sus marcas tradicionales. Por ejemplo, este es el momento estelar del anti-extractivismo, uno de los ejes seguros de la campaña electoral, forzando la definición de los candidatos. No perdamos de vista que #TíaMaría ha dividido al país pero ha unido al sur.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo se ha reencontrado luego de la pérdida del consenso alrededor del crecimiento económico, asomando con fuerza su clásica campaña de estigmatización de los adversarios. A su factura se debe la guerrilla urbano/digital de las últimas semanas que los partidarios del proyecto minero parece que han ganado.

El Estado alocado y los genios sin dinero

http://www.larepublica.pe/impresa/opinion/273-el-estado-alocado-y-los-genios-sin-dinero
La República
La mitadmasuno

15 de mayo de 2015

Juan De la Puente

A propósito de la relación del Estado y las empresas, ahora que se le reclama al primero que imponga por la fuerza el proyecto #TíaMaría, reseño la potente investigación de la economista italiana Mariana Mazucatto (El Estado emprendedor, mitos del sector público frente al privado, RBA Libros 2014), que aborda las relaciones entre el Estado, la empresa y el capital.

Inicialmente orientada a convencer al estado británico de que no recorte programas de apoyo a las empresas, el libro revela con detalle el papel del Estado en la financiación de Internet, Apple y Google, incluido el desarrollo específico de proyectos como Iphone, desvirtuando la leyenda de que los grandes hitos de la tecnología se deben a genios jóvenes con zapatillas y sin dinero que se encerraron en un garaje para producir los asombrosos inventos de la última hora de la humanidad.

La base de la investigación de Mazucatto sostiene que un Estado que asume riesgos es capaz de relacionarse con el sector privado saliendo de la camisa de fuerza que pretende reducirlo a una función exclusiva de corrección de las fallas del mercado o a reducir impuestos. Explica con datos que empresas como Intel, Compaq y Apple recibieron fondos públicos para las etapas iniciales de sus proyectos, superando un problema serio para el desarrollo, y más agudo en las economías emergentes: la falta de financiamiento de largo plazo y de capital riesgo.

Por citar dos casos, en EEUU, el financiamiento público de las investigaciones farmacéuticas fue de 972 mil millones de dólares entre los años 1936-2011, y de 30 mil millones el 2012, que se entregan a través de 50 mil subvenciones a más de 350 mil investigadores. El caso de Apple es aún más revelador; las tecnologías en las que basa sus productos son el resultado de décadas de apoyo estatal a la innovación y que, a diferencia de lo que se piensa generalmente, obedecen menos a un desarrollo propio que a su capacidad de integrarlos en una arquitectura innovadora, además de una cultura emprendedora “alocada” como solía decir Steve Jobs. A pesar de ello, según el Departamento de Hacienda de EEUU, solo el año 2008 las empresas de tecnología (incluida Apple) solicitaron 8,300 millones de dólares en desgravaciones fiscales por investigación y experimentación.

En nuestro caso, la crisis del boom de las exportaciones de materias primas nos encuentra sin inversión en tecnología (I+D) clave para el agregado a nuestra economía y en un proceso de diversificación productiva atrasado y precario. El Perú solo invierte el 0.12% de su PBI en I+D, por debajo del promedio de A. Latina que es de 0.75% PBI, y lejos de los países de la OCDE que destinan 2.2% PBI. Se entiende por ello que el 2004, nuestras exportaciones no tradicionales sumaban el 28% del total mientras que el 2013, cuando ya se hacía tangible la crisis del boom, bajaron a 23%.

El libro cuestiona las teorías de la mano invisible del mercado que fuerza la retirada del Estado bajo la presunción de que es demasiado grande y pesado, y a cuyo amparo se ha producido su desmantelamiento. Mazucatto pone bajo fuego el concepto del papel subsidiario del Estado en la economía, que solo justifica la intervención cuando el beneficio social es superior al beneficio privado.

Estas y otras investigaciones han disuelto el mito de la incapacidad del sector público como agente inversor, un discurso todavía vigente en el Perú, un rezago ideológico que impide una vigorosa alianza público-privado para la agenda TIC, más allá de las obras de infraestructura y del cálculo de los beneficios sociales y privados.

Finalmente, la crítica al Estado capturado y sometido a los intereses privados que solo le extraen subvenciones, privilegios innecesarios, recorte de impuestos y eliminación de trámites, y al que se le exige imponer por la fuerza la inversión, es incompleta si no conduce, como lo hace Mazucatto, a la  propuesta de un Estado que se proponga crear y dar forma al mercado, un proceso revolucionario que opera en varias economías emergentes.

Yo te mato tú me matas

http://www.larepublica.pe/politica/163-yo-te-mato-tu-me-matas
La República

La mitadmasuno

8 de mayo de 2015

Juan De la Puente

La mayoría de los grandes conflictos sociales de la última década, salvo los cocaleros, acabaron en episodios de capitulación del Estado, desde el “Arequipazo” (2002), hasta los recientes de Pichanaki, Andahuaylas y La Convención este año, pasando por Cerro Quillish (2004), Combayo (2006), el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009) y Conga (2012), entre otros.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.

Mamá, yo quiero ser outsider

La República

La mitadmasuno

1 de mayo de 2015

Juan De la Puente

Trabajo con jóvenes universitarios y observo que un creciente número de ellos se propone dedicarse a la política y postular a cargos de elección popular. Me refieren que sus padres tratan de disuadirlos mientras que la realidad los impulsa a la acción. En más de una ocasión, un punto de transacción en sus diálogos familiares consiste en la promesa de que serán políticos independientes y outsider, sin relación con los partidos.

Les digo que solo una vez se es outsider y que la política más duradera y principista es la que se hace desde los partidos, programas e ideologías. Ello es cierto, como que según las encuestas la mitad de los peruanos pide candidatos distintos a los conocidos.

También es cierto que tuvimos algunos outsider que llegaron al Congreso en el actual ciclo democrático, y en algunas regiones y municipios. No obstante, salvo Humala el 2006, ningún outsider ha disputado la presidencia o se ha situado entre los grandes candidatos desde el 2001 (el mejor ubicado fue Humberto Lay el 2006 con 4,3% de votos).

No solo es desafiante la política tradicional sino también la nueva. De cara al 2016, no es imposible que surjan outsider por la derecha o por la izquierda. No obstante, en ambos casos y tomando en cuenta el escenario preelectoral, haría falta que además confronten puntualmente al sistema para diferenciarse del grupo ya conocido.

Ello no solo depende de la voluntad. En la derecha, haría falta que la inseguridad ciudadana gire en espiral violento, se transforme en mayor miedo y terminen fusionándose la percepción y la realidad. En la izquierda, haría falta que se generalice el rechazo a la corrupción y se haga más evidente la ruina del sistema político.

Es probable que esto no suceda, por lo menos en la dimensión necesaria para instalar outsider en el escenario. Queda la opción de un outsider menos “puro” de lo que espera el respetable, pero más clásico para el registro peruano, donde los dos outsider victoriosos, Ricardo Belmont (1989) y Alberto Fujimori (1990), irrumpieron desde el centro de un escenario polarizado.

Llámese como se llame, centrista, pro modelo o no antisistema, este formato de outsider también tiene una perspectiva acotada. Son los apuros por los que pasa el primero en lanzarse, Julio Guzmán, correcto y audaz pero cuyo buenismo de alquimia al parecer no es suficiente, y al que inmediatamente se le ha exigido ser, además de outsider, más antisistema.

La mitad del país espera un candidato nuevo pero los sondeos no han profundizado sobre los elementos de lo nuevo. Podría ser que eso no signifique un candidato “nuevo de verdad”, sino uno con atributos decisivos, como ser antisistema, con popularidad propia (la primigenia definición de outsider) aunque ya “contaminado” con la política, nuevo por ser de fuera de Lima, o que siendo parte del grupo conocido sea autónomo y distinto de él. Hay tantas formas de ser nuevo. Y de no serlo.

Un dato final conectado con el sueño del outsider es que la búsqueda/espera de lo nuevo también debe ser leída como la búsqueda/espera del cambio. Hasta ahora, y salvo la narrativa liberal de Mario Vargas Llosa entre 1987/90, el cambio social es lo único que ha podido venderle al país una ilusión electoral sin precisar de un outsider, desde Alan García –en sus dos versiones, el futuro diferente de 1985 y el cambio tranquilo del 2006– y Ollanta Humala y la gran transformación/hoja de ruta del 2011. Esto explica la reciente patología de los candidatos de derecha que satanizan a la izquierda pero se presentan como izquierdistas.

Belmont y Fujimori aparecen lejanos. Entre ellos y nosotros hay 25 años de antipolítica –con 8 de autoritarismo y 15 de un ciclo democrático que expira–, una historia de fracasos de independientes y tecnócratas, y un período de contrapolítica que ha empezado a poner sus reglas. La espera de un outsider se parece a veces a un argumento del realismo mágico literario, el infinito retorno de la bananera a un pueblo abandonado y al que le cuesta imaginar el futuro, que García Márquez relata en sus memorias.

Seguridad, la tormenta perfecta

La República

La mitadmasuno

24 de abril de 2015

Juan De la Puente

¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.

No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.

Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.

La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.

El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.

La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.

Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.

 

 

 

La izquierda y la angustia por la unidad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-izquierda-y-la-angustia-por-la-unidad-17-04-2015

La República

La mitadmasuno

17 de abril de 2015

Juan De la Puente

La izquierda de América Latina siempre ha encarado la dinámica entre el derecho a la diversidad y la necesidad de la unidad. Donde ha logrado el equilibrio, en El Salvador (FMLN), Uruguay (Frente Amplio) y recientemente en Chile (Nueva Mayoría), ha construido poderosas experiencias electorales con resultados políticos y sociales reconocibles. Donde no fue posible este equilibrio, los resultados son diversos, desde la irrupción de exitosos movimientos críticos de la historia de la misma izquierda, como en Bolivia (MAS), Ecuador (Alianza País), Venezuela (MVR), Argentina (Frente para la Victoria) y Brasil (PT), hasta la formación de nuevas expresiones muy influyentes como en Colombia (Polo Democrático) y México (PRD).

El Perú es una excepción; la izquierda no fue ni equilibrio ni irrupción consistente. Izquierda Unida (IU) solo duró 8 años y la incursión de Humala el 2011 se quedó en la puerta. Varias explicaciones andan en libros y diarios pero dos me parecen sustantivas y convergentes: la debilidad de sus partidos y la ausencia de grandes e inteligentes líderes (no picarse, compañeros).

Es cierto entonces que el progresismo en América Latina no tiene necesariamente el rostro obligado de la unidad. En sus victorias hay especificidades locales identificables pero también hay una razón transversal, y se llama audacia.

Me parece sensato el actual llamado a la unidad de la izquierda pero no creo que esta sea central, ni que de ella dependa la supervivencia de la izquierda y del país. Creo que es legítimo el derecho de la izquierda a romper con el aislamiento y superar su debilidad, pero es preciso razonar sobre la naturaleza de ambos.

La izquierda está aislada pero más aislada en la sociedad que en el establishment, y ello explica su debilidad. Rotos sus vínculos tradicionales urbanos y rurales tiene dificultades para respirar en este espacio inédito en el que se ha convertido una sociedad atravesada por nuevos problemas sin que se resolvieran los viejos. En esta izquierda que no ha podido aprender a respirar fuera del agua conozco líderes que no tienen correos electrónicos personales, no saben lo que es Facebook y Twitter, y dirigen partidos o gremios que no tienen páginas web o blogs.

La izquierda está más dividida que hace 20 años porque hay más razones para la división. Las distancias entre la izquierda de todos derechos y la izquierda de algunos derechos (especialmente de los derechos colectivos) son apreciables a simple vista, al igual que la distancia de estos con la izquierda de las regiones, la más audaz, sufrida y vigorosa del continente, por ser una izquierda no reconocida, huérfana, ilegítima para las direcciones nacionales, a la espera de una inclusión política que nunca llega. 

Es cierto que es una obligación de las fuerzas progresistas impedir que se haga del poder un programa autoritario, conservador y que profundice el neoliberalismo. También es cierto que esa perspectiva solo será posible si se construye una coalición política y social (ojo, social) de centro. Es asimismo cierto que toda recusación al centro es infantil e irracional habida cuenta de los resultados electorales de los comicios de 1980, 1985, 1990, 2001, 2006 y 2011 (¡seis elecciones!).

No es seguro, sin embargo, que el centro esté reservado por mandato divino para aquella izquierda que sensatamente abra su programa. Se hará de este espacio quien se presente con coherencia, equilibrio, voluntad política, apertura, cambio y audacia. Es preciso decir que el Perú es un cementerio de centristas y que en el contexto de toda polarización los centros pasivos o tibios son devorados por otras opciones. El centro no es una palabra, es una imagen, no es un momento quieto sino un movimiento.

La izquierda está frente a un clivaje entre la necesidad de una propuesta progresista que le ofrezca al país cambio, y otra necesidad, la de construir una alternativa de centro, atractiva y ganadora. Progresismo y centrismo han sido en la última década cómplices en varias victorias electorales. Ante ese desafío, la angustia por la unidad es relativa frente a la necesidad de identidad.

Gunter Grass y Eduardo Galeano, otra vez abril

Gunter Grass y Eduardo Galeano, otra vez abril

Por Juan De la Puente
La muerte de Gunter Grass y de Eduardo Galeano, en un mismo día, y en abril, ratifica el sino de este mes como el de las letras universales. El año pasado, el 17 de abril, moría Gabriel García Márquez.
A fuerza de los hechos se asocia este mes a las letras, a su dolor y consuelo. A veces hermosa y otra triste casualidad, como la del autor del Tambor de Hojalata y el del Libro de los Abrazos, no todos están de acuerdo con esta sombra que persigue al cuarto mes. Guillermo Cabrera Infante, que nació un 22 de abril en Cuba, no pensaba así; dijo alguna vez que abril era un mes cruel, y es conocido el refrán que reza "Abriles y yernos pocos hay buenos".
En mi caso, concuerdo más con el poeta español Jorge Guillén, cuando escribía:
¡Oh luna, cuánto abril,
qué vasto y dulce el aire!
Todo lo que perdí
volverá con las aves.
Joaquín Sabina sobre abril cuando canta a cuasi canta dice:
Quién me ha robado el mes de abril
Cómo pudo sucederme a mí
Pero, quién me ha robado el mes de abril
Lo guardaba en el cajón
Donde guardo el corazón.
Se afirma que fue Augusto Tamayo Vargas quien instauró abril como el Mes de la Letras en 1931. Es poco probable que él sea el de la iniciativa, o que lo hiciera en ese año, tomando en consideración que Tamayo nació en 1914 y egresa del colegio La Inmaculada en 1930. Sea como fuese, abril es un mes fecundo para las letras.
Igual da para la magia. El 23 de abril es el Día del Idioma, en recuerdo del día en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. También un 23 de abril fallecieron el Inca Garcilaso de la Vega y el dramaturgo inglés William Shakespeare. Por esas y otras razones, la UNESCO eligió esa fecha como el Día del Libro, del Derechos de Autor y del Bibliotecario.
César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 y José Carlos Mariátegui, político, esteta y una de las más altas cumbres del pensamiento político peruano murió el 16 de abril de 1930. En abril también nacieron Abraham Valdelomar y Carlos Oquendo de Amat, y murieron Pedro Peralta Barnuevo y José María Eguren.
En abril también nace Emile Zola, autor de la célebre serie las Tres Ciudades (Lourdes, Roma. Paris) y en ese mes ffallecen Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el poeta francés Charles Baudelaire, y Emilio Salgari, el italiano autor de las incomparables novelas de aventuras que alegraron nuestra infancia, como Sandokan, el Tigre de la Malasia, el Corsario Negro y el Capitán Tormenta. En otros ámbitos de la cultura se tiene en abril otros sucesos como la muerte de Pablo Picasso y Francis Bacon, pintor expresionista irlandés. En abril nace Charles Chaplin.

Habíamos exagerado tanto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/habiamos-exagerado-tanto-10-04-2015#

La República

La mitadmasuno

10 de abril de 2015

Juan De la Puente

Me quedo con la imagen del hemiciclo mudo luego de anunciarse que Ana Jara había sido censurada y con los rostros fríos de los perdedores y ganadores de aquella noche. Salvo los políticos muy experimentados, menos de una decena, la mayoría se parecía a los chicos asustados después de romper un juguete que habían manipulado tanto, mirándose y a punto de acusarse del desastre. Ni un solo aplauso ni exclamación de alegría.

Una de las razones de aquella taciturna reacción proviene de la convicción de que unos y otros habían exagerado. Sobre ello, el punto no reside en que la censura es un mecanismo democrático. El punto es si ese acto era conveniente, necesario, justo y oportuno, es decir, políticamente correcto, sobre todo si los mecanismos constitucionales –interpelación, censura, acusación, vacancia, desafuero e inhabilitación– no son papeles que pueden ser usados al desgaire, especialmente si no se tiene una idea precisa del paso siguiente. Claro, solo un oficialismo desavisado puede ser llevado al límite del matadero y colaborar voluntariamente con el rito del degüello.

Perdedores y ganadores sospechaban quizás de la reacción ciudadana que tampoco se siente representada por la censura. Al día siguiente, dos demandas emergieron o reaparecieron, ¡Cierren el Congreso! y ¡Que se vayan todos! Al punto que no creo que el Parlamento reciba un premio de la opinión pública por haber censurado a la premier. En cambio, la elite política se ha aislado un poco más de la sociedad y ha brindado la impresión de que se siente muy cómoda ajustando cuentas en una esquina del escenario mientras el país reclama nuevos y creíbles horizontes en economía, empleo, educación, transporte y lucha contra la corrupción. Estos resultados colaterales, que ofrece la imagen de “la pelea de los otros” y de un sistema agotado aunque fuerte, no fueron estimados por los actores políticos que protagonizaron ese acto.

La censura fue el momento estelar de una oposición unida ajustando cuentas con un gobierno absolutamente aislado. Implicó un hecho inédito y probablemente irrepetible durante este gobierno. Esta singularidad explica su fuerte impacto en el sistema y su carácter precursor de movimientos más audaces y temerarios luego del año 2016. Será más fácil votar ámbar, desarmar mayorías y censurar gabinetes. Gane quien gane.

En la censura han ganado algunos, cierto, pero han perdido todos. Por eso, la designación de Pedro Cateriano ha tumbado todos los pronósticos. No ha significado ni el incendio de la pradera ni la curación de las heridas, sino un resultado intermedio, un agónico alejamiento del abismo. El primer efecto ha sido la rebaja de tensiones y la moderación de los actores políticos, incluido el mismo Cateriano, y la posibilidad de un encuentro, hasta ayer impensado, de dos líderes políticos con su némesis ya convertido.

Este imprevisto resultado solo puede ser analizado desagregando dos elementos del escenario, los distintos reclamos del corto y mediano plazo; y la cada vez más urgente relación entre la política y la economía. La moderación de los sectores hasta hace poco emplazados a muerte contra el gobierno indicaría que ninguno se encuentra dispuesto a facilitar la disolución del Congreso a tan escasos meses del inicio de la campaña electoral. Al mismo tiempo, esa moderación es una confesión de la sobreactuación de varias de las posturas aparentemente principistas en relación con la censura.

Las posiciones irreductibles están siendo subordinadas ante la posibilidad que los fuegos artificiales del corto plazo comprometan el mediano plazo electoral. También es cierto que los grupos políticos han vuelto a mirar al mercado, y consideran que una guerra abierta durante los próximos meses, que incluya elecciones parlamentarias en los meses de julio y agosto, implicaría el riesgo de una inútil tensión que limitaría más las posibilidades de crecimiento de la economía durante este año. Ese sentido tiene esta situación de guerra que, sin embargo, obliga a los enemigos a pactar tácitamente.

¿Todos somos sospechosos?

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/todos-somos-sospechosos-03-04-2015

La República

La mitadmasuno

03 de abril de 2015

Juan De la Puente

Al margen del resultado de la moción de censura contra Ana Jara, no puedo pasar por alto las gravísimas afirmaciones de 3 congresistas nacionalistas durante el debate del pasado 30 de marzo, que expresan una visión policiaca del estado y una preocupante filosofía sobre las relaciones entre la sociedad y el estado.

Estas afirmaciones siguen una misma línea y que presumo que se originan en una posición oficial de algunos de los servicios de inteligencia. Una de ellas señala que “La DINI (…) verifica situaciones que pudieran resultar penosas, se hace una labor de constatación y chequeo, si se encuentra algo irregular informará a quien tenga que informar” (Teófilo Gamarra); otra señala: “El Estado tiene la obligación de sospechar de todos (…) todos los 30 millones de habitantes deberíamos estar en la situación inclusive de sospechosa” (Rubén Condori); y la tercera dice: “En la democracia nadie debería tener corona, todos son potenciales sospechosos que podrían quebrar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática” (José Urquizo).

Este germen de política de seguridad interior pretende devolvernos a un estado anterior al Estado de Derecho, donde los ciudadanos no eran tales y la arbitrariedad del poder no era objeto de interdicción. Sin embargo, en dos siglos la humanidad ha consagrado la intimidad personal como derecho, cuyo contenido esencial no soporta limitación de ningún orden, aunque en su contenido no esencial tolere escasas restricciones respetuosas del principio de razonabilidad.

El “todos somos sospechosos” es un nuevo ataque a la intimidad que ya se encuentra bajo acoso de otras formas de intrusión.

Desde la protección, el derecho ha regulado excepciones para evitar la invasión generalizada, entre ellas las Medidas de Intervención Telefónica, MIT (Ley 27697 y D Leg. 991) y las excepciones en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El mismo Código Penal no hace distinción entre la información “abierta” o “cerrada”, castigando la violación de la intimidad sin establecer diferencias entre estas (artículos 154 y 157).

Varias teorías abordan la colisión del derecho a la intimidad con otros derechos. Una de ellas es la teoría de los derechos preferentes. El Tribunal Constitucional ha señalado que el interés público, no morboso, puede ser un parámetro que permita ponderar ciertas conductas invasivas de la intimidad. El interés público, no obstante, es el interés de los ciudadanos, no es el sinónimo de un supuesto interés del Estado por encima de la sociedad.

No existe un derecho del Estado a espiar a sus ciudadanos. La idea de que todos somos sospechosos convierte la excepción en una regla y anula el espacio privado en beneficio de lo público, una resurrección de Roma antigua en la que, como decía Aristóteles, no debe permitirse que un hombre se pertenezca a sí mismo sino que a toda la ciudad.

¿Hemos llegado al nivel en que la sociedad no controla al Estado sino que este la vigila? La ética de esta visión es peligrosa; es la ética de la desconfianza y de la presunción de la existencia de un ciudadano malo vigilado por un puñado de buenos.

Es esta ética, importan más los malos de adentro que la vigilancia de los intereses legítimos del Perú en relación con sus vecinos. El principio de la soberanía se transforma a partir de la convicción de que el país está sitiado desde adentro. No importa que sea una visión poco práctica, porque si el poder no es capaz de determinar quiénes son sospechosos y cree que todos lo son, es seriamente ineficaz.

Lamentablemente esta no es una visión solitaria en este tiempo. En algunos países, la lucha contra el terrorismo internacional pretende legitimar la transgresión del carácter íntimo de los datos personales y a ello se resisten las sociedades. Es claro, entonces, que estamos avisados; luego de varios siglos ha retornado Tomás Hobbes, su Estado de Naturaleza y su tesis de que el hombre es el lobo del hombre. Es el Leviatán, es el miedo, es el Estado policía que algún día asesinará al Estado de Derecho.

Andahuaylas y el abuso de mercado

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/andahuaylas-y-el-abuso-de-mercado-27-03-2015

La República

La mitadmasuno

27 de marzo de 2015

Juan De la Puente

He leído severas críticas contra los ciudadanos de Andahuaylas que recientemente protestaron contra el servicio de electricidad que brinda Electro Sur Este. Los adjetivos más usados son exceso, infiltración y agitación. Contrariamente, luego de la suscripción del acta que pone fin a las protestas, la premier Ana Jara ha señalado que lo que le pasa a Andahuaylas no le puede pasar a otra región, validando acuerdos sobre la revisión de la tarifa del servicio de energía eléctrica, la eliminación de cobros indebidos y la reorganización de Osinergmin en Apurímac.

De hecho los reclamos en esa ciudad eran y son justos. Walter Gutiérrez, una reconocida autoridad en materia de derecho de los consumidores, ha alertado sobre que el paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta, que no es minera ni ambiental, sino contra los abusos e ineficiencia del mercado, y contra la inacción del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Añade que existe el riesgo que si no se registran cambios, estos paros se extenderán por todo el país.

El despertar de los consumidores se acelera impulsado por la ampliación de las fuentes de información, el incremento de la denuncia pública, y la posibilidad de que la sociedad se entere de ellas, las comparta y demande colectivamente atención y sanciones. El episodio del cierre de todas las tiendas de una cadena de pizzerías por una desastrosa gestión de la calidad es solo una muestra de esta maduración que viene acompañada de varias formas de movilización.

El Código de Consumo ha sido rebasado por el mercado y el Estado a través de prácticas tradicionales que no han podido ser corregidas, situándonos en un nuevo momento donde la ley pasa a ser una víctima del sistema que se resiste a cambiar.
Es el momento de la ruptura de la inercia empezando por el Estado. Indecopi parece que no va más. La revisión de sus estadísticas permite apreciar su aislamiento de la sociedad y soledad respecto del Estado. En el último año ha recibido 42 mil reclamos, la mitad de los cuales se presume concluyeron parcialmente en conciliaciones entre el consumidor y proveedor. Pero Indecopi no está en condiciones de informarnos  sobre el destino de las otras reclamaciones y, sobre todo, de su seguimiento, una ausencia muy preocupante considerando que estas denuncias se recogen mediante el Sistema de Atención de Reclamos (SAC), el de más fácil acceso.

Por otro lado, casi la mitad de las 12 mil denuncias tramitadas mediante los Órganos de Procedimiento Sumarísimos (OPS) han sido declaradas inadmisibles, archivadas, es decir, rechazadas. El inmovilismo de Indecopi que se considera una mesa de partes y que opera por demanda y no por oferta de derechos, lleva a que, por ejemplo, en el último año hayan recibido mediante ese sistema escasamente 310 denuncias referidas al servicio educativo en colegios, considerando las decenas de miles de quejas con relación a cobros indebidos e incumplimiento de contratos.

Los ciudadanos no denuncian porque no creen en el Estado y porque el país carece de una institucionalidad de consumo con órganos competentes y relacionados. Se aprecia ello, por citar otro ejemplo, en las deficiencias de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que ha permitido la formación de una suerte de burbuja de las tarjetas. El sistema contaría con 8 millones de tarjetas de crédito, parte de las cuales fueron entregadas sin las previsiones del caso, y ahora es claro que varias decenas de miles deberán ser anuladas con las consecuencias legales que conlleva, entre ellas el embargo de bienes de sus  titulares.

Es probable que la maduración de los consumidores sea parcial y en ocasiones sesgada, lo que se advierte, en un tercer ejemplo, en el reclamo de una mejor calidad de los servicios de telefonía que va acompañado sin embargo de la negativa a que se instalen nuevas torres de telefonía móvil. No obstante, en cualquier caso, el país no cuenta con una política pública referida al consumo, y debería contarla con rapidez para evitar la irrupción de esta nueva forma de conflictos.

Cuatro escenarios electorales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/cuatro-escenarios-electorales-20-03-2015

La República

La mitadmasuno

20 de marzo de 2015

Juan De la Puente

El inicio de la campaña electoral se produce con escasas novedades en torno a la irrupción de candidatos nuevos y fuerzas nuevas. Lo más relevante sea quizás la presencia de Daniel Urresti a nombre del nacionalismo, que ha empezado a integrarse al sistema, y el hecho de que PPK cuente con un partido propio. En este escenario inicial se tienen en liza a Keiko, Alan, PPK, Urresti, Toledo, a los que se agregarían por lo menos dos candidatos de la izquierda, y quizás otros dos que emerjan de las decisiones que adopten a la mitad del año el PPC, AP, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Solidaridad Nacional.

Con 8 o 9 candidatos entre grandes y medianos se tendría a la vista un cuadro de partida de mayor fragmentación que la presentada el 2001 (que tuvo en el arranque 5 candidatos entre medianos y grandes), el 2006 (6) y el 2011 (5). Si persiste este paisaje, su principal efecto será la dispersión del voto y el hecho de que los dos ganadores de la primera vuelta no sumen juntos el 50% de votos y sea más difícil la gestación de alianzas para una mayoría gobernante.

Gruesamente, esta oferta se distancia de la expectativa ciudadana en la que resalta que por lo menos el 50% de los electores no simpatiza ahora con alguno de los políticos actuantes o se encuentra a la espera de un candidato que considere nuevo. Esto le da sentido a la promesa de un outsider, afanosamente anunciado, buscado y promovido desde varios ángulos de la política. No obstante, considerando el formato de nuestro sistema, no es inevitable la irrupción de un outsider con posibilidades, especialmente si a la vista se tiene por lo menos cuatro escenarios probables.

En el primero se tendría una campaña centrada en los temas adjetivos que ahora mismo se ventilan y dominan la política, con alguna incidencia de la seguridad ciudadana en el discurso de los candidatos, junto a una promesa general de un gobierno que recupere el tiempo perdido, en un contexto en que la administración Humala no sea capaz de proyectar su legado y con varios casos de corrupción judicializados. Este escenario tendría como resultado un recambio tradicional a decidirse cerradamente entre los actores del sistema en alguna de sus versiones de derecha o de centro derecha; un desenlace que no alteraría el cuadro que ahora dibujan las encuestas. Este es, por ahora, el resultado más probable.

En un segundo escenario, repitiéndose los elementos de la debilidad del gobierno, habría que agregar también la debilidad de la oposición, desgastados ambos por la crítica y la desconfianza de la opinión pública, y con dificultades para proponer un horizonte de país con diferencias sustantivas con el presente. En este escenario se facilita la irrupción de un mensaje de gobierno de mano firme haciendo centrales los temas de la seguridad ciudadana y el orden, que ya fueron determinantes del voto el año 2011, y el desenlace sería un recambio populista de derecha.

Un tercer escenario dependería de la evolución de la economía este año. Si esta crece a una tasa menor al 2%, acompañada de una mayor caída del empleo (en Lima, entre diciembre y febrero se perdieron 10.600 puestos de trabajo), la reducción del consumo y de la inversión pública (no se hable ya de la inversión privada que este año podría tener un crecimiento negativo), la economía ingresará con fuerza al debate electoral, mejorando las posibilidades de los candidatos que cuenten con una oferta creíble de recuperación del crecimiento. Este escenario tendría como resultado un recambio o remake neoliberal a ultranza.

Un cuarto escenario se produciría por la conversión de la corrupción en el principal problema del país y de la política, con grandes escándalos judicializados, y una creciente debilidad del sistema para producir respuestas aceptables. Esta posibilidad, que por ahora se aprecia lejana, dependería de una intensa movilización anticorrupción que no se tiene a la vista, y mejoraría las posibilidades de la izquierda o de un candidato que siendo contestatario sea también un outsider.