Política, antipolítica y contrapolítica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politica-antipolitica-y-contrapolitica-13-03-2015
La República
La mitadmasuno

13 de marzo de 2015

Juan De la Puente

Un apreciable porcentaje de ciudadanos no acepta ninguna forma de reelección, ni de financiamiento público de los partidos, y cree –con mayor o menor intensidad– que todos los políticos son una maldición corrupta e ineficaz que debe ser erradicada. De acuerdo al último Latinobarómetro, publicado el 2014, el Perú, junto a Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, se encuentra a la vanguardia de los países con mayor porcentaje de ciudadanos que cree en una democracia sin partidos y sin Congreso, con menos interés en la política y más escépticos respecto de la posibilidad de que sus gobiernos puedan resolver los problemas en los próximos cinco años.
Fuera de las comparaciones, otros datos permiten apreciar la resistencia de los ciudadanos a la política. Según la encuesta de GfK de febrero de este año, el 55% cree que el actual diálogo político no servirá para nada o profundizará los desacuerdos y otro tanto sostiene que ni al gobierno ni a la oposición le interesa llegar a acuerdos. Ese mismo sondeo revela que dos tercios no se sienten cercanos a ninguna opción política.
Las explicaciones centradas en la decepción y la desconfianza son ciertas pero crecientemente básicas e insuficientes. El desencanto peruano pasa a mayores y va a contracorriente de otros fenómenos, como la relativa satisfacción de progreso y de legitimidad del mercado; no es el resultado de una crisis perfecta en la que la falta de adhesión a la política es compartida por los partidos y la economía.
La explicación podría suministrarla los 25 años de antipolítica, es decir, el sacrificio de la competencia democrática, el pluralismo y la deliberación en manos del decisionismo y de los poderes fácticos. Una parte de los ciudadanos empieza a recusar esta forma de hacer política y de gestionar el Estado debido a los resultados presentes, especialmente los referidos a la corrupción y a la falta de seguridad. Sin embargo, aquí no funciona el péndulo; ese sector no se decanta necesariamente a favor de lo que se denomina tradicional, es decir, líderes, partidos, símbolos y narrativas convencionales, Para ellos, no hay a la vista nada nuevo y nada bueno. Todos son iguales.
Esta contrapolítica envía mensajes antisistémicos, pero no solo estos; también voltea la mirada hacia formas ilegales de política, que son nuevas pero no expresan necesariamente una apuesta democrática, como se pudo apreciar en varios resultados en las elecciones regionales pasadas. En cualquier caso, sin embargo, debe anotarse que no solo parece haberse agotado la transición post fujimorista sino el ciclo mayor no tocado por esta, la antipolítica.
No encuentro progresista esta extrema recusación de la política. Al contrario, sufre la enfermedad de la desideologización. Contra quienes creen que es la base para el surgimiento de un Podemos peruano (en similar proceso que el de España), creo que este segmento es infértil, se indigna pero no se moviliza, y reclama pero no está dispuesto a mover un dedo por el cambio.
La contrapolítica es un riesgo para nuestra democracia despolitizada y no solo para los partidos y líderes. Siendo que no le interesa el antagonismo, las relaciones de poder y la alternancia, es decir, deja de escoger o preferir, puede conducirnos con audacia a increíbles resultados electorales en nombre de lo nuevo. Quizás basados en esta percepción y al mismo tiempo posibilidad, el Perú es en estos momentos el primer laboratorio mundial de outsiders, y a este afán se dedica tiempo, dinero y sobre todo esperanzas. De los programas y proyectos de país se habla poco y se entiende: “todos son iguales”
Es preciso reaccionar frente a la contrapolítica, una forma de política en modo de negación. Ciertamente no solo es una obligación de los partidos, cuya mochila los ciudadanos y medios cargan todos los días con exigencias que deberían ser compartidas. Sin abandonar el espíritu crítico y la exigencia de la reforma como alternativas a la crisis de representación no es recomendable saludar y alegrarse por este “que se vayan todos” peruano.

La reforma política, un movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-politica-un-movimiento-06-03-2015
La República
La mitadmasuno

6 de marzo de 2015

Juan De la Puente

No sé cómo terminará el debate parlamentario de la reforma electoral. Lo más probable es que se aprueben algunos cambios urgentes, no todos, para mejorar el estándar del próximo proceso electoral. Sin embargo, no parecen haber condiciones para aprobar en su totalidad el paquete mínimo, porque en el Congreso y en los partidos nacionales no ha sido posible construir una audaz mayoría a favor de cambios.
A pesar de ello se ha roto el dique inmovilista; por primera vez la caída del fujimorismo en el país se ha detenido más de un minuto para debatir la reforma política, la parte electoral de ella pero no solo lo electoral. Las discusiones de cenáculo han “descendido” a la sociedad y han perdido su categoría de exclusividad intelectual. Este descenso tiene una virtud que debe ser rescatada, su transversalidad; por ahora no se advierten demasiados sesgos ideológicos y no existen modelos de reforma de izquierda y de derecha. Al contrario, con matices, se aprecian sentidos comunes agregados volcados hacia una mejor política para una mejor representación.
Nada de esto se habría logrado sin dos hechos centrales. El primero, la embestida de la antipolítica durante el proceso electoral regional/municipal de octubre pasado. Esta arremetida, provista de su enorme fuerza económica, expuso ante el país la dimensión de un desborde de formas y los límites de instituciones atadas de manos frente a una masiva ruptura y desprecio de los marcos básicos, un fenómeno que en medio del estallido de la corrupción diluyó los reparos a la reforma, incluso de los que poco antes escribían que el país no necesita nuevas reglas de juego.
El segundo fue la capacidad de reacción de una parte del Estado, en este caso de los organismos electorales, y otro tanto de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación y que a pesar del viento en contra insistieron en cambios, aún mínimos. La apertura del JNE, ONPE y RENIEC a la sociedad civil y la campaña unificada #ReformaElectoralYA que las tres instituciones llevan a cabo debe ser reconocida; es un posicionamiento inédito y valeroso en la pugna por la transparencia pública, una especie de pequeña “mani pulite” peruana que en otras condiciones debería ser ciertamente más generalizada.
La curiosa pregunta de por qué los organismos electorales demandan más transparencia pública debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué callan otras instituciones frente a la reforma de las reglas para la formación de la representación? De ese silencio escapan el ejemplar comportamiento de la Defensoría del Pueblo y la reciente toma de posición del Fiscal de la Nación que se ha expresado a favor de la inhabilitación de por vida de los funcionarios corruptos y el Contralor General quien ha respaldado la aprobación de los impedimentos de postulación para los sentenciados por corrupción y la eliminación del voto preferencial. El Poder Judicial, el TC, el CNM por ahora callan.
El país se acerca a una batalla institucional entre organismos que pugnan por más transparencia pública y mejores reglas para el ejercicio de la política y otros que se atrincheran en las viejas formas que favorecen la corrupción. Esta disputa es cada vez más probable en la medida que la reforma política se ha transformado en un movimiento, aún pequeño pero imposible de ser ignorado.
Es una mala señal que de ese movimiento no forme parte de modo entusiasta y general lo que queda del sistema de partidos. Muy pocos grupos nacionales se han expresado a favor tanto de la reforma mínima como del paquete más ambicioso de mediano plazo. La mayoría de partidos está emplazado en la acerca del frente, resistiéndose a que se investiguen sus aportes electorales y gastos de campaña y ensayando lamentables coartadas a favor del voto preferencial, contra la alternancia de género o de desprecio a lo mínimo. Este bloqueo partidario a la reforma que se extiende al Congreso es más que una falta de grandeza; resume un grave error de apreciación del nuevo momento y una entrega de banderas a otros que están llegando.

Un nuevo Acuerdo Nacional

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La República

La mitadmasuno

27 de febrero 2015

Juan De la Puente

Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.

Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.

Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.

Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.

El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.

Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.

El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.

Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.

El candidato (a) distinto (a)

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-candidato-a-distinto-a-13-02-2015
La República

La mitadmasuno

13 de febrero 2015

Juan De la Puente

Según la reciente encuesta de GfK, el 56% no simpatiza con ningún político, porcentaje que sube a dos tercios entre aquellos que no tienen interés en la política (que son la mitad de los electores). Asimismo, el 50% cree que el próximo gobernante del Perú no serán Alan García, Keiko Fujimori o PPK, los mejor ubicados en los sondeos de opinión, y piensa en cambio que hay oportunidad para un candidato distinto.

El poco interés en la política y la desconfianza en ella, léase ambas razones como una desilusión de los ciudadanos respecto de lo público y de los actores públicos, serán desafíos para todos en el proceso electoral que asoma y no solo para el marketing. De hecho, parir candidatos sorpresivos o sorprendentes se está volviendo un afán nacional aunque el sistema se encuentra relativamente cerrado por el requisito de medio millón de firmas para la legalización de un partido, un ojo de aguja para que pase un elefante.

El espacio de los políticos y partidos aceptados por menos de la mitad de peruanos no puede ser considerado como el de la política tradicional. Esta, entendida como el espacio que protagonizan las formaciones partidarias clásicas como el Apra, la izquierda, AP, PPC, practica cada vez menos reglas convencionales y en cambio es impactada por la antipolítica en distintos grados, tanto en el reclutamiento de militantes, como en la designación de candidatos, el financiamiento de sus campañas y en el manejo de sus programas.

De hecho, ninguno de estos grupos se hace acreedor al título de “partido tradicional” aunque sus candidatos puedan ser percibidos así por ser conocidos y porque representan una forma de decir la política. En resumen, el Perú no tiene partidos tradicionales y los políticos tradicionales son una especie muy amenazada.

El otro grupo, más de la mitad de peruanos, anhela y espera una nueva política. En realidad lo hace desde hace 25 años, con la diferencia de que ahora la crisis de representación es más aguda y concluyente. En esa mayoría caben aquellos que no tienen interés en la política, por lo que su deseo de relacionarse con las propuestas conocidas es mucho menor.

La búsqueda de nuevas sensaciones e identidades que vienen de fuera del sistema es fundamental en nuestra democracia; ha sido lo más importante en los inicios de los 6 procesos electorales desde 1990 que dieron a luz decenas de recién llegados, la mayoría de los cuales se juraba el nuevo de turno, de modo que la construcción del outsider en nuestro precario sistema se ha convertido en un auténtico carnaval, lleno de fanfarria, disfraces y un poco de cursilería. Outsider, los de otros tiempos.

Después de 25 años también se puede decir que nuestro sistema es también un cementerio de outsiders. Salvo tres (Fujimori, Toledo y Humala) decenas de nuevos políticos fueron sepultados por mala suerte, por falta de dinero o por escasez de capacidades elementales. Al fin y al cabo, esos tres políticos sorpresa eran más que recién llegados en tanto que dos de ellos no pudieron ganar en la primera elección, relativizándose su condición de nuevos y de ajenos al sistema. Todo ello nos devuelve a la pregunta si los outsiders nacen o se hacen.

Sostengo que para el Perú de hoy no es suficiente y quizás innecesario un outsider y hacen mal los medios, la academia y los políticos mismos en buscarlos bajo tierra. Si se trata en realidad, hablando en plural, de nuevas políticas, políticos, discursos y símbolos, habría que mirar los perfiles más que los orígenes. Así, se podrá encontrar proyectos y espacios en construcción y apreciar mejor las posibilidades de los actores “nuevos” respecto de la agenda del futuro. En esa perspectiva los nombres que circulan, como los de Gastón Acurio, Julio Guzmán, Martín Vizcarra, Verónika Mendoza, Marisa Glave, Julio Arbizu o Claudia Cisneros, corresponden a identidades diferenciadas para proyectos diferentes. En el reino de la antipolítica, nueva o antigua, no es suficiente ser nuevo. Ser nuevo no es lo mismo que ser distinto.

Podemos, no queremos, no sabemos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/podemos-no-queremos-no-sabemos-06-02-2015
La República

La mitadmasuno

6 de febrero 2015

Juan De la Puente

En la actual crisis política los actores juegan cerca al borde de la cancha y en corto plazo, sin apuestas estratégicas, una crisis que discurría sin contenidos pero que ha sido impactada por dos elementos que sobresalen por su carácter precursor: 1) la irrupción de una forma/contenido “full contact” de hacer política impulsada por el ministro Daniel Urresti, antecedente de un espiral antagónico casi irreversible donde solo es posible la confrontación, no importa sobre qué; y 2) la presencia de los jóvenes indignados y más que eso, de una forma/contenido aún embrionaria y duramente cuestionadora del establishment político y económico.
La idea cuestionadora de lo político y económico es recurrente desde la caída del fujimorismo. Ambos reformismos fueron inicialmente marginales, por la necesidad de recuperar las instituciones y abrir el juego, la razón por la cual se impuso la opción de Alejandro Toledo (2001-2006). Esa opción se decantó por un modelo económico alternativo, fue derrotado por Alan García (2006-2011) pero triunfó con rebajas, también en lo económico el  2011.
Por lo tanto, podríamos decir que el reformismo político fue marginal desde los inicios del actual ciclo democrático, debido al privilegio de lo económico patentizado en discursos convergentes como “piloto automático de la economía”, “buena economía, mala política” y “aislar el ruido político”.
El estallido de la corrupción, las crisis institucionales en progreso, como las del Congreso, la Fiscalía y el CNM, la crisis de los partidos y las decisiones equívocas tomadas desde arriba, han creado un escenario ideal para la irrupción de las dos promesas señaladas, la populista autoritaria –en ese sentido Urresti es más que Urresti, es el profeta de un proyecto para resolver por la fuerza los nudos de nuestra gobernabilidad– y la reformista que a diferencia del pasado hace énfasis más en la política y en la economía.
Esta última tendencia señala que el problema central del país es la corrupción y el envilecimiento de la política. Esta no se da por aludida, se sigue peleando en las alturas por asuntos de corto plazo, y tiene el secreto deseo de que el 2016 tenga como elementos de discusión la seguridad ciudadana y acaso la defensa del llamado modelo económico si algún candidato lo amenazara, algo poco probable ahora. En ninguna de las contabilidades de las opciones para las próximas elecciones figuran la lucha contra la corrupción, la reforma de la política y de la formación de la representación, y los cambios de fondo en las instituciones impactadas por la corrupción y la ineficiencia.
Estimar, sin tomar en cuenta este escenario la probable irrupción de un fenómeno político similar a Podemos de España es arriesgado. Vistos los antecedentes de la derrota programática de Humala y el abandono de su proyecto, también es apresurado pronosticar la aparición el 2016, y con fuerza, de una opción como la de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) o Cristina Fernández (Argentina). Lamentablemente, en el reino de la antipolítica en la que se ha convertido el Perú, tampoco son posibles reformismos más institucionalistas como los de Chile o Uruguay.
A diferencia de varios de los países mencionados, el Perú no se encuentra en crisis económica en tanto que el mercado registra una alta cuota de legitimidad. Es una razón y no una coartada que opera en la conciencia ciudadana como un enorme tapón de cara a los cambios institucionales que requerimos. La falta de conciencia que impulse cambios de fondo a pesar de no registrarse una crisis económica es un problema cultural de la política sobre el que se desarrolla una discusión entre quienes apuntan a cierta anomia social que se gratifica con la corrupción y lo alimenta (las dos caras de la moneda, “déjame trabajar” y “roba pero hace obra”) y quienes todavía rebuscan en los partidos una pequeña señal reformista. En cualquier caso, no deja de ser frustrante que el discurso ético en el país sea vigoroso pero marginal.

Las regiones, un nuevo pacto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-regiones-un-nuevo-pacto-30-01-2015

La República

La mitadmasuno

30 de enero 2015

Juan De la Puente

La Asamblea Nacional de Presidentes Regionales (ANGR) presentó recientemente un interesante texto (Los Gobiernos Regionales al inicio de su segunda década; 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional), un ejercicio que relaciona el balance, la reflexión crítica y el estudio de casos, una fórmula escasamente usada en el estudio de las políticas públicas.

Las 46 experiencias reflejan 9 ámbitos de la gestión de gobierno en los que se aprecia voluntad política, gerencia técnica, planeamiento del territorio y compromiso con temas sensibles de la agenda pública que en las condiciones de una perspectiva centralista no habrían sido abordados. Entre los casos, es muy destacable la avocación a la relación entre el ordenamiento territorial y las políticas ambientales, como la zonificación ecológica en 3 regiones, la creación de autoridades rectoras ambientales macro o micro en 2 regiones y la Mancomunidad de los Andes que reúne a 5 regiones. Estas experiencias indican una ruta promisoria, la gestión de las dinámicas territoriales bajo la convicción de que la desigualdad incluye una variable territorial que se patentiza en las brechas casi endémicas de ingresos per cápita entre distritos ricos y pobres.

El texto lanza, aborda y deja varios desafíos. El más importante, que recorre el libro como una narrativa de resistencia, es la crisis del proceso iniciado el año 2002. Esta narrativa contradice a otra, la narrativa del fracaso de la descentralización, impuesta como discurso desde marzo pasado por una coalición al mismo tiempo centralista en lo político, conservadora en lo ideológico y neoliberal en lo económico.

Esa idea del fracaso es contestada con otra que afirma que la crisis expresa el fin del impulso del proceso descentralizador, una crisis de expansión de la arena política de acuerdo a la clasificación de Guillermo O’Donnell. Es decir, no es una crisis autónoma sino que forma parte de otra mayor que nos reclama a todos.

El texto sugiere tácitamente como causales de esta crisis un conjunto de responsabilidades del Estado. Siendo ello en general correcto, otro conjunto menos explorado de responsabilidades alude a las sociedades regionales, a las tres generaciones de gobiernos regionales y en específico las élites regionales que desde el año 2006 gobiernan la mayoría de gobiernos regionales. 

El libro propone relanzar la descentralización usando el lema “descentralizar reformando”. Nunca mejor dicho. Ahora, ¿por dónde empezar el relanzamiento? ¿Se puede relanzar el proceso sin reforma política?

Requerimos un nuevo pacto descentralista; a diferencia de otras experiencias, el nuestro solo fue legislativo, no fue un pacto político y me temo que tampoco social. Un nuevo acuerdo no debería producirse mirando al centralismo. A pesar de su presencia en los medios y el Estado, la narrativa centralista es débil frente a la sociedad pues no toma en cuenta que en 12 años la región se ha transformado, y que ahora es un sujeto que ha dejado de ser objeto. Este nuevo acuerdo debería ser parte de la agenda electoral del 2016 y debería ser exigido a los candidatos.

Este sujeto ha evolucionado; cada región usa la autonomía de la que dispone con resultados disparejos y desequilibrados donde importa no solo lo que tienes, sino también lo que eres y de dónde vienes. Así se entiende que el PBI per cápita de Moquegua sea S/. 43 mil y que el de Apurímac sea S/. 5 mil, en una media nacional de S/. 17 mil.

Una última cuestión, sobre la corrupción. Matizo la afirmación del texto que señala que la descentralización no produce corrupción sino que la hereda de un Estado con una larga historia de corrupción y clientelismo. El dato histórico es correcto, pero no explica lo ocurrido en los últimos años en donde la corrupción se ha recreado y se ha convertido en una enorme fuerza social, en algunas regiones quizás una de las más importantes organizadoras de la política. Como diría la academia, la corrupción regional ya hizo sociología.

Monos con metralleta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/monos-con-metralleta-23-01-2015

La República

La mitadmasuno

23 de enero de 2015

Juan De la Puente

Se tiende a pensar que varios de los fenómenos que sacuden recientemente la agenda pública peruana son el resultado de acciones impensadas o disparos al azar lanzados por personajes imprevistos. Esta idea, que la política ha sido tomada por monos con metralleta, debería ser relativizada en favor de una reflexión que explique la irrupción y/o privilegio de formas regresivas de hacer la cosa pública que están llegando para quedarse. En estos casos, la irresponsabilidad de acciones y declaraciones no es sinónimo de disparate.

En cinco días se han tenido noticias de seguimiento ilegal a por lo menos seis actores públicos relevantes (Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo, Marisol Espinoza, Cecilia Tait, Natalie Condori y Tania Quispe); procedimientos que para efectos del análisis deben ser agregados y desagregados en busca de una racionalidad oculta. Salvo el que se realizó a la Vicepresidenta Marisol Espinoza, los otros cinco habrían consistido en operaciones destinadas a elaborar expedientes para el chantaje o para el estatequieto.

Importa dilucidar si estos operativos están a cargo de redes privadas o estatales porque de esto depende no solo la tipicidad del delito sino los móviles, es decir, en favor de qué decisiones se pretendía torcer la voluntad de las víctimas. Si estas redes son privadas estaríamos ante el sucio dinero, importante de atajar pero al fin y al cabo un desborde –doloso– de las bajas pasiones a las que conduce la codicia; pero si las redes fueron públicas, es decir, cualquiera de las instituciones de inteligencia, estaríamos ante la sucia política, el desborde –doloso y peligroso– de la fuerza del Estado para favorecer intereses del poder de turno. Caben otras dos realidades intermedias: 1) que los intereses privados hayan usado –alquilado– la logística del Estado para propósitos privados; y 2) que existan grupos al interior del Estado con lógica de inteligencia propia, lo que se está denominando como “facciones” con objetivos propios.

Cualquiera de estas posibilidades pone en jaque al sistema revelando su debilidad, vulnerabilidad y podredumbre, porque tanto lo privado/sucio como lo público/sucio concurren a un nuevo estadío, la delito-política, la fase superior de la antipolítica, una forma de gestionar la representación que, a los manejos dolosos del erario público patentizado en los escándalos que explotaron el año pasado, suman otras regularidades como el registro de la intimidad familiar y el acopio de datos en los registros públicos. De allí al chaveteo en los callejones solo hay un paso, incluso si, como al parecer sucede, una cosa es el espionaje y otra la misteriosa distribución de expedientes.

Varias preguntas emergen de este fenómeno que quizás no les interese mucho al Congreso y a la fiscalía que investigarán las denuncias de seguimiento: ¿Esta forma de organizar el juego político y las relaciones con los opositores y con los propios tiene un peso decisivo en el Estado? ¿Cuántos recursos y tiempo distrae a los tomadores de decisiones organizar u ordenar estos operativos y prestar atención a sus hallazgos teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas? ¿Las instituciones a cargo de estas operaciones tienen también una participación en la elaboración de la agenda pública y por lo tanto voz en el gobierno del país? ¿Por qué callan los funcionarios víctimas de estas prácticas ilegales?

En un país donde se justifica que los procuradores graben a los ministros (lo que hace suponer que los ministros pueden grabar al Presidente) se torna aceptable que el gobierno grabe y espíe a todos. Esa es otra política, la de baja intensidad, la de los aparatos ocultos, de los equipos de chuponeo, de las investigaciones de la vida privada, las filtraciones a la prensa, de la prensa que abraza las primicias con escaso sentido crítico y del ajuste de cuentas por lo bajo. No es la política del debate abierto, de la lealtad hasta en la discrepancia y la disidencia, del juego político de cara a los ciudadanos donde son ellos los que deciden y no los expedientes X; es otro país, el Perú Watergate. ¿Hemos liberado esas fuerzas?

teatro, política y memoria

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/teatro-politica-y-memoria-16-01-2015

La República

La mitadmasuno

16 de enero 2015

Juan De la Puente

El cuadro es propio de las tablas: una obra de teatro divide a un gobierno durante algunas horas, y la escena es clásica, con público, corifeos, sin máscaras, con la muerte y el dolor como motivos de la discusión. Atravesado por un hondo conflicto es un drama intensamente revelador de un tema crucial de la agenda nacional.

Lo sucedido tiene un signo épico y al mismo tiempo poético; permite contar una vez más lo sucedido durante el ciclo de la violencia política, aunque esta vez la narrativa oficial es interrumpida por discursos surgidos desde el mismo Estado que cuestionan aquella visión predominante que se resiste a hurgar en la violencia y el terror y a ejercer la memoria.

Es el fin de varias certidumbres con la señora Libertad en el centro de la escena. Al final del acto queda establecido que una cosa es la obra “La Cautiva” como expresión artística libérrima, y otra es la responsabilidad pública de garantizar la seguridad. Atajada la pretensión totalitaria de sujetar lo primero a lo segundo se desvanece la idea de convertir una expresión artística, o cualquier otra manifestación humana, en un medio político obligado.

No debe perderse de vista en este drama a los personajes no tan secundarios, entre ellos el oficial de la Dircote que filmó la obra, asistió al debate luego de la puesta en escena y elaboró el informe que la prensa ha difundido, y en el que sobresale más que las preocupaciones sobre Sendero Luminoso (SL) su sorpresa porque la obra contenga diálogos “en los que se deja entrever poderes, opresión y explotación  subliminalmente introducidos”. Aunque pareciera una figura escapada de las tramas de las novelas del boom latinoamericano, no lo es; lamentablemente corresponde a un estereotipo salido de las escuelas de formación de las fuerzas de seguridad donde predomina la convicción de que la crítica social es sospechosa de subversión.

Lo nuevo, sin embargo, no es ni el policía ni el informe, ni siquiera el argumento que afirma que la policía puede investigar “lo que quiera” en su lucha contra el terror. Lo nuevo es la ruptura del consenso conservador estatal alrededor de estos temas, la defensa de la libertad desde el espacio público y el desafío interno lanzado a quienes creen que toda mención a la violación de los DDHH por las FFAA y la policía es una afrenta a la lucha contra el terrorismo. En tal sentido, el comunicado del Ministerio de Cultura y las precisiones realizadas por la Presidenta del Consejo de Ministros recuperan una visión democrática siempre escasa en la lucha por la paz. No más monólogos.

Por los resultados, lo sucedido tiene mucho de positivo. A pesar de ello, ha sido otro episodio que revela la falta de compromiso de una parte considerable del Estado y de la sociedad con la memoria y la persistencia de una visión que reduce los años de violencia a una epopeya que enfrentó a los malos vencidos contra los buenos que vencieron, sin referencia al contexto de los hechos, a los orígenes y a las causas históricas.

Este drama que enfrenta a la memoria y a la antimemoria no ha concluido y es más actual de lo que parece. Un sector de la sociedad y de funcionarios no entiende la ficción, el arte y el argumento artístico, pero tampoco entiende los desafíos de la construcción de una comunidad nacional basada en la verdad y la justicia. Esa parte conservadora del país cree que es suficiente el rencor contra los terroristas derrotados y que el dolor de las víctimas de la violencia estorba el odio.

Esa opción está vigente; se expresó hace semanas cuando el máximo responsable de la seguridad tuvo una pelea a gritos con un jefe de Sendero Luminoso (SL). El altercado fue celebrado como una muestra de valentía y un modo eficaz antiterrorista, la misma que no ha impedido que SL forje una alianza electoral con miras al 2016. Ellos que son los primeros beneficiados con la antimemoria, esa narrativa que se queda en los cantares de gesta y considera que los vencedores no deben hacerse cargo de las causas de la guerra porque estas no existían.

Charlie Hebdo, libertad vigilada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/charlie-hebdo-libertad-vigilada-09-01-2015

La República

La mitadmasuno

9 de enero de 2015

Juan De la Puente

Leo entrelíneas alusiones a una supuesta incitación de las caricaturas del semanario Charlie Hebdo como el origen del reciente asesinato de 12 personas en París, entre ellas varios periodistas. De estas insinuaciones se desprende que hubo provocación, exceso, burla y blasfemia; así, suave nomás, se justifica la masacre de hombres libres perpetrada por quienes se sienten ofendidos por las ideas de otros, estigmatizando la sátira y la ironía.

Es dramático que la sátira, un estupendo recurso que pone en evidencia los vicios de la humanidad –léase los elementos satíricos de “El Quijote”, “El Lazarillo de Tormes” o “Las aventuras de Tom Sawyer”– y critica desde el humanismo lo que debe ser cambiado, devenga en la causa moral del asesinato, haciendo de la frase de Mark Twain “La verdad es lo más valioso que tenemos, economicémosla”, una sospecha. Pasa lo mismo con la ironía; los asesinos de París creen que no es un discurso, un magnífico método de persuasión y una propuesta elocuente. Quizás le teman y prefieran la vieja retórica plana en la que importa más la opinión que la verdad.

La sátira y la ironía son construcciones que desde hace siglos colisionan con el fundamentalismo, que además de carecer de ideas, no tiene humor, y a la que también le falta una adhesión principista a la libertad y a una de sus altas expresiones, el arte. Los fanáticos desconfían de los artistas, de los comediantes y de la risa, otro recurso que, como decía Fedor Dostoievski, necesita ante todo de sinceridad.

Es debatible el interés religioso como determinante de la actividad terrorista mundial. De hecho, estas acciones no afectan las ideas religiosas que el islamismo radical considera enemigas; ellas están ahí. Sí pone en riesgo un sistema edificado sobre valores convertidos en estructura social, y organizada en torno a libertades y derechos. No proponen enriquecer este sistema, que es el debate sobre el cambio social vigente, sino empobrecerlo. Los que disparan en París, degüellan periodistas en Irak y Siria, azotan a las mujeres que no llevan el niqab, prohíben la venta de alcohol, que hombres y mujeres se mezclen en lugares públicos, y sancionan mediante castigos atávicos como decapitaciones, amputaciones y latigazos.

En la justificación de la masacre de Charlie Hebdo encuentro una defensa religiosa como pretexto totalitario y dogmático; nos oculta un hecho cierto: quien en el siglo XXI asesina en nombre de su dios es el mismo que hace 5 mil años realizaba sacrificios humanos y el que quemaba en la hoguera a los infieles hace tres siglos. Ese hombre está premunido de una razón política a la que concurre la fe como convicción poco religiosa pero dotada en cambio de un poderoso discurso sobre la convivencia forzada con dogmas arbitrarios más que con las leyes.

Dios, las leyes morales que le adjudican y los libros sagrados fueron siempre un excelente pretexto para que los hombres maten a sus hermanos y se apropien de su trabajo y de sus derechos. Tomás Hobbes sustentó que la única forma de evitar o limitar este salvajismo que consideraba natural era construir un pacto civilizatorio. La garantía de este pacto ha evolucionado hasta situarse en un estado democrático y social de derecho a pesar de dos guerras mundiales y de varias otras regionales motivadas por el saqueo de recursos y la hegemonía de sistemas políticos.

Todavía vivimos en un mundo donde quienes se empeñan en hacer hablar a los dioses, santos y profetas son los mismos que hacen hablar a las armas con otros fines. Por ello, sería cómodo para el análisis reducir esta confrontación a una guerra de civilizaciones y culturas entre un occidente moderno, cristiano y democrático y un oriente radical, atrasado e islamista. Túnez, de mayoría musulmana, acaba de revalidar en las urnas un régimen laico, en tanto Grecia, occidental hasta la médula, resiste la austeridad del FMI y la troika europea que ha empujado a millones a la pobreza. El mundo es sacudido una vez más por fuerzas que pugnan por eliminar derechos y libertades, y eso no debería pasarse por alto.

Las tres ideas del 2015. 02/1/2015

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La República

La mitadmasuno

2 de enero de 2015

Juan De la Puente

En el escenario que se organiza de cara a las elecciones del próximo año imposible pedir una reconciliación política. La competencia partidaria tiene sus propias leyes y la etapa cuyo inicio coincide con el nuevo año tendrá más de confrontación que de cooperación. En cambio, suena sensato demandar dos condiciones para el desempeño de la agenda pública: estabilidad y veracidad con el futuro.

Lo primero es deseable pero difícil de lograr, considerando la debilidad del gobierno y de la oposición, el amplio campo de maniobra de los medios, la falta de control (y de autocontrol) de algunos hombres públicos e instituciones, y la vida propia que adquirieron un puñado de escándalos, denuncias y controversias. Aun así, debe tenerse en cuenta que un escenario extremadamente inestable no parirá necesariamente un gobierno fuerte y con apoyos iniciales sustantivos.

La veracidad de las propuestas obliga a un compromiso con el porvenir más que con el presente. No obstante, los fenómenos que marcaron el año pasado, la explosión de la corrupción, la desaceleración de la economía, el delito como el principal problema nacional y la crisis en varios órganos del Estado no tendrán la misma respuesta. Tres ideas que responden a esta realidad son y serán ensayadas este año, y tendríamos que ser conscientes más allá de las banderas partidarias e ideológicas de sus efectos en el mediano plazo y de los riesgos para nuestro futuro.

La primera es la del inmovilismo; es la idea que preconiza que casi todo está bien, salvo pequeños desajustes. Esta perspectiva conservadora señala que si el país vuelve a la senda del crecimiento económico a una tasa alrededor del 5% y que si se pone freno a las tendencias antisistema, habría que cambiar poco, a lo sumo controlar la corrupción y contener el crecimiento del delito. Privada de un análisis sobre el origen de las cosas, esta perspectiva acrítica y cortoplacista se apresta a repetir el libreto de las elecciones del 2006 y 2011 premunida de la convicción de que todo cambio ofrecido tiene el tufo chavista.

La segunda es la del cambio muy acotado; es la idea que preconiza un abordaje de las consecuencias con poco énfasis en las causas. Por ejemplo, frente al estallido de la corrupción, propone más control; y ante el auge del delito, más penas, más policías, más cárceles y más autoseguridad. Esta perspectiva predomina entre líderes y partidos políticos y desde esta visión se construirán la mayoría de discursos y programas para el 2016.

La tercera es la de la reforma; es la idea que con matices señala que si bien no todo está mal, ha concluido el impulso de la transición iniciada hace 14 años y que el país necesita abrir un nuevo ciclo de renovación institucional y de políticas. Esta perspectiva tiene una diferencia crucial con los programas que compitieron en la segunda vuelta del 2006 y con el que ganó la segunda vuelta del 2011, todos ellos más centrados en el cambio económico, al señalar que el cambio político-institucional del Perú es apremiante e imprescindible.

¿Por qué esta idea que ha definido los ciclos de cambio en los que se embarcan Chile y Uruguay, y en menor medida Colombia y Brasil, no es mayoritaria en el Perú? Imposible responder sin tocar sensibles fibras de nuestra conciencia colectiva, de nuestro violento pasado reciente y de nuestros fracasos de la última década. Alberto Vergara ha definido con acierto esta conciencia como expresión de un desencuentro entre dos promesas, la neoliberal y la republicana.

Esta conciencia amenaza con ser permanente. La idea de la reforma no es popular, es contestada desde los medios y el poder económico con desconfianza, la academia remolonea frente a ella y hasta la izquierda, históricamente sensible, se distancia. De esta negativa colectiva parece haberse escapado una parte de esta reforma, la que refiere a las reglas de juego electoral que, sin embargo, el Congreso ha secuestrado. Aun así, a pesar de su soledad, esta idea se encuentra a la búsqueda de una representación política. Ojalá la encuentre.

2014, el año del estallido. 26/12/2014

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La República

La mitadmasuno

26 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

A diferencia del año pasado, abigarrado en sucesos que era necesario desenredar para anotar los de mayor incidencia, un balance objetivo del 2014 no puede evitar señalar cuatro fenómenos que lo definieron inevitablemente: 1) la explosión de la corrupción; 2) la desaceleración de la economía; 3) la consolidación del delito como el principal problema nacional; y 4) el agravamiento pernicioso de la crisis en varios órganos del Estado.

Es arriesgado señalar cuál de estos fenómenos es más decisivo para la formación del escenario público nacional. No obstante, dos de ellos, la corrupción y el agravamiento de la crisis de seguridad, se relacionan directamente con otro que los determina y los hace sostenibles, la crisis en varios organismos cuyas funciones en el sistema político son insustituibles para la vigencia de la legalidad: el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Para efectos de un análisis ponderado, también es difícil agregar fenómenos de tan similar intensidad, especialmente por la necesidad de proyectar tendencias. Con ese afán, lo más irrebatible reside en el carácter de estallido de los fenómenos señalados, es decir, en su explosiva ocurrencia y en las revelaciones, procesos, sagas y personajes que irrumpen con ellos con cierto furor y violencia.

Este estallido refleja una crisis que nos ha cambiado y nos cambiará aún más; nos ha traído otra política, una que ha llegado para quedarse debido a dos de sus componentes: 1) una creciente falta de legitimidad de lo público y por extensión de los hombres públicos, aunque también comprende a la sociedad: y 2) la asimilación de este estallido por el establishment y de los ciudadanos, ambos en distinto sentido, como una forma de legitimación cultural de lo existente que zanja de un modo pragmático las relaciones entre los intereses públicos y los apetitos privados a decir del profesor Daniel Bell, y que en nuestro caso no es posible determinar por cuánto tiempo.

En el sistema político peruano, la procesión a veces va por dentro y otras por fuera. La intermitente salida del closet de la crisis de legitimidad de nuestra sociedad no es una originalidad nacional, por lo que no habría que extremar las visiones catastrofistas sobre que algo feo pasará aquí en muy poco tiempo. Del mismo modo, su visibilidad tampoco es garantía de que se resuelva; las mejores perspectivas económicas para el año 2015 impiden mayores discusiones “sobre el modelo” que las ya realizadas, en tanto que el bloqueo de toda posibilidad de reforma institucional, aun las mínimas, hace que marchemos al 2016 sin cambios en las reglas de juego. En ese contexto, el sistema no hará nada respecto de una crisis que incluso algunos académicos se resisten a nombrar cono tal.

Sobre la corrupción, los datos más sólidos son dos: que una pequeña parte de la sociedad ha empezado a reaccionar frente a ella, ante la crisis y la nueva política que esta implica aunque la tendencia rupturista es extremadamente débil. El segundo dato proviene de todos los sucesos que agregados indican una tendencia social predominante de acondicionarse al estallido, de caminar con esa política, no renunciar a ella y, obviamente,  gobernar con ella todo el tiempo que sea posible.

No identifico una voz nacional potente que recuse la crisis y proponga resolverla. De cara a las elecciones, los discursos que se articulan sufren de minimalismo, salvo las medidas de mano dura en clave conservadora que asoman respecto a la seguridad ciudadana pero que carecerán de correlato legislativo y constitucional y por esa vía también serán bloqueadas.

El estallido del 2014 va camino a ser tragado por esa enorme panza peruana llamada conformismo, falta de voluntad, conservadurismo o racionalismo pragmático. El estallido no deja de ser tal pero parece que ha empezado a parecerse a fuegos artificiales, de los que emergen casos de corrupción indudable congelados en los tribunales, ministros populares que dirigen sectores con percepciones espantosas y promesas de cambio que si no ahora, mañana no serán tales.

Ausentismo, votos en blanco y viciados. 19/12/2014

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La República

La mitadmasuno

19 de diciembre de 2014

Juan De la  Puente

Si un porcentaje importante de electores no acude a votar y si otro porcentaje considerable que lo hace invalida su voto o vota en blanco, se produce un efecto político institucional que incide en la calidad de la representación, especialmente en la legitimidad de origen de los elegidos. Esto ha sucedido en el país en las recientes elecciones regionales y municipales con el ausentismo electoral y los votos en blanco y viciados, un fenómeno que debe ser puesto en el contexto de la fragmentación política, la debilidad de las representaciones y otros registros de los que se ha dado cuenta.

Es cierto que el ausentismo entre la primera y la segunda vuelta regional se ha incrementado del 16% a 24%, ocho puntos porcentuales que podrían atribuirse gruesamente al desinterés de los ciudadanos por las dos opciones que compitieron el 7 de diciembre. No obstante, este incremento no ha operado de modo homogéneo y fue más pronunciado en algunas circunscripciones, y en más de un caso agregándose a los votos en blanco y viciados.

Uno de esos casos es el del Cusco. En la primera vuelta el ausentismo fue del 16% y los votos en blanco/viciados (B/V) sumaron 18%. Para la segunda vuelta y siguiendo la tendencia nacional, el ausentismo subió al 26% pero los votos B/V escalaron al 22%, con desagregados cruciales. En el cercado del Cusco los votos en blanco y viciados alcanzaron 31% y ocuparon el segundo lugar, en tanto que en los distritos de Santiago y Wanchaq alcanzaron el 28% y 32%, respectivamente. En la provincia del Cusco, los votos B/V ocuparon también el segundo lugar.

Esta tendencia se profundizó en algunas provincias y distritos. En Espinar los votos B/V fueron más que los obtenidos por el ganador de la segunda vuelta regional. En el distrito de Santa Ana (Provincia de La Convención) hubo 31% de ausentismo y 42% de los votos emitidos fueron en blanco y viciados. Llama la atención que en esa provincia el ausentismo haya escalado al 48% y que en otros dos de sus distritos, Vilcabamba y Echarate (uno de los más ricos del país por el nivel de ingresos per cápita), no hayan acudido a votar el 54% y 52%, respectivamente.

En Arequipa los votos B/V en la segunda vuelta alcanzaron el 28%, y en 19 distritos de esa región los votos B/V ocuparon el 2% lugar y en otros 8 el primero. En la provincia de Islay, donde se localiza el polémico proyecto Tía María, los votos B/V sumaron el 31% y en dos de sus distritos, Dean Valdivia y Cocachacra, alcanzaron 46% y 45%, respectivamente.

Otros registros de ausentismo deben ser tomados en cuenta entre la primera y segunda vuelta. En Apurímac pasó del 20% al 31%; en Áncash del 18% al 27%; y en Puno del 13% al 20%.

Un hecho que relaciona estos resultados es que en estas regiones se desplegó una campaña por el voto viciado con el argumento de las denuncias o procesos judiciales de los candidatos o, más específicamente, del estallido de la corrupción. En la Provincia del Santa (Chimbote) no fue a votar uno de cada cinco electores y entre los que fueron, uno de cada cuatro vició su voto o votó en blanco.

El debate de la emergencia del voto en blanco o viciado o del incremento del ausentismo electoral no puede ser legal. Estos hechos no afectan la legalidad del mandato de los elegidos, Sin embargo, promueve una discusión sobre el déficit de legitimidad de los representantes, su desgaste aun antes de asumir el cargo y las brechas de confianza al interior de cada región, colocando a sus flamantes administraciones en una incómoda cuesta arriba.

En estos y otros casos, las claves de la gestión no residen exclusivamente en las políticas públicas. Obligan a construir primero un gobierno antes que un equipo, e imponen detenerse más en la política que en los planes. El riesgo de ignorar la naturaleza del mandato electoral puede conducir a que por lo menos dos tercios de los nuevos presidentes regionales crean que no necesitan de gobernabilidad, alianzas, agendas políticas y discursos para re-unir a sus regiones. Más que nunca necesitan de la política, y de la buena.

La caída del emblema. 12/12/2014

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La República

La mitadmasuno

12 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.

En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.

El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.

No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.

Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.

Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.

Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 

Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

Cazadores de talentos.05/12/2014

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La República

La mitadmasuno

5 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

La reciente encuesta de GfK publicada por La República vuelve a indagar por la aprobación de siete líderes, cuatro de los cuales serán sin duda candidatos presidenciales el 2016. Los datos que ofrece el sondeo revelan limitadas capacidades de representación y una reducida plataforma desde donde partirán en una campaña electoral que desde ahora se anuncia con más pasajeros que las anteriores. Las cifras no son un buen punto de partida.

Salvo Luis Castañeda, que aumenta casi 20 puntos de aprobación, explicado por su reciente victoria electoral y las expectativas en su gestión, el resto de líderes conserva casi inalterable la aprobación de los últimos 18 meses. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski muy por encima del tercio, 43% y 40%, respectivamente; Lourdes Flores, otra excepción, ha descendido del tercio a 27%, en tanto Alan García y Alejandro Toledo se sitúan alrededor del quinto, AGP con el 23% y Toledo con el 17%. GfK ha empezado a medir a César Acuña que obtiene 15%.

Los desagregados de las cifras son interesantes. Castañeda es aprobado de modo homogéneo en los sectores C, D y E, pero ofrece un bajón en los sectores A/B donde cae varios puntos. Sucede otro tanto con Keiko, con 10 puntos menos en A/B pero que sube en el sector D. 

Al contrario, PPK es mucho más aprobado en A/B donde alcanza 51% pero cae en el sector D a 27%; sucede lo mismo con Lourdes que sube a 40% en A/B y baja a 17% en D. En cambio García y Toledo son un tanto más homogéneos en sus aprobaciones; el último solo cae ligeramente en A/B.

Se aprecia también significativas brechas entre Lima y las regiones. Líderes trajinados, dos ex presidentes, García y Toledo, obtienen un respaldo homogéneo en la capital y fuera de ella, y lo mismo sucede con Keiko, premiada por su activismo en las regiones y el efecto de su afán de construir un partido. En cambio, la brecha Lima/Regiones es alta en el caso de Castañeda (21 puntos), PPK (16), Lourdes (13).

La aprobación territorial es mucho más compleja y desafiante. Castañeda es débil en el centro, sur y oriente del país, en tanto Keiko es fuerte en el norte y sur, desmintiendo en su caso el antagonismo sociopolítico de estas zonas, aunque cae en el centro. PPK y Lourdes aparecen con bajas aprobaciones en el sur y en el oriente, mientras que a García le va mejor en el centro y sur, y no en el norte, confirmando la crisis del imaginario aprista del “sólido norte”, territorio donde Acuña trepa al 25%.

Estas cifras reflejan la baja implantación de un liderazgo nacional apto, confirmando lo que las elecciones del 5 de octubre revelaron, es decir, la ausencia de un voto nacional en medio de un país políticamente fragmentado. El análisis que pretendió argumentar que les va mejor a los líderes sin sus partidos debería ser revisado porque salvo en Lima, la suerte de unos está aparejada a la de los otros. Podría decirse que la campaña no ha empezado, aunque esto no cambia el fondo del asunto: salvo Keiko, los candidatos no parecen tener a la mano instrumentos propios para penetrar o regresar a las regiones.

Tampoco suenan liderazgos regionales de proyección nacional. El que está en lisa, Acuña, ha dicho que no postulará a la presidencia, y solo se rumora la del actual Presidente de la Región Moquegua, Martín Vizcarra, de modo que como en el pasado los líderes nacionales irán a la caza de los votos en las regiones con la cooptación de movimientos regionales y candidatos independientes, fagocitando al ya débil regionalismo.

Con el único “sólido” capitalino, esta caza será crucial y riesgosa; el reclutamiento de líderes regionales por líderes limeños tiene historia en los tres últimos parlamentos, cuando la mayoría de los pillados en falta fueron producto de arreglos políticos y financieros para vestir nacionalmente candidaturas capitalinas. En cualquier caso, este mecanismo de nacionalizar lo limeño tiene como consecuencias gobiernos débiles y parlamentos fragmentados que no logran representar o que pierden con rapidez la legitimidad de la representación.

¿Quién se ocupa de las crisis?

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La República

La mitadmasuno

21 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Los afanes por reformar las instituciones están experimentando un brusco impulso porque el objeto del cambio se amplía y se complejiza, y se hace por ahora más inaccesible. El grupo de temas “reformables” en los cuales sobresalían las reglas electorales, los partidos y la representación empieza a ser desbordado por un desafío mayor, la crisis de instituciones que se ubican en la segunda línea de importancia en el régimen político, la de los organismos constitucionalmente autónomos.
La elección de los miembros del Tribunal Constitucional coloca a ese organismo en una dirección de fortalecimiento institucional que parece prometedora. En cambio, la situación de la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) empeora. Sobre ellas, el sistema guarda silencio y no ha podido instalar una lógica de cambio, aún mínima.
Sobre la Contraloría el asunto es aparentemente más sencillo. Su problema es la debilidad que el estallido de la corrupción ha desnudado y se refiere principalmente al alcance del control y al trámite judicial de los hallazgos de corrupción. El mismo contralor ha revelado que en el 78% de las entidades públicas no se realiza ningún tipo de fiscalización por la falta de Oficinas de Control Interno (OCI) y que la situación se agrava en las regiones donde solo el 4% de entidades cuenta con estas oficinas.
Somos un país sin control; este elemento estructural no es atendido por los dos organismos directamente relacionados con esta escasez, el Ejecutivo y el Congreso. En este último caso, el Parlamento ha aprobado solo 3 de los 10 proyectos de ley presentados por la Contraloría desde el 2011.
La crisis del Ministerio Público es la más aguda de todas. Esta podría conducir a que el Fiscal de la Nación sea retirado del cargo por el Congreso o por el CNM, aunque el problema es más complejo: la institución ha sido impactada por prácticas ilegales, arriba, al medio y abajo, aderezadas por movimientos extraños, es decir, sanciones a los que cumplen su trabajo, complacencia con  los que han cruzado la línea en dirección a las redes ilegales y cambios de colocación mal explicados.
Una reforma del Ministerio Público que defienda su reserva moral y erradique sus prácticas cuestionadas no será posible por ahora porque la única institución llamada a promoverla, el Parlamento, no puede hacer más de lo que ha hecho. Las comisiones investigadoras en funciones o las que se formarán en breve solo se abocarán a casos específicos porque en el Legislativo no hay ni habrá una mayoría dispuesta a encarar un cambio serio en ese organismo.
La crisis en el CNM es inocultable y pierde con celeridad su cuota de legitimidad al compás de sus líos internos y escandalosos episodios. Lo más grave reside en la creciente convicción de que el CNM es un canal de contagio de la corrupción. Solo habría que leer con atención las detalladas crónicas de Ricardo Uceda publicadas en este diario para saber que algo feo se cocina allí y que se seguirá cocinando.
La salida a estas crisis está bloqueada porque los llamados a resolverla no están a la altura de las circunstancias. En lo que queda para las elecciones del 2016 la situación se agravará y es difícil imaginarse el grado de su impacto en la agenda electoral de ese año. No obstante, como ha sucedido con las demandas de cambio a inicio de la década pasada, existen pocas posibilidades de que “alguien” se haga cargo de estas instituciones cuyas funciones son cruciales para anular los actos de uno y otro lado, entregar derechos a pesar de no participar en el juego de balance político y establecer controles y mecanismos correctivos para los otros elementos del sistema.
Con el telón de fondo de la corrupción, de la ofensiva del crimen organizado y sumando la larga crisis del Poder Judicial y de otras instituciones, la democracia que se renovará el 2016 será de muy baja intensidad y más destartalada que la de este período. El escaso clima de cambios actual no roza el ámbito institucional. En este país y por ahora nadie se ocupa de las crisis.

Impacto profundo y fecundo

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La República

La mitadmasuno

14 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Para la sociedad peruana, el crimen y la corrupción ya no tienen largo plazo. Todo se juega ahora. Por ello, es significativo que tres de los ocho temas de CADE 2014 que se realiza esta semana sean precisamente crimen, corrupción y administración de justicia. La irrupción de esta triada en la agenda de un evento generalmente enfocado a los desafíos inmediatos del mercado, revela el impacto social del actual estallido del delito violento y de la corrupción o, realistamente, envía el mensaje de que estos temas ya son desafíos urgentes de la empresa y los negocios, y que el largo plazo está aquí.
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.

La epidemia de la violencia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-epidemia-de-la-violencia-07-11-2014
La República

La mitadmasuno

7 de noviembre de 2014

Juan De la Puente

Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

Matar a Susana, aquí y ahora

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/matar-a-susana-aqui-y-ahora-31-10-2014
La República

La mitadmasuno

31 de octubre de 2014

Juan De la Puente

Las izquierdas procesan con dificultad el resultado electoral. La primera reacción ha sido crucificar a Susana Villarán acusándola de crímenes de lesa política, que irían desde la apertura a otras tiendas y sectores, hasta de una supuesta abjuración de su identidad. Este deleite cainita no debería impedir un balance menos familiar de las elecciones y leer  entrelíneas algunos análisis, sobre todo los que se reducen a las elecciones en Lima, los que ocultan el fracaso de la izquierda partidaria en las regiones o los que minimizan la pérdida de un voto nacional en favor de la izquierda.
Matar a Susana aquí y ahora además de injusto no resuelve nada. En Lima, la derrota es más que una pérdida electoral; refleja dos hechos que serán relevantes de cara al 2016: 1) la derrota de la unidad, una esperanza en un momento crucial de nuestra democracia, precaria y enfrentada al cambio; y 2) la pérdida de un caudal de votos imprescindibles para re-construir una alternativa.
Es cierto que Villarán cometió errores aunque entre estos no se encuentra el esfuerzo de apertura, un gesto que ningún candidato en el Perú podría darse el lujo de subestimar; fueron más bien errores en la ejecución de la apertura, especialmente en la relación con determinados actores. El resto de grupos se fueron por las ramas, desbarrando entre el pragmatismo y el tradicional apuro que deviene de un histórico desorden.
Mientras Alianza para el Progreso (APP) se presentó en 23 regiones, el fujimorismo en 18, y Acción Popular en 16, el Frente Amplio se presentó en 11, el mismo número que el Apra. En donde el Frente Amplio (FA) participó no le fue bien; en Lima, su mejor resultado fue en Ancón (1,22%) y en las regiones, en Lambayeque (2,65%). En algunos casos, como en el Cusco, Puno y Moquegua, el FA se emplazó contra la izquierda regional solo para ser derrotado. Por ejemplo, en Chota, el MAS le ganó al Frente Amplio 42% a 0,7% y en el Cusco Tierra y Libertad obtuvo poco más de 5%.
La limeñización de las izquierdas partidarias es una realidad y el Frente Amplio está prácticamente muerto en tanto que su grupo más organizado, Patria Roja, ha obtenido sus mejores resultados fuera de ella, en Cajamarca y en Madre de Dios. De cara al 2016 se hace patente un derrotero cuyo ritmo será marcado por la agrupación propietaria de la única inscripción electoral; el esquema aprendido en los últimos 35 años está dibujado: una azarosa negociación de pequeñas cúpulas que reciben el nombre de “nacionales” de espaldas a miles de militantes sin partidos y de la izquierda extrapartidaria, que parirá un espacio estrecho resistente a la apertura.
En las izquierdas escasea el liderazgo, ese componente crucial de cualquier proceso de agregación de actores políticos. No obstante, el problema no parece ser solo de perfil e identidad sino también de proyecto. Lo que hace dos años aparecía como una izquierda nueva, innovada por un programa ambiental y reformador institucional, y que iría a estrenarse en estas elecciones, ha tenido poca fortuna y ha sido derrotada en casi todas las plazas donde se procesan conflictos de naturaleza extractiva.
Es tarde para un modelo de unidad tipo Frente Amplio; la fórmula ya no es posible y quizás ni necesaria. Como en otros países, la izquierda existe y ha sido resistente a la prédica depredadora de la derecha y sobrevive a sus propios errores; no obstante, está cada vez menos presente en los partidos y más en la sociedad, en una suerte de dualidad que debería ser asumida, una izquierda partidaria y otra social/regional.
De cara al futuro la interrogante reside en la capacidad de esa maltrecha izquierda partidaria para relacionarse con la izquierda social/regional sin intentar ponerse primero en la fila sino animar una gran convergencia con vocación de apertura. Lamentablemente, sus líderes todavía están ocupados matando a Susana y con un discurso que va en sentido contrario. Es curioso: izquierdas que celebran la apertura de sus pares en Brasil, Uruguay y Bolivia pero que consideran que su deber aquí es enconcharse.

Los demonios del centro

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-demonios-del-centro-24-10-2014

La República

La mitadmasuno

24 de octubre de 2014

Juan De la Puente

La primera reacción gruesa al resultado electoral del 5 de octubre la ha tenido Alan García, quien se ha planteado un tentador derrotero: 1) la formación de un frente por el que sea candidato; 2) que el gobierno del 2016 no sea “de un partido”; y 3) que las elecciones del 2016 sirvan para “consolidar y salvar la política”.

Salvo el Frente Democrático Nacional de 1945 y la alianza AP-DC de 1963, los frentes preelectorales en el Perú no tuvieron la fortuna de ganar la Presidencia de la República (Fredemo 1990, IU 1985, Unidad Nacional 2001 y 2006, Frente de Centro 2006 y Perú Posible-AP-Somos Perú 2011), resultados que llevan a la presunción de que los frentes no conducen a una progresión aritmética, no suman sino restan. Otras alianzas permitieron juegos menores como el Apra-Uno en los años 60 o Izquierda Unida en 1983. En cambio, nuestra cultura política es más propicia para alianzas menos expresas (la convivencia Apra-Pradismo 1956/1962 y Apra-Fujimorismo en el Congreso 2006-2011) o pactos postelectorales (AP-PPC 1980/1984, PP-FIM 2001/2006 y el actual PP-Nacionalismo).

Es difícil que esta tendencia se altere el 2016; las posibilidades del Apra de formar un frente con partidos nacionales de cierto peso están casi cerradas, a excepción de Solidaridad Nacional. Asimismo, un pacto Apra-PPC es muy sugerente (Lourdes Flores lo hace muy seductor, al ritmo del alcatraz, ¡a que no me quemas!), pero poco viable más por el antiaprismo pepecista que por la falta de apertura del partido de Haya.

El modelo de frente que intentan García y el Apra parece ya estar dibujado y se orienta hacia abajo. En las recientes elecciones, el aprismo ha procesado una apertura regional, la única entre los partidos nacionales, con la formación de frentes con interesantes resultados: Alianza Popular (Cusco) obtuvo 10%; Paisanocuna (Huánuco) 10,5%; Juntos por Junín (Junín) 14,5%; Seguridad y Prosperidad (Piura) 18%; y Patria Joven (Lima Provincias) 14%. Es cierto que también ha perdido por 10 puntos en La Libertad (33%) y por 14 en Lambayeque (19%) pero ha obtenido 900 mil votos en Lima, que no son solo suyos pero que García ha empezado a degustar sin invitar a nadie. En el Callao ha formado una alianza omisiva, dejando que postulen los candidatos de Chim Pum Callao en la idea de que este grupo se sume al Apra el 2016.

Ese modelo de alianzas hacia abajo tiene demonios a ser encarados; obliga a un movimiento hacia el centro, el único espacio que le permitiría a García llegar a la segunda vuelta y ganarle a otra posible inquilina de esa ronda, Keiko Fujimori. No obstante, ese espacio tiene leyes propias porque no todo centro es atractivo electoralmente y porque como apunta Juan Carlos Tafur (Exitosa Diario 19/10) el ciclo de los centros inactivos, solo moderados, parece estar llegando a su fin.

La moderación activa es una opción interesante de cara al 2016, es decir, un centro reformista, audaz y de convocatoria social. García parece haber advertido ello y por eso junto a la idea del frente ha lanzado dos añadidos, un gobierno que no descanse en un partido y que salve a la política. Allí sí se complican las cosas porque las evidencias indican que no será posible salvar a la política debilitando más la participación de los partidos en el juego electoral. La que viene será una elección en la que los partidos no elegirán a sus candidatos sino los candidatos elegirán a sus partidos, pero todo tiene sus límites.

El más grande desafío de un frente centrista es la identidad; el centro es un programa, un discurso y una actitud, y no parece viable uno de cara a las regiones y provincias con un pie en la derecha, esa que no entiende ni una pizca de lo que pasa fuera de Lima. No obstante lo dicho, en este momento el único candidato presidencial que puede intentar esta ubicación es García, que ha empezado a moverse y a hablarle al país, mientras la izquierda, el PPC y AP les siguen hablando a sus militantes y el fujimorismo achica su cancha enredado en una pugna explosiva con el gobierno que con inteligencia el Apra atiza sin quemarse.