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martes, 15 de agosto de 2017

La huelga y la opinión pública. Sobre la encuesta de Ipsos.

Por Juan De la Puente
Uno de los errores más comunes en el análisis político es el exceso de la agregación, que no permite apreciar los fenómenos que componen el escenario y por lo tanto impiden advertir las tendencias en curso y las brechas entre los hechos y actores. El otro extremo es el exceso de la desagregación, la apreciación aislada de los hechos, es decir, la pérdida de contexto.
He visto algo de lo último en algunos análisis de la huelga magisterial, un intento de observación que ignora varios elementos, especialmente los siguientes: 1) una huelga que dinamiza y forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) en confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) a cargo de una dirección ubicada en el extremo izquierdo de los movimientos sociales, maoísta y posmaoísta; 4) que se encuentra en disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) con una parte de su dirección marcadamente economicista, que subestima la reforma para mejorar la calidad de la educación.
Fuera del contexto, la huelga es una expresión de demandas legítimas que el gobierno está en la obligación de “resolver”, sin decir en qué sentido y cómo. Fuera de contexto, la huelga se dirige también contra el SUTEP oficial, y es bueno ello porque ya es hora que el SUTEP sea “liberado” de Patria Roja, no importa si luego viene la balcanización del sindicalismo magisterial como sucedió con Construcción Civil. Finalmente, fuera de contexto, el canal de solución de la huelga es el dialogo para el aumento; mañana o pasado discutiremos la evaluación y la meritocracia.
El exceso de desagregación lleva a que se extraiga solo un dato de la reciente encuesta de Ipsos: que el 56% está de acuerdo con la huelga, un número cierto y redondo que grafica la legitimidad de las demandas salariales de los maestros, el punto más vulnerable de las políticas públicas educativas desde hace décadas.
Otro dato concurre al escenario, como la caída de 10 puntos en la aprobación de la ministra de Educación (ahora en 24%), hasta hace poco una de las más valoradas del gabinete, una debilidad en el liderazgo del sector que será decisiva para el reimpulso de los cambios que se están perdiendo.
La actitud de la opinión pública está en proceso y es necesario tomar en cuenta esta condición de cara la sucesión de micro ciclos políticos que vienen.
Sorprende, por ejemplo, el alto nivel de información de los ciudadanos sobre la huelga misma (94%) y sobre sus demandas (91%), y ese conocimiento explica la opinión matizada respecto de la huelga porque junto a la legitimidad de los reclamos, y en un número superior de 94%, los peruanos se pronuncian en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
El aspecto político de la huelga es también objeto de una visión matizada de la opinión pública: 1) El 69% cree que los maestros reclaman por convicción; 2) solo el 28% cree que están “amenazados” por una dirigencia extremista (qué pregunta más tremendista, de paso); 3) el 67% está de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas; 4) el 93% se expresa contra los ataques a los locales públicos y privados; 5) el 76% se muestra contrario que se impida trabajar a los que quieran hacerlo; 6) el 70% cree que a los huelguistas se le debe descontar los días que no trabajan; y 7) el 71% cree que deben ser despedidos -entre lo inmediato o si persisten en la inasistencia al trabajo- y solo el 24% cree que nunca los huelguistas deben ser despedidos.
Salvo la última respuesta que expresa una visión autoritaria respecto de la huelga en tanto derecho fundamental, la opinión pública no se muestra radicalizada en favor de la huelga o contra ella. En el equilibrio de la desagregación y agregación de datos, se aprecia varias legitimidades sociales, entre las cuales las más resaltantes son los reclamos salariales y la meritocracia.
Esta información explica varios hechos recientes, entre ellos la ampliación de la huelga y el poco eco que tienen las alertas sobre que un sector de la dirección de este movimiento pertenece al MOVADEF, legitimado políticamente más por el Estado que por los huelguistas.

Finalmente, la huelga consagra un escenario que reclama una gobernabilidad plural y no un bipartidismo imperfecto. Las fuerzas sociales -y regionales, que están más allá de los gobernadores convenidos, varios de ellos corruptos- han resurgido y han tomado su pedazo de dialogo y de calle, sobre lo que me referí en otro artículo (http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno). Si insistimos en desagregar nos perdemos el proceso y la tendencia, la formación de una nueva representación sectorial y local (http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social).

sábado, 29 de abril de 2017

Por qué fracasan las reconstrucciones

http://larepublica.pe/impresa/opinion/860829-por-que-fracasan-las-reconstrucciones
La República
La mitadmasuno
31 de marzo de 2017
Juan De la Puente
¿Un país que no pudo prevenir podrá reconstruir? Es una pregunta básica premunida de realismo al momento de enfrentarnos a la quinta reconstrucción después de desastres de envergadura en los últimos 50 años, luego del Niño de los años 1983 y 1998, y de los terremotos de los años 2001 y 2007.
Las cuatro reconstrucciones fueron fallidas o, si se prefiere, con resultados extremadamente relativos si nos atenemos a los objetivos ubicados más allá de la reposición de puentes y principales carreteras.
Esta reconstrucción debería significar además la puesta en valor de una nueva infraestructura para los servicios que hacen la vida cotidiana en las zonas urbanas y rurales afectadas, la recuperación de las fuentes de trabajo perdidas, el reimpulso de la actividad económica y el establecimiento de bases mínimas para el funcionamiento de la sociedad. No hay modo en que una reconstrucción no implique desarrollo y modernización.
Sometidos a la presión de quemar etapas estamos tomando el rábano por las hojas. Los dos primeros debates a los que nos hemos abocado son: 1) el monto de los daños y de lo que se necesita, una ecuación absurda y ahora incalculable porque la emergencia no ha terminado y porque en buena parte de las zonas afectadas la reconstrucción obliga a reparar brechas históricas, una suerte de construcción más que reconstrucción; y 2) quién reconstruye, es decir, el modelo institucional de gestión donde colisionan dos opciones: una institución autónoma a cargo de una autoridad especial o el órgano tradicional de gestión y gasto, el Ejecutivo; una disyuntiva que puede ser engañosa y de la que quizás resulte un modelo mixto.
El riesgo de lo que suceda luego del desastre ni siquiera es el fracaso sino el olvido, que es peor. La revisión de antecedentes y el contexto en que se mueven las agencias públicas sugiere tomar en cuenta por lo menos tres condiciones básicas de la exitosa gestión macro de la reconstrucción: 1) la reconstrucción del Estado; 2) la afirmación de la descentralización; y 3) el entendimiento político.
La primera reconstrucción que requerimos es la del Estado, un proceso que debería correr paralelo a todo lo que se haga como respuesta a la emergencia. Los sueños de obra física y cemento deberían detenerse un poco a sopesar la débil densidad estatal y su escasa capacidad para regular, controlar, planificar, gastar, rendir cuentas e incluir. Se constata ahora lo que decían los libros de texto: la inversión pública con poco Estado es un salto al vacío.
La segunda reconstrucción es la de la inclusión. El centralismo, ese pequeño monstruo egoísta que llevamos dentro, no ha encontrado mejor modo de encarar esta tragedia nacional que echándole la culpa de los desastres a las regiones y municipios.
El centralismo, con 180 años de fracasos a cuestas repite que la descentralización –que lleva 15 años– es un fracaso, un argumento conceptual muy ligero que vale solo para la pelea pequeña en la cancha pequeña, pero que sin embargo parece apuntar a una reconstrucción sin descentralización. Si esa es la tendencia, no habrá reconstrucción sino una pugna política de proporciones, sobre lo cual se tienen varias lecciones.
La tercera reconstrucción, por si lo estamos olvidando en medio del lodo y piedras que nos lanzamos todos los días, es la del pacto. Una de las razones que concurrieron a los cuatro fracasos anteriores es la falta de acuerdos entre los actores públicos entre sí y entre el Estado y la sociedad.
Solo una de las tareas de la reconstrucción, el ordenamiento territorial por ejemplo, para impedir la ocupación de zonas vulnerables y reubicar a miles de personas, implica un acuerdo vasto de nivel nacional y en cada pueblo del país. El sueño de una reconstrucción por decreto supremo, fría aunque financiada, desde arriba, sin los ciudadanos y sin los pueblos, es un fracaso anunciado, más ahora que los peruanos han desarrollado su capacidad de denuncia y ejercen una mejor vigilancia ciudadana.

sábado, 31 de enero de 2015

Las regiones, un nuevo pacto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-regiones-un-nuevo-pacto-30-01-2015
La República
La mitadmasuno
30 de enero 2015
Juan De la Puente
La Asamblea Nacional de Presidentes Regionales (ANGR) presentó recientemente un interesante texto (Los Gobiernos Regionales al inicio de su segunda década; 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional), un ejercicio que relaciona el balance, la reflexión crítica y el estudio de casos, una fórmula escasamente usada en el estudio de las políticas públicas.
Las 46 experiencias reflejan 9 ámbitos de la gestión de gobierno en los que se aprecia voluntad política, gerencia técnica, planeamiento del territorio y compromiso con temas sensibles de la agenda pública que en las condiciones de una perspectiva centralista no habrían sido abordados. Entre los casos, es muy destacable la avocación a la relación entre el ordenamiento territorial y las políticas ambientales, como la zonificación ecológica en 3 regiones, la creación de autoridades rectoras ambientales macro o micro en 2 regiones y la Mancomunidad de los Andes que reúne a 5 regiones. Estas experiencias indican una ruta promisoria, la gestión de las dinámicas territoriales bajo la convicción de que la desigualdad incluye una variable territorial que se patentiza en las brechas casi endémicas de ingresos per cápita entre distritos ricos y pobres.
El texto lanza, aborda y deja varios desafíos. El más importante, que recorre el libro como una narrativa de resistencia, es la crisis del proceso iniciado el año 2002. Esta narrativa contradice a otra, la narrativa del fracaso de la descentralización, impuesta como discurso desde marzo pasado por una coalición al mismo tiempo centralista en lo político, conservadora en lo ideológico y neoliberal en lo económico.
Esa idea del fracaso es contestada con otra que afirma que la crisis expresa el fin del impulso del proceso descentralizador, una crisis de expansión de la arena política de acuerdo a la clasificación de Guillermo O’Donnell. Es decir, no es una crisis autónoma sino que forma parte de otra mayor que nos reclama a todos.
El texto sugiere tácitamente como causales de esta crisis un conjunto de responsabilidades del Estado. Siendo ello en general correcto, otro conjunto menos explorado de responsabilidades alude a las sociedades regionales, a las tres generaciones de gobiernos regionales y en específico las élites regionales que desde el año 2006 gobiernan la mayoría de gobiernos regionales. 
El libro propone relanzar la descentralización usando el lema “descentralizar reformando”. Nunca mejor dicho. Ahora, ¿por dónde empezar el relanzamiento? ¿Se puede relanzar el proceso sin reforma política?
Requerimos un nuevo pacto descentralista; a diferencia de otras experiencias, el nuestro solo fue legislativo, no fue un pacto político y me temo que tampoco social. Un nuevo acuerdo no debería producirse mirando al centralismo. A pesar de su presencia en los medios y el Estado, la narrativa centralista es débil frente a la sociedad pues no toma en cuenta que en 12 años la región se ha transformado, y que ahora es un sujeto que ha dejado de ser objeto. Este nuevo acuerdo debería ser parte de la agenda electoral del 2016 y debería ser exigido a los candidatos.
Este sujeto ha evolucionado; cada región usa la autonomía de la que dispone con resultados disparejos y desequilibrados donde importa no solo lo que tienes, sino también lo que eres y de dónde vienes. Así se entiende que el PBI per cápita de Moquegua sea S/. 43 mil y que el de Apurímac sea S/. 5 mil, en una media nacional de S/. 17 mil.
Una última cuestión, sobre la corrupción. Matizo la afirmación del texto que señala que la descentralización no produce corrupción sino que la hereda de un Estado con una larga historia de corrupción y clientelismo. El dato histórico es correcto, pero no explica lo ocurrido en los últimos años en donde la corrupción se ha recreado y se ha convertido en una enorme fuerza social, en algunas regiones quizás una de las más importantes organizadoras de la política. Como diría la academia, la corrupción regional ya hizo sociología.

viernes, 9 de enero de 2015

La caída del emblema. 12/12/2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-caida-del-emblema-12-12-2014
La República
La mitadmasuno
12 de diciembre de 2014
Juan De la Puente
Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.
En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.
El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.
No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.
Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.
Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.
Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 
Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

viernes, 23 de mayo de 2014

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014
La República
La mitadmasuno
23 de mayo 2014
Juan De la Puente
De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.
Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.
La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.
Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.
Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.
La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.
No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.
De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?

viernes, 28 de marzo de 2014

El profeta Ezequiel

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-profeta-ezequiel-28-03-2014
La República
La mitadmasuno
28 de marzo de 2014
Juan De la Puente
El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco dispara las alarmas sobre la extrema violencia política y corrupción en la región Áncash. En realidad, descubre para la opinión pública nacional y para la política limeña un truculento escenario que los ancashinos conocen bien. En esa región, la balas silenciadoras, los jueces y fiscales comprados o amenazados, los policías vendidos y los periodistas alquilados, forman parte de un paisaje con el que conviven los ciudadanos.
Los sucesos que han modelado ese escenario, especialmente las denuncias de corrupción y los asesinatos, fueron poco más que una noticia. Su persistencia no logró impactar decisivamente a las seis instituciones de alcance nacional llamadas a combatir el delito o controlar el poder, el Congreso, el Poder Judicial, la Procuraduría (Ministerio de Justicia), la Policía (Ministerio del Interior), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas han respondido que hicieron algo de lo que les correspondía, que la falta de eficacia se debe al papel de otras instituciones y que carecieron de recursos para alcanzar mayores logros. Es probable que estos argumentos sean de algún modo ciertos aunque la verdad es más compleja y dramática.
En casi todas estas instituciones operó un mecanismo ilegal que bloqueó las denuncias o su desarrollo procesal con marcado éxito. Este no es un trabajo empírico, sino el resultado de un proyecto mafioso sostenible por su capacidad operativa y los recursos financieros, políticos, legales, tecnológicos y mediáticos que desarrolla. A diferencia de las redes clásicas de corrupción del pasado, esta se construyó de abajo hacia arriba usando para sus intereses los espacios de autonomía y discrecionalidad que la descentralización ha establecido, una derivación perversa no prevista al inicio de este proceso.
El atormentado tránsito de Ezequiel Nolasco desde el año 2010 testimonia la fuerza de la red ilegal a la que se enfrentó y sucumbió; todos sus movimientos fueron contestados con éxito. Él perdió todas las batallas emprendidas, en los ámbitos administrativo, policial, judicial y parlamentario. También perdió la batalla de la opinión pública porque su voz, mucho antes de las balas asesinas, fue silenciada por una prensa regional arreglada bajo la mesa y sobre la mesa, con muy escasas excepciones. Las tres veces que este hombre, martirizado ya por la muerte de su hijo y por su propia persecución, se encadenó en la puerta de la Corte Superior de Justicia del Santa (Chimbote) aparecieron como una dolorosa confesión de su impotencia y fracaso.
La mala noticia, lluvia sobre mojado, es que el caso de Áncash no es único. Los datos a la mano indican que en varias regiones se han organizado mafias locales con alcance nacional y en otros casos de origen municipal con el mismo éxito. Sin embargo, no todas las regiones o ciudades tienen un Ezequiel Nolasco que a costa de su vida ha dejado testimonio de la realidad. Casos similares a los de Áncash están atrapados en el Congreso, han sido trabados en las fiscalías o han merecido sentencias cargadas de impunidad.
En Áncash ha fracasado todo o casi todo, la democracia, la descentralización y la libertad de expresión. Desde la primera elección regional no ha sido posible construir allí un proyecto regional abierto y democrático; contrariamente, se ha acentuado la fragmentación social y política, las prácticas clientelares y la organización de un poder resistente a la rendición de cuentas. El proceso de descentralización ha sido en esa región hasta ahora la transición hacia un estado débil y corrupto, personalizado al extremo y carente de elites moderadoras y articuladoras del debate. El rasgo que define el espacio público allí es un alto protagonismo de actores informales y, sobre todo, ilegales, cuya lucha por el poder carece de límites con una marcada preferencia por el uso de la violencia para resolver las disputas políticas.
La pregunta de qué hacer con Áncash debería ser qué hacer con la descentralización.

viernes, 27 de diciembre de 2013

2014 y los sembradores de vientos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/2014-y-los-sembradores-de-vientos-06-12-2013
La República
La mitadmasuno
6 de diciembre de 2013
Juan De la Puente
Los partidos políticos nacionales se preparan nuevamente para cosechar tempestades y la siembra es más intensa que en el pasado. Se disponen a culminar el abandono de las regiones y municipios en las elecciones del 2014. A excepción de uno, Acción Popular, han decidido como prioridad no presentar candidatos propios y en cambio negociar con los movimientos regionales cupos en las listas. En otras plazas, sus líderes se despojan del uniforme partidario para crear movimientos independientes en tanto el partido se desactiva.
Con ello culminará el proceso de instalación en el poder de las elites regionales. En las elecciones del 2002, los partidos cosecharon el poder en 18 regiones; el Apra obtuvo 12 regiones, los otros partidos nacionales (Perú Posible, FIM, Somos Perú, Patria Roja y UPP) otras 6, y los movimientos regionales triunfaron en 7. No obstante, solo los del Apra mantuvieron una relación política con el partido. Los elegidos por los otros partidos fueron “fichajes” de temporada electoral que a poco de ser elegidos se separaron del partido que los cobijó, de modo que en la práctica, 13 de las 25 regiones fueron gobernadas por líderes regionales. El 2006 el divorcio entre política nacional y elite regional se acentuó; el Apra obtuvo solo dos presidencias regionales, UPP una y Patria Roja otra. Las elites regionales tomaron 21 regiones.
En las elecciones del 2010, El Apra, Somos Perú y Acción Popular ganaron una región cada uno y Alianza para el Progreso dos. Las otras 20 regiones fueron ganadas por movimientos regionales. No obstante, solo dos de los presidentes regionales se relacionan con su partido nacional (La Libertad y Lambayeque), en tanto que un presidente regional elegido como independiente se relaciona con su partido nacional (Cajamarca), de modo que para efectos prácticos las elites regionales manejan 22 de los gobiernos regionales.
En el ámbito municipal, el 2006 los partidos triunfaron en 88 (45%) de las 195 alcaldías provinciales, pero ya se advertía el desplazamiento de los movimientos regionales hacia ellas, haciéndose de 74 alcaldías provinciales (38%) en tanto que los movimientos provinciales ganaron 25 alcaldías (8%) y las alianzas electorales 18 (9%). El 2010 los partidos retroceden, ganan en 53 de las 195 provincias, las alianzas en 15, las organizaciones locales en 26 y más de 100 provincias pasan al control de los movimientos regionales.
En los distritos los partidos aún resisten; el 2006 ganaron en 839 (51%) de las 1,615 circunscripciones, los movimientos locales distritales y provinciales triunfan en 158 (10%) de ellas y las alianzas electorales en 155 (10%). No obstante, los movimientos regionales ganaron en 463 distritos (29%). El 2010 los partidos ganan 489 (30%) alcaldías de los 1,605 distritos donde se realizan elecciones y los movimientos regionales más de mil.
En resumen, los movimientos regionales gobiernan en casi todas las regiones, en más del 50% de alcaldías provinciales y en dos tercios de las alcaldías distritales. Con excepciones reproducen allí las prácticas clientelares tradicionales con una escasa visión de país. Eso no sería mucho más dañoso que la tragedia de los partidos si no fuese por la severa crisis de la representación regional.
Hay pocos presidentes regionales que no se encuentran investigados. Uno de ellos, el de Ayacucho, se encuentra prófugo, otro investigado por lavado de activos y a un tercero le embargaron sus bienes en un proceso por cobros indebidos. Por lo menos 8 presidentes regionales tienen pendientes sentencias judiciales por casos de corrupción. Al mismo tiempo, en este período, el JNE ha batido el récord de alcaldes vacados y suspendidos.
La corrupción no tiene militancia aunque la fragmentación, la volatilidad y la antipolítica han convertido a la corrupción en el principal problema de las regiones. No obstante, la decisión de los partidos nacionales de dejar la representación regional y local en manos de una elite precaria penetrada por la corrupción, es grave.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Conga: el baile no ha terminado

La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/conga-el-baile-no-ha-terminado-01-12-2011


La suspensión de operaciones del proyecto minero Conga es el desenlace de varios errores y ausencias. En la perspectiva inmediata, proyecta una innecesaria debilidad del gobierno, un desgaste del papel arbitral del Presidente y una indeseable fragilidad del equilibrio de fuerzas que el mismo Ollanta Humala fundó acertadamente hace pocos meses.
La conclusión más importante de este episodio quizás sea que el juego de grandes actores públicos al que se había reducido la política los últimos años ha encontrado un límite: la calle. La falta de Estado y partidos, de interlocución y diálogo, y legitimidad y confianza, agranda las brechas detectadas, especialmente las políticas y territoriales.
La sociedad, en esta ocasión Cajamarca, encara y resuelve a su manera los conflictos que los actores abordan con un esquema cuestionado desde el Arequipazo del 2002, pasando por Tambogrande (2003), Kilish (2004), Combayo (2006), Majaz (2006) Bagua (2009), Tía María (2011) y Santa Ana (2011). Mientras la academia debate, Conga legitima con cargo a inventario un modelo violento de solución parcial de conflictos, una inclusión a palos.
Lo sucedido también limita el horizonte de la concertación y acota la capacidad del gobierno para producir cambios arrancando concesiones a los extremos. Conga interroga al proceso político con dos paradojas: ¿cuánto se puede cambiar sin cambiar? ¿Es más viable la concertación para no cambiar que para cambiar?
El principal error del gobierno en el caso Conga fue presidencializar el conflicto. La sentencia ¡Conga va! fue celebrada desde un lado del escenario pero desafiado desde el otro, paralizando el diálogo, polarizando la discusión y empoderando en Cajamarca a los partidarios de la confrontación. En este cuadro se registra otra paradoja, aunque esta no es tan nueva: tenemos gobierno pero no partido de gobierno. Fue muy escasa la defensa pública de la posición gubernamental.
Los errores de la empresa son memorables. En lugar de persuadir a la población ubicada en el ámbito de ejecución del proyecto crearon su propio pueblo, obtuvieron su pedazo de calle y tentaron su legitimidad frente a la legitimidad de los otros. Deberían evaluar ahora que la táctica de minería vs antiminería, en una etapa de crecimiento del ambientalismo, es una invitación al fracaso.
Con la suspensión del proyecto, el baile no ha terminado. En el pasado, todos los conflictos debilitaron la autoridad nacional y regional y esta no parece ser la excepción. En Cajamarca se han fortalecido los liderazgos maximalistas. Quizás sea la oportunidad de intentar un consenso nacional sobre nuevas reglas de juego de las actividades extractivas. Como en otros casos este es un problema de orden en el sentido de estructura y no de fuerza y la solución pasa por el Estado y por el diálogo.

sábado, 18 de septiembre de 2010

Política social municipal

La mitadmasuno
La República
Sábado 18 de setiembre 2010
Juan De la Puente
En los pequeños espacios que los insultos y el espionaje telefónico permiten, incluido el debate del jueves 16, asoman en las principales candidaturas a la alcaldía de Lima elementos de una política social municipal como tendencia a la apropiación de un quehacer que el imaginario tradicional reserva al gobierno central. Se han escuchado referencias a subsidios condicionados, solidaridad, exclusión, violencia familiar, empleo, discapacidad, salud y vivienda, vocablos que denotan un razonamiento que la glotonería de la palabra obras no permite desarrollar.
No me ilusiono con que nos encontremos frente a la moderación de las ofertas faraónicas de cemento y fierro con sabor populista.
Eso le gusta al respetable y varias de ellas, particularmente en relación al transporte masivo, son reclamadas con urgencia. Es relevante, no obstante, que los habitantes de Lima dejen de ser un todo empaquetado e inerte al que se alude con el nombre de vecinos y sean reconocidos como mujeres y hombres cuyos derechos no se agotan en el ornato y la baja policía.
En la cultura del municipio constructor la ciudad es un conjunto de avenidas y parques y el eje de la gestión municipal tiene que ser, en el mejor de los casos, la organización de la ocupación del espacio urbano. En esta idea, el bienestar se asocia a las facilidades para el desplazamiento y la recreación. Este muro de contención ha sido escasamente perforado en los últimos 30 años por experiencias como las del Vaso de Leche, los clubes de madres, los hospitales de la solidaridad, la titulación de Cofopri (cuando dependía de los municipios), las escaleras en los cerros, ente otros.
En estos casos la regla fue y es la falta de coherencia y financiamiento, es decir, impulsos en el marco de la ausencia de una política pública social municipal. Una muestra de ello: en Lima Metropolitana, la Gerencia de Desarrollo Social es muy marginal y sin correlato en los distritos, en cuyos organigramas se sigue confundiendo el desarrollo social con el servicio social plano.
Estamos a tiempo: ojalá que esta vez las obras no se devoren a los pobres. No olvidemos que 6 distritos limeños albergan a 700 mil pobres, más de la mitad del millón 600 mil que tiene la ciudad. Sería inmoral decir, en pleno proceso de descentralización, que esa es una responsabilidad exclusiva de la política nacional.