La caída del emblema. 12/12/2014

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La República

La mitadmasuno

12 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.

En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.

El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.

No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.

Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.

Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.

Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 

Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

Transfuguismo, contagio masivo

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La República

La mitadmasuno

11 de julio de 2014

Juan De la Puente

El cierre del plazo de inscripción de las listas que competirán en las elecciones del 5 de octubre permite apreciar fenómenos que reflejan la evolución de la dinámica nacional/regional, una de las que atraviesan el sistema político, y de la correlación de fuerzas transparencia/corrupción en los ámbitos regional y local.

El número de listas es casi igual al de los comicios del 2010, ahora 14,171 frente a 11,170 de aquella vez, aunque se registran cambios al interior de las cifras generales. La competencia para los gobiernos regionales tiene menos listas (322 ahora contra 342 en los anteriores comicios) y un despliegue desigual de los partidos nacionales. En las elecciones regionales anteriores los partidos presentaron menos listas que ahora, 143 contra 159, en un contexto de crisis que afecta de distinto modo a los partidos nacionales.

Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y UPP incrementan sus candidaturas respecto del 2010, pasando el primero de 16 a 24 regiones, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 7 a 9. En otra dirección, decrece el número de listas de otros partidos como el Apra (de 24 a 14 regiones), Acción Popular (de 20 a 17 regiones), Perú Posible (de 17 a 8 regiones), Somos Perú (de 11 a 6 regiones), Restauración Nacional (de 11 a 3 regiones) y los Fonavistas (de 17 a 10 regiones).

Nuevas agrupaciones irrumpen en el escenario regional; es el caso del Partido Humanista (11 regiones), el Frente Amplio, a través de Tierra y Libertad (11), Siempre Unidos (6), Perú Patria Segura, ex Cambio 90 (6) y Vamos Perú (7). El PPC participa en 7 regiones como lo hizo el 2010 y Solidaridad Nacional en 5.

A simple vista, la inscripción ahora de 163 movimientos regionales frente a los 199 en los anteriores comicios es un dato seco que podría indicar una ligera recuperación de los partidos nacionales en las regiones o su relativo retorno. Sin embargo, ni la ecuación menos movimientos regionales y más partidos regionales es igual a más democracia, ni la presentación de listas partidarias sintetiza necesariamente un proceso democrático.

Lo que se aprecia antes bien es el contagio mutuo del transfuguismo y de la enfermedad del fichaje electoral, y la desaparición de los últimos rezagos de democracia interna e institucionalidad partidaria. En buena parte de casos, los partidos nacionales designaron como sus candidatos a caudillos regionales con los que negociaron el uso de la marca electoral en tanto que los movimientos regionales “extrajeron” candidatos de los partidos nacionales, un frenético transfuguismo que en el Cusco llegó a extremos: militantes de un mismo partido se repartieron en varias listas en tanto que los partidos se prestaron candidatos para cumplir con la ley electoral (Amaru, Revista Andina de Política y Cultura).

A pesar de lo señalado, es preciso reconocer dos movimientos que operan en sentido inverso; por un lado, se ha frenado la expansión de los movimientos regionales como una alternativa a los partidos nacionales; al mismo tiempo, algunos aparatos nacionales resisten la crisis relocalizándose en las regiones en una perspectiva de acumulación partidaria sin ideario y programa, y solo pensando en la ocupación de espacios de cara al 2016. Ese parece ser el caso del fujimorismo y de Alianza para el Progreso.

Finalmente, esta relocalización es también desigual. El país aparece dividido en bloques significativos. Uno en el que los partidos presentan cara a los movimientos regionales, como en Arequipa (12 listas partidarias de un total de 18), Apurímac (6 de 10), Ayacucho (7 de 12), Ica (10 de 14), Junín (7 de 13), La Libertad (8 de 11), Lambayeque (10 de 13) y Moquegua (5 de 9). El otro bloque es de regiones, en la mayoría de las cuales la corrupción es escandalosa y masiva y en las que los partidos están en el umbral para afuera, como en Amazonas (2 de un total de 9), Cajamarca (3 de 8), Cusco (6 de 14),  Huancavelica (2 de 9), Huánuco (6 de 14), Loreto (2 de 7), Puno (2 de 10) y Ucayali (3 de 13).

La corrupción y la "otra cosa"

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-corrupcion-y-la-otra-cosa-30-05-2014

La República

La mitadmasuno

30 de mayo de 2014

Juan De la Puente

Me pregunto cuál será el destino de esta cada vez más intensa demanda contra la corrupción cuya rotundidad han empezado a recoger los sondeos de opinión. Como hace 14 años la sociedad es sacudida por un indignado repudio a un sistema tramposo que se descompone por capítulos. Como aquella vez, una entrega tras otra, se va formando un macizo sentido común que llama a otra cosa.

Esa “otra cosa” sin embargo no aparece con claridad, sobre todo por las diferencias entre la indignación de hace 14 años y la de ahora. Aquel momento fue especial debido a la confluencia de factores que definieron un discurso social y una práctica política alternativa.

Estos factores fueron: 1) la crítica de los partidos democráticos al autoritarismo; 2) las audaces revelaciones de la prensa independiente contra el poder oscuro; y 3) el activismo político de una sociedad civil movilizada, cuya mayoría poco antes se había emancipado del fujimorismo.

Tampoco es posible imaginarse ese período sin el escandaloso despliegue de recursos extremos y abusivos en favor de la reelección que expusieron ante la opinión pública la asociación corrosiva entre el autoritarismo y la corrupción, y que generaron una reacción ética.

La actual indignación anticorrupción carece de esos atributos. La primera ausencia es la de una política democrática opuesta a la corrupción, sea porque varios partidos aparecen asociados a ella, o porque los que aparentemente no lo están guardan un silencio enfático; en líneas generales, salvo una que otra declaración, se tiene la impresión de que la corrupción es un problema del Estado pero no de la democracia, de sus partidos y de sus hombres, una emanación maligna que pertenece a otro mundo, a excepción del monotema sobre que la descentralización fue apresurada.

Luego, siendo relevante el desempeño de los medios en los destapes de sonados casos y con mayor diligencia que algunas instituciones, es también evidente que buena parte de la prensa trata este crucial momento desde una perspectiva policial/penal y poco rigurosa para ahondar en el descalabro de los sistemas de control nacionales y en el fracaso de la representación vía el fraude de los elegidos.

A la prensa le debemos la “chimbotanización” de este momento, a pesar de que 19 presidentes regionales están comprendidos en 158 casos de corrupción, y el olvido de sonadas denuncias “nacionales”, entre ellas de 5 parlamentarios pillados con las manos en la masa. Luego de 70 días del asesinato de Ezequiel Nolasco, el hecho que despertó al país, no tenemos un mapa de la corrupción pública.

A esta indignación ciudadana le falta pueblo y movimiento o, para ser precisos, una sociedad civil activa y decidida en su demanda de transparencia. La falta de epopeya se debe a la falta de actores sociales, más allá de la figura emblemática de Fiorella Nolasco, significativamente solitaria. Sin duda los ciudadanos están molestos e indignados con la corrupción pero en su conjunto el país carece de una razón motivadora.

Sería prematuro afirmar que este síntoma nos remite al fin de la ilusión democrática. No obstante, para los efectos contables esta corrupción va a la cuenta de la democracia cuyos líderes, partidos e instituciones emergieron o reaparecieron hace 14 años como una alternativa superior al autoritarismo con destellantes ofertas entre las que se encontraba la ética pública.

No me ilusiono demasiado; bajo estas premisas es comprensible que el actual humor de la opinión pública no se provea de mapas, faros y rutas, no se dirija a la otra cosa y se mueva en un escenario delimitado por los enfoques legalistas y controlistas de la mayoría de políticos y por una gestión informativa nada crítica de los procesos, instituciones y liderazgos.

Con un escenario cuyo eje es la ausencia de un juicio al modelo que genera la corrupción, la indignación con este formato “sin ilusión no hay movilización” podría terminar en un tsunami, algo violento y pasajero, pero que se lleve solo algunas personas y edificios institucionales.

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014

La República

La mitadmasuno

23 de mayo 2014

Juan De la Puente

De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.

Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.

La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.

Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.

Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.

La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.

No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.

De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?